Las revelaciones del matutino The Guardian en Reino Unido sobre el uso del programa de espionaje Pegasus en diversos países del mundo tiene a México como un escenario primordial de las operaciones de la empresa dueña del programa, NSO Group, firma de origen israelí pero controlada por un fondo de inversión con sede en Londres.
The Guardian retomó un escándalo que explotó en la administración de Enrique Peña Nieto, cuando se conoció que a través del malware Pegasus se espiaba a opositores y periodistas de tono crítico con el entonces gobierno del PRI. El caso le generó un fuerte repudio a un gobierno que entraba en su fase final y el presidente Peña Nieto solo atinó a decir, de modo críptico, que a él también lo espiaban. Era junio del 2017.
La historia de Pegasus en México un correlato militar poco registrado y que involucra al Pentágono. En la pasada administración se adquirieron por 32 millones de dólares diversas licencias del malware. Así fue utilizado por Fiscalía General de la República, por el Cisen (la agencia de inteligencia federal) y por la Secretaría de Marina.
Cuando estalló el caso por una investigación de The New York Times rápidamente la oposición organizó una comisión en el Congreso para que los funcionarios implicados dieran cuenta de cómo se había utilizado Pegasus en México. Pero el alto mando militar ni siquiera fue convocado a esas audiencias secretas. A último minuto los senadores del PRI y del PAN impidieron esa interpelación.
El análisis que por esos días circuló en el Congreso es que los coordinadores parlamentarios del PRI operaron para que los militares no acudieran para evitar tensiones con el gobierno de Peña Nieto que venía enfrentado a lo generales por una serie de leyes de seguridad interior que estos pretendían pero que Peña Nieto no estaba seguro de impulsar. Esas leyes expandían el rango de acción de los militares en asuntos domésticos. Serían promulgadas en diciembre del 2017.
En la pasada administración se adquirieron por 32 millones de dólares diversas licencias del malware
Pegasus fue adquirido por el almirante Vidal Soberón, de fuerte cercanía con el Pentágono y especialmente con Jim Mattis, un marine, general de cuatro estrellas y primer secretario de la Defensa de Donad Trump.
El argumento que recibieron los generales mexicanos de sus pares estadounidenses era que Pegasus era muy útil para la persecución del narcotráfico y que gracias este programa Estados Unidos pudo dar con Joaquín "Chapo" Guzmán, en enero del 2016 en Sinaloa. Con estos argumentos Soberón justifico la adquisición.
Este almirante, condecorado por el Pentágono, es un militar de buenas relaciones con la clase política y empresarial de México, al punto que en ciertas reuniones con hombres de negocios se le propuso que explorara la posibilidad de una carrera política, algo que nunca se concretó.
Soberón a su vez tenía una amistad con el general Salvador Cienfuegos, el secretario de la Defensa de la administración de Enrique Peña Nieto. Cienfuegos fue arrestado en Los Ángeles en octubre del 2020. La DEA lo acusaba de presuntos nexos con el narcotráfico. Cuando le ofrecieron su llamada reglamentaria a la primera persona que contactó fue a Soberón. Un mes más tarde era liberado por decisión del Departamento de Justicia.
Cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia en junio del 2018 tuvo una actitud diversa frente a las fuerzas armadas y su conducción. Cienfuegos, que dejaba el Ejército, no pudo elegir a su sucesor pero Soberón no tuvo el menor inconveniente en dejar a cargo al almirante Rafael Ojeda Durán.
Pegasus fue adquirido por el almirante Vidal Soberón, de fuerte cercanía con el Pentágono y especialmente con Jim Mattis, un marine, general de cuatro estrellas y primer secretario de la Defensa de Donad Trump.
Esta permanencia y las conexiones que implica respecto a Pegasus alimenta la teoría, al interior del gabinete, de que existe un fuerte espionaje interno en el gobierno por parte de los militares sobre los secretarios, asesores y colaboradores de la Presidencia. El periodista Raymundo Riva Palacios advirtió en sus editoriales que la práctica no solo es interna y que también se espía a periodistas, igual que en el gobierno de Peña Nieto.
Así el círculo se cierra porque según las investigaciones periodísticas, tanto López Obrador como todo su entorno familiar fueron víctimas de Pegasus cuando eran oposición. El perseguido se convierte en perseguidor.
El año pasado, la Marina Armada de México identificó que los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus células utilizan tres rutas aéreas por el océano Pacífico y el mar Caribe para trasladar cocaína desde Sudamérica con destino a Estados Unidos.
La primera tiene su punto de origen en Ecuador, desde donde los grupos criminales despegan en aeronaves ejecutivas de gran potencia, tipo Hawker Siddeley, Beechcraft Super King Air, Gulfstream y British Aerospace BAe 125, hacia la franja costera de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
En esos estados, cuentan con pistas clandestinas a las que únicamente se puede llegar en embarcación, indica un reporte que la Secretaría de Marina (Semar) entregó al Centro Internacional de Investigación y Análisis Contra el Narcotráfico Marítimo, con sede en Colombia y al cual EL UNIVERSAL tuvo acceso.
Una vez que aterrizan sobre la franja costera, cuya característica principal es el difícil acceso, los cárteles utilizan embarcaciones menores para el traslado posterior del narcótico.
De acuerdo con el documento, la segunda ruta aérea empleada por los grupos criminales es la que sale de la Guajira, Venezuela, hacia Honduras, Belice y Guatemala, en la que aprovechan la “porosidad fronteriza sur o a través de embarcaciones menores” para ingresar los cargamentos de cocaína.
La tercera ruta proviene de la Guajira, Venezuela, con destino a Quintana Roo, en donde los cárteles utilizan zonas de difícil acceso carretero para el descenso de las aeronaves.
“Las aeronaves identificadas son de gran potencia y autonomía, abandonan el Espacio Aéreo Mexicano utilizando itinerarios de vuelos falsos, apagando su localizador; posterior a ello, se dirigen hacia el sur a cargar la droga, pudiendo transportar por lo menos una tonelada (...).
“Por otra parte, se utilizan las avionetas tipo Cessna, cuya principal ventaja es su maniobrabilidad para realizar vuelos bajos aprovechando las zonas grises de los radares en la frontera sur de México”.
En el reporte, la Semar señaló que la dinámica de las incautaciones de estupefacientes en el ámbito marítimo en México durante 2020 fue muy variable, y que se registraron 31 eventos en los que incautaron 30.3 toneladas de estupefacientes por parte de diferentes instituciones.
La dependencia informó que enero inició con cuatro eventos en los cuales se incautaron mil 130 kilogramos de cocaína, representando 12.9% y 3.7% anual, respectivamente; febrero mantuvo el mismo número de eventos que el mes anterior; sin embargo, señaló, la cantidad de estupefaciente fue menor, al registrarse 91 kilogramos de cocaína y 460 kilogramos de droga sintética, representando 12.9% y 1.8% anual respectivamente.
Cinco rutas del narco marítimo
La Semar tiene detectadas cinco rutas del trasiego marítimo de cocaína por el océano Pacífico y mar Caribe, provenientes de Colombia y Ecuador, y determinó que la zona norte del Golfo de California es usada por los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, principalmente, para el desplazamiento de los precursores químicos (fentanilo) que llegan a los puertos de Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán, respectivamente, procedentes de China.
Como parte de la ruta océano Pacífico-México, las embarcaciones utilizadas por los cárteles zarpan de la frontera entre Colombia y Ecuador en las inmediaciones de Tumaco, departamento colombiano de Nariño, y dependiendo del navío empleado, reciben de dos a tres reabastecimientos de combustible.
Posterior a ello, continúan su navegación hacia los puntos de entrega-recepción del narcótico, según el informe.
Una vez que las organizaciones mexicanas reciben el cargamento, proceden a navegar hacia las comunidades chiapanecas costeras de Paredón, Boca del Cielo, Chocohuital y Barra San José, y a las oaxaqueñas San Mateo del Mar, El Azufre e inmediaciones de Bahía Chacagua.
Así como a El Calvario y Casa de Piedra, Guerrero; Boca de Apiza, Michoacán; Cuyutlán, Colima; Bahía Tempuayana, Playa Colorada y Bahía Altata,
en Sinaloa.
En la zona del mar Caribe, la Semar detectó que los grandes cargamentos de cocaína llegan por vía marítima a Honduras.
Por lo general, en esta ruta de navegación, los grupos criminales utilizan lanchas tipo Go Fast las cuales salen de la alta Guajira, entre Colombia y Venezuela, hacia inmediaciones de los Cayos Gorda, Honduras.
Sin embargo, la dependencia ha documentado el uso de buques pesqueros venezolanos con compartimientos ocultos para el traslado del narcótico hacia dichos cayos.
Respecto a la ruta del Caribe Honduras-Belice, Guatemala, Quintana Roo, la Semar señaló que la droga que llega por mar se almacena en depósitos ilegales en zonas grises, donde no existe presencia de autoridades navales, en zonas lacustres hondureñas como Gracias a Dios, Colón, Atlántida y Cortés.
Indicó que en el Golfo de California se mantiene la tendencia de utilizar el mar de Cortés para traficar estupefacientes.
Los diputados federales de la saliente 64 Legislatura, estrenaron las alfombras del salón de sesiones, así como las pieles con las que se recubrieron los 500 curules de la Cámara de Diputados a un mes antes de que finalice su encargo, y por las que se pagaron más de 24 millones de pesos.
La Cámara de Diputados adjudicó a la empresa Aleste Inmobiliaria, S.A. de C.V. por 12 millones 200 mil pesos por la rehabilitación de las curules; y de manera paralela, también se invirtieron otros 12 millones de pesos para sustituir todas las alfombras del pleno de la Cámara de Diputados.
Este martes, aproximadamente 300 diputados federales de las ocho bancadas parlamentarias salientes se reunieron en el pleno para realizar un homenaje luctuoso al coordinador del PRI en San Lázaro, René Juárez, debido a que falleció el pasado lunes a causa de secuelas que le provocaron el contagio del Covid-19.
El pasado 20 de mayo, EL UNIVERSAL adelantó que diputados de la 64 Legislatura, con mayoría de legisladores de la Cuarta Transformación, se olvidaron de la austeridad y alistaban la rehabilitación de su Salón de Plenos y del Salón Legisladores, y para ello, cambiaron 4 mil 375 metros cuadrados de alfombras verdes; se retapizaron y restauraron 678 curules; y se les dio mantenimiento a 540 pupitres.
Para esto, la Cámara de Diputados lanzó dos licitaciones públicas para cambiar todas las alfombras verdes de su Salón de Plenos y el Salón Legisladores, a pesar de que apenas tenían cuatro años y medio de haber sido sustituidas por sus antecesores de la 63 Legislatura, y por lo cual se pagaron -en diciembre del 2016- más de 8 millones de pesos.
En la primera licitación titulada: “Rehabilitación al Salón de Sesiones y Salón Legisladores de la República de la Cámara de Diputados”, también se contempla el cambio de 198 metros cuadrados del plafón falso del Salón de Plenos; así como la instalación de 209 luminarias de led “recuperadas”.
En una segunda licitación titulada: “Rehabilitación del Mobiliario del Salón de Sesiones y Salón Legisladores de la República de la Cámara de Diputados”, lanzada por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de San Lázaro, se buscaba el retapizado de 678 curules con piel vacuno en respaldos, coderas, riñoneras y asientos; así como el cambio de hule espuma y resortes de los asientos; el cambio de la tela que cubre el polvo de la tapa inferior del asiento y el mantenimiento de pintura y acabados.
De manera paralela, a los 540 pupitres que se utilizan en el pleno y en el Salón Legisladores, se les cambió la piel de la mesa, se les colocó una lámina calibre 22, y se les sustituyo el tapete de hule en los descansa pies, y se les dio mantenimiento a la madera con desengrasado, pulido, resanado y laqueado.
Este concurso también incluyó el mantenimiento de la máxima Tribuna del país, así como la rehabilitación de la Mesa Directiva; además de varias mesas y sillones del Salón de Sesiones; así como el retapizado y restablecimiento de cuatro sillones; de la mesa de presídium y el atril del Salón Legisladores, entre otras piezas.
Estas licitaciones fueron lanzadas este 11 y 18 de mayo, respectivamente, y el concurso para las alfombras y el techo falso tuvo un plazo para concluirse al 31 de diciembre próximo; y la convocatoria para la restauración de las curules y los pupitres tendría una vigencia del 15 de julio del 2021. Sin embargo, todo fue concluido antes de tiempo.
Presuntos narcotraficantes del Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel del Jalisco Nueva Generación (CJNG) se enfrentaron en la carretera federal 190, en el tramo que va de Chamic a Ciudad Cuauhtémoc, en el municipio de Frontera Comalapa, en el estado de Chiapas en la frontera sur de México.
En la zona quedaron varios vehículos baleados e incendiados y de acuerdo con reportes extraoficiales, hubo un saldo de dos personas muertas.
Fuerzas policiacas, entre ellas la Guardia Nacional, ya se encuentran en la zona para resguardarla y recabar indicios.
Hasta el momento, la Fiscalía estatal no ha emitido un posicionamientos sobre el hecho.
Grupos criminales se pelean la plaza en Frontera Comalapa por su cercanía con Guatemala para el tráfico de personas, droga y combustible.
CJNG contra el Cártel de Sinaloa en Chiapas
El nuevo frente que abrieron los grupos encabezados por Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, el Señor de los Gallos o el Gallero e Ismael “el Mayo” Zambada, comentó el 7 de julio de 2021 cuando Ramón Gilberto Rivera Estrada alias Junior líder del Cártel de Sinaloa en la zona sureste de México fue asesinado en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, presuntamente a manos de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El Gil Junior era hijo de Gilberto Rivera Amarillas alias el tío Gil, también conocido como el Señor de la Frontera Sur, uno de los hombres de más confianza de Joaquín “el Chapo” Guzmán y estaba casado con la modelo Ximena Ochoa quien incluso fue captada en el momento en que fue a reconocer el cuerpo de su esposo.
Ante la pelea entre ambos grupos, un grupo de civiles armados desafió al Gobierno y creó un bloque de autodefensa ante el avance del crimen organizado en específico de narcotraficantes en el municipio de Pantelhó.
“El Machete”, como el grupo se autodenomina, incursionó en esa localidad de los Altos de Chiapas para expulsar a criminales que han extendido su poder en la región y proteger a la población.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentará un decreto para que sean liberados los presos en cárceles federales por delitos no graves con más de diez años sin sentencia, los mayores de 75 años y de 65 con enfermedades crónicas y cualquier interno que haya sido torturado.
"No sentenciados del fuero federal con más de diez años sin sentencia, que no hayan cometido delitos graves, van a ser liberados, lo repito: internos en las cárceles federales del fuero federal que en diez años no hayan sido sentenciados, y estén en la cárcel por delitos no graves, van a ser liberados.
"Dos: adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles también del fuero federal que no hayan cometido delitos graves, delitos de sangre, van a ser liberados.
"Tres: adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas que estén en la cárcel y que no hayan cometido delitos graves, van a ser liberados, en este caso y en todos se va a seguir un procedimiento simplificado", informó en conferencia.
Indicó que en el caso de los presos enfermos se pedirá a la Secretaría de Salud que realice los diagnósticos correspondientes.
En tanto, el Mandatario federal dijo que la tortura a presos será comprobada mediante el Protocolo de Estambul y está contemplada en el decreto que realizará la Secretaría de Gobernación.
"Y cuatro: todo interno en cárceles federales que haya sido torturado y se compruebe mediante Protocolo de Estambul, va a ser liberado", afirmó.
"No queremos la tortura en México. Nadie merece ser torturado, nadie, entonces estás cuatro acciones van a formar parte de un decreto que voy a firmar y que va a elaborar la Secretaria de Gobernación. Lo vamos a elaborar la semana próxima para presentar y publicar".
¿Lo de tortura para cualquier delito?, se le cuestionó.
"Para cualquier delito. De cualquier edad, o sea, cero tortura", respondió López Obrador.
Amado Avendaño, un periodista chiapaneco, exhibió el trato VIP que recibió Pío, hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tras la cancelación de un vuelo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la Ciudad de México fue reubicado en el siguiente, mientras que los demás pasajeros hicieron fila durante cinco horas para que les cambiaran el vuelo.
En su cuenta de Twitter, Avendaño relató la cancelación del vuelo 315 de Aeroméxico, previsto para salir a las 10:02 horas, en el que viajaría también Pío López Obrador. Con texto e imágenes aseguró que mientras los demás pasajeros fueron enviados a cambiar sus boletos al mostrador, donde esperaron más cinco horas, el hermano del Presidente consiguió asiento en el vuelo siguiente.
"Trato VIP para Pío, hermano del Presidente López Obrador en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez; tras la cancelación de vuelo 315 de Aeroméxico, desalojaron a los pasajeros de la sala de abordar, excepto a él que lo 'acomodaron' en el siguiente vuelo 317; los demás 5 horas de fila", publicó en su cuenta de Twitter, junto con un video de Pío López negociando sin cubrebocas su pase en la sala de espera.
En entrevista telefónica, Avendaño relató que ya en la sala de abordar les informaron sobre el retraso del vuelo y que serían notificados cada 15 minutos, aunque después detallaron que tendrían que acudir al mostrador a cambiar sus boletos.
"Salí al mostrador y me dije 'ahorita va a salir Pío', y nunca salió. A nosotros nos pusieron a hacer fila como cinco horas en el mostrador y él nunca salió. Entonces especulé y me acerqué al empleado de Aeroméxico con el que estaba hablando y le dije '¿oiga, y el licenciado Pío sí se pudo ir?' Y me dijo: 'sí, lo adelantamos en el vuelo que seguía'. Me lo confirmó alguien de Aeroméxico", sostuvo.
Avendaño aseguró que Pío López Obrador salió en el vuelo 317 de Aeroméxico a las 12:10 horas, mientras que él, como el resto, salieron hasta las 18:15 horas, aunque la empresa les pagó la comida.
"Es claro que hay un trato especial para Pío. Ahí ves cómo el personal de Aeroméxico le pone la mano encima. Él puede estar sin cubrebocas hablando y no pasa nada, es evidente que hay un trato preferencial para él. Lo que sí es que la gente no se acercó a él. Lo reconocieron, pero nadie se acercó a él", explicó.
En el video que difundió en su cuenta de Twitter, el hermano del Presidente aparece junto a una mujer que el periodista especuló que se trata de la ex candidata de Morena Fabiola Ricci Diestel, aunque no pudo confirmarlo.
Un vocero de Aeroméxico rechazó haberle dado un trato preferencial a ningún cliente.
"El video publicado y ningún otro podría mostrar algo contrario a lo declarado. No hubo tratos preferenciales", dijo.
Presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación intentaron irrumpir la tarde de ayer en Tepalcatepec, Michoacán y esto degeneró un enfrentamiento armado con pobladores de los autodenominados autodefensas que tambien obedecen a intereses criminales, en los videos trascendidos por noticieros televisa,se aprecia la contundencia de las ráfagas de ametralladora que nos remiten al fragor de las batallas en cualesquiera de los conflictos armados en el mundo.
Y PENSAR QUE EL GOBIERNO ES MAS PODEROSO QUE EL NARCO PERO NO LO SABE:
Era septiembre de 1996. Hace casi 25 años el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tomó partido por EL UNIVERSAL ante la detención por unas horas del Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración Juan Francisco Ealy Ortiz por un presunto delito fiscal, acusación que finalmente no pudo sostenerse.
El presidente del país era Ernesto Zedillo y AMLO llevaba poco más de un mes como líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD). López Obrador asumió el 2 de agosto de 1996 y la detención de Ealy Ortiz ocurrió la noche del 12 de septiembre.
El propio López Obrador recordó este martes, en su conferencia mañanera, que defendió a Ealy Ortiz hace casi 25 años, ante lo que le pareció entonces un desplante autoritario del gobierno de Zedillo:
“Recuerdo que cuando el presidente Zedillo, yo lo defendí a Juan Francisco, porque lo quería meter a la cárcel, y era persecución. Creo que era Chuayffet el secretario de Gobernación, y yo salí a defenderlo”.
Entonces, López Obrador dijo que la intervención de los policías en el periódico EL UNIVERSAL “es un desplante autoritario del gobierno de Zedillo, que no debe permitirse bajo ninguna circunstancia en México”.
En la plana 14 de la edición del 14 de septiembre de 1996 de EL UNIVERSAL se lee así la nota informativa:
“(López Obrador) agregó que se deben aplicar las leyes sin arbitrariedades y sin prepotencia, y debe garantizarse en cualquier circunstancia la libertad de expresión y se deben resguardar los derechos de comunicación y de prensa”.
La anécdota fue traída por el Presidente al criticar una columna del articulista Salvador García Soto. López Obrador acusó que el texto obedece a una estrategia del diario, orquestada por el propio Ealy Ortiz en su contra.
OTRA MAS QUE DUELE Y QUE ASOMA EL LADO OSCURO DE MORENA:
En la madrugada del pasado lunes, fue hallada una vieja RAM 1500, de color verde y mal estacionada, en la carretera Reynosa-Río Bravo y en su interior había dos cuerpos, dos capuchas, un aparato de radiocomunicación, un teléfono celular y varios casquillos de .38 Super.
Uno de los cadáveres, vestido con camisa Polo azul, tenis blancos y pantalón de mezclilla, estaba literalmente molido a golpes. Su rostro, ensangrentado, había quedado deshecho a balazos y los asesinos con las presumibles ordenes de Alfredo Cardenas el "Contador y/o Mataprimos", Jefe de Plaza en Matamoros, le habían dejado en la cartera su licencia de conducir, porque no querían que hubiera duda alguna: Edgar Valladares Hernández. CURP: VAHE800404HSPLRD09 con un domicilio de Rio Bravo.
Ayer mismo,la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas "hizo lo suyo" e informo: "con base en estudios periciales, se confirmó la identidad de Edgar Valladares Hernández, alias “El Maestrín”, cuyo cuerpo fue encontrado la noche del pasado 26 de julio, con lesiones por arma de fuego, en el interior de una camioneta en inmediaciones de la ciudad de Reynosa. Junto con Valladares Hernández había otro cuerpo cuya identidad aún se desconoce, también con heridas por arma de fuego.
Inicialmente se encontró entre las ropas de una de las víctimas, una licencia de conducir con el nombre de Edgar Valladares Hernández, pero de acuerdo con los procedimientos periciales se realizaron los estudios forenses y de identidad para corroborar esa información. Valladares Hernández fue señalado como uno de los autores intelectuales del homicidio de 15 civiles en varias colonias de Reynosa, cometidos el pasado 19 de junio, de acuerdo con las primeras indagatorias.
Poco antes de que fuera asesinado, el periodista Manuel Buendía investigaba al entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, porque tenía información sobre su relación con el narcotráfico. No era el único, pero sí el más importante, en la cadena de complicidades dentro de la poderosa oficina encargada de la política interna de México con el cártel de Guadalajara.
Un testigo fundamental para el gobierno estadounidense, Lawrence Victor Harrison, señaló directamente al entonces priista Bartlett, asegurando que tuvo un papel central en el crimen de Buendía, el más importante periodista de la época.
Esta declaración rendida ante la Agencia de Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), es el eje en el expediente que mantiene vigente Estados Unidos contra el ahora director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Sus palabras dan cuenta de la conexión entre el cártel de las drogas más poderoso de México entre los años 80 y 90 —que dirigían Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca— con la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), generales del Ejército (como Juan Arévalo Gardoqui), policías federales y estatales; así como políticos en los diferentes estados, particularmente Jalisco. Pero el verdadero poder de los narcotraficantes radicaba en el lado estadounidense, por su relación con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y hasta con el Ejército estadounidense, al menos Harrison atestiguó cómo a la casa de Fonseca llegó una caja, que parecía oficial de la oficina militar, cargada de armas con visión nocturna, rayos infrarrojos y pintura de camuflaje.
“Me dijo que no podía haber ningún problema, porque estaban junto con los estadounidenses, sabían quiénes eran. (Javier) Bárbara (exporro de la Universidad de Guadalajara y relacionado con la DFS) me dijo que no había ningún problema, entre ellos había (agentes estadounidenses y el cártel de Guadalajara) una especie de entendimiento secreto que era una cuestión política en la que no debería involucrarme”, relató Lawrence Victor Harrison.
Y si lo había, era a tal punto, que con conocimiento de la Dirección Federal de Seguridad —oficina dependiente de Bartlett— y el apoyo de la CIA, se entrenaba a miembros de la guerrilla Guatemalteca en un rancho de Caro Quintero, ubicado en Veracruz. Y se sostenían reuniones con rebeldes cubanos y aparentemente servían de apoyo a mercenarios y grupos desestabilizadores que operaban en Sudáfrica o con el grupo de los contras nicaragüenses.
Es así, que el expediente contra el ahora director de CFE en el gobierno lopezobradorista, involucra una red de intereses políticos y criminales en los que estaban involucrados funcionarios mexicanos y miembros de las agencias de seguridad estadounidense.
Señalado. El asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar ha ensombrecido la carrera de Bartlett. Foto: dea.gov
Los informes Harrison
Lawrence Victor Harrison vivió en México desde 1968 y bajo un nombre falso —se sabe que utilizaba al menos cuatro— se insertó en dos de las estructuras más relevantes del país: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el cártel de Guadalajara. La información que aportó sobre casos como los de Buendía y el agente de la DEA Enrique Kiki Camarena no es menor.
Manuel Buendía fue un periodista cuya columna “Red Privada” documentó la operación de grupos extremistas, la corrupción de funcionarios, y la colusión entre el gobierno y el crimen organizado. En mayo de 1984, a plena luz del día, recibió cuatro disparos a escasos metros de su oficina en la colonia Juárez en la Ciudad de México.
El expediente del gobierno estadounidense menciona a Manuel Bartlett, hoy titular de la CFE, por su presunta implicación en el caso; en una de las diligencias es el interrogatorio que la DEA realizó a Lawrence Victor Harrison en septiembre de 1989.
De acuerdo con el reporte de investigación de la agencia antidrogas, que incluye el testimonio de Harrison y que consta de 59 fojas —del cual ejecentral tiene una copia—, Manuel Buendía se encontraba investigando la colusión que existía entre Bartlett, entonces secretario de gobernación; Miguel Aldana Ibarra, quien fue director de la Interpol-México; Manuel Ibarra Herrera, extitular de la DFS; y narcotraficantes.
Además, entre 1981 y 1984 Buendía también estuvo investigando el presunto entrenamiento de guerrillas guatemaltecas en un rancho de Veracruz que pertenecía a Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara.
“La fuente inicial de información de Buendía en Veracruz vino de un reportero de Veracruz llamado Velasco. Buendía y Velasco fueron asesinados con una hora de distancia, supuestamente por orden de Bartlett Díaz”, sostiene el documento de acusación contra Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, en la Corte Central del Distrito de California que también está en poder de este semanario.
En el caso Buendía Harrison agregó que el trabajo político en embajadas y consulados estaba bajo el cargo del comandante Alberto Guadalupe Estrella Barrera, mano derecha de José Antonio Zorrilla Pérez, titular de la DFS cuando ocurrió el asesinato del periodista.
Las diligencias del caso sostienen que Buendía tuvo comunicación con Zorrilla Pérez y le comentó sobre los asuntos en Veracruz, así como de una posible operación de contrabando de armas entre la CIA y narcotraficantes. Él le respondió que se trataba de una situación delicada de la que era mejor no hablar, poco más de un mes después el periodista fue asesinado.
El comandante Estrella, junto con Zorrilla Pérez fueron arrestados por el homicidio del columnista y en 1999 se ratificaron sus sentencias de 22 y 25 años de prisión, respectivamente.
Sin embargo, el caso de Buendía no es el único en el que el titular de CFE ha sido implicado, testimonios ante las autoridades de Estados Unidos lo señalan también como presunto responsable en el caso de la tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena.
Sobre las acusaciones en su contra en el caso de Camarena, Bartlett dijo en 2014, durante una entrevista con Carmen Aristegui, que el entonces presidente Enrique Peña Nieto, el expresidente Carlos Salinas y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, habían filtrado a la prensa esa información de testigos que colaboraron con Estados Unidos.
“Esta es una artimaña de Peña Nieto y Osorio Chong para golpearme por mi posición de defensa del petróleo”, aseveró Bartlett.
La conexión DFS-CIA
Entre las décadas de los 60 y 70, Harrison laboró como pasante de abogado en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) que era parte de la estructura del PRI, posteriormente sus conocimientos técnicos lo llevaron a instalar equipos de comunicación para la DFS, donde a través de un comandante de apellido Martínez, conoció a Ernesto Fonseca (a quien llamaba “compañero”), fundador del cártel de Guadalajara y tío de Amado Carrillo Fuentes El Señor de los Cielos.
“No estaba realmente por mi cuenta, yo trabajaba en una oficina de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Una de las tres organizaciones del PRI. Este último contaba con un bufete de servicios sociales. Eso fue en la oficina número 409 del Edificio Plaza frente al palacio del gobernador en Guadalajara. Fue bueno para mí trabajar para ellos porque me cubrieron en todos mis casos legales”, dijo Harrison sobre la forma en la que entró al partido tricolor.
Posteriormente, en los años 80 Harrison comenzó a trabajar para Ernesto Fonseca, a quien le instaló una serie de equipos de comunicación y también lo hizo para sus socios, entre ellos figuraban un excomandante de la DFS, Federico Castel del Oro y Rafael Caro Quintero.
“Conocí a toda la gente de Caro porque daba mantenimiento a su sistema de radio, pero no los conocía bien”, dijo Harrison en el interrogatorio que le hizo la DEA.
Harrison también conoció a Sergio Espino Verdín de la DFS, implicado en la tortura cometida contra el agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, quien posteriormente fue asesinado. Por ese caso, Espino Verdín aún aparece en la página de la DEA catalogado como prófugo de la justicia por conspiración con el crimen organizado.
El comandante Martínez estaba bajo la supervisión de Miguel Nazar Haro, titular de la DFS y quien también es descrito en la acusación contra Caro Quintero como colaborador de la CIA. De hecho, Harrison dijo a la DEA que Nazar Haro estuvo al menos 10 años en la nómina de la CIA pese a la acusación en su contra por el robo de coches. Cuando los agentes preguntaron al informante cómo sabía eso él respondió “¿Ustedes creen que no sabemos eso?”
Harrison dijo que sabía lo de Nazar Haro porque “era su comandante” y cuando lo interrogaron por el origen de la información respondió “¿No crees que sabemos por qué lo sacaron de la DFS?, ¿no crees que sabemos que lo procesaron por esos cargos de robo de autos?… Que había una orden de arresto emitida por un magistrado estadounidense. Que fueron a la Embajada, que el FBI fue allí para entregar la orden. Que la CIA entró en la Embajada y dijo que no, este es nuestro agente principal. Lo sabemos”.
Es decir, las conexiones de Nazar Haro con la CIA impidieron que el titular de la DFS fuera enjuiciado en los Estados Unidos por el caso de robo de autos que fueron vendidos en México.
Los señalamientos de la presunta implicación de la CIA en temas de tráfico en México provocó en los noventa una fuerte declaración. El portavoz de la CIA, Mark Mansfield, dijo: “Quiero enfatizar en los términos más enérgicos posibles que la CIA no se involucra ni aprueba el tráfico de drogas. Tampoco participamos en ningún encubrimiento del caso Camarena”.
La declaración se dio luego de que arreciaron los rumores de que un miembro de la CIA, y no el narcotraficante Rafael Caro Quintero, habría sido el asesino del agente Camarena.
Esa teoría del caso adquirió fuerza años después, en 2013, cuando Phil Jordan, exdirector del Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC); Héctor Berrellez, exagente de la DEA; y Tosh Plumlee, expiloto que ocasionalmente trabajó para las autoridades estadounidense, declararon a Fox News que policías mexicanos y particulares estadounidenses relacionados con la CIA participaron en las torturas a Camarena en 1985 y que incluso las grabaron en video.
La colusión narco-DFS
El testimonio de Harrison contiene un episodio que muestra el nivel de colusión entre las autoridades mexicanas y el crimen organizado, puntualmente con el cártel de Guadalajara. Se trata del asesinato del excomandante de la DFS, Federico Castel de Oro, quien antes de ser asesinado le dijo a Ernesto Fonseca que 80 hombres de la corporación estaban a su disposición si lo requería.
La DFS era la oficina de espionaje del gobierno mexicano, que estaba bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación.
Harrison dijo a la DEA que había una fuerte alianza entre Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Juan José Esparragoza El Azul y Ernesto Fonseca. “Hubo una época durante 1983 y principios de 1984, donde se reunieron en todas las decisiones importantes. No podrían adelantarse en una decisión sin reunirse los cuatro y sentarse juntos. Los vi reunirse en muchas ocasiones. Hubo un tiempo en 1984 en que todos se iban hacia el norte todo el tiempo. Más tarde descubrí que era a Chihuahua, el rancho Búfalo”, relató
Una de esas decisiones importantes que se tomó en la reunión de los cuatro fundadores del cártel de Guadalajara fue el asesinato del agente de la DFS Federico Castel del Oro.
“Hubo un momento antes de que le dispararan a Castel Del Oro, se juntaron los cuatro y decidieron matar a Castel del Oro (…) me enteré de la decisión de matar a Castel porque sabía de qué estaban hablando. Y cuando salieron, estaban hablando de cómo iban a hacerlo”, dijo Harrison a la DEA.
En las entrevistas de 2013 a Fox News, Héctor Berrellez, exagente de la DEA, también habló del papel que Castel del Oro jugaba en el cártel. “Le pregunté a Castel cuál era la función de la DFS y me contestó: ‘Cuidar a los narcos. Cuando me mandaron de México a Guadalajara como director de la DFS, me dio órdenes José Antonio Zorrilla Pérez. Tenía que estar ahí para proteger a los narcos y ver que el dinero se repartiera bien, para los de arriba, los políticos’”, dijo Berrellez.
Sin embargo, los motivos del asesinato de Castel Del Oro quedaron como desconocidos para Harrison. “Dijeron (los líderes del cártel) que era un traidor, no sé todo el problema. Lo más importante fue que no cooperó con ellos en la misma medida. También dijeron de él, que sentían que siempre estaba tratando de conseguir lo mismo en ellos. Que nunca estuvieron seguros de su verdadera intención”.
A Harrison le cuestionaron si el malestar con Castel Del Oro era porque hacía cumplir la ley, él respondió que no. “No, no era un oficial de fuerza de la ley real, era un ladrón… En la casa de Ernesto había tres agentes de la DFS, había seis o siete agentes de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, había cinco o seis agentes de la policía judicial, y había veinte o treinta agentes de la policía judicial estatal que estaban siendo cambiados todo el tiempo. El oficial ejecutivo de la 15ª zona militar estuvo allí todo el tiempo, el teniente, teniente coronel Salas”.
El testimonio de Harrison es sólo uno de una larga serie que involucró a altos funcionarios mexicanos —algunos de ellos que siguen en activo como el caso de Manuel Bartlett— en casos de tráfico de drogas y colusión con el crimen organizado.
De acuerdo con el reporte de investigación, Lawrence Victor Harrrison consiguió inmunidad judicial luego de colaborar con la DEA. Sin embargo, sus palabras pusieron sobre la mesa que las agencias antidrogas y la CIA guardaban serias diferencias en temas operativos y de intercambio de información.
Por otra parte y pese a los documentos que lo señalan como presunto implicado en el asesinato agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, cometido hace 36 años, Bartlett dijo en una conferencia de prensa que sobre él no existe ninguna investigación en Estados Unidos.
“No nos hagamos guajes, estoy sujeto a una campaña en mi contra, pensando que uno va a achicarse, pero no lo van a lograr, vamos a seguir en defensa de los intereses nacionales”, dijo el funcionario.
