Células de la delincuencia organizada cobran desde 200 pesos hasta 500 mil pesos semanales a personal de mineras en el norte de Zacatecas, en el norte y costa de Michoacán y en la Tierra Caliente de Guerrero, así como a miembros de toda la cadena vinculada con la producción, confirmaron fuentes ministeriales.
El cobro de piso se aplica a trabajadores, personal residente, operadores de camiones, gerentes y hasta comercios que laboran en las inmediaciones de las plantas, incluidos los de alimentos.
“En algunas mineras pagan extorsiones los perforadores, los geólogos, los electricistas o los operadores de maquinaria; lo mismo que los ejecutivos de las empresas, no se diga los vendedores de comida o abarrotes que están cercanos”, indicó una de las fuentes, basada en las denuncias, que, dijo, en la mayoría de los casos se quedan sin ratificar por temor a represalias.
En otros casos, las empresas han implementado protocolos contra el cobro de piso con el apoyo de la seguridad privada y las autoridades federales, subrayó Alejandro Desfassiaux, fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada.
“En Guerrero, el Gobierno quitó la concesión a una empresa de oro que operaban una mina de cielo abierto y ahora la opera el narco. El problema es que hay dueños responsables que operan con medidas preventivas y no caen en el chantaje bajo ningún motivo, gracias a que tienen protocolos, como es el caso de mi empresa, hacemos todos los protocolos de inteligencia, verificación, control, monitoreo, todo lo que hay que hacer en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército“, dice el especialista en seguridad privada.
“Pero hay otros muchos dueños que han caído en la extorsión y, ya cuando cayeron en la extorsión, viene el aumento de las cuotas, comienzan a abusar de la extorsión. Un caso muy famoso también está en Guerrero, fue una empresa canadiense que se quejó con el Gobierno federal, porque escalaron el chantaje a los obreros, cobrándoles por entrar a la mina, hay empresas que siguen con este problema de pagar derecho de piso a los criminales, pero también existen las empresas que han invertido más dinero en su seguridad y tomaron medidas de prevención”, expone.
En el tema de la extorsión existe una creciente cifra negra, pues los que pagan cuota al crimen temen represalias, por lo que evitan las denuncias formales ante el Ministerio Público.
De acuerdo con la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), la inseguridad y las actividades del crimen organizado han afectado las operaciones en las regiones mineras más importantes del País, como Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero y el Estado de México.
En estos estados, la industria minera ha tenido que aumentar su presupuesto de seguridad entre un 5 por ciento y un 10 por ciento, de acuerdo con un reporte de Stratop Risk Consulting, elaborado en 2024.
Sin embargo, para febrero de 2022, las extorsiones en México del sector minero registraron un crecimiento de casi 16.8 por ciento en comparación con marzo de 2021, advirtió.
La Cámara Minera de México (Camimex) indicó que las inversiones en el sector minero disminuyeron un 34.5 por ciento desde 2012, año en que el sector recibió inversiones por 8 mil 043 millones de dólares, mientras que en 2022 la inversión se estimó en 5 mil 265 millones de dólares.
Como resultado, el Instituto Fraser de Canadá posicionó a México como el cuarto país más inseguro de América Latina para realizar actividades mineras.
“Es muestra de la constante diversificación económica que estos grupos criminales siguen para incrementar sus ganancias. De lo anterior, existen diversas evidencias que van desde la creación de infraestructura logística para exportar mineral ilegalmente, la extorsión, robo y hasta actividades para dirigir y controlar directamente los proyectos de explotación minera”, refiere el reporte de la consultora.
“Durante el Gobierno del ex Presidente Enrique Peña Nieto, se documentó que diferentes grupos de la delincuencia organizada controlaban, en al menos 5 estados, la industria minera. Lo anterior, causando que la industria minera mexicana fuera la de menor competitividad a nivel mundial”.
El reporte advierte que los depósitos de litio descubiertos en México enfrentan riesgos por la influencia y el creciente control territorial de grupos de la delincuencia organizada y porque los grupos delictivos organizados se están diversificando hacia el sector minero.
“Los principales proyectos mineros en México se encuentran en los estados con los mayores yacimientos de litio, los cuales, a su vez, se localizan en zonas con una importante actividad de grupos de la delincuencia organizada. Aunado a ello, la explotación y la roducción de uranio en México es considerada una actividad reservada al Estado. Sin embargo, es uno de los recursos mineros que están siendo aprovechados por grupos delictivos, como el caso del denominado ‘La Familia Michoacana’, que comenzó a aprovechar desde hace una década el uso de este tipo de mineral”, subraya la consultora.
“En palabras de Johnny Hurtado Olascoaga, alias ‘El Pez’, hermano de José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias ‘El Fresa’, líder de dicha organización criminal, dicho grupo delictivo transporta uranio de forma ilegal dentro de Guerrero hasta los puertos de Lázaro Cárdenas en Michoacán y Manzanillo en el estado de Colima, donde se entrega directamente a barcos de nacionalidad china”, refiere.
De acuerdo con datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), alrededor del 90% de los proyectos mineros llevados a cabo en 2022 presentaron conflictos y violencia derivados por la explotación de los recursos naturales.
Estos actos violentos incluyeron amenazas, criminalización, desaparicionesforzadas, privación ilegal de la libertad, entre otros.
La consultora también alertó que el robo de explosivos en la industria minera mexicana es otro de los tipos de ilícitos que se cometen con uso de violencia por parte de los grupos delictivos y citó que el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C. (AIMMGM), Rubén del Pozo Mendoza, reportó que en diversas ocasiones se han visto en la necesidad de pagar el derecho de piso, ocasionándoles un incremento de al menos un 3 por ciento a los costos finales de su producción.
“Los constantes robos, la infiltración de cárteles y la actividad de ‘narcomineros’ han creado un ambiente de inseguridad que desincentiva la inversión y pone en riesgo tanto a los trabajadores como a la producción. Es imperativo que el Gobierno y las autoridades de seguridad implementen medidas efectivas para proteger esta industria vital y restaurar la confianza de los inversores y la comunidad minera”, concluye.
La Camimex reporta que en 2024 el sector gastó 100.35 millones de dólares en seguridad privada, una reducción del 7 por ciento con respecto a 2023, que registró una inversión de 107.99 millones de dólares.
En 2022 desembolsaron 90.1 millones de dólares en cifras reales.
“La necesidad de mejorar las condiciones de seguridad en las zonas en las que operan las empresas mineras sigue siendo una prioridad, ya que continúan ocurriendo eventos que ponen en riesgo la integridad de las personas y su patrimonio, impactando además los costos de las operaciones y los niveles de inversión. Esto se refleja en el índice de atracción de inversión que anualmente publica el Fraser Institute, donde la seguridad se mantiene como una de las variables peor evaluadas en el país”, advierte la Camimex en su Informe 2024.
“La industria minera se ubica principalmente en zonas alejadas, lo que la convierte en un motor de desarrollo económico y social para las comunidades locales. Sin embargo, también la hace vulnerable a actos delictivos. Actualmente, México se encuentra en la posición 84 de 86 jurisdicciones evaluadas en el ranking del Instituto Fraser, que mide la competitividad de las regiones mineras en el mundo”.
Recomienda desarrollar una estrategia conjunta para fortalecer la seguridad en las regiones mineras. Esto incluye reactivar las mesas de seguridad, coordinar la capacitación de la Policía en asuntos mineros y fortalecer la coordinación interinstitucional para dar seguimiento a casos específicos.
LA RESPUESTA OFICIAL
Desde 2020, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Servicio de Protección Federal (SPF), realizó la instalación del Servicio de Seguridad de Minas con elementos “altamente capacitados” como parte de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno de México.
Desde entonces se anunció una primera camada de 120 elementos especializados en el sector, “uno de los más sufridos debido a que sus instalaciones están en zonas aisladas del territorio nacional, lo cual las pone en condiciones de vulnerabilidad frente a grupos criminales”, dijo en ese lanzamiento el ex Comisionado del SPF, Manuel Espino.
“El inicio del servicio de seguridad de minas tiene alcances de trascendencia tanto para la industria minera a nivel nacional, como en la vida de las comunidades aledañas a las unidades mineras, ya que representa una esperanza de tranquilidad para los empresarios y las familias de la zona.
“El sector minero ha sido fundamental en la historia de México y lo es en la actualidad; el potencial minero que tiene este país hacia adelante asegura que seguirá siendo un pilar fundamental, de ahí la importancia de darle protección a los empresarios, a los trabajadores mineros y a las instalaciones que representan una gran inversión en nuestro país”, indicó.
Para consolidar esta especialización en seguridad minera, el SPF hizo investigaciones documentales y recorridos en los principales municipios mineros del País para realizar diagnósticos y conocer sus necesidades en materia de seguridad; además, se diseñó un plan de estudios para capacitar a los elementos de élite que se encargarán de esta labor, a fin de asegurar la mayor eficiencia.
Sin embargo, la extorsión a la cadena minera continúa.
FOCOS ROJOS EN GUERRERO
Autoridades federales detectaron la operación de distintos grupos de la delincuencia organizada que asedian a varias empresas mineras del llamado “Cinturón de Oro”, en Guerrero, lo que ha llevado a casos de extorsión, secuestro y bloqueos.
“Guerreros Unidos”, “La Familia Michoacana”, “Los Tequileros”, “Los Ardillos” y “Los Tlacos” son los principales señalados por las víctimas del cobro de piso.
En sus tácticas de presión, los grupos criminales obligan a cerrar las operaciones de explotación de oro, plata y zinc, y entre más tiempo tardan en pagar las empresas, aumenta el monto de la cuota ilegal, dijeron afectados a REFORMA.
También se registra el plagio de trabajadores o directivos como medida de presión.
Se indicó que, por ejemplo, la mina de Ahumada, en la comunidad de Achotla, zona controlada por “La Familia Michoacana”, es una de las afectadas.
Reportes de “Guacamaya Leaks”, revelados en 2022, ubicaron a Jhonny (sic) Hurtado Olascoaga, “El Pez”, y a su hermano José Alfredo, “El Fresa”, líderes del grupo criminal “La Familia Michoacana” (FM), como los que comandan extorsiones a mineras desde 2015.
En los documentos de la Defensa se da cuenta de que el Gobierno federal tenía conocimiento que en 2018 la empresa minera de Canadá, Telson Mining, pagó “derecho de piso” a la FM. El encargado del pago de parte de la minera era su Jefe de Seguridad, identificado como “hijo de un militar retirado”.
Otros reportes ministeriales indican que la FM obtiene uranio de la mina de Campo Morado y lo transporta al puerto de Lázaro Cárdenas para embarcarlo en navíos chinos.
La mina de Campo Morado anunció su cierre en 2017, agobiada por las extorsiones, aunque después reanudó operaciones.
Actualmente la maneja Altley Minning. Informes de seguridad confirmaron que esta empresa asentada en Arcelia, Guerrero, todavía paga “derecho de piso”.
En el caso de Sinaloa, empresarios mineros han sostenido que el Cártel de Sinaloa (CDS) realiza la extracción ilegal de oro en el Municipio costero de San Ignacio, donde los narcotraficantes operan en complicidad con autoridades locales.
Varios empresarios locales han sido desplazados de la actividad ante el cobro de derecho de piso y las amenazas por parte de integrantes del crimen organizado.
En las playas de El Patole, integrantes del Cártel de Sinaloa hacen hoyos, apilan arena y combinan agua de mar con químicos para extraer oro de forma ilegal.
Esa extracción se hace alrededor de la desembocadura del río Piaxtla, el único de los 11 afluentes de Sinaloa que no cuenta con presas, pero sí con una alta concentración de empresas mineras sobre las zonas altas del Municipio de San Ignacio, según la denuncia.
De acuerdo con reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, los cuales fueron hackeados por el colectivo Guacamaya, se señala al ex edil Iván Ernesto Báez Martínez por tener arreglos con un presunto líder del Cártel de Sinaloa en esa región en el sur del estado.
Sobre la playa hay motores que sirven como aspiradoras de agua que toman del mar. Esa agua es vaciada en las fosas por hombres que excavan para buscar el oro. El mineral que se extrae de ahí son residuos que han viajado kilómetros por años por la gran actividad minera en la sierra.
DESAPARECEN A ACTIVISTAS
La mano del crimen también la resienten los activistas que se han manifestado contra la operación de las minas.
Este mes se cumplieron dos años de la desaparición forzada de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia.
El 15 de enero de 2023 se perdió el rastro de estos activistas, que lograron ganar juicios que les permitirían defender a la comunidad indígena local y establecer la agenda para el desarrollo minero de Ternium en la mina Aquila en Michoacán.
Desde entonces, no se sabe nada de ellos y sus familiares continúan exigiendo su búsqueda y presentación con vida.
Ricardo, abogado de derechos humanos, y Antonio, líder indígena, participaron en una asamblea municipal sobre la explotación minera de la empresa Ternium y tras esa reunión se enfilaron hacia Tecomán, Colima, donde presuntamente desaparecieron.
La empresa Ternium opera el complejo minero Los Encinos en San Miguel Aquila.
Ricardo y Antonio trabajaron para conseguir que la comunidad indígena tuviera una representación legítima.
Los activistas se oponían al crecimiento sin control de la Mina Ternium en Aquila.
Ternium dio a conocer que colabora activamente con las autoridades “en todo lo que está a su alcance” para contribuir en este caso y ayudar a las autoridades locales, estatales y federales en relación con la desaparición.
“Tenemos una buena relación de colaboración con la Comunidad y, en particular, con Antonio Díaz Valencia y Ricardo Arturo Lagunes Gasca. Nuestra subsidiaria Las Encinas, S.A. de C.V. ha celebrado acuerdos con la Comunidad, bajo la supervisión de las autoridades mexicanas, que facilitan una operación fluida de nuestras actividades en la región y que benefician a ambas partes”, señaló la empresa tras los hechos.
Hemos rechazado y negado públicamente cualquier especulación de que Ternium y/o Las Encinas tuvieran algún involucramiento o conexión con la desaparición de los Sres. Díaz Valencia y Lagunes Gasca, o de que Ternium y/o Las Encinas toleraran cualquier tipo de comportamiento en contra de la ley, o de que los Sres. Díaz Valencia y Lagunes Gasca tuvieran conflictos con las compañías”, enfatizó.
Aquila se ubica en la sierra michoacana, entre los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Manzanillo, Colima, donde se ubica uno de los principales yacimientos de hierro y la operación delictiva del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Caballeros Templarios, Familia Michoacana, Los Viagras y el Cártel de Tepalcatepec, entre otras células delictivas que se fomentaron con la creación de las autodefensas en la zona.
El crimen comenzó a hacer sombra en la mina desde 2011, luego de que pobladores exigieron a la empresa un “pago” justo, por la explotación de la mina.
Entonces se formó un padrón de unos 460 pobladores, a quienes se les pagó cada mes casi 4 dólares por cada tonelada extraída.
En 2019 algunos pobladores (al parecer presionados por la delincuencia) impusieron a los integrantes del comisariado, representación que deben tener las comunidades agrarias, tema que Díaz y Lagunes llevaron a los tribunales.
Tras cuatro años de litigio, los activistas ganaron los juicios, lo que abrió la puerta a la elección transparente del comisariado, pero ambos desaparecieron.
A dos años de la desaparición, las investigaciones no han arrojado resultados.
Los familiares urgieron nombrar un Fiscal Especial y conformar un equipo de búsqueda humanitario para el caso, con los recursos y la experiencia necesarios para llevar a cabo una revisión exhaustiva, independiente e imparcial, además de elaborar un plan estratégico para la búsqueda.
CRIMEN COBRA POR
TERCERAS PERSONAS
El crimen organizado sofisticó su método para extorsionar a las empresas mineras, advierten agentes de seguridad privada.
“Esta gente (criminales) lo hace a través de contratistas, buscan que ellos mismos sean proveedores, o sea, por ejemplo, por medio del acarreo de tepetate o tierra, como le llaman, o acarreo de pipas de agua, ellos tratan de meter una empresa para que ellos, a través de estas, hagan un tipo de empresa fachada y hagan esa simulación para cobrar la extorsión”, dice un directivo de seguridad privada que conoce del tema.
“Ellos manejan muy bien el tema del lavado de dinero, por así también comentarlo, pero sí, no lo hacen como uno pensaría, que directamente están cobrando una cantidad, no, lo hacen a través de terceros y/o utilizan algún medio de su propia creación, generan empresas fantasmas, para poder, en un momento dado, cobrar una facturación, incluso por medio de una licitación, etcétera”, narra el experto en seguridad minera.
Señala que no todas las empresas mineras cuentan con el Servicio de Protección Federal (SPF), por el alto costo que representa, por lo que la mayoría de mineras son vulnerables a la penetración del crimen organizado.
“Me tocó en su momento tenerlos allá en Peñoles, en Sonora, y bueno, se trabajó con ellos. El asedio criminal sigue siendo un factor importante a nivel nacional, hubo un último evento a gran escala que pasó en Peñasquito, en octubre del año pasado, en Zacatecas, con el robo de seis tráilers cargados de mineral, de oro”, recuerda.
“Es la manera en que esta gente responde si no se paga la cuota”, añade.
El especialista indica que los protocolos de seguridad de las empresas mineras deben ceñirse a la colaboración con las autoridades.
Sin embargo, lamenta que esa seguridad no es permanente y los vacíos son aprovechados por el crimen organizado.
“Sobre todo se está trabajando con las autoridades a nivel federal y estatal, eso es una parte fundamental, el relacionamiento con las autoridades brinda mucha vigilancia, muchas visitas, que eso mismo disuade mucho a esta gente (criminales), sin embargo, no es tan constante o no es fijo, y eso, pues, también ellos (los delincuentes) lo aprovechan en cuanto ya no están por acá”, lamenta.
“Pero básicamente era por ahí. Sí funciona mucho el relacionamiento, la verdad es que la autoridad sí brinda el apoyo, pero tiene tantos problemas en tantas zonas del país, y no alcanza a abarcar todo”, añadió.
Fuente.-ELNORTE/
