Una vez culminado el Consejo de Guerra, en el cual El General Brigadier Ricardo Martínez Perea fue encontrado culpable, comenzaría el verdadero vía crucis: un ir y venir por distintas cárceles federales, que al igual que su proceso legal, se encontró lleno de irregularidades, sufrimiento y desesperanza.
Pocas pesadillas tan espantosas como el tener a un ser querido, un familiar, a manos de la impunidad de la autoridad. La impotencia es directamente proporcional a esta impunidad. La justicia se desdibuja a manos de quiénes la ejercen a su voluntad. Ser “detenido” por la “justicia” sin documentación, rastro ni huella oficial es un indicio seguro para prepararse a la peor de las atrocidades. La vida de los que están al interior de un sistema corrupto penal sin registro alguno depende de las acciones de los que están en el exterior.
De su capacidad de acción y exhibición de las ilegalidades cometidas paradójicamente por quiénes son las salvaguardas de la justicia.
Martínez Perea, en conversación exclusiva para Estado Mayor , hace una recopilación sobre los abusos de los cuales fue objeto mientras el Estado mexicano lo mantenía privado de su libertad:
“Cuando ya había sido juzgado y sentenciado por tribunales militares, me sacaron de la prisión del campo militar No. 1, ubicado en la Ciudad de México, para trasladarme a una prisión federal…fui expuesto en mi integridad física y psicológica al tener que convivir con personas que en su momento fueron detenidas por mi”, recuerda con enojo el General Brigadier.
De la misma forma, el maltrato físico se encontraba a la orden del día. Martínez Perea y sus coacusados, el Capitán Maya Díaz y el Teniente Quevedo Guerrero, se enfrentaron a humillaciones por parte de sus “compañeros de armas”, tal y como sucedió la madrugada del 9 de mayo de 2009:
“Nos sacaron de nuestras celdas aproximadamente a las tres de la mañana, solo con lo que traíamos puesto, para ser trasladados por elementos de la Policía Judicial Federal, en un avión de la PGR, a otro penal. Al llegar a nuestro destino, fuimos tratados como traidores a la Patria, fuimos humillados, vejados, maltratados y golpeados…nos acompañaba un Coronel y Licenciado de Justicia Militar de apellido Tovar y un Mayor de Justicia Militar, del cual ignoro el nombre, quienes se reían como si estuvieran gozando de todo lo que nos hacía el personal de la Policía Judicial”, evoca con tristeza el castrense.
Para entender el estrés al cual fue sujeto Martínez Perea durante su estancia por los penales federales, basta con mencionar el episodio vivido al interior del penal del Rincón, en Nayarit, cuando el General Brigadier fue amenazado de muerte por otro interno conocido como ‘El Dalay’, quien le aseguró que “no sería la primera cabeza que cortaba”, ya que en palabras del propio reo, había participado en el asesinato de cinco militares en Chilpancingo, Guerrero. Sobra decir que los elementos de la Policía de Seguridad Penitenciaria, “no se dieron cuenta” de dicha situación.
César Gutiérrez Rebollo recalca las irregularidades en el caso y obstáculos que se enfrentaron, los múltiples traslados (más de 3 nos fueron narrados con su carga emotiva) de penal a penal, incluyendo uno de los campamentos en las Islas Marías reservados para internos con problemas de disciplina o de carácter volátil. De acuerdo con Alex Neve, Secretario de Amnistía General Canadá, en su visita al Cefereso 4 en Tepic, Nayarit, en el 2014, la ostentación de seguridad “era mayor de lo que yo había visto en ninguna de mis visitas al centro de detención de Estaos Unidos en Guantánamo, Cuba”.
Parte de la tortura impuesta a Martínez Perea también consistía en tenerlo incomunicado por lapsos considerables. Prueba de ello, es que mientras el General Brigadier se encontraba recluido en el campamento Laguna del Toro en el penal de Islas Marías, la comunicación con sus familiares no fue posible sino hasta después de dos meses, periodo durante el cual también se le dificultaba recibir cualquier tipo de notificación judicial. No saber si continuaba con vida o había sido víctima de una “riña”.
La incomunicación se volvió extensiva a la familia del militar, ya que las autoridades correspondientes no informaban a sus seres queridos sobre los traslados entre penal y penal, se les cambiaba arbitrariamente las fechas estipuladas para visitas o inclusive se les negaban las mismas, a pesar de presentarse en tiempo y forma en los lugares requeridos.
Es aquí, donde el General Brigadier con más de 40 años de servicio manifiesta el mayor de sus miedos:
“Realmente temí por mi vida, los traslados se realizaban sin previo aviso, en la madrugada y en absoluto secreto. Mi familia en múltiples ocasiones no supo de mi paradero, ni siquiera yo conocía mi destino. Ya en las estancias de las diferentes prisiones, los mismos delincuentes nos indicaban que no se esforzarían en matarnos ya que habíamos sido traicionados por nuestros mismos compañeros”.
Así como Martínez Perea recuerda con verdadera angustia el pasar de los últimos 15 años, la experiencia de los seres queridos del militar fue devastadora, no solo por no saber que sería de su familiar encarcelado injustamente, sino por las represalias de las cuales fueron objeto.
El primer capítulo de esta novela, digna de ser escrita por los más grandes autores del género del terror, fue el desconocer el paradero de su padre, esposo y hermano. Según comenta Martínez Perea, el Teniente Coronel Velarde Singüenza intimidó de manera recurrente, mediante elementos de la Policía Judicial Militar, a las hijas del indiciado y a su hijo, quien se encontraba estudiando en la Escuela Superior de Guerra.
De la misma forma, se intentó despojar a la familia Martínez Perea de una vivienda adquirida por medio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de un automóvil marca Jetta 2001 (que se pagaba en abonos), cuya factura fue asegurada y devuelta cinco años después con la deuda misteriosamente liquidada por la Sedena, en vista de las molestias ocasionadas.
Por último, los miembros de la familia Martínez Perea que aun pertenecen a las Fuerzas Armadas se han enfrentado a cambios constantes de domicilio a lugares lejanos de la República Mexicana y han visto obstaculizada la búsqueda de ascensos en su carrera militar, debido a trabas injustificadas.
Las pruebas y evidencias de actos cometidos por los encargados de hacer respetar y cuidar la Ley, como la tortura a presuntos criminales o las reformas que pisotean los Derechos Humanos, son una muestra más del estado de excepción que en la práctica se vive en México. Un estado de excepción donde la ley que impera es la del arma más grande. Y que, con el mayor dolor y tristeza, esta arma además de ser grande, se oculta tras una insignia de hombres de ley y justicia, actuando diametralmente en lo contrario.
“Nadie defiende a los militares…fui traicionado por el Mando Supremo del Ejército Mexicano después de defender a mi país y de cumplir con todo lo que se me ordenaba”, sentencia con desdén el General Brigadier al término de la entrevista.
fuente.-
Redacción
Estado Mayor
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