Eduardo Anaya Hernández,actualmente funcionario de la Defensoria de Oficio en Tamaulipas,bajo el gobierno de Morena y Americo Villarreal,subordinado de Jorge Luis Beas,Subsecretario de Gobierno y cónyuge de la actual magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia,Tania Contreras,fue hallado muerto el dia de ayer en Nuevo Laredo.
Anaya,tambien fungió como Delegado de la Procuraduría de Justicia de la entidad tras ser nombrado en el cargo en abril de 2011 ,y que ocupo hasta que fue obligado a renunciar tras amago de Zetas en 2012,renuncia que fue confirmada porLMT .
El sujeto ,localizado ayer a un costado de carretera y a bordo de su camioneta,se mantiene casi como secréto de estado.
El sospechosismo fundado
En vida,Anaya Hernandez fue compadre de Roberto Maldonado Siller,Ex-delegado de la misma FGJ y primer sindico de Nuevo Laredo,compadre de la actual alcaldesa Carmen Lilia Canturosas y ejecutado por la misma banda en Nuevo Laredo en agosto de 2024,tambien abandonado a bordo de su camioneta.
Maldonado Siller,compadre de Anaya, fue ejecutado por los Zetas del Cartel del Noreste (CDN) que entonces compartia de abogado a Juan Pablo Penilla,asesor del Gobernador.
Pero ademas intermediario con zetas en el financiamiento de la campaña de 2022,tras la ejecución de Sergio Carmona.Juan Pablo Penilla se mantuvo en el cargo hasta que detonó otro escandalo ,el del «Mayo Zambada».
El Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas confirmó su fallecimiento el 4 de febrero de 2026 mediante una esquela oficial, dirigida a su esposa Cinthia González y a sus hijos, en la que lo identifica como Defensor Público adscrito a la Coordinación Regional de Nuevo Laredo.
En el sexenio pasado fungió como responsable local de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Nuevo Laredo; dejó ese cargo en 2019 al presentar su renuncia por motivos personales tras varios años al frente de la oficina, donde era el funcionario que encabezaba verificaciones y conciliaciones con comercios.
Fue despues de esta fecha que se integró al Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas, donde trabajaba como Defensor Público regional y luego Jefe estatal, subordinado al actual Subsecerayrio de legalidad de la Secretaria de Gobierno de Tamaulipas a cargo de una curricula criminal.
Juan Carlos Barragán Vélez, diputado local de Morena en Michoacán, tuvo este fin de semana una probadita —muy literal— de la inseguridad que su partido sigue prometiendo erradicar “desde la raíz”. Al buen legislador lo encañonaron en una gasolinera de salida de Zihuatanejo, Guerrero, mientras estaba con su familia, porque al parecer los criminales tampoco respetan los fines de semana en familia.
Según contó en redes, lo despojaron de su vehículo, de sus pertenencias y, seguramente, de la poca ilusión que le quedaba en el sistema de seguridad pública. “Sufrimos un robo con violencia”, escribió. Nada fuera de lo común en un país donde eso ya no es noticia, sino rutina.
Barragán reflexionó sobre lo frágil que es la vida cuando te apuntan con un arma. Bienvenido al México cotidiano, diputado. Lo que para usted fue un susto de fin de semana, para millones es el pan de cada día en carreteras, colonias y gasolineras sin vigilancia, donde el único operativo es el del crimen.
Pese a todo, el morenista confía en que “las autoridades harán su trabajo”. Qué ternura. Quizá lo hagan, aunque en Guerrero las prioridades del día parecen dividirse entre comunidades armadas, policías con nexos dudosos y maestros tomando oficinas.
En fin, otro episodio más del país donde hasta los diputados son carne de asalto, y la violencia ya es tan normal que hasta necesita hashtag para que alguien voltee a verla.
¿Venganza, mensaje o trágica coincidencia? El asesinato artero y cobarde de dos familiares de Mario Delgado no sólo conmocionó al primer círculo de poder del gobierno de la Cuarta Transformación, sino que representa un recordatorio brutal de dos realidades: la guerra intestina de Morena provocada por las investigaciones judiciales en Estados Unidos y la estela de sangre de por lo menos diez ejecuciones de alto perfil vinculadas al huachicol fiscal. La frágil situación del secretario de Educación de la administración de Claudia Sheinbaum refleja que el hilo se está rompiendo por lo más delgado.
María Eugenia Delgado y Sheila Amezcua Delgado, tía y prima del ex dirigente nacional de Morena, no murieron en un fuego cruzado. Su homicidio fue producto de una ejecución directa.
El sábado 31 de enero, un comando criminal irrumpió en su domicilio en Colima, en la calle Río Salado en la Colonia Placetas Estadio, para dispararles en múltiples ocasiones. Según el reporte oficial, horas más tarde, los agresores fueron abatidos por la policía en un enfrentamiento. Las autoridades siguieron uno de los vehículos utilizados para perpetuar el crimen. Los agentes encontraron la ropa que los sicarios utilizaron durante el asesinato y ubicaron el marro con el que forzaron las puertas del domicilio. No hay más testigos del asesinato.
¿Qué resulta más sorprendente, la rapidez inmediata con la que las autoridades encontraron y abatieron a los culpables, o el hecho de María Eugenia Delgado y Sheila Amezcua Delgado eran figuras completamente ajenas a la política o a alguna actividad de riesgo? Las víctimas tenían un negocio de comida y repostería para llevar. Eran inocentes.
Sin embargo, no necesariamente podría decirse lo mismo de Mario Delgado. El secretario de Educación es un objetivo clave de las investigaciones que se siguen en Estados Unidos en relación a la ‘narcopolítica’ mexicana, de acuerdo a una fuente de alto nivel de la coalición gobernante que ha solicitado permanecer bajo anonimato.
Desde el partido en el poder, Delgado configuró una alianza con el empresario huachicolero, Sergio Carmona, para financiar ilegalmente las campañas a la gubernatura de una decena de estados en los comicios de 2021: los mandatarios actuales de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Colima, Michoacán, Nayarit y Zacatecas figuran entre los beneficiarios políticos de la red de contrabando de hidrocarburos.
Ese año, el dinero del crimen organizado pintó el mapa político mexicano de color guinda. Meses después de la elección intermedia de 2021 y luego de por lo menos una visita a Palacio Nacional y un acercamiento con agentes de la DEA, Sergio Carmona fue asesinado en San Pedro Garza García. La relación de Mario Delgado con este empresario está plenamente documentada por el testimonio de decenas de operadores políticos y por los registros de vuelo de la aeronave de Carmona, un ‘Hawker’ con matrícula XB-PND.
Los hechos de sangre en Colima, el asesinato de dos mujeres inocentes, están conectados a un personaje de alto perfil político que manejó y administró recursos del huahcicol fiscal. Una fuente del aparato de justicia norteamericano citada por el periodista Jorge Fernández Menéndez señala que el interés de Washington en Mario Delgado está centrado en dos aspectos: su papel en la elección de Sinaloa en 2021 y su relación con la gobernadora de Baja California.
Sobre el primer elemento, es importante precisar que Rubén Rocha Moya llegó al poder gracias a una alianza con el Cártel de Sinaloa, en la que sicarios paramilitares secuestraron a más de cien operadores políticos de la oposición.
Una militante de Morena que fungió como la mano derecha del delegado del partido en Sinaloa aseguró que, en la campaña, Rocha Moya se reunió clandestinamente con Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’. Actualmente, este capo, heredero de la estructura del Cártel de los Beltrán Leyva, es el personaje más prominente en la exportación de fentanilo y un objetivo criminal clave para el Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Llegaban maletas llenas de dinero” a la casa de campaña, declaró Jocelyn Hernández Jiménez, según consta en una grabación en poder de Código Magenta.
Respecto al segundo punto, Delgado habría sido clave para instalar a Marina del Pilar, a quien el Departamento de Estado de Estados Unidos le canceló la visa por una investigación de delincuencia organizada en su entorno inmediato. Carlos Torres, ex esposo de la gobernadora y ex funcionario de primera línea de su administración, está sujeto a una acusación federal de la Fiscalía General de la República por narcotráfico, trasiego de armas y lavado de dinero. Tanto en el caso de Sinaloa como en el de Baja California, el hilo conductor de la trama es la presunta relación de Morena con el Cártel del Pacífico. ¿Qué sabe Mario Delgado? ¿El ex dirigente nacional de Morena recibió alguna contraprestación de este grupo criminal, algún obsequio como un caballo purasangre, como especula un operador político mexicano cercano a las autoridades de inteligencia de Estados Unidos?
El homicidio de María Eugenia Delgado y de Sheila Amezcua Delgado ocurre en un momento de elevada tensión dentro de la 4T. La remoción de Adán Augusto López como coordinador de la bancada de Morena en el Senado, la suspensión de la entrega de petróleo a Cuba, los cambios de mando en la Secretaría de Marina y en la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la transformación interna de la FGR sugieren que, cada vez en mayor medida, el gobierno de Claudia Sheinbaum se está alineando a la agenda de Washington.
La fuente de alto nivel del gobierno federal dijo a Código Magenta que, antes de que fuera anunciada la sustitución de Adán Augusto López, Palacio Nacional convocó a una reunión con alrededor de 16 prominentes políticos de la 4T. Mario Delgado era uno de ellos. Acompañada de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, Claudia Sheinbaum informó a los asistentes que son parte de una lista de objetivos de investigación del gobierno de Estados Unidos. En el encuentro, la recomendación a gobernadores, secretarios, legisladores y por lo menos un militar fue que tomaran sus precauciones, que no viajaran a territorio estadounidense o siquiera atravesaran su espacio aéreo.
Una persona allegada a la familia Delgado confirmó a Código Magenta que el ex dirigente nacional de Morena estuvo en esa reunión. También dijo que Mario Delgado ha comunicado a sus hermanos y primos con posiciones en el gobierno que, efectivamente, es parte de una lista de objetivos criminales en Estados Unidos. El conducto habría sido un notario que está ayudando a Delgado a poner sus asuntos patrimoniales en orden en caso de ser detenido o extraditado.
En círculos morenistas persiste la duda sobre la posibilidad de que Mario Delgado haya contactado a alguna agencia de inteligencia norteamericana para convertirse en un testigo colaborador. El ex dirigente nacional de Morena fue epicentro político y financiero de las campañas de 2021 y de 2024. Se trata de un engrane clave en la maquinaria que instaló a Claudia Sheinbaum en el poder. La candidata más votada en la historia de México. El expediente negro de Mario Delgado se remonta a la elección partidista de 2020, un punto de inflexión en la historia política del país. De la mano de Ricardo Peralta Saucedo, el cuestionado ex administrador de Aduanas, Delgado ganó los comicios internos con base en la entrega de sobornos a militantes, que eran entregados en un departamento en Paseo de las Palmas 905 en la Colonia Lomas de Chapultepec, según consta en una denuncia promovida por Porfirio Muñoz Ledo. “No existe un partido político en América Latina cuya dirigencia sea más obviamente corrupta que Morena… y claro que el presidente lo sabe”, sentenció el legendario político izquierdista mexicano. Se presume que los sobornos eran pagados con dinero del huachicol fiscal recaudado por Peralta, el funcionario que nombró a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, como administrador de la importante Aduana de Reynosa, Tamaulipas.
El huachicol fiscal, el escándalo de evasión de impuestos por más de 600 mil millones de pesos, es la línea que une a la política con el crimen organizado. Esta industria clandestina ha dejado una larga estela de muertes, desapariciones, suicidios y asesinatos que continúan sin esclarecerse: Sergio Carmona, el financiador de las campañas electorales de 2021; Carlos Narváez Romero, ex funcionario de Aduanas y sobrino del ex director de Pemex; Gerardo Vázquez Barrera, operador financiero del Cártel del Noreste; Daniel Flores, ex director de Grupo Industrial Proyecta y operador financiero de la precampaña presidencial de Adán Augusto López; Julio Almanza, el empresario tamaulipeco que denunció la corrupción en Aduanas; y el Capitán de la Marina, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, acusado de asistir al Clan de los Farías Laguna en un entramado de contrabando de hidrocarburos son algunos de los nombres en los hechos de sangre del huachicol fiscal.
A esta lista habría que agregar tres casos que no sólo están relacionados con el contrabando de hidrocarburos, sino que, al igual que la ejecución de María Eugenia Delgado y Sheila Amezcua Delgado, ocurrieron en el estado de Colima, una entidad dominada por el Cártel Jalisco Nueva Generación: Primero, los asesinatos del contralmirante Rubén Guerrero Alcántar y de la delegada de la FGR, Janet Nava Ramos, dos personajes que denunciaron e investigaron la trama de huachicol fiscal de los hermanos Farías Laguna. Segundo, la muerte en un supuesto accidente de carretera de Ángel Arnoldo Ramírez Salinas. De acuerdo a fuentes de inteligencia en México y en Estados Unidos, se trata del personaje que heredó la estructura criminal de Sergio Carmona, incluidas muchas de sus relaciones aduanales y algunas de sus amistades políticas. En el mundo criminal, su contacto más influyente era César Morfín Morfín, alias ‘El Primito’, designado por el FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como el arquitecto de una red de distribución de huachicol fiscal del CJNG. Su ascenso inició en la gestión de Horacio Duarte como titular de la Agencia Nacional de Aduanas, continuó durante la administración de Rafael Marín Mollinedo, pero creció de manera exponencial con la llegada del General André Foullon a la ANAM. Una persona con conocimiento del asunto asegura a Código Magenta que Ramírez Salinas tenía acceso al General a través de su hija Diana Foullon.
En este contexto, toman relevancia las declaraciones que expertos en seguridad hicieron al periodista Héctor de Mauleón: la ejecución de los familiares de Mario Delgado podría ser una venganza o un mensaje. Dadas las decenas de muertes vinculadas al huachicol fiscal y la guerra intestina en Morena, ¿qué permite dudar que este evento no fue meramente fortuito?
No es algo menor, la investigación del doble asesinato está a cargo del gobierno estatal de Colima de Indira Vizcaíno, una de las beneficiarias de la sociedad Delgado-Carmona. Efectivamente, en la 4T, el hilo se está rompiendo por lo más delgado.
La cárcel mexicana no es “centro de reinserción social”, es tiradero a cielo cerrado donde el Estado Mexicano avienta lo que no quiere ver y finge que ya cumplió con la justicia.
La gran mentira de la “reinserción”
En el papel, el sistema presume reinserción; en la vida real, es una fábrica de rencor y oficio criminal. Andrés M. Estrada lo resume sin anestesia: las prisiones en México funcionan como “academia del crimen”, patrocinada por la corrupción y el abandono oficial. El Estado no corrige a nadie: administra miseria y violencia, y encima se da golpes de pecho hablando de derechos humanos.
Custodios y reos: misma jaula, distinto uniforme
La famosa “línea” entre custodio y preso cabe en un solo dato: uno puede irse a dormir a su casa y al día siguiente regresa a las rejas; el otro no. Todo lo demás es espejismo: ambos viven en el mismo ecosistema podrido, tragando olvido, amenazas y salarios de risa. La cárcel no distingue bandos: tritura dignidad humana por igual y escupe sobrevivientes que aprendieron a negociar con el horror.
Corrupción por hambre, no por película
Si un custodio gana 10 o 12 mil pesos al mes, sin uniformes decentes, sin radios y sin respaldo, y un preso le ofrece 2 mil pesos por voltear a otro lado mientras hace una llamada, el sistema ya decidió por él. No es que “se corrompa por malo”, se corrompe porque el propio Estado lo pone contra la pared y luego se hace el sorprendido cuando truena todo. El que no se adapta, es castigado, amenazado o simplemente aplastado por la misma estructura que dice “combatir la corrupción”.
Sin salud mental y con estigma pegado a la frente
En penales federales, donde se supone que hay más presupuesto, la política es: si un custodio se quiebra por trauma o ansiedad, que vaya al ISSSTE, como si el infierno laboral fuera gripe. No hay acompañamiento psicológico, pero sí jornadas interminables, violencia constante y una expectativa absurda de que todo eso no les reviente en la cabeza. Las mujeres custodias mastican doble infierno: además del riesgo de siempre, cargan acoso laboral y sexual en un ambiente donde el machismo viene con logotipo institucional.
La cárcel como basurero moral del Estado
La sociedad prefiere decir “ahí meten a los desechos” y ya, caso cerrado. En el mismo costal van PPL y custodios, marcados como contaminados, peligrosos, “de esa misma calaña”, aunque muchos sólo aprendieron a sobrevivir al monstruo que el Estado les echó encima. La cárcel, al final, es el cuarto oscuro donde el gobierno esconde sus fracasos: una maquinaria voraz funcionando en automático, devorando gente, mientras afuera nos venden el cuento de la “reinserción” con boletín y conferencia de prensa.
Los cárteles mexicanos descubrieron hace años algo que la clase política aún no entiende: gobernar es cosa de duplas.
El Chapo y El Mayo: CEO y director de operaciones
Mientras medio mundo se obsesionaba con el mito de El Chapo, sus túneles, sus series y su ego inflamado, el verdadero jefe de la empresa, El Mayo, seguía trabajando en silencio, contando dinero y pactando con todos los que importan. Uno era showrunner del narco–reality; el otro, el viejito de sombrero que prefería reuniones en la sierra antes que alfombras rojas y fotos con actrices.
El gobierno vendió la captura de Guzmán como “golpe histórico”, pero el Cártel de Sinaloa siguió respirando con respiración asistida: se llamaba Ismael Zambada y su especialidad era cambiar balas por acuerdos. Mientras uno daba entrevistas veladas vía Hollywood, el otro parecía más preocupado por no salir ni en la foto de la credencial del INE.
El Mencho y El Cuini: violencia SA de CV
En el CJNG también entendieron el modelo: si quieres un monstruo nacional, necesitas un rostro sangriento y un contador sin escrúpulos. El Mencho se quedó con la marca de la violencia; El Cuini, con la chequera que la hacía posible y una fachada de empresario que duró lo que tardaron las agencias gringas en leer los estados de cuenta.
La DEA lo retrató como el cerebro financiero que convirtió a Los Cuinis en la gasolinera del CJNG: ellos ponían el dinero, el cártel ponía los muertos y, entre todos, llenaban de mercancía los 32 estados del país. El Mencho se volvió el villano favorito; El Cuini, el tipo que demuestra que en el narco la contaduría es tan letal como un cuerno de chivo.
El Pez y El Fresa: narco lifestyle en la Nueva Familia Michoacana
En la Nueva Familia Michoacana, la dupla viene con apellido compartido y estilo opuesto: Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga. El Fresa se adueñó del reflector a punta de masacres, videos y outfit de lujo, como si Instagram fuera el Diario Oficial del crimen organizado.
El Pez, en cambio, es la versión veterana: se formó en la vieja Familia Michoacana y hoy opera como cerebro silencioso de una organización que mezcla drogas, extorsión y terror en el centro del país. Mientras uno posa en conciertos y zonas exclusivas, el otro entiende que en este negocio el verdadero poder no se graba en video, se susurra en territorio.
Manual narco para el éxito: siempre en pareja
La lógica se repite: músculo y cerebro, ruido y sigilo, ostentación y bajo perfil. Lo hicieron Sinaloa, el CJNG, la Nueva Familia Michoacana y antes el Cártel del Golfo, con Osiel Cárdenas moviendo la operación y Los Zetas poniendo la disciplina de cuartel.
La bicefalia no solo amplifica el alcance, también garantiza herencias: si cae el famoso, queda el discreto; si detienen al financiero, sobrevive el violento y por igual al «revés volteado». Las nuevas generaciones del narco aprendieron bien la lección de la vieja guardia: en México puedes cambiar de presidente, pero nunca de modelo de negocio criminal.
En este país del autoengaño estadístico, el cinismo ya es métrica de gobierno. Ahora resulta que hay que aplaudir porque Nuevo León “solo” tuvo 41 asesinatos en enero. Qué lujo. Qué honor. Casi parece que el Estado quiere bordar la cifra en una bandera, ondearla y quitarle el luto a los muertos como si los registros del Secretariado fueran una misa de redención.
Pero cuidado con la trampa: esos 41 no incluyen a los “abatidos”, porque claro, los muertos matados por la autoridad no cuentan como muertos. Son puntos, bonus, goles en la tabla del “nuevo modelo anticrimen”. Si se sumaran, el número salta, pero eso mancharía la narrativa del milagro regiomontano que el Gobernador Samuel García vende como si fuera el nuevo Mesías de la estadística criminal,pero que ademas busca entonar con la estrategia federal que hace exactamente lo mismo.
El gobierno presume dos meses con menos de 50 homicidios, como si eso fuera un trofeo y no una autopsia. Dicen que rompieron récords, cuando en realidad solo rompieron la vergüenza. En 2024, el Estado fue un matadero con mil 599 asesinatos. Pero basta con una ligera baja para que los voceros oficiales saquen el confeti, hablen de “contención” y posen frente a las cámaras con aire de victoria moral.
La verdad es que el “modelo anticrimen” suena más a maquillaje que a estrategia. “Atacaremos las zonas de calor”, dicen, como si el problema fuera térmico y no estructural. García, el municipio con más homicidios, es el espejo que ningún funcionario quiere mirar: 12 ejecutados en enero, 10 en diciembre, y supuestamente “40 generadores de violencia” capturados que ya fueron reemplazados por otros 40 a los minutos siguientes y hay fila.
Lo peor no es la sangre —que fluye—, ni los muertos —que siguen cayendo—. Lo peor es la mediocridad del discurso que glorifica la derrota, que convierte la sobrevivencia en mérito y al luto en propaganda. Celebran porque el charco de sangre no fue tan grande como el mes pasado. Festejan porque los muertos empiezan a caber en la estadística. Esa es la moral del gobierno: medir el triunfo por el tamaño del cementerio.
La Cámara de Diputados acaba de regalarse otro «megapuente» de siete días tras apenas dos jornadas de trabajo el 1 y 2 de febrero de 2026. Y por si fuera poco, el Senado de la República les dio su bendición oficial el 3 de febrero, en una votación donde algunos senadores estaban más entretenidos con sus celulares que prestando atención al plenario
La justificación oficial es de antología burocrática: los grupos parlamentarios acordaron que tras la sesión del 2 de febrero, el pleno no volvería a sesionar hasta el 10 de febrero de 2026. Es decir, ocho días naturales de pausa legislativa para unos representantes populares que ya habían disfrutado de 50 días de receso invernal —del 10 de diciembre de 2025 al 1 de febrero de 2026— según marca la Constitución.
Hagamos cuentas de la «chamba» de nuestros legisladores: regresaron apenas el 1 de febrero tras casi dos meses de vacaciones, sesionaron dos días con agenda de puro trámite protocolario, y ya se volvieron a ir hasta el 10 de febrero. ¿El motivo? Aprovechar el feriado del 2 de febrero (Día de la Constitución recorrido al lunes), más los días 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de febrero, configurando una semana completa sin actividades legislativas
El teatrito del Senado
La aprobación en el Senado fue digna de un sketch cómico. La senadora priista Claudia Anaya tuvo que consultar en «votación económica» —es decir, levantando la mano o poniéndose de pie— para aprobar el acuerdo legislativo que autoriza este nuevo paréntesis. El problema es que varios escaños estaban vacíos, otros senadores platicaban animadamente y algunos más estaban pegados a sus teléfonos. Pero como en este país la simulación es un arte, la secretaria de la Mesa Directiva «asumió la aprobación» de lo planteado.
No es que haya habido debate, argumentos o alguna consideración seria sobre la necesidad de estar presentes para legislar. Simplemente se asumió que todos estaban de acuerdo en irse de puente. Total, ¿para qué trabajar?
La agenda del 10 de febrero: sesión solemne
¿Y qué harán cuando regresen el 10 de febrero? Pues nada menos que una sesión solemne para conmemorar el 111 aniversario de la Constitución de 1917. El evento está programado para las 11:00 horas e incluirá intervenciones de hasta cinco minutos de representantes de los grupos parlamentarios, un discurso de la presidencia de la Cámara, y por supuesto, la entonación del Himno Nacional Mexicano.
Es decir, volverán para otro acto protocolario más, lleno de pompa, circunstancia y fotografías para las redes sociales. Porque sí, conmemorar la Constitución es importante, pero uno se pregunta si no sería igual de importante quedarse a trabajar en las leyes que esa misma Constitución les manda aprobar.
El contexto: un Congreso que descansa más que trabaja
Este megapuente no es un caso aislado. Es parte de un patrón preocupante donde el Congreso mexicano parece diseñado más para el descanso que para la productividad legislativa. Durante el primer periodo ordinario de sesiones que cerró en diciembre de 2025, la Cámara de Diputados realizó 44 sesiones plenarias, tramitó 1,071 iniciativas turnadas a comisiones, aprobó 358 proposiciones con punto de acuerdo y 55 decretos. Suena impresionante hasta que te das cuenta de que tuvieron casi tres meses para hacer todo eso.
Y mientras tanto, durante su receso invernal, el trabajo legislativo recayó en la Comisión Permanente, un órgano conformado por 18 senadores y 17 diputados que sesionan apenas una vez por semana. Esta Comisión sí trabajó: del 17 de diciembre al 1 de febrero, con un breve descanso de fin de año, se reunió para dar seguimiento a asuntos urgentes y recibir comunicaciones del Ejecutivo.
Pero claro, que trabajen 35 legisladores mientras los otros 628 (500 diputados y 128 senadores) descansan no parece ser un problema para nadie.
La ironía de las iniciativas sobre días de descanso
Lo más irónico de todo este asunto es que mientras los diputados se dan sus megapuentes, en la propia Cámara se están discutiendo iniciativas para aumentar los días de descanso obligatorio de los trabajadores mexicanos. Una propuesta del diputado Emilio Suárez Licona (PRI) busca pasar de 9 a 15 los días de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo, argumentando que «México carece aún de políticas que contribuyan al balance vida-trabajo».
También hay otra iniciativa bizarra que propone que el cumpleaños de cada trabajador sea día de descanso obligatorio, añadiendo un artículo 74 Bis a la Ley Federal del Trabajo. Porque al parecer, para nuestros legisladores, el problema en México no es la falta de productividad ni los salarios bajos, sino que no descansamos lo suficiente.
¿La propuesta aplica para ellos mismos? Porque técnicamente ya tienen más días de descanso que cualquier trabajador promedio del país.
¿Quién supervisa a los supervisores?
Aquí viene la pregunta incómoda: ¿quién fiscaliza el trabajo de los diputados y senadores? La respuesta es nadie. No tienen que justificar sus ausencias, no hay un sistema de evaluación de desempeño, no existe un mecanismo de rendición de cuentas real más allá de las elecciones cada tres o seis años. Y para ese entonces, la mayoría de los votantes ya se olvidó de quién faltó, quién trabajó y quién simplemente cobró su salario de más de 60,000 pesos mensuales sin hacer nada.
Durante su receso invernal de 50 días, los 628 legisladores se repartieron más de 208 millones de pesos en pagos, incluyendo salarios, bonos y prestaciones. Y ahora, tras apenas dos días de trabajo, se van otros siete días más. ¿Alguien descuenta algo? Por supuesto que no.
La «chamba» que nunca acaba de empezar
Este megapuente de febrero es emblemático de un problema estructural más profundo en el sistema político mexicano: la desconexión entre los representantes y los representados. Mientras millones de mexicanos trabajan jornadas extenuantes, muchas veces sin prestaciones ni seguridad social, sus legisladores se toman descansos interminables con el argumento de que es lo que «acordaron los grupos parlamentarios».
No hubo debate público, no hubo consulta ciudadana, no hubo justificación técnica. Simplemente decidieron irse y punto. Y el Senado, que supuestamente es la «cámara de reflexión», aprobó el acuerdo en medio de conversaciones, celulares y escaños vacíos.
¿Y la agenda legislativa?
Uno se pregunta qué temas urgentes quedaron pendientes durante este megapuente. ¿No hay reformas que discutir? ¿No hay presupuestos que revisar? ¿No hay comparecencias que realizar? Al parecer, nada de eso es lo suficientemente importante como para interrumpir el descanso de nuestros diputados.
La realidad es que el calendario legislativo mexicano está diseñado con una generosidad obscena hacia sus propios beneficiarios. Dos periodos ordinarios de sesiones al año (febrero-abril y septiembre-diciembre) con varios recesos intercalados, más las «sesiones extraordinarias» que solo se convocan cuando realmente no queda de otra. Y si sumamos los puentes oficiales, los acuerdos parlamentarios y las ausencias justificadas e injustificadas, resulta que el Congreso mexicano trabaja menos de la mitad del año.
El mensaje a la ciudadanía
Lo más grave de todo esto no es el megapuente en sí, sino el mensaje que envía: que el trabajo legislativo no es prioritario, que las necesidades urgentes del país pueden esperar, y que los diputados y senadores están ahí más por el salario y las prestaciones que por una genuina vocación de servicio público.
Porque seamos claros: si cualquier trabajador mexicano en el sector privado pidiera un megapuente tras haber regresado apenas dos días de casi dos meses de vacaciones, probablemente terminaría desempleado. Pero en el Congreso, esa es la normalidad.
Conclusión: la «chambita» de nuestros sueños
Así que sí, definitivamente es «una chambita de esas»: llegar el 1 de febrero tras 50 días de descanso, sesionar dos días con agenda ligera, y volverse a ir hasta el 10 de febrero para una sesión solemne. Todo con sueldo, prestaciones, viáticos y la tranquilidad de que nadie va a reclamar absolutamente nada.
Mientras tanto, el país sigue esperando reformas estructurales, políticas públicas efectivas y un Congreso que realmente trabaje para la ciudadanía. Pero para eso, primero tendrían que regresar de su eterno puente.
