Visitanos tambien en:

jueves, 17 de abril de 2025

“PROTESTÓ por la VIOLENCIA y…YA lo EJECUTARON”: “TAXISTA que se ATREVIO a PEDIR la RENUNCIA de NARCOGOBERNADORA MORENA de GUERRERO FUE ACRIBILLADO por MOTOSICARIOS”…ya no protestamos o protestamos mas ?


Un taxista de la unidad con placas A-326 con # económico 2980, que participó durante la mañana del miércoles en Acapulco en un bloqueo para exigir el cese de homicidios contra el gremio, horas más tarde fueasesinado en el puerto turístico.

De acuerdo con fuentes oficiales, el asesinato en contra del conductor de la ruta de colectivos Palenque, Nuevo Hospital, Vacacional, Centro, se registró en la Calle 24, de la Colonia Emiliano Zapata, donde dos hombres a bordo de una motocicleta le dispararon.

Horas antes, este mismo conductor participó en un bloqueo que se registró a unos cinco kilómetros de distancia de donde fue asesinado, sobre la vía federal Acapulco-Chilpancingo, a la altura del Paso Limonero.

Los choferes de taxis y camionetas de rutas alimentadoras de la zona suburbana y rural de Acapulco protestaron por más de cuatro horas luego de que apenas el pasado martes dos de sus compañeros fueron asesinados a balazos.

Durante la protesta los manifestantes colocaron en el piso de la vía varios ataúdes en señal de duelo.

En los féretros los transportistas colgaron varias cartulinas en donde se exigía la renuncia de la Gobernadora Evelyn Salgado, según ellos, por no hacer nada para frenar las organizaciones criminales que los amenazan y asesinan en caso de que no les paguen la cuota.

En las últimas 24 horas 13 personas han sido asesinadas en este puerto, entre ellos tres taxistas y dos mujeres.

En lo que va del año, al menos 22 choferes de transporte público han sido asesinados en Acapulco en donde en esta Semana Santa la vigilancia solo se remite en sus zonas exclusivas y playas.

Reflexión entre líneas del asesinato de un taxista tras protestar en Acapulco

Este enésimo asesinato deja entre líneas una reflexión profunda y alarmante sobre el estado de la gobernabilidad, la penetración del crimen organizado y la vulnerabilidad social en entidades gobernadas por Morena y señaladas de cogobernanza con el narco.

1. Colapso de la autoridad y normalización de la violencia

El hecho de que un trabajador del transporte público sea asesinado poco después de exigir seguridad revela no solo incapacidad —o falta de voluntad—,también de la complicidad de las autoridades estatales para proteger a sus ciudadanos, especialmente a sectores vulnerables como los transportistas, quienes se ven obligados a protestar públicamente aún a riesgo de sus vidas. La violencia se ha vuelto cotidiana y se percibe como un riesgo inherente al trabajo, lo que indica una normalización del terror y la impunidad.

2. Señales de cogobernanza y colusión

Las consignas y pancartas de los manifestantes no solo exigian seguridad, sino que acusaban directamente a la gobernadora Evelyn Salgado (Morena) y a su círculo cercano de complicidad ante el avance del crimen organizado. Se denuncia la existencia de acuerdos entre autoridades y grupos criminales, así como la protección de rutas clave para el tráfico de drogas, lo que sugiere una cogobernanza de facto entre el narco y el aparato estatal local.

“Narco gobernadora, estás acabando con todo el estado. Recuerda que el pueblo te puso y el pueblo exige que renuncies”.

3. Estado ausente y autodefensa social

La protesta con ataúdes y la quema de los mismos simbolizaron la desesperación y el duelo colectivo de un sector que se siente completamente abandonado. La exigencia de renuncia de la gobernadora y la negativa de los líderes transportistas a hablar abiertamente sobre las causas de los asesinatos reflejan un clima de miedo y desconfianza, donde la autodefensa y la denuncia pública se convierten en los únicos recursos ante la ausencia de Estado.

4. Fragmentación institucional y vacíos de poder

El incremento de la violencia en Guerrero y otras regiones bajo gobiernos de Morena no es un fenómeno aislado, sino parte de un proceso de deterioro institucional donde la descentralización y la falta de recursos han permitido que el crimen organizado penetre y controle estructuras locales de poder. La “guerra contra el narco” y la militarización han fragmentado aún más el panorama criminal, generando disputas sangrientas por el control de rutas y territorios.

5. Impunidad y mensaje de intimidación

El asesinato del taxista, inmediatamente después de su participación en la protesta, envía un mensaje de intimidación no solo a sus compañeros, sino a toda la sociedad: alzar la voz puede costar la vida. El crimen organizado actúa con tal impunidad que puede castigar públicamente a quienes desafían sus intereses, mientras el Estado permanece ausente o cómplice.

Tabla de elementos clave

ElementoEvidencia en el caso AcapulcoReflexión entre líneas
Violencia sistemática26 choferes asesinados en 2025, ataques diariosNormalización del terror
Acusaciones de colusiónPancartas y lonas contra la gobernadora y militaresCogobernanza narco-Estado
Estado ausente“El gobierno nos ha dejado solos”Autodefensa y desconfianza social
Represalia inmediataAsesinato tras protesta públicaIntimidación y control criminal
Fragmentación institucionalDisputa entre cárteles, ausencia de seguridad realVacíos de poder y descomposición estatal

Conclusión

Este suceso deja claro que en entidades como Guerrero,Sinaloa o Tamaulipas gobernadas por Morena y señaladas de cogobernanza con el narco, la línea entre autoridad y crimen organizado es cada vez más difusa. 

La sociedad civil, especialmente los sectores populares, queda atrapada entre la violencia criminal y la indiferencia —o complicidad— de sus gobernantes, con la única opción de protestar a riesgo de ser silenciados de manera brutal. 

La reflexión de fondo es la urgente necesidad de reconstruir el Estado de derecho y romper los pactos de impunidad que permiten que la violencia sea la norma y no la excepción.

Con informacion: ELNORTE/

EL “QUE NADA DEBE,NO DEBE de TEMER ?”: A “SANDRA ANAHI la MATO BALA TRAIDORA de AK-47 o AR-15 por la ESPALDA cuando IBA CAMINANDO en un PUEBLO del VIEJO OESTE LLAMADO CULIACAN”…y el “Sheriff” sigue metiendo las patas.


La frase del que “nada debe,nada teme”, claramente no aplica en Sinaloa,menos en Culiacan,donde al igual que en Guanajuato y todo el pais, la vida no vale nada y muy gracias a la incapacidad del gobierno,policias y militares, pues aunque nos dicen que estan haciendo un esfuerzo, no estan haciendo lo necesario,el resultado es el que cuenta, y de buenas intenciones esta empedrado el camino al infierno.

En Culiacán, esta frase ha perdido todo sentido. Durante años, fue un mantra de tranquilidad para quienes creían que la violencia era un asunto exclusivo de quienes estaban involucrados en actividades ilícitas. Sin embargo, la realidad ha demostrado que, en un territorio donde el poder de los cárteles rebasa al Estado y la violencia se ha normalizado, incluso quienes llevan una vida honesta y alejada del crimen tienen motivos para temer.

La muerte de Sandra Anahí, joven mujer de 34 años,alcanzada ayer por una bala perdida mientras simplemente caminaba por su ciudad, es la prueba más dolorosa de que la violencia no distingue entre culpables e inocentes y dejo ver ademas el poco respeto de la autoridad, pues un sujeto con arma al cinto, que se presume policia,posa unas de sus “patas’ junto al cadaver de la femina de manera irrespetuosa.

Hoy, en Culiacán, el que “nada debe” sí debe temer. Debe temer a la impunidad, a la ineficacia de las autoridades y a la capacidad de los grupos criminales para imponer su ley sobre la vida cotidiana. Debe temer a estar en el lugar y momento equivocados, a la arbitrariedad de una bala perdida, a la posibilidad de convertirse en una estadística más.

En este contexto, la vieja frase se convierte en una cruel ironía. Porque en una ciudad sitiada por la violencia, la honestidad ya no es escudo. La seguridad no depende de la inocencia, sino del azar y de la voluntad de quienes detentan el verdadero poder: los grupos armados. Por eso, hoy en Culiacán, el que nada debe, también debe temer.

La muerte de Sandra Anahí 

Sandra Anahi perdió la vida la tarde de ayer miércoles tras ser alcanzada por una bala perdida durante un enfrentamiento entre presuntos hombres armados, registrado en las inmediaciones del fraccionamiento Villa Bonita, al sur de Culiacán.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:50 horas sobre la avenida Álvaro Obregón casi al llegar a La Costerita, donde se reportó al 911 una persecución entre civiles armados que viajaban en dos vehículos en la que hubo detonaciones de armas de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, Sandra Anahí recibió un impacto de bala en la espalda baja, presuntamente disparado con un arma larga tipo AK-47 o R-15.

El proyectil la alcanzó entre las calles Tasmania y el Libramiento Benito Juárez, también conocido como La Costerita.

Muy pendejas en manos de peligrosos

Las balas disparadas por rifles de asalto como el AR-15 y el AK-47 representan un peligro extremo en entornos urbanos debido a su alta velocidad, gran alcance y devastador poder de daño. 

Estas armas, diseñadas para uso militar, se vuelven especialmente letales cuando se emplean en zonas densamente pobladas, ya que una sola bala puede atravesar paredes, vehículos y recorrer largas distancias, poniendo en riesgo a personas que ni siquiera están en la línea de fuego directa.

Velocidad y alcance

  • El AR-15 dispara proyectiles calibre 5.56×45 mm a velocidades que pueden superar los 900 metros por segundo. Su alcance efectivo varía entre 400 y 600 metros, lo que significa que una bala puede recorrer varias cuadras en una ciudad antes de perder letalidad.
  • El AK-47, con munición 7.62×39 mm, tiene una velocidad de salida de aproximadamente 715 metros por segundo y un alcance efectivo de 300 a 400 metros, aunque puede causar daño grave incluso a distancias mayores debido a la energía residual de la bala.

Poder de daño

  • El impacto de una bala de AR-15 puede demoler órganos internos y huesos, generando una destrucción masiva de tejidos. Los cirujanos comparan el daño en órganos como el hígado con dejar caer una sandía sobre concreto: la energía transferida desgarra y pulveriza los tejidos, reduciendo drásticamente las posibilidades de supervivencia.
  • El AK-47, además de su potencia de fuego automático (hasta 600 disparos por minuto), produce heridas de gran gravedad, con capacidad de atravesar cuerpos, estructuras ligeras y continuar su trayectoria, multiplicando el riesgo para terceros.

Letalidad en zonas urbanas

  • En áreas urbanas, la capacidad de penetración de estos proyectiles y su alcance hacen que cualquier persona, aunque no esté involucrada en el conflicto, pueda ser alcanzada por una bala perdida.
  • Los chalecos antibalas convencionales no siempre protegen contra los proyectiles de rifles de asalto, lo que agrava la vulnerabilidad de civiles y fuerzas de seguridad.

En resumen, la presencia de rifles de asalto como el AR-15 y el AK-47 en manos de civiles o grupos criminales en zonas urbanas transforma cualquier enfrentamiento en un evento de altísimo riesgo para la población, donde la potencia, el alcance y la capacidad de penetración de sus balas pueden convertir a cualquier transeúnte en víctima mortal, incluso a cientos de metros del lugar del tiroteo.

Ineficiencia e incapacidad de las autoridades

  • Las fuerzas de seguridad, pese a operativos de alto perfil y el despliegue de miles de efectivos, han sido incapaces de contener la violencia entre facciones del Cártel de Sinaloa, que se disputa el control territorial de la ciudad y la región.
  • La respuesta estatal ha sido, en el mejor de los casos, reactiva y, en el peor, minimizadora: las autoridades han insistido en que la violencia está “focalizada” y que la situación está bajo control, cuando en realidad la población vive bajo un “toque de queda” informal y en constante psicosis colectiva.
  • El propio comandante militar local admitió que la seguridad de la población depende de la voluntad de los grupos criminales de cesar las hostilidades, no de la capacidad del Estado para imponer el orden.

Poder territorial del cártel y normalización de la violencia

  • Los cárteles, especialmente “Los Chapitos”, han establecido un control territorial real en colonias populares y fraccionamientos periféricos, aprovechando vacíos de autoridad y exclusión social para consolidar su dominio.
  • La violencia donde no esta segura la policia se ha normalizado al punto de alterar rutinas cotidianas: padres y maestros revisan redes sociales para decidir si es seguro salir, los niños temen a los balazos y a las camionetas blancas del narco, y la población se autoimpone restricciones de movimiento.
  • La muerte de civiles inocentes, como Sandra Anahí, se percibe como un “daño colateral” más en una guerra urbana donde el narco puede “hacer cuanto se le antoje” ante la ausencia de un Estado eficaz y la resignación social.

Infausto de la muerte y el riesgo para la población

  • El fallecimiento de Sandra Anahí es particularmente infausto porque ilustra la vulnerabilidad extrema de cualquier ciudadano en Culiacán: basta estar en el lugar y momento equivocados para perder la vida por una bala perdida.
  • El riesgo de que cualquier habitante padezca lo mismo es alto y creciente. En los últimos meses, la ciudad ha registrado cientos de homicidios, decenas de desaparecidos y una economía semiparalizada por el miedo y la violencia.
  • La posibilidad de ser víctima de la violencia al azar —como quedar en medio de un tiroteo entre bandas rivales— es una constante, y la percepción de inseguridad es generalizada y justificada por los hechos: en 40 días recientes, se han registrado cerca de 200 homicidios en la región.

Tabla: Factores que agravan la situación en Culiacán

FactorEvidencia/Consecuencia
Ineficiencia de autoridadesOperativos insuficientes, minimización del problema, control territorial en manos del narco
Normalización de la violenciaRutinas alteradas, psicosis colectiva, resignación social
Poder territorial del cártelControl de colonias, imposición de reglas, dominio sobre la vida cotidiana
Riesgo para población civilMuertes de inocentes, balaceras frecuentes, posibilidad real de ser víctima al azar
Impacto económico y socialEscuelas y negocios cerrados, pérdidas millonarias, pérdida de empleos y actividades paralizadas

Conclusión

La muerte de Sandra Anahí es la expresión más cruda de un ciclo de violencia donde la vida de cualquier ciudadano puede ser segada por la disputa criminal y la ineficacia de las autoridades. El cártel, con su control territorial y capacidad de imponer el miedo, ha creado una “nueva normalidad” de violencia en la que la inseguridad es la regla y no la excepción. En Culiacán, la posibilidad de padecer lo mismo está latente para todos, mientras el Estado permanece rebasado y la sociedad, paralizada por el miedo, aprende a sobrevivir en medio del fuego cruzado.

Con informacion: NOROESTE/ MEDIOS/imagen/@redes

LA “FGR FESTEJA el AUTO de FORMAL PRISION a YARRINGTON solo un VASO de AGUA que NO se le NIEGA a NADIE pero su INFECA$IA y la INEFECTIVIDAD de la JUSTI$IA NO SON GARANTIA de CASTIGO”…en medio de testigos muertos y/o desparecidos.


Un juzgado federal dictó ayer el esperado auto de formal prisión al ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por delitos contra la salud, denominación jurídica del narcotráfico.

Víctor Paz Castillo, secretario en funciones de titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Matamoros, le inició la tarde de ayer el primer juicio por un ilícito cometido en México, al estimar que la Fiscalía General de la República presentó los indicios suficientes en su contra.

La FGR precisó en un comunicado que el delito fue imputado en la modalidad de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución del tráfico de drogas.

La resolución judicial implica que el político ex priista permanezca en prisión durante el proceso, ya que este delito que le atribuyen es grave bajo las reglas del sistema de justicia tradicional, en el que tiene prevista la prisión preventiva.

El auto de formal prisión: su verdadero alcance procesal y la realidad de la justicia penal en México

La frase popular en México, “el auto de formal prisión es como un vaso de agua que no se le niega a nadie”, refleja con sarcasmo una verdad incómoda: la emisión de este auto, lejos de ser una garantía de castigo, es apenas un trámite procesal que inicia formalmente el juicio penal, pero dista mucho de ser una condena o una garantía de justicia.

¿Qué significa el auto de formal prisión?

El auto de formal prisión es una resolución judicial que dicta un juez dentro de un plazo constitucional (72 o hasta 144 horas si se amplía el término), una vez que una persona detenida es puesta a su disposición. 

Para dictarlo, el juez debe considerar que existen elementos suficientes para presumir la existencia del delito y la probable responsabilidad del acusado, pero no exige pruebas plenas ni certeza absoluta. 

En otras palabras, se trata de un acto que “fija la litis” del proceso penal: delimita los hechos y el delito por el cual se seguirá el juicio, pero no prejuzga sobre la culpabilidad definitiva del procesado.

El auto de formal prisión no equivale a una sentencia condenatoria. Su función es justificar la detención y dar inicio formal al proceso penal, pero el acusado mantiene intactos sus derechos de defensa y puede impugnar la resolución. 

En delitos graves, como los que se imputan a Tomás Yarrington, implica la prisión preventiva durante el proceso, es decir,debera permanecer en la carcel,pero no significa que el inculpado será necesariamente condenado.

El caso Yarrington y la ineficacia estructural

El reciente auto de formal prisión ,dictado ayer contra Tomás Yarrington, exgobernador priista de Tamaulipas, por delitos contra la salud (narcotráfico), ilustra perfectamente la dimensión real de esta figura procesal. Aunque la FGR presentó indicios suficientes para iniciar el juicio, la experiencia demuestra que la mayoría de los acusados logran evadir la condena definitiva, ya sea por la debilidad de las pruebas, errores procesales, o la ineficiencia crónica de las fiscalías y el sistema judicial.

La estadística es contundente: en manos de la ineficaz FGR, más del 95% de los casos federales en México quedan impunes; sólo 4.9% llegan a una resolución, y la mayoría de los autos de formal prisión no culminan en una sentencia condenatoria. Esto se debe a múltiples factores:

  • Sobrecarga de trabajo en fiscalías y juzgados, con miles de expedientes pendientes por cada funcionario.
  • Deficiencias en la integración de las carpetas de investigación y en la judicialización de los casos.
  • Altos niveles de impunidad y corrupción, que permiten que incluso procesados por delitos graves obtengan su libertad o evadan la justicia.
  • No se debe de perder de vista que tanto la FGR como las Fiscalías del pais,son el “Hoyo negro de la impunidad en Mexico”.

Valoración crítica: ¿garantía de castigo o simulacro procesal?

El auto de formal prisión, lejos de ser garantía de castigo, es apenas el umbral de un proceso judicial plagado de obstáculos y deficiencias. No determina la culpabilidad, sino sólo la existencia de indicios para continuar el proceso penal. En la práctica, la mayoría de los acusados logran salir de este “brete” sin recibir una sentencia condenatoria, ya sea por deficiencias en la investigación, corrupción, o por la sobrecarga y lentitud del sistema judicial.

En el caso de Yarrington, aunque el auto de formal prisión lo mantiene en prisión preventiva, esto no asegura que será condenado ni que enfrentará una sanción ejemplar, los testimonios son endebles, muchos testigos estan muertos o desapreciaos y otros se muestran reacios a cooperar. 

De hecho, el propio proceso puede alargarse indefinidamente, y el acusado puede impugnar la resolución y aprovechar los vacíos y errores del sistema para obtener su libertad, como ha sucedido en innumerables casos de alto perfil en México.

Conclusión

El auto de formal prisión es un acto procesal relevante porque formaliza el inicio del juicio penal y delimita los hechos y delitos a juzgar, pero no representa una garantía de castigo ni de justicia. 

En el contexto de la ineficiencia y la impunidad que prevalecen en la FGR y el sistema judicial mexicano, su valor real es limitado: es apenas el primer filtro, y la mayoría de los procesados, especialmente en casos complejos y de alto perfil, logran evadir la condena definitiva. 

La frase popular, pues, no es exagerada: en México, el auto de formal prisión es, muchas veces, sólo un trámite más en un sistema que rara vez llega al fondo de la justicia y que ahora solo busca mandarle el mensaje a los ciudadanos que esta procediendo contra el ex-gobernador y en unos cuantos meses que ya se les olvide,estara completamente libre de cargos, muy probablemente absuélto.

Con informacion: ELNORTE/

miércoles, 16 de abril de 2025

EL "PERMISO para MATAR": "MEXICO NECESITA AYUDA INTERNACIONAL NO PATRIOTISMO PENDENCIERO que COMETE CRIMENES y NO RECIBE CASTIGO"...se escudan en la perniciosa negación sistemática.


Eres prioridad, pero no tanto. Te veo, pero también te borro. Dialogo contigo, pero al mismo tiempo te desacredito y no permito que recibas apoyo internacional.

Ése es el mensaje confuso y contradictorio que el Gobierno le manda a cada madre de un desaparecido, a cada colectivo de buscadoras, a cada víctima cuyo caso languidece en la impunidad. Y en eso se parece tanto a sus predecesores. Imita sus palabras. Repite sus reacciones.

La retórica de la negación recorre el sexenio de Calderón, el de Peña Nieto, el de López Obrador y ahora el de Sheinbaum. El oficialismo se envuelve en la bandera nacional para ocultar lo que ocurre debajo de ella.

Ayotzinapa. Tlatlaya. Apatzingán, Nochixtlán, San Fernando, Allende y recientemente Teuchitlán. Sitios que conocemos por quienes murieron allí, por quienes desaparecieron allí, por quienes fueron ejecutados allí.

Y ante esa realidad mastodóntica, Luisa María Alcalde, Gerardo Fernández Noroña, Rosario Piedra Ibarra, los morenistas en el Senado y la propia Presidenta han usado los mismos argumentos que antes criticaban. El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas es injerencista, la mirada internacional viola la soberanía, la ONU actúa con una carga ideológica e intervencionista inaceptable.

Diez años después, el morenismo mimetiza posturas asumidas en 2015 cuando la SRE calificó de “irresponsable y poco ético” al relator de la ONU, Juan Méndez, que intentó evidenciar la tortura sistemática en el País.

Entonces y ahora, el objetivo es desacreditar al mensajero para que no trascienda el mensaje crítico al Gobierno. Entonces y ahora, la meta es minimizar las matanzas para que no magullen la popularidad presidencial. Y en lugar de reconocer y encarar una crisis de magnitud insospechada -que los colectivos han documentado durante 14 años- el Gobierno intenta silenciarla.

Sheinbaum y los suyos mienten cuando dicen que las atrocidades cometidas son casos aislados, o que los perpetradores son solo narcotraficantes y criminales, o que las ejecuciones extrajudiciales son cosa del pasado, o que las cifras de desaparecidos son una exageración.

Fernández Noroña miente cuando sugiere que no ha habido un solo caso de desaparición forzada durante su Gobierno. Reportes oficiales generados por la Comisión Nacional de Búsqueda -dependiente de la Secretaría de Gobernación- reconocen que desde diciembre de 2018 hasta agosto de 2023 se registraron al menos 141 víctimas de desaparición forzada. Más las acumuladas desde entonces. Y los responsables no fueron cárteles de la droga, sino miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. La policía y el Ejército.

El libro “Permiso para matar”, de Paris Martínez, Daniel Moreno y Jacobo Dayán recoge testimonios desgarradores de quienes han padecido la violencia estatal. Violencia producto de una guerra contra el pueblo de México, no contra el crimen organizado. Fue, ha sido y es el Estado. El Estado que ha permitido el uso de una abrumadora fuerza extrajudicial contra la población civil. El Estado que ha militarizado la seguridad pública sin controles adecuados, que ha actuado sin una regulación adecuada del uso de la fuerza, que no insiste en un deslinde de responsabilidades por los abusos resultantes.

Por eso el Gobierno acepta el uso de tortura para extraer confesiones y fabricar “evidencias”. Por eso una sucesión de Gobiernos protege a las Fuerzas Armadas de investigaciones creíbles sobre su participación en crímenes documentados. Por eso las obstrucciones procesales, la falta de independencia de los peritos y los fiscales, la atonía de Gertz Manero, la aprobación de aparatosas leyes que se instrumentan tarde y mal. Tres Presidentes y una Presidenta permitiéndolo.

México necesita ayuda porque quienes lo gobiernan cometen crímenes y no reciben castigo. La urgencia del involucramiento internacional -vía el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU- deviene de lo que no pasa en el País. Lo que no se investiga. Lo que se tapa.

Si Sheinbaum realmente quisiera romper ese patrón perverso, pediría asistencia internacional en vez de demeritarla. Aceptaría colaboración externa en lugar de rechazarla. Porque si continúa escudándose en el patriotismo pendenciero, validará las atrocidades cometidas. Si prosigue peleándose con las instancias que quieren ayudar al País, demostrará que no está rompiendo con el permiso para matar. Está rubricándolo.

Fuente.-opinion@elnorte.com/ELNORTE

EL “CORREDOR de las DESAPARECIDAS”: EL “FEMINICIDA SERIAL de IZTACALCO se MANTUVO MAS de una DECADA MATANDO IMPUNEMENTE”…y no fue saldo de la casualidad, sino consecuencia de la indiferencia y omisión de las autoridades


feminicida de Iztacalco actuó durante más de una década con absoluta impunidad. La fiscalía capitalina lo señaló el año pasado como responsable del asesinato de siete mujeres: con un rastro de sangre trágico que había dejado desde 2012 a sus dos primeras víctimas.

Desde 2018 se le vinculó con la desaparición de una de sus compañeras del laboratorio en que trabajaba: informes sobre su relación con la víctima, así como sus datos completos, teléfono celular incluido, obraban en la carpeta correspondiente.

Pero nadie lo molestó.

El 16 de abril de 2024, Miguel Cortés atacó y asesinó a una adolescente de 17 años e intentó matar a la madre de esta, vecinas en el mismo edificio. Se le detuvo cuando intentaba escapar. En su domicilio, la policía halló osamentas, instrumentos para cortar, teléfonos celulares e identificaciones de otras mujeres… presuntos indicios de antiguos feminicidios.

El rastro de Cortés estaba en manos de la fiscalía capitalina, pero nadie se interesó en seguirlo.

El domingo pasado, a un año de su detención, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que El feminicida de Iztacalco se había desplomado en su celda del Reclusorio Oriente, a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio que le hizo llegar al hospital sin signos vitales.

Dos días antes se había comunicado desde un teléfono de la cárcel con la familiar de una de sus víctimas, para burlarse de ella. Faltaba un día para que fuera conducido a la audiencia en la que sería vinculado a proceso por el asesinato de otras dos mujeres.

Su caso ilustra con despiadada claridad el problema de los feminicidios y la desaparición de mujeres en México, la repetida omisión de las autoridades —que cuando no dan por resuelto el tema a golpe de “mañaneras” se dedican a ignorarlo, minimizarlo, negarlo, ocultarlo.

La noticia de la misteriosa, sorpresiva muerte del feminicida de Iztacalco se ha encimado a la de las seis mujeres que fueron reportadas como desaparecidas en el municipio de Coacalco, en el Estado de México.

El 11 de abril, familiares, amigos y vecinos de las desaparecidas bloquearon la avenida López Portillo para presionar a la fiscalía del Edomex. Denunciaron que, desde la última semana de marzo y los primeros días de abril, cinco menores, de 14, 15, 16 y 17 años, así como una mujer de 36, habían sido reportadas como desaparecidas sin que avanzaran las investigaciones para dar con su paradero.

Coacalco se halla en lo que se ha dado en llamar “el corredor de las desaparecidas”, que conecta Ecatepec, Coacalco, Tultepec, Cuautitlán y Tultitlán: una zona donde estudiantes y trabajadoras deben hacer viajes de hasta tres horas para arribar a la Ciudad de México y en donde, desde hace varios lustros se reporta un alto número de agresiones, desapariciones y feminicidios.

Aunque días más tarde se determinó que cuatro de las mujeres de Coacalco habían sido localizadas sanas y salvas (tres de ellas se habían ausentado de manera voluntaria, debido a problemas familiares, y una más se reportó desde el hospital al que había ingresado para tratarse una enfermedad), de las otras dos menores sigue sin saberse nada.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la realidad de un estado cuyas cifras, un año sí y otro también, suelen colocarlo a la cabeza –en disputa con Jalisco y Tamaulipas— de las entidades con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas, y a la cabeza, también, con el mayor número de feminicidios cometidos en el país.

En 2018 apareció ya un Monstruo de Ecatepec, Juan Carlos Hernández Béjar, vinculado al asesinato de unas 20 mujeres cuya desaparición nadie investigó, y que admitió incluso haberse comido a algunas de sus víctimas.

En los profusos canales de aguas negras que cruzan ese corredor aparecen con frecuencia mujeres embolsadas y estranguladas. Las historias de agresiones cometidas contra ellas erizan la piel: aparecen vejadas, abusadas, incineradas, asfixiadas.

El feminicida de Iztacalco destrozó brutalmente vidas y familias, y finalmente se fue impune. En su historia de impunidad, y en su misteriosa y repentina muerte, hay más que una simple coincidencia temporal con lo que está ocurriendo en Coacalco, con lo que está ocurriendo en “el corredor de las desaparecidas”, con lo que sigue ocurriendo en todos los puntos del país.

Con informacion: HECTOR de MAULEON/ELUNIVERSAL+