Un homicidio en día de visita familiar en
la prisión castrense del Campo Militar uno de la Ciudad de México, se convirtió
en un botón de muestra de los lastres que arrastra el llamado “fuero de guerra”
en el país.
El tema del respeto a los derechos humanos de los militares sujetos
a juicio, la readaptación social, y las garantías a procesos penales
equitativos, volvió a instalarse al iniciar el 2016 como parte de la agenda
pública que tiene que ver con la vida interna de las fuerzas armadas.
Los
mitos sobre las últimas pruebas para graduarse en el curso de fuerzas
especiales son amplios y variados. Todos tienen un factor en común. Más allá de
la resistencia física, motivo de relatos que exaltan la épica, la resistencia
mental para no perder la cordura, termina por ser quizá de lo que menos se
habla.
Hay
quien dice que matar una gallina a mordidas, como requisito para graduarse en
el curso de operaciones en la jungla en los años 80 en la Escuela de las
Américas, cuando su sede estaba en Panamá, era una de las “pruebas” que
buscaban poner a prueba la resistencia y sangre fría de los soldados. Otros
referían sobre los requisitos que deberían cubrir los alumnos de la escuela de
fuerzas especiales del ejército guatemalteco. Durante varios días debían
aguantar sin comer, alimentándose de lo que encontrara en la selva, como parte
de la preparación del curso kaibil.
José
Javier Acosta Piñones realizaba hace unos meses el curso básico de fuerzas
especiales, cuando con un arma punzocortante privó de la vida al sargento que
estaba al mando de su pelotón. El cabo de infantería Acosta Piñones quedó
detenido y fue consignado a la prisión militar de la Mojonera, en las
instalaciones de la 15 zona militar en Guadalajara, Jalisco.
Hace
unas semanas fue trasladado a la ciudad de México y recluido en la prisión del
Campo Militar número uno. Las autoridades penitenciarias pasaron por alto si
había o no un diagnóstico de sus condiciones mentales, dice un oficial de
justicia militar que solicitó el anonimato, y lo mezclaron con el resto de la
población. De manera aparente no existía mayor problema.
La
tarde del domingo 17 de enero algo pasó en el comedor de la cárcel militar en
la ciudad de México. Cuando el cabo de transmisiones Salvador Aguilar Otañez se
encontraba en el lugar, fue atacado con una “punta” por su colega Acosta
Piñones. Como era día de visita familiar, algunos civiles que suelen ingresar
para convivir con sus parientes empezaban a retirarse, la especie trascendió
más allá de los muros de roca y concreto que circundan el penal.
—De
un tajo lo asesinó cuando se encontraban en el comedor del penal—, dicen un par
de familiares de internos que conocieron de primera mano el suceso. Acosta
Piñones fue acusado de homicidio, el segundo por el que es procesado, y su caso
quedó radicado en el juzgado segundo militar. De las circunstancias que lo
orillaron a privar de la vida a su compañero en prisión, del diagnóstico con el
que ingresó al penal y las razones de su traslado de Guadalajara a la ciudad de
México, poco se ha conocido en tribunales militares.
Más
que los asesinatos y riñas, algo que ocurre en cualquier penal del país
incluidos los castrenses, lo que los civiles familiares de internos
cuestionaron fueron las condiciones como funciona la llamada readaptación social
en el fuero de guerra.
De nuevo a las
calles
Las
condiciones de los militares sujetos a juicio y trasladados a penales federales
en octubre pasado, volvió a ser tema de protesta hace unos días en la ciudad de
México. La tarde del viernes 15 de enero un grupo no mayor a un centenar de
personas, compuesto por militares retirados y familiares de internos sujetos a
juicio, se manifestaron a las afueras del centro comercial plaza Sedena, en la
zona aledaña al Campo Militar uno y al edificio de la secretaría de la Defensa
Nacional. Con pancartas y cartulinas exigieron al secretario de la Defensa
Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, “el inmediato retorno a
prisiones castrenses de los militares procesados” y que en la actualidad están
recluidos en diferentes penales federales.
“Los
manifestantes demandaron se dé marcha atrás a ese traslado masivo de militares
que afecta a casi cien familias al dejarlos imposibilitados por cuestiones
económicas a visitarlos, asimismo esa medida los deja en estado de indefensión
jurídica al mantenerlos alejados de los lugares en donde se desahogan sus
causas penales y radican sus abogados, defensores de oficio militares, que
desde que fueron trasladados no han podido contactar ni siquiera por teléfono
debido a las restricciones de esos penales federales”, comentó uno de los
manifestantes.
La
protesta fue encabezada por la abogada Ana Lucia Zavala Rodríguez, presidenta
de la Organización Humanista Por el Progreso Social (OHPS) A.C. y por el
general retirado Samuel Lara Villa, dirigente de la Federación de Militares
Retirados (FEMIRAC) A.C. Otras de las demandas que expusieron fueron que se
realizaran procesos penales justos para todos los procesados de origen militar,
tanto en el fuero de guerra con el civil, con respeto a sus garantías de
procesados, como la presunción de inocencia. Exigieron que cesara la dilación
sistemática en la presentación de testigos militares por parte de la Sedena, lo
que repercute en el retraso por meses y años de los procesos en contra de los internos
sujetos a juicio.
Zavala
Rodríguez recordó que el pasado 28 de octubre del 2015 entregaron una petición
por escrito al general secretario para que se revirtiera la situación de los
traslados. Al no existir respuesta el pasado 11 de diciembre enviaron un
escrito a Enrique Peña Nieto, presidente de la República y Comandante Supremo
de las fuerzas armadas, para que interviniera en el asunto.
Resulta
contradictorio, dijo Zavala Rodríguez, que mientras el general Cienfuegos de
manera pública dice que no permitirá que a los soldados los traten como
delincuentes, refiriéndose al caso Tlatlaya y otros de alto impacto mediático
donde hay militares involucrados, y permita que militares en activo y sin
sentencia en sus juicios, se encuentren recluidos en prisiones civiles.
La
decisión se dio hace unos meses contra todos los militares procesados por
delitos contra la salud, que se encontraban presos en los penales militares de
Mazatlán, sede de la Tercera Región Militar; de la Mojonera, en Zapopan,
Jalisco, y el Campo Militar uno en la Ciudad de México.
Fuente.-Juan Veledíaz
@velediaz424
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