La seguridad de los miembros de una comunidad debería ser la mayor prioridad para cualquier gobierno. No en vano esta función es la que dio origen al Estado-Nación. Sin esa condición civilizatoria cumplida, ningún otro desarrollo es posible.
Por ello desconcierta que ayer por la mañana la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, amaneciera desprovista de buena parte del equipo de seguridad — armas, policías, vehículos y aparatos de radio-comunicación— con que contaba. Lo anterior como resultado de una pugna entre el gobernador Graco Ramírez y el recién estrenado alcalde de la ciudad capital, Cuauhtémoc Blanco.
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El conflicto tuvo su origen en la negativa de Blanco de mantener el convenio con la Policía de Mando Único Coordinado, lo cual devino a su vez en que elementos estatales retiraran el equipo de seguridad que se utilizaba en la ciudad. En respuesta, desde la madrugada del viernes soldados del 21 Batallón de Infantería realizan tareas de prevención del delito en las calles de Cuernavaca, luego de una solicitud de apoyo de la administración de Cuauhtémoc Blanco a la 24 Zona Militar.
Lo que en otros estados ha ocurrido como consecuencia de la acción del crimen organizado, en la capital de Morelos pasó por puro afán de disputa entre dos entidades de gobierno. La presencia de las Fuerzas Armadas tendría que ser el último recurso porque después de ellas hay nada.
Argumenta le gobierno municipal que dejaron “encuerada” a esa demarcación, como si fuera culpa única del estado. La realidad es que el alcalde Blanco manifestó su intención de no ratificar el acuerdo de mando único con la autoridad estatal cuando menos desde septiembre pasado. ¿Además de pedir ayuda a la Federación no habría podido la autoridad municipal anticiparse al escenario actual y adquirir equipo por cuenta propia? ¿O acaso suponían que el gobierno del estado no respondería como lo hizo?
De parte del gobierno federal la pregunta es si salir en ayuda de una autoridad que descalifica el Mando Único —propuesta presidencial pendiente de aprobación en el Congreso— no implica una llamada a que otras autoridades municipales hagan lo mismo en el futuro, en perjuicio del esquema que es promovido por la Federación.
El gobierno del estado, a su vez, no tendría que dar por perdido el diálogo con la presidencia municipal.
De momento, se anunció la puesta en marcha del Operativo Delta Sur-Oriente-Metro, con el apoyo de fuerzas federales y de la Policía Estatal, con lo que la “contingencia” en seguridad queda por ahora resuelta. Sin embargo, es inadmisible que una circunstancia así vuelva a repetirse, pues la seguridad de los ciudadanos está de por medio y esto no es un juego.
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