Unos están en la cárcel, otros prófugos de la justicia o autoexiliados en algún país, sin que se les persiga, investigue y menos se proceda contra ellos, a pesar de tener un cúmulo de acusaciones ya sea por desvío de recursos, negocios millonarios irregulares y en algunos casos hasta presuntos vínculos con el crimen organizado .
Como nunca antes en México, varios gobernadores de todos los partidos enfrentan la acción de la justicia por presuntos actos de corrupción más lo que se les acumule. Todos ellos con una gestión al frente de sus estados marcada por la sospecha, el escándalo y el uso discrecional de los recursos públicos, entre otras acusaciones.
Pasaron de estar en la cima del poder y ser parte del sistema, a convertirse en símbolo de la corrupción y un apetitoso botín para sacar raja política, electoral y hasta para levantar popularidad o credibilidad del gobierno en turno.
Para politólogos y académicos, un gobernador en México cae en desgracia y es candidato a pisar la cárcel cuando traicionó al poder, al sistema, rebasó los límites de la corrupción más allá de lo permitido entre la clase política y se hizo enemigo de la opinión pública, que aunque muchos políticos la desdeñan, puede hacer caer a un mandatario.
Desproporcionada. “Un gobernador cae en desgracia cuando traiciona al poder, y se sale de los lineamientos. Porque dentro de la corrupción hay límites y esos son los que rebasaron Guillermo Padrés, Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte.
En el sistema político mexicano, los gobernadores pueden hacer ciertos tipos de negocios dentro de sus gestiones, pero eso de saquear a los estados, dejar a las universidades sin presupuestos, son cosas inauditas y sale de toda proporción.
Corrupción siempre ha habido, pero en la corrupción también hay niveles y son los que se desbordaron en estos casos”, explica el politólogo, José Fernández Santillán.
“Un gobernador se hace insostenible en la medida que sus actos de corrupción sean muy criticados por la sociedad. La opinión pública ya se sabe el camino y sabe que puede tronar a un gobernador, por sus abusos, aunque no necesariamente sean corrupción, puede ser también represión…”, establece por su parte el también doctor en ciencia política y profesor de la UNAM, Germán Pérez Fernández del Castillo.
Ambos coinciden en que el actual sistema político en México se ha transformado de tal manera que si bien el Presidente de la República ya no tiene el poder para remover o cesar a un gobernador y menos si es de otro partido diferente al suyo, si puede retirarle el apoyo y dejar que las instituciones sobre todo la Función Pública y la PGR hagan su trabajo como debe de ser y proceder contra el mandatario que cayó de la gracia del poder.
Aseguran que la justicia en México es selectiva y se aplica en función de la correlación de fuerzas, acuerdos o componendas con el mandatario en turno.
“El que sean perseguidos, castigados y otros estén gozando de su libertad pese a los delitos cometidos como es el caso de Marcelo Ebrard, ya no depende tanto de la definición del Presidente sino de la correlación de fuerzas entre los partidos políticos”, asevera Fernández Santillán, actual profesor del Tecnológico de Monterrey.
DE TODOS COLORES Y PARTIDOS. Los ex gobernadores priistas son los que suman más investigaciones, procesos penales y hasta sentencias en prisión, ya sea por corrupción o presuntos vínculos con el crimen organizado, pero también los hay panistas y hasta perredistas, que han sido sentenciados por delitos como peculado y asociación delictuosa.
Si bien ahora se ha desatado una cacería contra los ex gobernadores de Veracruz y Sonora, Javier Duarte y Guillermo Padrés, respectivamente, quienes están prófugos de la justicia con órdenes de aprehensión acusados de diversos delitos, no hay garantía de que los atrapen y menos de que pisen la cárcel, pues cuentan con excelentes abogados para defenderse.
También considerados prófugos de la justicia, aunque en Estados Unidos, los ex gobernadores de Tamaulipas, los priistas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández son acusados de lavado de dinero y narcotráfico, pero gozan de libertad aunque se desconoce su paradero en México.
Otro que se fue de México, apenas empezaron las acusaciones sobre supuestos malos manejos, documentación apócrifa, utilización de recursos no comprobados para otros fines, sobrecostos y desvío de recursos que superan los 627 millones de pesos en la construcción de la Línea 12 del Metro, fue Marcelo Ebrard, ex jefe del gobierno capitalino, emanado de las filas del PRD, quien no es prófugo de la justicia. Se sabe que Marcelo Ebrard está viviendo en Estados Unidos.
EN PRISIÓN. En la actualidad hay tres ex gobernadores del PRI en prisión:
Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, lleva 14 años encarcelado —6 de ellos en Estados Unidos—, por vínculos con el crimen organizado al igual que el ex gobernador de Michoacán, Jesús Reyna, también está en prisión acusado de vínculos con el crimen organizado.
El otro es el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, pero por presunto desvío de dos mil 600 millones de pesos en 2012, último año de su sexenio.
Por parte del PRD estuvo en prisión seis meses el ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, acusado de peculado.
Aunque no era perredista, Pablo Salazar Mendiguchía, ganó la gubernatura de Chiapas con apoyo del sol azteca, y al término de su gestión fue internado en prisión acusado de desvío de al menos 104 millones de pesos del erario para un supuesto bono sexenal, peculado y asociación delictuosa. Pasó año y medio en prisión.
El ex gobernador panista Luis Armando Reynoso Femat fue encontrado culpable de peculado y sentenciado a dos años y tres meses de prisión que logró evitar al salir bajo fianza.
POR LA PUERTA TRASERA. Muchos gobernadores han terminado su gestión en medio de serias acusaciones de corrupción y desvío de recursos, pero logran salvar ese escollo, ya sea por buenos abogados o por acuerdos previos con sus antecesores, acusan especialistas.
El ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, enfrenta acusaciones por supuestos actos de corrupción y se le relaciona con el presunto desvío de 3 mil 680 millones de pesos en beneficios otorgados fuera de la ley a la armadora coreana KIA Motors.
Medina ha sorteado con éxito las amenazas del actual gobernador, Jaime Rodríguez, El Bronco de meterlo a prisión.
Otros gobernadores que se fueron por la puerta de atrás son el de Chihuahua y Quintana Roo, los priistas César Duarte y Roberto Borge, respectivamente, quienes también enfrentan acusaciones de corrupción en sus gobiernos y desvío de recursos.
De momento no se han interpuesto denuncias legales contra ellos, pero no se descarta que en las próximas semanas o meses se les armen los respectivos expedientes ante la PGR.
De hecho, la dirigencia nacional del PRI anunció que ya se recaban las pruebas respectivas para iniciar procesos internos contra esos ex gobernadores sin descartar una eventual expulsión de sus filas.
No la ha librado. Sobre el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, también pesan denuncias penales ante la PGR interpuestas por el PAN por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho, fraude y peculado.
Sin embargo, hasta el momento no se ha procedido contra el ex mandatario. Lo mismo contra el ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, a quienes organizaciones sociales responsabilizan en gran parte del caso Iguala y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“La pluralidad democrática le generó impunidad a los gobernadores. Les dio una patente de corzo; no benefició a la democracia, sino que creó señores feudales que han gozado de impunidad y muchos de ellos no han sido consignados, unos sí pero otros no”, acusa Fernández Santillán.
“La justicia en México siempre ha sido cara, lenta y selectiva (…) México tiene un grado de corrupción tal que habría que ver quién cierra la puerta o apaga la luz…”, sostiene por su parte Pérez Fernández del Castillo.
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