En México, los médicos que violentan a un paciente o, por accidente o negligencia, llevan a cabo malas prácticas pueden tener una certeza: no enfrentarán ninguna sanción, aunque se presente una denuncia, y podrán continuar con su práctica profesional.
Las víctimas que recurren a una demanda civil o a una denuncia penal terminan viviendo procesos largos —incluso de más de 10 años— y revictimizantes, con resultados poco alentadores. Si recurren a instancias gubernamentales, como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), descubren que la voluntad de participación del doctor es indispensable para un proceso que solo es conciliatorio. En tanto, a los doctores les basta cambiar de hospital, mientras los órganos colegiados niegan violencias específicas.
En los últimos 10 años, el promedio anual de casos judicializados relacionados con negligencias médicas es de 37 —con un mínimo de 20 en 2012 y 2016, y un máximo de 60 en 2019—, de acuerdo con los registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). En la mayoría de los casos se trata de demandas civiles, por lo que el resultado suele ser la indemnización, sin sanción definitiva al médico responsable.
En el IMSS, por ejemplo, no hay una sola sanción administrativa firme entre enero de 2020 y agosto de 2022 relacionada con la suspensión o el retiro de licencia a médicos denunciados ante el Órgano Interno de Control del organismo, según informó el instituto en respuesta a una solicitud de información y tras la búsqueda exhaustiva en sus archivos, registros, sistemas y expedientes de consulta y trámite.
La violencia ginecobstétrica es un ejemplo de las malas prácticas médicas que se perpetúan en la impunidad: pese a que un promedio de 450 mil mujeres la viven cada año en nuestro país, según la ENDIREH 2021, no hay médicos sancionados en el sector público o privado. Solo cinco de los casos judicializados, registrados en el CJF, refieren específicamente el concepto violencia obstétrica, pese a que 28 entidades la tienen tipificada en sus leyes.
Incluso cuando un solo médico ha reproducido en más de 14 casos el maltrato ginecobstétrico, la negligencia en el suministro de medicamentos y hasta intervenciones quirúrgicas innecesarias y consecuencias fatales en el parto, sigue ejerciendo sin consecuencias.
‘Marina’, quien pidió que su nombre fuera cambiado para evitar ser revictimizada, estuvo muy cerca de morir cuando dio a luz en el hospital privado Santa Teresa, después de un embarazo que había transcurrido con normalidad y sin un diagnóstico oportuno del síndrome de Hellp. Aunque estaba por cumplir 38 semanas de embarazo, la popularidad del médico Jesús E. Luján Irastorza, por su enfoque en el parto natural y humanizado, la llevó a su consulta.
Igual que otras mujeres que vivieron episodios similares con él antes y después, que van del suministro de medicamentos sin consentimiento hasta el fallecimiento de sus bebés, ‘Marina’ lo recuerda como un médico encantador, que la alababa todo el tiempo. Para Luján Irastorza todo estaba perfecto hasta la última consulta, pese a que ella había tenido, un par de veces, una atípica presión arterial alta. Después de un parto previo en agua, ella prefería que esta vez no fuera en ese medio, pero sí natural con anestesia.
Hacia el final de su embarazo, ‘Marina’ amaneció un día con un cólico muy fuerte, sostenido. Había tenido un bebé antes y podía reconocer la anormalidad de la sensación. “No era el dolor normal de una contracción”, subraya. Trató de comunicarse con el médico y no le contestó. Su asistente le recetó únicamente un medicamento para el dolor y le indicó que se metiera a bañar. Su mamá, que llegaba a su casa para cuidar a su hija de dos años, la encontró tirada en el piso de la regadera y la llevó de inmediato al hospital.
Una vez enterado, su esposo también intentó comunicarse en múltiples ocasiones con Luján Irastorza. ‘Marina’ insistía en que algo era diferente a su primer parto. Ningún médico estaba disponible. Cuando el bebé empezó a hacerse visible, por fin le pusieron la epidural, sin tomar ningún análisis ni muestra de sangre. Tenía 20 mil plaquetas y, en el momento de meterle la aguja, le dio un derrame.
El médico llegó casi al momento que nació su hija. Eran las 4:45 de la tarde. Aunque su sangrado era inusual por la falta de plaquetas, aun después de eso la llevaron a un cuarto. Solo recuerda que sentía mareo, veía borroso y pasó toda la noche en vela. Hasta la mañana siguiente, al tomarle los signos vitales, le detectaron presión alta y por fin alguien reconoció que “algo” no estaba bien. Lo que siguió fue la terapia intensiva.
‘Marina’ tenía síndrome de Hellp. El dolor que había sentido —más tarde lo supo— provenía del hígado. “‘O sea que tu hígado va a envenenar todos tus órganos, se te va a echar a perder todo y probablemente mueras’. Así me lo dijeron, pero eso me salvó la vida porque yo ahí dije: ‘Yo no me voy a morir’. Nunca perdí la conciencia; me meten a un cuartucho que decía terapia intensiva, no había intensivista, lo mandan a llamar; tenía los pies engarrotados, no los podía mover, estaba toda contracturada”, relata.
La asistente del doctor Luján insistía en que no tenía nada y no estaba poniendo de su parte. Su esposo habló con el director del hospital, sin que lo dejaran entrar a verla. Su familia luchó por sacarla, ya con amagos, ante la insistencia del hospital para que se quedara. Cuando llegó a otro hospital, su presión era muy alta y estaba al borde de un paro cardiaco. Prácticamente estaba desahuciada. De Luján nunca volvió a saber nada.
“Después estuve en el ABC 23 días, obviamente me quedé paralítica por el derrame, se me paralizó la vejiga, estuve todo el tiempo con sonda, me dio neumonía… Una historia de terror: me daban ataques epilépticos por toda la sangre que tenía derramada en la cabeza, estar en terapia intensiva es una cosa espeluznante porque tienes que estar todo el tiempo despierta. Si te duermes, baja la saturación; todo el tiempo están manipulando”, recuerda.
No pudo conocer a su hija hasta que salió del hospital. En ese momento, en medio del shock, no pensó en denunciar formalmente. Estuvo lejos de su hija casi un mes, tardó varios más en dejar por completo la sonda y tuvo que reaprender a caminar. Pero alrededor de un año después, gracias a la insistencia de uno de sus tíos, que era abogado y tenía la seguridad de cómo hacerlo, se convenció de iniciar una demanda civil.
En 2018, nueve años después del nacimiento de su hija —justo un 10 de mayo—, recibió una compensación económica, determinada por una tercera instancia, por el daño ocasionado. Hubo una cadena de errores. Si al menos uno hubiera sido leído como alarma, se habría salvado el problema. Todos se dejaron pasar. Para ella, ese es uno de los mejores ejemplos de que solo hay justicia para quienes tienen dinero y, aun así, significa sobrevivir a un largo proceso de revictimizaciones.
Al paso de los años, lo que más lamenta es que después del desgaste económico, físico y emocional de la demanda, y de las prácticas que otras mujeres han vivido, Luján sigue dando consulta, ahora por cuenta propia, luego de que el Santa Teresa cerrara. Otras dos muertes de bebés, una cuya denuncia se perdió en la tercera instancia y otra que no fue denunciada, se dieron también en aquel hospital, a cargo del mismo doctor y en la misma época.
“Las tendencias actuales van en contra de nosotros”: Consejo Mexicano de Ginecología
En las oficinas centrales del Consejo Mexicano de Ginecología, lo primero que salta a la vista son los marcos que encuadran las fotografías de todos los hombres que lo han presidido desde su fundación en 1971 hasta hoy. Son también tres hombres quienes conceden una entrevista donde se pretende abordar el tema de la violencia obstétrica. Sin embargo, de entrada rechazan el término: aseguran que es estigmatizante.
“Nosotros, en principio, tenemos que señalar que consideramos el término de violencia obstétrica como un término que tiene una connotación peyorativa, porque está dirigido exclusivamente a los profesionales de la salud que nos dedicamos precisamente a la asistencia de la mujer durante el evento obstétrico. Cuando uno lee los preceptos legales, jurídicos, que se están intentando desarrollar, o en ocasiones ya están desarrollados, encuentra uno graves falacias y deficiencias”, asegura el médico Francisco Javier Robles Elías.
“Entonces, lo que entendemos como violencia obstétrica para nosotros es diferente a lo que ustedes o la mayoría de las personas señalan como actos médicos que requieren alguna sanción, hasta penal en algunas ocasiones”.
Para él y sus colegas, las malas prácticas en la ginecología y obstetricia, como la esterilización forzada o no permitir a las mujeres amamantar, ya se acabaron en México: “Eso la verdad, la verdad, ya no existe, hace muchos años se acabó, pero es un acto determinado, que fácilmente el médico entiende que va en contra de los derechos reproductivos de nuestras pacientes”.
Ante un trato indigno, una queja administrativa es un procedimiento adecuado, dice, pero antes habría que evaluarlo porque, según él, existen diferencias geográficas en el significado de las palabras, relatividad y evolución en los conceptos, además de que las mujeres “están en un evento emocionalmente no óptimo para contestar si fueron o no tratadas bien”. Una denuncia penal, en cambio, está fuera de todo orden, incluso de los principios del derecho, asegura.
—La ENDIREH tiene un bloque destinado al maltrato en la atención obstétrica y muestra una prevalencia en anticoncepción forzada o no consentida, igual que en cesáreas no consentidas. Hay índices de que todavía existen. ¿Ustedes lo considerarían un error, una mala apreciación del INEGI o de las encuestadas, o cómo sería compatible con esta visión? —se le pregunta.
—Lo que yo pienso es que la situación de las encuestas y la situación de la recepción de percepciones en este tipo de temas tendría que ser apoyada por nosotros los obstetras, porque, mire, cuántas personas de acuerdo a esa encuesta tuvieron esterilización forzosa, ¿una, dos, 10, cuántas? Usted que la leyó, recuérdenos.
—Entre 2016 y 2021, 3 millones 718 mil mujeres tuvieron un hijo o hija por cesárea, entre las cuales 319 mil 319 no dieron permiso para que se las practicaran. Por otro lado, a 759 mil mujeres las presionaron para que aceptaran algún dispositivo o cirugía como método anticonceptivo, mientras que a 333 mil las esterilizaron sin su consentimiento —se le recuerda.
—Yo me atrevo a señalar que muchos de esos datos son datos numéricos pero tienen falta del análisis médico, que es el que tendría que ser el primero… Se da un problema de la teoría a la realidad, ¿cuánto tiempo cree usted que yo puedo tardar para hacer un consentimiento informado como la Suprema Corte de Justicia dice que lo debemos hacer? ¿Cuánto tiempo cree usted que pasa? Y si la muchacha está en una condición de salud psicológica en crisis, cuánto es el tiempo que pasa entre una cosa y otra, y cuál es la validez de conseguir un consentimiento cuando la paciente está en una situación de crisis emocional por el nacimiento de un bebé? Esas situaciones hacen que las estadísticas que presentan tengan un fundamento médico distinto… Hay tres tipos de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas.
El médico asegura que la Federación y el Consejo trabajan en esos temas, pero cuando las organizaciones no gubernamentales y las legislaturas quieren únicamente dirigir su esfuerzo hacia el resultado final y no hacia los precedentes, se comete un error en derecho y justicia, “porque nosotros los médicos obstetras también somos justiciables, también tenemos derechos humanos y cuando nos atribuyen situaciones que las hacen de buena fe, pero sin fundamento adecuado, violentan nuestros derechos humanos”.
E insiste: “No respetan precisamente lo que tanto busca la Constitución, que se respeten los derechos humanos de las dos partes, y las tendencias actuales van en contra de nosotros”.
La Conamed, una institución sin “dientes”
Mientras la representación del gremio en el ámbito privado descalifica la violencia obstétrica y la posibilidad de que las mujeres sepan qué es el mal trato, la Conamed es la única dependencia oficial a la que se podría recurrir para reclamar la mala práctica médica, solo que no tiene ninguna capacidad para determinar responsabilidad o sancionar directamente a los profesionales de la salud.
En su propia misión, el organismo establece que es la institución gubernamental que ofrece mecanismos alternativos de solución de controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos, lo cual significa que solo llevan a cabo procesos de conciliación con los que ambas partes deben estar de acuerdo, es decir, si el médico no accede, el caso no puede seguir por esa vía.
Por otro lado, colabora con autoridades de procuración e impartición de justicia —cuando, como parte de un juicio, se les solicita un peritaje específico— y participa en la investigación, fomento a la calidad de la atención médica y seguridad del paciente. La dependencia no accedió a una petición de entrevista para conocer a detalle sus procedimientos y resultados.
De acuerdo con sus estadísticas oficiales, en el último año recibió 51 quejas referidas a la especialidad de ginecología, 28 en el sector público y 23 en el sector privado. De entre 87 especialidades, esta ocupa el quinto lugar, únicamente superada por traumatología (75), urgencias médicas (74), cirugía general (61) y ortopedia general (59). Para la especialidad de obstetricia se contabilizaron 19 quejas: 13 en el sector público y seis en el privado.
En cuanto a los motivos, para la atención del parto y puerperio, la dependencia únicamente consigna siete quejas en total, seis en el sector público y una en el privado. Además, pese a las 70 quejas que suman en total las especialidades de ginecología y obstetricia, la Conamed solo emitió un laudo.
Exfuncionarios de Conamed revelaron que no solo no tiene atribuciones de sanción y sus procesos conciliatorios dependen de la aceptación del médico, sino que en los últimos años se le ha mermado en estructura y capacidades. Desde 1996, el organismo se creó con la idea de que la mediación, la conciliación y el arbitraje serían medios mucho más eficaces que las denuncias en tribunales, que suelen prolongarse demasiado.
En su momento, fue muy innovadora como solución, considera una de las exfuncionarias consultadas, que ocupó un puesto directivo. El problema ha sido, dice, que muchos de los propios médicos no están convencidos, además de que a aseguradoras y abogados no les conviene que los asuntos se solucionen de manera rápida y eficaz.
A esto se suma que, desde su perspectiva, nunca ha habido una difusión fuerte del trabajo de la institución. “Cada vez se reduce más, se le desprecia más y no dudes que en un futuro ya ni siquiera exista”, señaló. Además, Durango, Zacatecas y Quintana Roo no cuentan con comisión de arbitraje médico estatal, por la oposición de los propios colegios de profesionales de la salud.
Sin opciones
Pese a que la violencia obstétrica ya es parte del marco jurídico mexicano, y está tipificada y sancionada en varios estados como delito, incluida la capital, “la ley puede ser letra muerta si no sucede nada”, señala el doctor José Antonio Moreno Sánchez, coordinador de Bioética de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología. Para él, los factores que influyen en ello son el desconocimiento de la ley y su inaplicación en las unidades médicas.
“También hay una gran deficiencia en los servicios privados, aunque se dé menos, porque ahí las personas pagan por los servicios y se supone que consienten antes, pero se da, y a menos que un usuario presente una queja ante la dirección de un hospital privado, muchas veces a lo más que llega el hospital privado es a restringirle o eliminarle los derechos, o los privilegios, que le llaman ellos, para atender ahí, pero no van más allá”, reconoce el médico.
Por eso, termina requiriéndose la denuncia de hechos por otras vías. Por otra parte, en el ámbito público, especifica, hay una gran carencia de supervisión y falta de compromiso de las personas que tienen una responsabilidad. Esto da origen, dice, a una serie de inercias que prevalecen y dificultan la aplicación de la ley, aunado a la falta de denuncia, sobre todo cuando se trata de servicios de salud que se perciben como “gratuitos”.
De las comisiones de arbitraje médico pueden salir dictámenes que demuestran que hubo mala práctica, pero estos todavía llegan a fiscalías, juzgados o comisiones de derechos humanos frente a las cuales existe la posibilidad del amparo, que conduce a una vía judicial que puede prolongar las demandas por años. “Acaba en lo que acaba cualquier delito: si hay dinero de por medio, y abogados, al final no pasó nada”, lamenta.
Para el abogado Arturo Manuel López Ramírez, que litiga temas de negligencia médica, las demandas por la vía civil siempre pondrán en desventaja a las pacientes. Ese tipo de demanda las pone en igualdad de condiciones que el médico, pero al no ser expertas o peritas en la materia, tendrán que contactar otros profesionales de la salud que demuestren lo contrario de lo que sostiene el demandado, lo que genera una desigualdad total.
“La mejor vía es la vía penal, porque existen daños, pusieron en riesgo tu vida y tu salud”, asegura. Desde su perspectiva, hay mayor facilidad de generar pruebas plenas al ser realizadas por instancias públicas y se reduce el gasto que implica ponerse en condiciones de igualdad frente a un médico. “Si se demuestra que existió ese daño médico con una documental pública, tienes que demostrar que no lo cometiste y que llevaste a cabo todos los protocolos”, explica.
Además, recuerda que cuando existe una violación a derechos humanos, las víctimas no tienen la obligación de demostrarla. Quien agredió tiene que demostrar que no lo hizo. “La carga de la prueba se revierte: el médico tiene que demostrar que no violentó mis derechos humanos, yo no tengo la carga de la prueba; el que la tiene es él. Yo tengo al Estado, en la materia penal, que va a aportar o a recabar todos los elementos probatorios para demostrar que sí fue él”, subraya.
Al igual que ‘Marina’, en poco más de una década, más de 10 mujeres se ubicaron unas a otras para compartir entre ellas diferentes experiencias de violencia como pacientes de Jesús E. Luján Irastorza, que van desde el suministro de medicamentos sin consentimiento para inducir el parto hasta la muerte de dos bebés que, acusan, fue producto de negligencia.
Consultado al respecto, el médico no dio respuesta. Hasta hoy, solo una demanda civil ha prosperado; otras personas siguen evaluando, hasta la fecha, la posibilidad de iniciar acciones legales. Todas lamentan que esas prácticas se sigan replicando, en el suyo y otros consultorios, con plena impunidad.
Fuente.-
Jesús Torres Charles, ex fiscal de Coahuila. Foto: El Sol de la Laguna
