El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) recibió un fuerte golpe de la policía antidroga de Colombia, que le decomisó más de una tonelada de cocaína que, valorada en 18.6 millones de dólares, pretendió traficar en un semisumergible o submarino de construcción artesanal por aguas del Océano Pacífico a México, anunciaron este lunes fuentes oficiales en Bogotá.
La Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, en un operativo conjunto este domingo con la Armada de ese país, interceptó la embarcación frente a las costas del sureño departamento (estado) colombiano de Nariño y capturó a tres hombres, precisó un reporte policial suministrado a EL UNIVERSAL.
El caso reconfirmó que el CJNG, una de las más poderosas organizaciones del crimen organizado de México en la narcoactividad, mantiene una intensa presencia en Colombia, que es el principal productor mundial de cocaína.
La Dirección detalló que “este semisumergible, que tendría un costo aproximado de 1.2 millones de dólares, tiene una capacidad de carga de hasta tres toneladas y cuenta con un sistema de navegación satelital que, según las investigaciones, le iba a permitir llegar a su destino en Costa Careyes, estado mexicano de Jalisco, en la primera semana de septiembre” próximo.
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“Los trabajos de inteligencia e investigación criminal de la Policía Nacional, en el marco de la ‘Operación Tritón’, indican que el cargamento pertenecería al Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) E-30 (colombiano) y que el objetivo era dejarlo en manos del Cartel Jalisco Nueva Generación”, reconfirmó.
Las inspecciones permitieron a las autoridades colombianas establecer preliminarmente que la embarcación transportaba un total de mil 55 kilos del estupefaciente que “alcanzaría un valor de 18.6 millones de dólares en México”, precisó.
De acuerdo con el recuento oficial, la organización E—30 está bajo el control de un colombiano identificado con el alias de “Mahecha” y delinque en distintos municipios de Nariño y de otras regiones, como presuntamente responsable de homicidios colectivos y desplazamientos forzados.
“Adicionalmente, las investigaciones, efectuadas en cumplimiento del Plan Choque ‘Construyendo seguridad’, establecen que esta estructura criminal también tendría nexos en materia de narcotráfico con el ‘Cartel del Golfo’ de México y alianzas en Colombia” con una red mafiosa conocida como Gentil Duarte, con el presunto objetivo de “expandir su influencia criminal en el suroccidente del país”, puntualizó.
Los tres tripulantes del semisumergible quedaron a disposición de la Fiscalía General de Colombia, informó.
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Despliegue
El rastro el CJNG activó las alarmas en Colombia desde hace varios años, tras nacer en México, cruzar por Centroamérica e instalarse en suelo colombiano en asocio con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un movimiento guerrillero comunista acusado de participar en negocios de producción y contrabando internacional de drogas y “lavado” de dinero.
La Dirección Antinarcóticos reveló en agosto de 2018 a EL UNIVERSAL que rebeldes del ELN, la última insurgencia colombiana y en armas desde 1964, cobraron 70 dólares por kilogramo para garantizar la salida de los cargamentos de cocaína de ese país hacia el puerto mexicano de Manzanillo, sobre el litoral de México en el Océano Pacífico, para el CJNG.
Autoridades policiales y militares colombianas confirmaron a este periódico que hay un incesante despliegue de narcotraficantes mexicanos en Colombia, Ecuador, Perú y Centroamérica para dirigir la producción, el transporte, la distribución y la comercialización de cocaína, en pequeñas misiones o tareas “hormiga” y en gigantescos operativos de toneladas.
El gobierno de Colombia alertó, en enero de 2017, sobre un inesperado aumento desde 2014 del ingreso de narcotraficantes mexicanos—en especial de los cárteles de Sinaloa y de CJNG— a zonas “no turísticas” de ese país para comprar cocaína.
La presencia fue detectada en áreas de producción de esa droga, como los sureños departamentos de Putumayo y Nariño, fronterizos con Ecuador, y en el nororiental Norte de Santander, limítrofe con Venezuela.
La alarma sobre la acelerada incursión criminal de mafiosos mexicanos encubiertos como turistas, empresarios, trabajadores o estudiantes quedó registrada en un memorando de la cancillería de Colombia y en una nota de la Fiscalía General de la Nación.
Dinero donado por Odebrecht o desviado por Manuel Velasco o tuyo y mío cobrado por la vía de los impuestos. Dinero que acabó distribuido en maletines, entregado en bolsas de papel, jineteado a escondidas por una clase política patrimonialista con fines personales y políticos. Usado para construir el "Museo del Presidente" de Peña Nieto o mantener el movimiento de Andrés Manuel López Obrador o comprar votos para la reforma energética o ganar elecciones estatales y presidenciales. No importa el destino o las intenciones ostensiblemente nobles de quien lo utilizó. La acción es igualmente condenable, trátese de priistas malolientes, panistas hipócritas o morenistas revolucionarios. Todos los actores involucrados, desde Emilio Lozoya hasta el hermano del Presidente, deben ser medidos con la misma vara. Todos, al valerse de recursos públicos o de procedencia ilícita, no son víctimas del aparato del poder ni héroes transformadores. Son malhechores.
Lo que han hecho los actores estelares de la video-cleptocracia no es sólo sórdido; es ilegal, inmoral. Las confesiones de Emilio Lozoya revelan sobornos, desviaciones y triangulaciones al margen de la ley. El video filtrado exhibe un modus operandi de amplio arraigo en la política mexicana; desde el bejaranismo, pasando por el peñanietismo, involucrando incluso al lopezobradorismo. Transferencias que saltan de cuenta a cuenta, billetes que van de persona a persona, comprando casas y contratos, voluntades y votos, pactos personales y alianzas electorales. Priistas doblegados, panistas sobornados, morenistas manchados. Grabándose los unos a los otros para protegerse, chantajearse, negociar de ser posible y traicionar cuando se vuelva necesario.
Y no hay distinción o justificación que valga. No hay relativismo ético que sirva. Los diferentes se comportan de maneras iguales. Tan condenables los sobornos para las reformas de Peña Nieto, como las cooperaciones al movimiento de López Obrador. Tan ilegales los desvíos para las campañas priistas como las colaboraciones a las actividades pejistas. Las actividades captadas en los videos tanto de Lozoya como de Pío López Obrador son corrupción. Las entregas de recursos no reportados al INE son corrupción. Las investigaciones filtradas y la justicia selectiva son corrupción. Así está plasmado en la legislación electoral -la Ley General en Materia de Delitos Electorales- que la izquierda negoció, avaló, y con la cual ganó. Así lo dice y sin lugar para la reinterpretación o la evasión: "Se impondrá de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones en dinero o especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley".
Las revelaciones y los videos de Lozoya no sorprenden; así han sido los usos y costumbres del PRI; así han corrompido todo lo que tocan. La sorpresa video-cleptocrática es ver cómo los moralmente superiores resbalan hasta los mismos peldaños inferiores. Porque lo que en un caso es "corrupción" en otro caso no puede ser justificado como "aportación". Lo que en un caso es ilegal en otro caso no puede ser moralmente defendible. El gobierno de la resignificación pejepriista intenta defenderse con argumentos que rayan en la ridiculez: nuestros videos son "videítos"; nuestras bolsas son pequeñas y de papel; las aportaciones que nos dieron fueron para una buena causa; solo fuimos un poquito corruptos; se trata de un complot de los opositores del cambio en nuestra contra; Manuel Velasco y el Partido Verde forman parte del pueblo humilde que nos apoyó; Leona Vicario también contribuyó pero nadie la grabó.
No hay cleptócratas malos y cleptócratas buenos. No es congruente condenar a Lozoya y encumbrar a Pío. Ambos -junto con sus cómplices- merecen el oprobio, la investigación a fondo, la actuación imparcial de la supuestamente autónoma FGR, la sanción necesaria, el castigo obligado ante los delitos cometidos. Como escribe Noam Chomsky: "Para los poderosos, los crímenes son eso cometido por los otros". Pero aquí no hay unos y otros. No hay Lozoyas Lodosos y Píos Piadosos. Llamemos a los protagonistas de la video-cleptocracia por su nombre: delincuentes. fuente.-Denise Dresser/(imagenes/twitter)
A Rosalinda Vargas la buscan por ataque físico con arma mortal contra su vecino y contra los perros de este.
Se ofrece recompensa en efectivo por parte del Departamento del Sheriff del Condado de Webb, para quien les telefonee a los números (956) 451-2878 y (956) 523-4408 y les diga dónde se oculta esta mujer.
Tiene 63 años de edad mide 5 pies y 1 pulgada y pesa alrededor de 155 libras, es de pelo oscuro y ojos color café.
Su último domicilio conoció es en la cuadra 36 de la avenida Hendricks, entre las calles San José y Travis, en el barrio “Las Polkas”, una cuadra al oeste del cementerio católico.
Ataque físico agravado con arma mortal, en categoría 2, es el delito por el cual le reclama el Juez de Distrito, Oscar J. Hale junior, titular de la sala 406.
Fue el pasado 27 de febrero a las 12:00 horas o mediodía, cuando la víctima observó que la mujer a través de la cerca del quejoso, metía su mano varias veces a su propiedad, lo hacía empuñando un cuchillo de cocina, intentando picar o cortar con el arma, a los perros del hombre.
El afectado salió de su casa y le gritó a la mujer que parase su agresión a los canes, pero ella se volteó hacia él y fue en su búsqueda, lo persiguió blandiendo el cuchillo.
No hay derecho a libertad caucional de momento, para Rosalinda Vargas, dictó a la juez de paz, Leticia Martínez.
Decenas de manifestantes salieron a la calle para denunciar la muerte de un bloguero local que murió bajo custodia policial tras su arresto. El bloguero, que proviene de una familia con estrechos vínculos al cartel de Los Zetas, había estado grabando las secuelas de un tiroteo, cuando tuvo un enfrentamiento verbal con la policía en un puesto de control.
El caso sucedió esta semana en la ciudad fronteriza de Piedras Negras, cuando un grupo de sicarios atacó a un grupo de policías desencadenando una serie de tiroteos por las calles de la ciudad fronteriza. Los blogueros locales Juan Nelsio “El Valeador” Espinoza Menera y Nestor Guerra presuntamente estaban grabando en video las actividades policiales después del tiroteo cuando se encontraron con un puesto de control en la colonia Villa del Carmen. Espinoza Menera es sobrino del líder regional de Los Zetas, Daniel “El Dany” Menera, quien antes de su arresto controlaba la mayor parte de Coahuila para el cartel de la droga. El Valeador también es sobrino del fallido candidato a la alcaldía Lorenzo Menera, quien tiene un historial de denunciar presuntos casos de brutalidad policial por parte de las autoridades estatales.
De acuerdo con información difundida por el gobierno de Coahuila, ambos hombres bajaron de su vehículo y parecían estar bajo los efectos del alcohol cuando “agredieron” de forma “verbal” y “físicamente” a los policías que se encontraban en el puesto de control.
Los policías arrestaron a los dos hombres y se encontraban en proceso de llevarlos a la Fiscalía General de Justicia cuando Espinoza Menera comenzó a presentar problemas para respirar. Las autoridades lo llevaron a un hospital local, sin embargo, el individuo murió a su llegada, reveló el comunicado del gobierno.
Poco después, a raíz del caso, el Fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, reveló que la causa de la muerte fue dictaminada como muerte por broncoaspiración. El fiscal también reveló que el caso aún estaba bajo investigación.
En una serie de videos compartidos en las redes sociales, el tío del fallecido Lorenzo Menera culpó de la muerte de su sobrino a las fuerzas policiales estatales y llamó al público a protestar. Como informó Breitbart Texas en 2017, varios hermanos de Lorenzo Menera han sido juzgados y condenados por cargos federales de tráfico de drogas en Texas. En ese momento, Menera admitió los antecedentes penales de su familia.
En un movimiento editorial que tomó por sorpresa a muchos, Proceso decidió prescindir de las colaboraciones del académico de la UNAM, John Ackerman así como al escritor Fabrizio Mejía Madrid y el caricaturista Rocha.
El director de Proceso y Ackerman terminaron pelando en tuiteos por la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, presuntamente porque el académico se molestó por fotografías que publicó la revista de quien también es su esposa.
A través de una publicación en sus redes sociales John Ackerman dio a conocer la noticia, en la cual narró lo sucedido.
Ackerman aclaró que el despido no tiene nada que ver con la crisis financiera que hoy sufre la revista Proceso, pues él ofreció seguir colaborando con la revista de manera gratuita y “solidaria”.
Sin embargo, desde hace dos semanas, el nuevo director de Proceso, Jorge Carrasco Araizaga, dejó de responder los mensajes del académico de la UNAM y en el último número de la revista su nombre junto con el de Mejía Madrid, ha sido borrado de la sección “Análisis” que siempre aparecía en la página legal de la publicación.
“La manera tan opaca e indigna de manejar esta situación hace pensar que la decisión no respondería a cuestiones editoriales o financieros, sino más bien a intereses ideológicos y políticos” denunció Ackerman.
Tras la denuncia, Ackerman agradeció al anterior director, Rafael Rodríguez Castañeda, por haberle dado la oportunidad de colaborar durante los últimos 14 años en el semanario y se lamentó porque ya no podrá tener su “apreciada cita con los muy distinguidos lectores de Proceso”.
“La buena noticia es que ya me he acostumbrado a los cambios y no cejaré ni por un instante en apoyar la lucha del pueblo mexicano por la verdad, la democracia y la transformación social, independientemente de la trinchera donde me toque librar las próximas batallas. Venceremos” expuso el académico de la UNAM.
Por su parte el director de procesos Jorge Carrasco respondió a través de Twitter lo dicho por el morenista:
“¿Hablas de censura? Te molestaste por la manera en que @proceso se refirió a tí en una publicación y usaste las páginas para defenderte. También reclamaste, destemplado, las fotografías que publicamos sobre la secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, tu esposa”, escribo Carrasco.
Y concluyo diciendo que la revista no se suma a ningún interés político.
En un VIDEO publicado por el Presidente Andres Manuel Lopez Obrador desde sus redes sociales, donde aparece a un costado del lujoso avión presidencial fustigando en lenguaje cifrado a Felipe Calderon cuando dice se "ve pequeño pero no esta acomplejado, que el es republicano y el poder es humildad",enseguida reprocha a quienes "parecían reyes, por los lujos que se daban",lo que puede constatarse al mostrar su interior pletórico de lujos y materiales finos que destacan maderas,granito y el cristal y al final hace una invitación a juntos hacer historia y "comprar tu cachito del avión presidencial que se rifa, pero no se entrega y en su lugar daran el premio en efectivo del valor equivalente a quienes resulten agraciados.
La primera vez que alguien violó a Lucero, ella tenía siete años. O tenía ocho. El dolor que le causaron esas manos que apretaban su cuerpo le han afectado la memoria. Tampoco recuerda quién la tocó primero, si fue su abuelo o su primo, porque desde que entró a la primaria ambos elegían turnos para abusar sexualmente de ella. Lo que sí recuerda es que su familia parecía saber lo que pasaba dentro de su casa en Veracruz, México, pero todos callaban.
Cuando entró a la secundaria, reunió a su familia y desenterró frente a ellos su secreto: yo, Lucero, soy lesbiana. En venganza, la hirieron con otro secreto guardado en lo más hondo de la familia: nosotros, tus padres, ya lo sospechábamos y por eso permitimos que te violaran cuando eras muy pequeña. “Para que aprendieras a ser mujer desde chiquita”, le dijo su papá.
Desde entonces, el abuso sexual para “corregir” su orientación sexual siguió a Lucero como una sombra. Un maestro en su escuela se enteró que le gustaban las chicas y la violó, acaso para “quitarle lo lesbiana”. Cuando la adolescente corrió a casa para contar lo que aquel profesor le había hecho, su familia no le creyó. Le dijeron que mentía, porque en aquellos días Lucero tenía novia.
Meses después, su padre la expulsó de casa. No estaba dispuesto a darle hogar a una persona lesbiana. Lucero tomó lo poco que tenía y cerró la puerta detrás de ella, sin saber qué hacer ni a dónde ir.
México no es lugar para una mujer que ama a otras mujeres –pensó– así que decidió migrar a Estados Unidos, creyendo que allá podría vivir como quisiera. Sin saber que su vida se torcería aún más al cruzar el Río Bravo, Lucero, siendo adolescente, dirigió sus pasos hacia el norte, embarazada del profesor que la había violado.
OTRA VEZ SIN TECHO
Lucero entró a Estados Unidos en 2003 cruzando sin documentos migratorios la frontera por Tamaulipas, en los tiempos en que el Cártel del Golfo era el poder real en aquel estado fronterizo y su voluntad se hacía cumplir mediante su brazo armado, Los Zetas, formado por exmilitares de élite entrenados por el gobierno mexicano.
Luego de atravesar Texas, Lucero siguió caminando hacia el norte hasta llegar a Carolina del Norte, donde tuvo a su hija I.X. y conoció a Leonardo A. Luna, mexicano con ciudadanía estadounidense quien le ofreció compartir una casa y fingir que eran novios para que su familia la “perdonara” creyendo que su orientación sexual había sido “curada”.
Pero Leonardo Luna cobraría muy caro el favor de simular ser su novio: un año más tarde comenzó a violar repetidamente a Lucero con la idea de transformarla en heterosexual. No solo eso: invitó a su sobrino Chavelo a participar en los abusos sexuales para acelerar la “cura” de su “novia”.
Lucero denunció a Chavelo con la policía de Carolina del Norte y fue arrestado. Cuando Leonardo Luna se enteró de la queja, y supo que Lucero sería llamada a testificar, ambos huyeron hacia Arizona. Ahí, ella supo que la razón del urgente escape era que Leonardo Luna, y toda su familia, trabajaban para Los Zetas.
Ya en Arizona, Lucero sufrió más y más violaciones hasta que, cansada de tantos abusos, se dejó arrestar por las autoridades migratorias de Estados Unidos y, en 2005, aceptó ser deportada a México.
Su esperanza estaba puesta en que su familia ya le había “perdonado” la “ofensa” de ser lesbiana, pero cuando regresó a su casa en Veracruz sólo recibió un portazo. Sin un hombre a su lado, no sería aceptada de vuelta en el hogar familiar, así que Lucero otra vez se quedó sin techo ni certeza de dónde viviría.
Lucero volvió a dirigir sus pasos hacia el norte, cargando a su hija I.X. en brazos y embarazada por segunda vez, ahora de Leonardo Luna.
DECLARACIÓN JURADA
La historia de Lucero es un relato excepcional. No sólo por la violencia sexual y física a la que ha sido sometida desde niña, sino porque se trata de los poquísimos documentos oficiales donde se retrata la lesbofobia que se sufre en las filas del crimen organizado mexicano.
Su testimonio está plasmado en una declaración jurada en el caso 18-71460 en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, cuya copia posee EMEEQUIS. El documento es una radiografía de la violencia sexual contra las niñas en las zonas rurales de México, la migración por orientaciones sexuales minoritarias y la forma en que se “corrige” el amor de una mujer por otra mujer desde los cárteles de las drogas, organizaciones históricamente dirigidas por hombres, donde los valores supremos vienen de viejos roles de género: se espera que sean violentos, duros y que traten a las mujeres como seres inferiores u objetos.
EMEEQUIS no logró contactar a Lucero, cuyo nombre completo se omite por seguridad, debido a que sus datos personales se encuentran bajo resguardo de la Junta de Apelaciones de Inmigración; sin embargo, hemos decidido contar su historia por la relevancia que tienen sus palabras para entender los crímenes de odio transnacionales contra la comunidad LGBTQ+ y porque su historia fue hecha pública por el propio gobierno estadounidense desde el 26 de junio de 2020.
Esta es la historia de Lucero contada por Lucero en los juzgados. Esta es su lucha por vivir libre y plena, pese a todos los obstáculos.
EMBARAZOS FORZADOS
Después de ser rechazada por segunda vez por su familia, Lucero encontró un lugar donde vivir en Baja California, México, con un primo de Leonardo Luna, quien se presentó con ella como uno de los jefes regionales de Los Zetas en la entidad. Apenas cruzó la puerta, ese hombre la recibió con una golpiza, le apuntó con un arma en la cabeza y le advirtió que si no regresaba con su primo, la mataría.
Las heridas de aquella paliza tardaron un mes en sanar y cuando la hinchazón desapareció, Lucero volvió a cruzar la frontera estadounidense para llegar hasta Arizona, donde vivió con Leonardo Luna y sus hijos en una casa rodante. Él pasaba todo el día en ese remolque y ella limpiando casas. El abuso sexual no se detuvo: la vida de Lucero se agotaba en un embarazo forzado tras otro hasta parir cinco hijos con ese violentísimo capo de Los Zetas.
Para 2012, Lucero no podía más. La crueldad de Leonardo Luna era demasiada. Después de una larga negociación, ambos acordaron separarse con la condición de que él podría seguir viendo a sus cinco hijos, aunque no tendría obligación alguna de darles manutención.
Parecía el anhelado escape de la violencia, pero ésta solo se redireccionó: un año después, X.I., de 12 años, le reveló a su mamá que Leonardo Luna había abusado sexualmente de ella. Lucero lo denunció, pero el capo de Los Zetas huyó hacia California, Estados Unidos. A la justicia estadounidense le tomó un año arrestar a Leonardo Luna, en marzo de 2014, y llevarlo ante un juez, quien lo sentenció a 37 años de prisión por abuso sexual a una menor de edad.
La vida, por fin, parecía darle una oportunidad a Lucero. Con su victimario en prisión, y siendo una mujer adulta, tendría la vida de libertad que anhelaba desde pequeña.
Entonces, apareció un nuevo dolor.
INVISIBILIZADAS
Gracias a los esfuerzos de quienes han sobrevivido a las terapias de conversión, es decir, esos tratamientos pseudocientíficos y violentos que buscan cambiar la orientación sexual de las personas, sabemos que en algunas mujeres lesbianas aún existe la creencia de que una violación o una relación sexual forzada es la “cura” para el lesbianismo.
“Esto se refuerza con la creencia de que somos lesbianas porque no hemos encontrado al hombre correcto o que somos lesbianas porque no hemos tenido un orgasmo, porque el orgasmo solo se logra con la penetración pene-vagina. ‘Yo te voy a volver mujer’ es una frase común que escuchamos las lesbianas a medida que crecemos”, cuenta Fabiola Baleón Toxqui, activista y coordinadora de asociación Jóvenes por una Salud Integral A.C.
“Peor aún: esas violaciones sexuales para ‘curar’ el lesbianismo se hacen de manera sistemática y en condiciones de alto riesgo, como la ausencia de un condón, porque también se cree que otra ‘cura’ al lesbianismo es el instinto materno. Embarazar a la fuerza es otra forma de violencia que sufrimos las mujeres lesbianas”, sigue Fabiola.
Para Sofía J. Poiré, coordinadora del programa Identidad Sexual en Balance, la violencia contra las mujeres lesbianas resulta más difícil de medir porque se da bajo modalidades invisibles que a veces quedan en lo “privado”.
“Sí se trata de violencia sexual, psicológica, económica, que no necesariamente se traduce en violencia física, lo que resulta en un subregistro. Por ejemplo, en el registro de crímenes de odio que lleva la organización Letra S las lesbianas aparecen en un porcentaje muy pequeño y tiene que ver con que nuestras identidades han sido históricamente invisibilizadas”, dice.
Esa invisibilidad pasa por tres sistemas de opresión: el patriarcado, la heteronoma y el binarismo, asegura Ytzel Maya, escritora, activista y tesista de maestría en el Instituto Mora sobre crímenes de odio contra mujeres lesbianas.
“La orientación sexual es una categoría sexual invisible y esa invisibilización de mujeres es más profunda en un sistema heteropatriarcal. Por eso están subreportados los crímenes de odio contra mujeres lesbianas… y no, jamás había escuchado de una historia que cruzara esas violencias con el crimen organizado”, asegura Ytzel Maya.
ELUDIR LA VIOLENCIA
A finales de 2014, después del arresto de Leonardo Luna, Lucero contrató a una niñera para que cuidara a sus hijos, mientras ella trabajaba. Una tarde, la policía acudió a su casa para darle seguimiento al caso de X.I. y encontraron a sus hijos solos y sin supervisión adulta: la niñera, también migrante indocumentada, se espantó al ver las patrullas de los agentes y se escondió para evitar lo que ella creía era una redada con fines de deportación.
Desde entonces, los Servicios de Protección de Menores de Arizona acusaron que los niños estaban en riesgo y tomaron la custodia de todos los hijos de Lucero, excepto X.I., quien esa tarde no estaba en casa.
Las malas noticias siguieron: un día, un hombre y una mujer, armados, llegaron hasta la casa de Lucero. Se presentaron como otros hijos de Leonardo Luna y miembros de Los Zetas en California, Estados Unidos. Estaban ahí para anunciarle que pagaría porque había enviado a la cárcel a su padre y que si alguna vez ella y X.I. volvían a México serían torturadas y asesinadas.
A partir de ese día, el acoso de Los Zetas en Estados Unidos se convirtió en una angustiosa rutina: a veces, robaban su casa, en otras le ponchaban las llantas de su automóvil. Recibía amenazas de muerte por teléfono, incluso cuando cambió de número. Y toda esa violencia aumentaba, si ella denunciaba ante la policía.
Era una lucha desigual: los hijos narcos de Leonardo Luna y Chavelo contra Lucero y su hija pequeña. Solo era cuestión de tiempo para que el narco ganara la batalla. Si quería eludir su violencia, tenía que hacer algo para recuperar a su familia y huir de ahí.
LA PRISIÓN
Al año siguiente, 2015, Lucero conoció un abogado que le prometió recuperar la custodia de sus hijos mediante un pago de 2 mil dólares. El contacto fue una compañera de trabajo llamada Yvette, quien ofreció prestarle el dinero si le hacía un favor: acompañarla a recoger a unos familiares que estaban varados en algún lugar perdido de Estados Unidos.
Lucero aceptó y el día de la cita se presentó a bordo de su vehículo para manejarlo detrás de la camioneta de Yvette. Al llegar al punto de encuentro, tres hombres armados subieron intempestivamente a su auto y la obligaron a manejar a toda velocidad hasta un destino incierto.
Una patrulla notó su comportamiento extraño y les marcó el alto. Inmediatamente, los tres hombres armados huyeron. Solo quedaron Lucero y su compañera de trabajo, Yvette, a quien le encontraron seis paquetes de marihuana en la camioneta.
Aunque Lucero insistió en que ella no sabía que estaba participando en una operación de trasiego de drogas, y que Ivette la había engañado, finalmente se rindió tras once meses de lucha en los tribunales para probar su inocencia. Por sugerencia de su abogado de oficio se declaró culpable de posesión de marihuana a cambio de una sentencia reducida.
Tras dos años en prisión, Lucero concluyó su castigo y entró a una nueva fase: evitar la deportación.
El regreso a México significaba para Lucero una sentencia de muerte: recordó las amenazas de los hijos de Leonardo Luna y la promesa de encontrarla en cualquier lugar del país por su apellido inusual, así que solicitó asilo bajo la Convención Contra la Tortura, un mecanismo internacional que protege a quienes no pueden volver a su país porque su vida está en riesgo.
Ella dio tres argumentos para no volver a pisar su país: que la violencia sexual que sufrió desde niña y las posteriores agresiones sexuales durante su vida adolescente y adulta constituían actos de tortura, porque sucedieron para cambiar su orientación sexual.
Que los cárteles de las drogas, especialmente Los Zetas, tenían presencia a nivel nacional y las conexiones necesarias con autoridades locales para encontrarla y asesinarla.
Que la violencia en México, especialmente la que existe contra miembros de la comunidad LGBTQ+, la ponía en un alto riesgo.
Gracias a esa lucha judicial permaneció en Estados Unidos dos años más hasta que le llegó el veredicto: el panel de expertos que revisaba su caso no estaba convencido de que su vida corría peligro inminente en su país.
Dos hombres y una mujer firmaron sus papeles y ordenaron su regreso a México.
LAS CIFRAS
¿Qué tan peligroso es México para las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer y más disidencias sexuales? El estudio “Violencia extrema: los asesinatos de personas LGBTTT en México: los saldos del sexenio (2013-2018)”, de la organización Letra S, revela que nuestro país es un campo de guerra para quien no se asuma heterosexual.
“En el sexenio del gobierno de Enrique Peña Nieto, al menos 473 personas LGBT fueron asesinadas en México por motivos relacionados a la orientación sexual o a la identidad y expresión de género percibida de las víctimas. Esa cifra significa que en promedio, al menos, 79 personas LGBT son asesinadas al año en nuestro país, lo que equivale a 6.5 homicidios por mes”, resume el estudio.
Las víctimas más visibles son las mujeres trans, seguidas de hombres homosexuales. Lejos de este conteo están las mujeres lesbianas, los hombres bisexuales y hasta el fondo están las mujeres bisexuales.
Más cifras dan cuenta de lo peligroso que es México para las minorías sexuales: de acuerdo con una encuesta del Comisión Nacional de Derechos Humanos, seis de cada diez personas LGBT+ encuestadas sufrió discriminación durante el último año.
Más de la mitad, 53%, sufrió expresiones de odio, agresiones físicas y acoso. Además, casi una tercera parte, 30%, sufrió tratos arbitrarios y discriminatorios por parte de la policía debido a su orientación sexual o identidad de género.
“El rasgo distintivo que caracteriza a los homicidios de personas LGBT es el ensañamiento con el que son cometidos. Los resultados del monitoreo dan cuenta de las múltiples violencias a las que fueron sometidas muchas de las víctimas antes de ser asesinadas o la saña a la que fueron sometidos sus cuerpos ya sin vida”, resalta el estudio de Letra S.
LEJOS DE MÉXICO
Lucero se resistió a volver a México. Si algo sabía, era luchar por su vida. Apenas recibió la orden de deportación, se inconformó con la decisión y trabajó largamente en su argumentación que llegó el 4 de marzo de 2020 hasta la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos.
Ese mes, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia a la Covid 19 y el nuevo coronavirus transformó al mundo: los centros de detención migratorios, como en el que ella se encontraba esperando su destino, se volvían rápidamente focos de contagio que el gobierno debía despresurizar o se corría el riesgo de agravar la crisis sanitaria.
El 23 de marzo, un mensaje foliado 18-71470 por la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, cambió para bien la suerte de Lucero: “en vista del rápido escalamiento de la crisis sanitaria esta Corte ordena que la apelante (Lucero) sea inmediatamente liberada de la detención y que se mantenga pendiente de la resolución de esta Corte”.
Ese tesón dio resultado: la Junta de Apelaciones Migratorias determinó que los jueces que le negaron el asilo y aprobaron su deportación habían fallado a la hora de evaluar sus argumentos. Lucero sí había sufrido tortura, sí corría riesgo por la presencia de Los Zetas en el país y sí estaba en un alto riesgo por ser lesbiana en un país que violenta a la comunidad LGBTQ+.
“Incluso, si Los Zetas no la ubicaran, la Peticionaria (Lucero) corre un alto riesgo en México por su orientación sexual. Varios estudios muestran que en México las personas LGBTQ+ están en alto riesgo, ya que México ha experimentado un incremento en la violencia contra cualquier persona gay, lesbiana y transgénero durante los años en que más protecciones legales se han ganado para esa comunidad”, quedó establecido en la página 22 del caso 18-71460, ID: 11734518, del gobierno de los Estados Unidos.
El fallo, a favor de Lucero, se fechó el 26 de junio de 2020: por fin, Lucero, se quedaría lejos de México, la tierra que tanto la hizo sufrir.
SER LIBRE
Lo último que se sabe de Lucero, mediante los documentos oficiales, es que es altamente probable que hoy siga en Estados Unidos.
También que ella, abiertamente lesbiana, migrante indocumentada, madre soltera, antes privada de su libertad, de origen rural, ha ganado la batalla más importante en su vida.
Hoy, por fin, está más cerca de ese anhelo que imaginó cuando era niña: ser libre y vivir como ella quiere. Ser orgullosamente lesbiana.
AYUDA TELEFÓNICA
Si eres una mujer bisexual o lesbiana y estás en una situación de violencia, puedes llamar a esta línea, gratuita y confidencial que ha sido habilitada especialmente para ti. Ahí se te brindará orientación y canalización con instituciones especializadas: 55 7518 0565
Rafael Gabriel Martinez Leal,primo de la esposa del gobernador de Tamaulipas que fuera arrestado en Julio de 2018 en San Antonio Texas por contrabandear casi $ 900,000 dólares en efectivo a México,fue recientemente sentenciado a 70 meses de prision en una carcel federal según publica en su portal el Departamento de Justicia el 11 de Junio de 2020.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. en la fecha de su detención describió el intento frustrado como "una de las mayores incautaciones de dinero no declarado", en la Oficina de Campo de Houston", según un comunicado de prensa de la época,de la oficina de Houston que incluye San Antonio, Austin y Dallas.
El vocero De Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca gobernador de Tamaulipas, confirmó entonces que Martínez es primo de Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, esposa del mandatario.
El graduado de McAllen Memorial High School se ha desempeñado como gobernador del estado fronterizo de Tamaulipas desde octubre de 2016, y dijo en un comunicado en español sobre el arresto de Martínez, "permítanme aclarar que no existe una relación directa" entre él y su suegro, pese a fotografias que fueron difundidas departiendo en "familia" en un partido de futbol de la selección mexicana,dias antes.
Martínez también es primo de José Ramón Gómez Leal,cuñado del gobernador y nombrado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador,representante del gobierno federal en Tamaulipas.
El arresto de Martínez y otro coacusado de 19 años Juan Pablo Hoyos Ávila, ambos de nacionalidad mexicana, fueron el resultado de una denuncia anónima que recibió CBP de que un avión privado iba a estar contrabandeando una gran cantidad de dinero del Aeropuerto Internacional de San Antonio,según documentos judiciales e información proporcionada por CBP.
Los agentes de CBP inspeccionaron el avión con destino a Monterrey y descubrieron ocho cajas selladas que tenían fotos de un ventilador. Una de las cajas contenía varios bultos envueltos en cinta adhesiva, en los que se ocultaban $ 879,099 en efectivo, según la declaración jurada de arresto.
Según la ley federal, los viajeros que lleven más de $ 10,000 en efectivo dentro o fuera de Estados Unidos deben informarlo, lo que ni Martínez ni Hoyos hicieron.
Hoyos admitió posteriormente haber trabajado con Martínez desde enero de 2018 para contrabandear moneda estadounidense a México, según la declaración jurada. Dijo que Martínez paga la mayor parte del alquiler del apartamento de San Antonio donde Hoyos vive y almacena el dinero recibido "de diferentes individuos", y Martínez luego lleva el dinero a México en un avión privado. Hoyos describió el dinero como “'algo así como un caso no declarado o dinero de la droga'”.
“Martínez afirmó que le pagan el 3,5 por ciento de la moneda estadounidense contrabandeada ... y que contrabandeaba aproximadamente 1 millón de dólares a la semana”, según la declaración jurada.
Martínez permanecio bajo custodia federal hasta que se declaro culpable a finales de julio de 2019,publico el portal imtonline.
Su abogado Steven Redgate en la fecha de la detencion,no pudo ser contactado para hacer comentarios, pero el gobernador de Tamaulipas dijo en un comunicado de la fecha: ”… Cada persona, como todo ciudadano, debe responsabilizarse por los actos que comete”, . "Y si en este caso el joven cometió un delito, debe rendir cuentas y ser juzgado por la ley".
Les llegó la barredora“, con ese mensaje el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) grupo de huachicoleros y narcotraficantes que ahora es liderado por un sujeto que se identifica como el Azul, dejó un narcomensaje junto a los restos de un hombre que estaba envuelto en plástico en el municipio de Celaya en el estado de Guanajuato.
El cuerpo del hombre sin vida fue abandonado en la comunidad de San Lorenzo en plena calle y estaba completamente envuelto en plástico con los pies y manos amarrados, además de presentar manchas de sangre.
Junto al cuerpo había un narcomensaje firmado por el Azul, presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, tras la detención del huachicolero José Antonio Yépez Ortiz, alias el Marro, en el cual se lanzaban amenazas en contra de rivales.
Las autoridades no han informado sobre si los restos ya fueron identificados.
Otro caso con mensajes firmados por el Azul se registró días antes, el 19 de agosto para ser precisos ahí mismo en Celaya, en inmediaciones de la localidad Rincón de Tamayo donde se reportó el hallazgo de 3 bolsas con restos humanos y un narcomensaje firmado de igual forma por el Azul.
A decir de medios locales, el Azul es el hombre que encabeza el narcovideo en donde el Cártel de Santa Rosa de Lima advierte que no permitiría que el CJNG se asentara en Guanajuato.
De esta manera, a pesar de lo que digan las autoridades, la guerra por por el control del narcotráfico y el robo de combustible conocido como huachicol, entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y lo que queda del Cártel de Santa Rosa de Lima continúa en pleno apogeo en varios municipios de del estado de Guanajuato.
