La historia es propia de una saga de terror.
Sin embargo, lo más grave es que esa historia confirma que entidades federativas completas, de la geografía nacional, están en poder del crimen.
Sí, “narco-gobiernos” a los que por la vía del voto llegaron al poder “narco-gobernadores” que entregaron la plaza a los barones mafiosos.
Y declinaron la plaza por razones elementales del poder, porque en elecciones como las del 2021 y 2022 el dinero del crimen pagó los votos.
Realidad que se vive en San Luis Potosí, entre otras entidades en las que manda el crimen y en donde no ven solo quienes se niegan a ver.
Pero vamos por partes.
La historia comenzó el 4 de abril, cuando una empresa turística de Guanajuato denunció la desaparición de 23 peronas que habrían pagado para viajar a Saltillo, Cuahuila.
La ruta era la peligrosa carretera que conecta estados como Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí y Nuevo León, hasta llegar a Coahuila; una ruta de migrantes y que desde 2019 se ha convertido en las más peligrosa del país.
Luego de la denuncia de los “turistas” desaparecidos y de la indolencia mostrada por el gobierno federal, el gobierno estatal de Guanajuato inició la búsqueda de los 23 presuntos extraviados.
Horas después, el titular de Seguridad Pública de San Luis Potosí, de nombre Miguel Gallegos, anunció que 16 de los 23 desasparecidos habían sido localizados en Matehuala. Aseguró que no fueron secuestrados sino despojados de pertenencias, vehículos en los que viajaban y abandonados.
Sin embargo, el gobierno de Guanajuato negó que las personas localizadas fueran los “turistas” desaparecidos e inició una búsqueda mediante dos helicópteros. Pronto localizaron las dos camionetas donde presuntamente viajaban los “turistas”; vehículos que para entones eran parte de un comboy que transportaban 35 migrantes en total.
En el operativo fueron decomisadas armas, dinero, drogas y se confirmó que uno de los choferes que salieron de Guanajuato había sido asesinado a golpes, al nearse a entregar el vehículo que conducía.
El escándalo llevó a las autoridades estatales de Guanajuato y a la Guardia Nacional a seguir las pistas que dieron los migrantes detenidos y horas después el número de migrantes rescatados superaba las cien personas.
Todos ellos permanecían en calidad de secuestrados en casas de seguridad y hoteles de Matehuala, en donde existen decenas de reportes de desaparecidas.
Y por eso las preguntas.
¿No sabía nada el gobierno estatal y el gobernador electo apenas en junio del 2021? ¿No sabían nada los alcaldes de San Luis Potosí en donde todos los días desaparecen personas?
La respueta la conocen todos en San Luis Potosí: anto el gobierno estatal como no pocas autoridades municipales están bajo el yugo del crimen.
Sí, una vieja historia que aquí fue contada antes, durante y después que el crimen organizado se adueñara del poder político en San Luis Potosí.
Por ejemplo, desde noviembre de 2014 denunciamos –en distintas entregas del Itinerario Político--, que Ricardo Gallardo, en aquella época alcalde de Soledad de Graciano, San Luis Potosí, había sido postulado por López Obrador como candidato a gobernador por Morena.
Sin embargo, Gallardo fue detenido por la PGR –luego de una denuncia del PRD--, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Lo cierto es que desde 2014, los Gallardo –padre e hijo de idéntico nombre--, eran dueños de las franquicias locales de los partidos PAN, PRD, MC y PVEM, además de la naciente Morena.
Por eso, en la elección de junio del 2021 y con el aval de Obrador, el menor de los Gallardo: Ricardo Gallardo Cardona --motejado como “el pollo”--, fue postulado por el PVEM como candidato a gobernador de San Luis Potosí, a pesar de sus probados vínculos con el crimen y que no cumplió una condena al salir de forma poco clara de una cárcel federal.
Luego de la elección de junio del 2021, en el Itinerario Político del 24 de junio de ese año, titulado: “¿Callarán ante los “narco-gobernadores?”, dije que México vivía uno de los peores riesgos a la seguridad pública por el avance del crimen organizado en la política y en el poder.
Así lo dije: “nunca, como hoy, se había llegado al extremo de cerrar los ojos ante los abundantes casos de presuntos “narco-gobernadores”, “narco-alcaldes” y “narco-diputados”, muchos de ellos pertenecientes a Morena y todos ellos “peleles” de bandas criminales que los impusieron en el cargo.
“Pero a reserva de documentar cada caso, abundan las evidencias periodísticas de que las elecciones de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Michoacán y Zacatecas --todo el Corredor del Pacífico--, fueron operadas y ganadas por las bandas criminales dominantes en el país; Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel del Golfo y su remanente de Los Zetas.
“En San Luis Potosí la victoria correspondió a Ricardo Gallardo, motejado como “el pollo” y candidato del PVEM. Gallardo no sólo pertenece a una familia con probados vínculos en el Cártel de Sinaloa sino que era investigado por autoridades federales sobre sus prersuntos nexos criminales.
“En San Luis Potosí también menudearon las denuncias sobre el imperio del código mafioso en la elección del 2021: “billetazos” y “balazos”. Sin embargo, nadie se atrevió a denunciar la narco-eleccion”. (Fin de la cita)
Hoy, San Luis Potosí está en el centro de las entidades atrapadas por el crimen organizado, junto con Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán, Baja California y Baja California Sur, además de Chiapas y Guerrero; todas entidades en donde Morena comparte el poder con las bandas criminales.
Por eso, en San Luis Potosí se pierden 23 turistas y aparecen cientos de migrantes secuestrados. Y por eso y porque López Obrador es aliado del crimen organizado, el gobierno federal hace muy poco, o no hace nada, a favor de la seguridad de los migrantes y de los mexicanos.
