No importa el destino o las intenciones ostensiblemente nobles de quien lo utilizó. La acción es igualmente condenable, trátese de priistas malolientes, panistas hipócritas o morenistas revolucionarios. Todos los actores involucrados, desde Emilio Lozoya hasta el hermano del Presidente, deben ser medidos con la misma vara. Todos, al valerse de recursos públicos o de procedencia ilícita, no son víctimas del aparato del poder ni héroes transformadores. Son malhechores.
Lo que han hecho los actores estelares de la video-cleptocracia no es sólo sórdido; es ilegal, inmoral. Las confesiones de Emilio Lozoya revelan sobornos, desviaciones y triangulaciones al margen de la ley. El video filtrado exhibe un modus operandi de amplio arraigo en la política mexicana; desde el bejaranismo, pasando por el peñanietismo, involucrando incluso al lopezobradorismo. Transferencias que saltan de cuenta a cuenta, billetes que van de persona a persona, comprando casas y contratos, voluntades y votos, pactos personales y alianzas electorales. Priistas doblegados, panistas sobornados, morenistas manchados. Grabándose los unos a los otros para protegerse, chantajearse, negociar de ser posible y traicionar cuando se vuelva necesario.
Y no hay distinción o justificación que valga. No hay relativismo ético que sirva. Los diferentes se comportan de maneras iguales. Tan condenables los sobornos para las reformas de Peña Nieto, como las cooperaciones al movimiento de López Obrador. Tan ilegales los desvíos para las campañas priistas como las colaboraciones a las actividades pejistas. Las actividades captadas en los videos tanto de Lozoya como de Pío López Obrador son corrupción. Las entregas de recursos no reportados al INE son corrupción. Las investigaciones filtradas y la justicia selectiva son corrupción. Así está plasmado en la legislación electoral -la Ley General en Materia de Delitos Electorales- que la izquierda negoció, avaló, y con la cual ganó. Así lo dice y sin lugar para la reinterpretación o la evasión: "Se impondrá de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones en dinero o especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley".
Las revelaciones y los videos de Lozoya no sorprenden; así han sido los usos y costumbres del PRI; así han corrompido todo lo que tocan. La sorpresa video-cleptocrática es ver cómo los moralmente superiores resbalan hasta los mismos peldaños inferiores. Porque lo que en un caso es "corrupción" en otro caso no puede ser justificado como "aportación". Lo que en un caso es ilegal en otro caso no puede ser moralmente defendible. El gobierno de la resignificación pejepriista intenta defenderse con argumentos que rayan en la ridiculez: nuestros videos son "videítos"; nuestras bolsas son pequeñas y de papel; las aportaciones que nos dieron fueron para una buena causa; solo fuimos un poquito corruptos; se trata de un complot de los opositores del cambio en nuestra contra; Manuel Velasco y el Partido Verde forman parte del pueblo humilde que nos apoyó; Leona Vicario también contribuyó pero nadie la grabó.
No hay cleptócratas malos y cleptócratas buenos. No es congruente condenar a Lozoya y encumbrar a Pío. Ambos -junto con sus cómplices- merecen el oprobio, la investigación a fondo, la actuación imparcial de la supuestamente autónoma FGR, la sanción necesaria, el castigo obligado ante los delitos cometidos. Como escribe Noam Chomsky: "Para los poderosos, los crímenes son eso cometido por los otros". Pero aquí no hay unos y otros. No hay Lozoyas Lodosos y Píos Piadosos. Llamemos a los protagonistas de la video-cleptocracia por su nombre: delincuentes.
fuente.-Denise Dresser/(imagenes/twitter)
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