La PGR tardó casi dos años en investigar y pedir la captura de un juez federal que presuntamente otorgó suspensiones ilegales a casinos... y ahora ningún juzgado de distrito acepta la consignación.
A principios de este año, la Procuraduría solicitó la captura de Ricardo Hiram Barbosa Alanís, quien fue juez tercero de distrito en materia administrativa en Nuevo León, por delitos contra la administración de la justicia.
El juez fue acusado en el 2011 por el Alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, por dictar resoluciones en favor de casas de apuestas, entre ellas los negocios de Juan José Rojas Cardona, el "Zar de los Casinos".
Pero funcionarios federales informaron que el expediente ha estado en manos de tres jueces federales de la Ciudad de México y Monterrey y todos han argumentado diversos motivos para declararse incompetentes y no resolver la solicitud de captura.
Una vez que el pliego recorrió tres juzgados y dos entidades, hace unos días fue turnado a un tribunal de Alzada -una instancia superior- para que resuelva el conflicto competencial y defina cuál de los órganos jurisdiccionales se hará cargo del caso.
La solicitud de aprehensión contra Barbosa deriva del caso que en el 2011 denunció Fernández, en su segunda gestión como Alcalde de San Pedro. Actualmente encabeza la tercera.
Se trata de la orden judicial emitida por el juez en marzo del 2011 para retirar los sellos de clausura del casino Sportzone, propiedad de Rojas Cardona.
En aquel entonces, el juzgador señaló que la suspensión habría sido violada por el municipio, pero luego un tribunal colegiado revocó el fallo protector y el negocio del "Zar de los Casinos" volvió a ser clausurado el 13 de abril de ese mismo año.
El Consejo de la Judicatura Federal suspendió por este caso a Barbosa el 31 de mayo del 2011, pero lo denunció hasta el 29 de mayo del 2014.
La denuncia señalaba resoluciones ilegales en favor de Cervezas Modelo de Nuevo León, Atracciones y Emociones Vallarta y Entretenimiento de México, esta última de Rojas Cardona.
Conforme a funcionarios federales, una jueza rechazó el caso porque su esposo era un magistrado que formó parte de la comisión que investigó y denunció a Barbosa.
Otro juez, de la Ciudad de México, se declaró incompetente por motivos de territorialidad. Y el tercer juzgado, de Nuevo León, se excusó con el argumento de que quienes debían resolver la consignación conocían al acusado.
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