La mañana del 16 de enero de 2019 recibí una inesperada llamada telefónica. Era Felipe Rodríguez Salgado, a quien el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto le dio el alias de “El Cepillo” y le cambió el oficio de albañil por el de supuesto jefe del narcotráfico.
El entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, lo exhibieron el 27 de enero de 2015 ante los medios de comunicación como quien coordinó el asesinato e incineración de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el basurero de Cocula, y de haber ordenado recoger cada partícula de las cenizas y lanzarlas al Río Cocula. Por órdenes de un tribunal, Felipe fue liberado días antes de la Navidad de 2018 y por primera vez escuché su voz luego de cuatro años de investigar su historia.
Una y otra vez, de manera repetitiva, como un disco rayado, sin siquiera haber leído la supuesta confesión de Rodríguez Salgado, las condiciones en que fue detenido y el examen médico forense que le fue practicado luego de su paso por la PGR, la mayoría de los medios de comunicación de México se convirtieron en voceros de la llamada “verdad histórica”. Ni siquiera se cuestionaron por qué ese joven apenas y podía caminar cuando lo presentaron como trofeo ante las cámaras.
En octubre de 2014 había comenzado mi investigación independiente sobre el caso Ayotzinapa, patrocinada por el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley. Tenía documentos, videos y testimonios directos de los hechos que mostraban una versión distinta a la oficial. Los reportajes que, en 2014, 2015 y 2016 publiqué en la revista Proceso y en las televisoras americanas Telemundo y Univisión iban contra corriente del poderoso caudal gubernamental.
La narrativa del gobierno estaba de antemano desacreditada porque le faltaba incluir a dos actores principales que participaron esa noche: el 27 Batallón de Infantería y la Estación de la Policía Federal en Iguala. Tenía en mi poder la comprobación de la presencia de ambos en los dos puntos de donde desaparecieron los 43 normalistas. Si a toda la versión fabricada hubieran añadido esos dos elementos tal vez mi investigación se hubiera frenado ahí. Pero el gobierno de Peña Nieto no los iba incluir, ¡Por supuesto que no! Para eso el gobierno había engendrado la falsa “verdad histórica”.
TRABAJABA COMO ALBAÑIL Y PASTOREANDO ANIMALES
¿Quién era Felipe Rodríguez Salgado?, no lo sabía. Pero cuando el gobierno lo exhibió vi que apenas podía caminar. Y enseguida me propuse saber quién era. Así, junto con mi colega Steve Fisher viajamos de Berkeley, California a Cocula, Guerrero. Para entonces yo ya tenía los reportes médicos que probaban que varios de los detenidos que habían estado en manos de Zerón y sus ‘muchachos’ habían sido brutalmente torturados.
Hice contacto con la familia de Rodríguez Salgado. Con sus vecinos. Fui al lugar donde vivía el supuesto jefe de plaza del grupo criminal Guerreros Unidos. Llevo años investigando el crimen organizado y hablando con jefes de plaza y narcos de todos los rangos. Él no cumplía con el perfil. No tenía un domicilio propio, ni vehículo, ni siquiera enseres domésticos totalmente suyos. Habitaba con su esposa y su pequeño hijo con parientes políticos, y lo poco que tenía lo estaba pagando en plazos. Felipe tenía 25 años, su esposa era maestra de escuela y a su corta edad ya eran padres de familia. Él trabajaba como albañil con su suegro, y cuando no había trabajo se ponía a pastorear animales y limpiar corrales para colaborar en el sustento de su familia. Siendo únicamente descriptiva lo que se podía decir de Rodríguez Salgado y su familia es que eran pobres, vivían al día y estaban llenos de deudas. Su condición económica no era muy distinta a la mayoría de los 43 estudiantes desaparecidos.
Para tener un camión, armas, balas, gasolina, llantas, leña, etcétera y haber transportado, asesinado y quemado a los normalistas en esa inmensa hoguera en el basurero de Cocula, como contaron Murillo Karam y Zerón, se requería cierta cantidad de dinero. Felipe no la tenía y ahora se sabe con pruebas científicas que aquella cremación multitudinaria nunca existió.
Leí la declaración firmada por Rodríguez Salgado ante el ministerio público. No coincidía con el insidioso video mostrado por Murillo Karam, cuando lo mostró como prueba irrefutable de la “verdad histórica”. Lo que él decía en el video no era lo mismo que le habían hecho firmar. En el show montado por el procurador omitieron mostrar las tres hojas del examen médico forense practicado el 17 de enero de 2015. Toda una cuartilla corresponde a las decenas de golpes, marcas y quemaduras que Felipe presentaba en el cuerpo. Fui la única periodista que, en su momento, reveló la tortura que sufrió y las condiciones en que había declarado y las constantes inconsistencias en tiempo, lugar y modo con las declaraciones de sus supuestos cómplices.
LA CARTA DE FELIPE RODRÍGUEZ SALGADO
Después de mi viaje a Cocula él me hizo llegar una carta desde la prisión donde se encontraba:
“Yo me llamo Felipe Rodríguez Salgado, me involucran en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa siendo que yo no tengo nada que ver con esos muchachos siendo que todo lo que dije fue bajo tortura” (sic), inicia su carta.
“….yo no tengo nada que ver con lo que me acusan yo dije eso ai en la ceido porque fui torturado por mis aprehensores y ellos me dijeron que dijera todo eso y cada vez que los contradecía ellos me ponían una bolsa en la cabeza asficiandome barias veces también me golpearon en mis piernas mis rodillas mis tobillos y las uñas de mis pies también me dieron toques en los testículos muchas veces” (sic).
Soy periodista de investigación, no soy ministerio público, no pretendo ser juez, tampoco tengo una bola de cristal ni el don de adivina. Pero en los dos primeros años de investigación después de los hechos ocurridos en Iguala, el 26 y 27 de septiembre de 2014, me bastaron para tener pruebas que mostraban que la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto era falsa y publiqué mis hallazgos en el libro La Verdadera Noche de Iguala en diciembre de 2016. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegaría a una versión similar a la mía, y en 2018 un Tribunal determinó que la “verdad histórica” era falsa y ordenó la libertad a Felipe y otros, así como crear una comisión de la verdad.
Felipe me llamó aquel día de enero de 2019 para saludarme. Tuvimos una corta conversación. Le pregunté cómo estaba. Él iniciaba el doloroso proceso de recomenzar su vida. No sólo de superar el trauma de la tortura sino el estigma con el que fue marcado por el gobierno. Un tatuaje infame que temía le acompañara para siempre.
“Pues la verdad yo ya no quiero saber nada señorita, yo ya estoy cansado, lo que sufrí fue algo pesadito, no fue algo normal… lo que quiero es desaparecer del mapa y meterme a un rinconcito donde nadie me conozca y con eso, porque ya ve como salí en las noticias, estoy más quemado que nada…”, dijo en su lenguaje simple con el tono melódico de la gente del campo.
EL VIDEO, PRUEBA DE LA CULPABILIDAD DEL ESTADO
Esta semana se hizo público un video en el que Tomás Zerón, acompañado de otros elementos de la PGR, interroga ferozmente a Felipe amenazándolo de muerte y de reiniciar la tortura mientras él está sentado, maniatado, con el torso desnudo y una bolsa en la cabeza, como él me había descrito en aquella carta de 2015.
Esto no sólo es ilegal, aberrante y a todas luces injustificado. Si se ve más allá del horror hoy se tiene una prueba más de la culpabilidad del Estado, del gobierno de Peña Nieto en los hechos ocurridos no sólo después sino durante aquella terrible noche en Iguala.
Ese video de Zerón, aunado al anunció dado el 10 de julio pasado por el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República, Omar Gómez, en el que confirmó el hallazgo de los restos del estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre en la Barranca del Carnicero, un lugar diferente al Río San Juan y al basurero de Cocula, significan pruebas periciales de la responsabilidad del Estado.
¿Por qué el gobierno federal habría querido inventar una versión falsa de los hechos realmente ocurridos? A Peña Nieto, al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al titular de la Policía Federal, Enrique Galindo; al procurador Jesús Murillo Karam, a Zerón ¿Qué más les daba si los restos de los estudiantes habían sido abandonados en un lugar A o B? ¿Qué más le daba si había sido Guerreros Unidos, Los Beltrán Leyva u otros? ¿Por qué tomarse la molestia de sembrar los restos del otro único estudiante desaparecido identificado, Alexander Mora, en el Río San Juan? ¿Por qué dedicar horas de esfuerzo, tiempo y riesgo en torturar brutalmente a Felipe Rodríguez Salgado para que aprendiera a repetir una historia que no ocurrió y luego la grabara en un video?
LA AUTOPROTECCIÓN
Hoy sólo hay una respuesta posible: porque con ello el propio gobierno se estaba protegiendo a sí mismo. Porque los principales protagonistas, no sólo de despistar el caso sino de los hechos en que ocurrió el ataque y desaparición, fueron funcionarios públicos federales. El gobierno se encubría así mismo.
Es hora de ir adelante. No sólo de confirmar una y otra vez lo que no sucedió, sino de resolver lo que ocurrió realmente esa noche a los 43.
De acuerdo a la investigación que realicé, los estudiantes desaparecidos en Iguala fueron divididos en al menos tres grupos la misma noche de los hechos: uno habría sido trasladado rumbo a Huitzuco, otro fue llevado a Cocula y otro se habría quedado en Iguala en manos del 27 Batallón de Infantería.
Fuente.-
@emeequis /Anabel Hernandez/
