Al considerarse víctimas de una persecución política, Miguel Ángel Flores, jefe de la Oficina Ejecutiva del Gobernador, y Miguel Ángel Sánchez, líder estatal de MC y ex director del DIF Nuevo León, obtuvieron una suspensión de amparo con un Juez de Reynosa para no ser detenidos.
Flores es investigado por presuntas irregularidades en la contratación de pipas de agua durante la crisis hídrica del año pasado, y a Sánchez se le indaga por la muerte de un adolescente de 14 años en instalaciones del DIF, en febrero del 2022.
#cdmx,#reynosafollow,#cdvictoria,#matamoros,#nuevolaredo "TODO TIENE EXPLICA$ION": JUEZ FEDERAL "ABOGADO" de CABEZA de VACA es SOCIO de ORTIZ RENAN EX-PRESIDENTE de TRIBUNAL de JUSTICIA y MIEMBRO del TEMIBLE GRUPO REYNOSA"...el que firmo permiso a capo. https://t.co/q7C72ejaQg pic.twitter.com/0sKuUf1sXe
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) March 3, 2023
Ésta no es la primera vez que un Juez tamaulipeco es buscado por funcionarios de Nuevo León, pues el Gobernador Samuel García recibió tres suspensiones del Juez Octavo de Distrito, Faustino Gutiérrez, también con sede en Reynosa, quien además ha sido cuestionado y es investigado por la Fiscalía General de la República.
Por medio de un despacho particular, los dos emecistas presentaron una demanda conjunta, en la que alegan ante el Juez Séptimo de Distrito ser perseguidos por su cercanía y amistad con el Gobernador Samuel García, como parte de la pugna que mantiene con los poderes Legislativo y Judicial.
En su demanda alegaron recurrir al juzgado tamaulipeco porque el Poder Judicial y la Fiscalía General en Nuevo León son "controlados" por el PRI y el PAN, que también se jactan de tener bajo su control a los jueces federales.
Señalaron que estaría ocurriendo lo mismo con los jueces federales de Coahuila, porque ahí gobierna el PRI.
De la declaración tomada a un proveedor se desprende que Flores es investigado por supuestamente intervenir extraoficialmente en la contratación de pipas y por la posibilidad de haber recibido recursos económicos en esas operaciones.
A Sánchez se le investiga por el delito de homicidio doloso y encubrimiento, tras la muerte del menor.
El juez les concedió la suspensión de plano para que no sean aprehendidos ni se lleven a cabo audiencias.
"Podría estarse en presencia de lo que la corriente doctrinal moderna denomina 'Lawfare'", consideró el juez, "que no es otra cosa que el empleo de las instituciones de justicia del Estado con fines políticos".
fuente.-
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