Hace dos años y medio El Chapo Guzmán se fugó del penal federal del Altiplano, y aunque meses después fue recapturado y luego extraditado a Estados Unidos, donde se le sigue un proceso por 17 delitos, en México no se ha sancionado a los principales responsables de su fuga.
Las indagatorias siguen apuntando directamente a quienes operaban las cárceles federales del país desde las oficinas de la Comisión Nacional de Seguridad y del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, ambos dependientes de la Secretaría de Gobernación que encabezaba Miguel Ángel Osorio Chong
Los principales funcionarios de prisiones y de seguridad de la Secretaría de Gobernación (Segob) –colaboradores cercanos del extitular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong– fueron advertidos por la Policía Federal (PF) y el director del penal federal del Altiplano sobre las fallas de los sistemas de seguridad y en el suministro eléctrico del centro de máxima seguridad cuando Joaquín El Chapo Guzmán Loera estaba recluido ahí.
Según constancias de la causa penal que se sigue por la evasión del Chapo, el director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma, le sugirió al entonces jefe de las prisiones federales, Juan Ignacio Hernández Mora, cambiar de celda a Guzmán Loera o de plano trasladarlo de penal, debido a las numerosas fallas en los sistemas de vigilancia.
Los forzados procesos judiciales iniciados en contra de los funcionarios de segundo nivel y empleados menores en el escalafón de la Segob se han ido destrabando y apuntan de nueva cuenta a quienes operaban las cárceles federales del país desde las oficinas de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), ambos dependientes de Gobernación.
El 19 de enero pasado se cumplió un año de la extradición de Guzmán a Estados Unidos, donde se espera que en septiembre próximo se inicie el juicio que enfrenta por 17 delitos, entre ellos narcotráfico, homicidio y lavado de dinero. En México, la investigación de su fuga sigue concentrada en empleados menores, en tanto que Osorio Chong se encamina al Senado de la República para mantener el control del llamado Grupo Hidalgo del PRI.
La exfuncionaria de mayor nivel encarcelada por la evasión del capo sinaloense del 11 de julio de 2015 fue Celina Oseguera Parra, ajena al grupo cercano del ahora exsecretario. Sin embargo, ya fue beneficiada con el cambio de la prisión federal donde estaba detenida –el penal femenil de Tepic, Nayarit– a la torre médica del penal de Tepepan, del sistema penitenciario de la Ciudad de México, del que incluso fue su titular.
Según dijeron funcionarios de Gobernación a este semanario, el traslado ocurrió en septiembre pasado y, prácticamente a escondidas, Oseguera Parra fue traída a la Ciudad de México para internarla en el servicio médico del sistema penitenciario capitalino, que está a cargo de Hazael Ruiz, quien fue subordinado de ella cuando estuvo a cargo de las prisiones de la capital del país.
En el OADPRS, Oseguera Parra era la directora de los penales federales y, como tal, la jefa inmediata del director del Cefereso del Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma, quien se encuentra detenido en el penal federal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Los “sacrificados”
En cuanto se conoció la fuga del Chapo, Osorio Chong cesó a Oseguera Parra y la denunció penalmente. Lo mismo hizo con Cárdenas Lerma por el escape del jefe del Cártel de Sinaloa, así como con 11 agentes de la PF –uno de ellos ya libre– y tres del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) encargados de la vigilancia del capo. En cambio, sólo cesó al titular del órgano de Prevención y Readaptación Social, Hernández Mora (Proceso 2030 y 2052) y a quien el Ministerio Público federal evitó consignar.
A pesar de que la seguridad de Guzmán estaba a cargo del OADPRS, el Cisen y la PF, toda la responsabilidad cayó en personal de mediano nivel del órgano de prisiones y en los agentes encargados del monitoreo del Chapo, de acuerdo con el entonces juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Víctor Octavio Luna Escobedo.
El juez ordenó la detención de los acusados después de varias reuniones en el juzgado con el entonces titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, hoy subprocurador de Delitos Federales (Proceso 2084).
Según Luna Escobedo, ahora juez tercero de Distrito Especializado en Extinción de Dominio en la Ciudad de México, Cárdenas Lerma fue probable responsable de la evasión, aun cuando el entonces director del Cefereso fue quien semanas antes de la fuga propuso a los funcionarios federales carcelarios el cambio de prisión o de celda de Guzmán Loera y reportó las consistentes fallas en los sistemas de seguridad del penal.
Así lo atestiguó ante el juzgado el exdirector de la División de Inteligencia de la PF, Ramón Eduardo Pequeño García, otro funcionario que sólo fue cesado por la fuga y quien entonces era el encargado de coordinar la vigilancia del ChapoGuzmán con el OADPRS y el Cisen.
La División de Inteligencia realizaba la vigilancia de Guzmán a través de la Dirección General de Monitoreo Técnico de Centros Penitenciarios, a la que pertenecían los policías federales detenidos y que estaban destacados en El Altiplano para monitorear el Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) del penal ubicado en el Estado de México.
En su declaración ante el Ministerio Público federal, el 25 de agosto de 2015, Pequeño García aseguró que los videos de la vigilancia de Guzmán captados por los monitoristas de la PF se replicaban en las oficinas de Gobernación en Bucareli, en el OADPRS y el Cisen, pero no en la PF.
En cuanto a la PF, explicó: “Unicamente en el Cefereso 1 Altiplano, damos vigilancia de entre 40 a 50 objetivos de atención especial y no tenemos los medios tecnológicos para poder traer la señal de todos. Por eso, todo se queda allá”. Subrayó: todos los sistemas de seguridad del penal “son propiedad de Prevención y Readaptación Social, y nosotros somos usuarios finales únicamente por lo que respecta al CCTV y de algunos aditamentos audiométricos”.
Aseguró que en El Altiplano había un problema de variación de energía eléctrica, lo que impedía el funcionamiento de equipos de seguridad instalados poco antes de la fuga del Chapo; “esto también se le hizo de conocimiento a Juan Ignacio Hernández Mora, mediante oficio de fines del mes de junio de 2015”.
El testimonio de Ramón Pequeño
En una ampliación de su declaración efectuada en una audiencia ante el juzgado de Toluca el 31 de julio del año pasado, Pequeño García refirió que en enero y junio de 2015, semanas antes del escape, se reunió en El Altiplano con Cárdenas Lerma y otros funcionarios de las prisiones federales para revisar el funcionamiento del CCTV.
En esa reunión de junio también estuvo Juan Ignacio Hernández Mora, así como el director general de Tecnologías de los penales federales, Enrique Angulo Cervera, encargado del sistema conocido como Sicife, en el que se concentra la información jurídica y técnica de los presos federales. Prófugo desde la evasión, Angulo Cervera fue el responsable de contratar a la empresa que colocó al Chapo Guzmán el brazalete de localización que el sinaloense dejó tirado cuando se escapó.
Por parte de la PF también estuvieron en ese encuentro el director general adjunto de monitoreo técnico de los penales federales, David Fernando Rodríguez, quien era el encargado de recibir los reportes y fallas de ese sistema, así como el jefe de monitoreo de dicha área, Vicente Flores Hernández, quien se encuentra detenido.
De acuerdo con Pequeño, la reunión, en la que participaron además empleados de la empresa encargada de instalar un nuevo sistema de monitoreo conocido como SURA, se realizó en el centro de monitoreo del penal y tenía el propósito de que los funcionarios del OADPRS cotejaran el funcionamiento del CCTV.
En su declaración, el exjefe de Inteligencia de la PF hizo notar que los funcionarios de Prevención y Readaptación Social que estuvieron en la reunión eran “administradores del contrato y dueños de la tecnología”, aunque los operadores eran los efectivos de la Policía Federal. “Todos salimos complacidos con la entrega que se hizo de todo”, declaró el exfuncionario de inteligencia ante el Ministerio Público, según documentos de la causa penal 48/2015 que conoció Proceso.
Pequeño García, quien en el sexenio de Felipe Calderón perteneció al círculo de confianza del entonces secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, al igual que Monte Alejandro Rubido García, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) al momento de la fuga del Chapo, abunda en su declaración sobre sus encuentros con el director del penal:
“Había comentarios permanentes en el sentido de que a nosotros nos tocaba la peor parte. A la CNS, en su conjunto, le tocaba una posición difícil porque si bien era responsable de la custodia de Joaquín Guzmán Loera, muchas de las facilidades que se le daban era por parte de los jueces, en cuanto a horas de visita, el tema de la televisión con la que contaba… y no estaba dentro de nuestra capacidad de decisión el mover en este caso al Chapo Guzmán de celda o cambiar de Cefereso o ubicación.”
En una declaración que puede ser de descargo del exdirector del penal del Altiplano, Pequeño García dijo que el propio Cárdenas Lerma fue quien “sacó el tema” y la eventualidad de cambiar a Guzmán de celda o de penal de máxima seguridad. “Y se fue aderezando las opiniones de todos los presentes que eran en el mismo sentido; es decir, él propuso la posibilidad de cambiarlo de celda por seguridad, y de ahí pues se comenta todo lo demás, lo de la parte difícil de custodiarlo”.
Las imputaciones a Cárdenas Lerma
El juez Luna Escobedo, sin embargo, responsabilizó a Cárdenas por “no haber agotado todos los medios” para que se repararan los sistemas de seguridad del penal, aun cuando las autoridades de la CNS y de Prevención y Readaptación Social sabían que no funcionaban correctamente, según los propios reportes del director del penal. Una de sus omisiones, según el juez, fue que “no realizó una propuesta presupuestaria para el óptimo funcionamiento del centro federal”.
Los sistemas de seguridad referidos en la causa penal son Intellifiber, Intelliwave, Perimetrax y Dream Box y Piramid, todos para la detección de intrusiones en superficie dentro y fuera del penal, pero con fallas desde 2012, refirió Cárdenas.
El juez le reprochó también al entonces director del penal que no propiciara el funcionamiento del sistema geofónico, a pesar de que ya no se utilizaba desde el año 2000. Para justificar la formal prisión de Cárdenas Lerma, dijo que por esa falta no se pudo escuchar la construcción del túnel por el que se escapó el sinaloense. Para el juzgador, haber pedido el presupuesto para arreglar los sistemas de seguridad “hubiera impedido o cuando menos entorpecido” la fuga del entonces jefe del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la defensa de Cárdenas, que lleva el despacho Del Río y Moreno de Lieja, la contratación de los sistemas de seguridad depende de la Comisión Nacional de Seguridad en coordinación con el órgano de Prevención y Readaptación Social, en particular la Dirección General de Administración del OADPRS.
Además, según la defensa, a esa misma dirección le correspondía solicitar el presupuesto para reparar los sistemas de seguridad, mientras que el funcionamiento de esos sistemas es tarea de la Dirección General de Infraestructura Tecnológica de Seguridad Pública, que pertenece a la Unidad de Información para la Seguridad Pública, y que a su vez depende directamente del titular de la CNS.
En la consignación del caso, la SEIDO soslayó la responsabilidad de las áreas de Prevención y Readaptación Social y de la Comisión Nacional de Seguridad, responsables de la seguridad de los penales. Sólo implicó a un director del OADPRS, Enrique Angulo, quien se encuentra prófugo.
El juez también acusó a Cárdenas Lerma de haber dejado a Guzmán Loera escuchar la televisión a un volumen alto, así como de omisión para activar el “código rojo” cuando llegó al penal. El entonces director llegó una hora y 37 minutos después de la fuga, cuando ya había sido activado.
Ante lo que considera como acusaciones débiles, la defensa solicitó que se le dejara en libertad y se le aplicara otra medida cautelar. Pero la nueva titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de México, Guillermina Matías Garduño, se lo negó en noviembre pasado.
Argumentó que como Cárdenas Lerma trabajó en la administración pública federal durante 11 años, “cuenta con amistades y conocidos que en su momento les pudiera permitir realizar acciones para que coimputados, testigos o peritos se comporten de manera reticente”.
Según la juez, de recuperar su libertad Cárdenas “destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba que influirán para que los testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirán a otros a realizar tales comportamientos, o intimidarán, amenazarán u obstaculizarán la labor de servidores públicos que participan en la investigación”. Todo porque fue director del penal de máxima seguridad en El Altiplano.
Dijo que como el delito por el que se le acusa puede tener una pena de entre siete y 15 años, más una tercera parte por haber sido servidor público al momento del delito, “hace proclive a existir el ánimo en el imputado de evadirse” de la justicia.
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