El diario español EL PAIS,cita hoy la entrega de Rafael Caro Quintero a EE.UU,el “jefe de jefes” que se atrevió a involucrarse en el asesinato del Agente de la DEA,Enrique Kiki” Camarena y aprovecha con este codiciado trofeo ,decirnos otra vez,que ellos a diferencia de Mexico,quien mata un hombre de la ley de los EE.UU sera perseguido por aire, mar y tierra.
La persistencia de Estados Unidos durante cuatro décadas para asegurar la extradición de Rafael Caro Quintero, tras el brutal asesinato en 1985, marca un contraste decisivo con las acciones históricas de México frente a ataques contra agentes de la ley. Mientras Washington convirtió la captura del narcotraficante en una prioridad geopolítica, mientras que México enfrentaba el caso con vacilaciones judiciales.
Claves del caso que evidencian la divergencia:
- Venganza institucional vs. impunidad técnica:
La DEA mantuvo a Caro Quintero como objetivo prioritario desde 1985, infiltrando su círculo y presionando mediante diplomacia coercitiva. En contraste, México lo liberó en 2013 por un tecnicismo legal: un juez determinó que debía ser juzgado a nivel estatal, no federal. Este fallo refleja un sistema proclive a resquicios que retrasan la justicia. - Presión política como motor:
- Donald Trump vinculó explícitamente la extradición con amenazas de aranceles del 25% a exportaciones mexicanas (2025).
- La entrega de Quintero coincidió con el fin de prórrogas comerciales y operativos migratorios, mostrando que México solo actúa bajo ultimátum, pues aunque el gobierno Moreno anda borracho de poder,no traga lumbre.
- En paralelo, se extraditaron a 28 otros narcos, incluidos líderes de Los Zetas y operadores de fentanilo.
- Respuesta ante crímenes contra agentes:
Estados Unidos procesó a Caro Quintero por el homicidio de Camarena —donde se probó tortura, castración y entierro en vida del agente— junto a cargos de narcotráfico. México, pese a ser escenario del crimen, nunca lo juzgó por estos hechos, limitándose a encarcelarlo inicialmente por delitos contra la salud.
Contexto histórico de la disparidad:
El asesinato de Camarena (1985) desencadenó una vendetta institucional estadounidense sin precedentes. La DEA infiltró redes, compartió inteligencia con ejércitos locales y ejerció presión diplomática continua. México, en cambio, priorizó acuerdos tácitos con cárteles durante décadas, como revela la liberación temprana de Quintero y la disolución en 2022 de una unidad de inteligencia de la DEA en el país.
La extradición final (2025) simboliza cómo México cede ante crisis bilaterales: en 2017, bajo amenazas de Trump, se extraditó rápidamente a “El Chapo”; en 2025, el combo de aranceles y la epidemia de fentanilo forzaron una entrega masiva de capos. Este patrón reactivo contrasta con la estrategia constante de Washington, que incluso equipara cárteles con grupos terroristas para justificar intervenciones.
Mientras Estados Unidos convierte la justicia por sus agentes en eje de política exterior, México enfrenta estos casos con ambivalencia: entre colaboración forzada y resistencias nacionalistas. La saga de Caro Quintero ejemplifica que, sin presión externa, crímenes contra fuerzas del orden rara vez reciben respuestas contundentes en el país.
Asi lo dijo el Diario Español,EL PAIS
“….El Búfalo fue a la vez su mayor éxito y su irremediable condena. Aquel rancho en Chihuahua, un cultivo gigante del tamaño de 1.000 campos de fútbol, revolucionó el mundo de la marihuana y lo catapultó, sin apenas saber leer y escribir, a lo más alto del narcotráfico en un tiempo récord. Con 33 años, Rafael Caro Quintero ya era millonario, dirigía con sus socios el poderoso Cartel de Guadalajara y tenía a sueldo por todo México a policías, militares, políticos y jueces. Hasta que un día de noviembre de 1984, cientos de soldados se presentaron en el lugar, detuvieron a todos los trabajadores y quemaron unas 8.000 toneladas de marihuana.
La prueba definitiva fue una foto área del rancho, tomada gracias a Kiki Camarena, un agente infiltrado de la Agencia Antidrogas Estadounidense, DEA. Caro Quintero juró venganza y meses después acabó matando con saña a Camarena y al piloto de la avioneta. La DEA nunca olvidó la afrenta y lo colocó desde entonces como su máximo objetivo. Fue encarcelado, liberado y vuelto a detener. Pero en todas estas décadas no habían conseguido la ansiada extradición. El destino llevaba 40 años pisándole los talones a Caro Quintero. Y este jueves, Estados Unidos se ha cobrado al fin su cabeza ante la presión y las amenazas de Donald Trump.
El capo, de 72 años, aterrizó al final de la tarde en Nueva York. Con traje de presidiario beige, esposado de pies y manos, bajó de un avión del Ejército mexicano. En suelo estadounidense le esperaban más de una decena de policías de la DEA, alguno incluso sacó alguna foto con el celular. La vendetta de la agencia antinarcóticos se había cumplido. “No hay escondite posible para quien secuestre, torture y asesine a un agente”. Así anunció el Gobierno estadounidense su segunda detención, en la que colaboró la propia DEA, hace tres años en la sierra de Sinaloa.
La justicia estadounidense dijo también entonces que su extradición era inminente. El arresto del capo llegó en un momento delicado en la relación bilateral, en plena crisis migratoria y apenas unos meses después de que se hiciera público que el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, había disuelto una unidad de inteligencia de la DEA que operaba en México desde los noventa. La captura de Quintero se leyó como un saldo de antiguas deudas pendientes con la Casa Blanca, que no solo exigió la extradición en la mesa bilateral de negociaciones, sino que también le puso fecha: “tramitar antes del 1 de julio de 2022″, según documentos del Ejército mexicano.
Los cargos sobre Caro Quintero en tribunales federales estadounidenses incluyen, además del asesinato de Camarena, otras tres causas abiertas por narcotráfico en Texas, Arizona y Nueva York. Tras su captura se inició un juicio de extradición en su contra. Pero el proceso quedó empantanado por una maraña de amparos y otros recursos legales de sus abogados. De fondo, pesaba sobre todo una decisión política. La pelota siempre estuvo en el tejado de la Cancillería, que ha de dar el visto bueno a las extradiciones. En la historia reciente ha habido casos de envíos express, como la de Dámaso Núñez, El Licenciado, mano derecha de El Chapo, capturado en 2017 y extraditado un año después.
La puerta de salida hacia Estados Unidos para Caro Quintero se ha abierto ahora en un contexto de máxima presión para México. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, a comienzos de año, el magnate republicano ha desplegado una agresiva estrategia de negociación. Bajo la amenaza de imponer un arancel del 25% a las exportaciones mexicanas, Trump está apretando las tuercas a su vecino, exigiendo resultados en migración, comercio y, sobre todo, en la lucha contra el narcotráfico. La epidemia del fentanilo, que se cobra año tras año miles de vidas estadounidenses, es una prioridad para la nueva Administración, que culpa a las mafias mexicanas de inundar sus calles del potente opioide.
Trump ha llegado incluso homologar la lucha contra el narcotráfico con las políticas antiterroristas, calificando como tales a los carteles mexicanos. El Gobierno de Claudia Sheinbaum anuncia, casi a diario, una batería de detenciones y decomisos de droga. El último mensaje ha llegado este jueves, el mismo día que el presidente estadounidense ha confirmado que no concederá más prórrogas y que los aranceles empezarán a aplicarse a partir del próximo martes. México ha respondido con el anuncio de un operativo masivo de deportaciones, sin precedentes en la historia reciente.
Además de Caro Quintero, el trofeo más codiciado, otros 28 narcotraficantes que se encontraban en distintas cárceles del país han sido enviados a la otra orilla del Río Bravo. Entre otros, los antiguos líderes del cartel de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos como Z-40 y Z-42, y José Ángel Canobbio, alias El Güerito, uno de los máximos artífices de la distribución de fentanilo en el Cartel de Sinaloa y lugarteniente de Los Chapitos, la facción de los hijos de El Chapo Guzmán. El histórico capo de Sinaloa, que cumple una condena de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad de Nueva York, fue precisamente extraditado apenas unas semanas después de que Donald Trump tomara el poder por primera vez en enero de 2017.
La historia de los dos capos caídos está entrelazada. Los dos nacieron en Badiraguato, un pueblito de campesinos en la sierra sinaloense. El Chapo, apenas cinco años más joven que Quintero, comenzó su carrera criminal siendo solo un sicario del cartel que Don Rafa, uno de sus múltiples motes, dirigía junto a Don Neto y Félix Gallardo. La detención de los fundadores del Cartel de Guadalajara, acorralados tras el asesinato de Camarena, precipitó un reordenamiento del mapa del crimen en México. Así nació el Cartel de Sinaloa y el ascenso del Chapo.
De los tres padrinos del narcotráfico moderno, Caro Quintero fue el primero en caer. Con la DEA pisándole los talones, huyó a Costa Rica con la sobrina de un exgobernador de Jalisco. Una llamada a sus padres de la joven, de 17 años, fue interceptada por la policía. Tras pasar 28 años en cinco cárceles diferentes, logró la libertad en 2013 con una argucia legal. Un juez decidió que no debía haber sido juzgado por un tribunal federal, sino por uno de su pueblo y lo dejó en libertad cuando aún le faltaban 12 más para cumplir su sentencia. A los 59 años, el viejo capo volvía a la libertad y a la clandestinidad.
Aunque sin el poder de antaño, la ficha del FBI alertaba de que seguía siendo una amenaza desde sus feudos entre el norte de Sinaloa, Sonora y Baja California. En su vuelta el ruedo, exigió derecho de antigüedad, buscó una alianza con otro veterano, El Mayo Zambada, detenido el año pasado, armó un pequeño ejército de leales y entró en guerra con Los Chapitos. No pudo recuperar el poder que le valió el apodo del Narco de narcos, y sus planes de regresar a la cima acabaron por delatarle. La DEA había reclutado a infiltrados en su círculo más cercano.
El Príncipe, otro de sus apodos, de nuevo atrapado por su pasado. La sentencia del caso Camarena consideró probado que el 7 de febrero de 1985, cuando el agente antinarcóticos salía del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, fue secuestrado por policías y entregado al cartel de Guadalajara. En una finca de la organización, fue torturado una y otra vez mientras un médico lo mantenía con vida. Cuando su cuerpo fue recuperado, se descubrió que había sido castrado y enterrado vivo.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS /DAVID MARCIAL PEREZ
