De los primos Raúl Cervantes Andrade, Alfredo Castillo Cervantes y Alfonso Humberto Castillejos Cervantes,todos cercanos al presidente Enrique Peña Nieto–, este último es el más influyente.
Titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, ha tenido una carrera fulgurante, apenas empañada por episodios como el asesinato de Enrique Salinas de Gortari en 2004 y el de su propio padre, el abogado Marcos Castillejos. Desde el cargo que hoy ostenta, él se encarga de agilizar los proyectos transexenales de su jefe.
Aún no llega a los 40 años pero Alfonso Humberto Castillejos Cervantes ya es un hombre influyente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, aunque su trayectoria no está exenta de episodios oscuros.
En una década, el actual consejero jurídico del presidente ha pasado de la implicación –jamás probada– en el asesinato de Enrique Salinas de Gortari, al escándalo de la segunda casa de Las Lomas, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú y que usufructuó el mandatario durante su campaña.
Convertido desde el arranque de la administración peñanietista en titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, Castillejos Cervantes ha cobrado notoriedad por formar parte de la tríada de importantes abogados, primos entre sí, como pocos en el sexenio, a pesar de yerros y escándalos.
Los otros dos son Raúl Cervantes Andrade, senador del PRI con licencia y actual titular de la Procuraduría General de la República; otro es Alfredo Castillo Cervantes, un político tan relevante que, como nadie en el entorno peñanietista, ha ocupado cuatro cargos en la administración: subprocurador de la República; titular de la Procuraduría Federal del Consumidor; comisionado especial para Michoacán y presidente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
Los tres incursionaron en el ámbito jurídico guiados por el litigante Marcos Castillejos Escobar, padre del actual consejero presidencial. Nacido en noviembre de 1976, Alfonso Humberto es el más joven de los primos, un año menor que Alfredo Castillo y 10 años menor que Raúl.
Egresado de la Universidad Iberoamericana, tiene un perfil inusual, pues hasta 2015 no tenía cédula profesional, un requisito indispensable para actuar como abogado patrono. En el caso de la consejería, entre sus funciones está la de representar al presidente en todo asunto electoral y jurisdiccional.
Entornos letales
A principios de este siglo, el padre de Alfonso Humberto, Marcos Castillejos Escobar, era uno de los penalistas más connotados de la Ciudad de México, donde ya había sido titular del sistema penitenciario; luego fue subprocurador general. Llevaba una agenda de casos de alto perfil, es decir, los escándalos de la primera década.
Castillejos Escobar defendió al comediante Mario Bezares de las imputaciones de complicidad en el asesinato de Paco Stanley, ocurrido en 1999; representó a Genaro García Luna cuando fue acusado de malos manejos presupuestales; defendió a Elba Esther Gordillo en la averiguación por su implicación en crímenes como el asesinato del profesor mexiquense Misael Núñez Acosta; también abogó por los hermanos Bribiesca Sahagún, hijos de la entonces primera dama, Marta Sahagún, acusados de tráfico de influencias.
Pero la fama de Castillejos Escobar y la buena estrella de su hijo Alfonso Humberto se vieron opacadas brevemente a partir del 4 de diciembre de 2004, cuando Enrique Salinas de Gortari fue asesinado en Huixquilucan, Estado de México.
El caso afectó todo un tinglado de relaciones que de manera directa o por relevo generacional empaña el procurado lustre de los clanes del poder y, como en los crímenes políticos de los años noventa, tuvo numerosas anomalías como la disfunción de las cámaras de video del municipio de Huixquilucan, que encabezaba David Korenfeld, o como las lentas actuaciones ministeriales que, a final de cuentas, dejaron el caso irresuelto.
La hipótesis más difundida, en especial por Alfonso Navarrete Prida, procurador de justicia mexiquense en aquella época (hoy es secretario de Trabajo en el gabinete federal), es que el hermano del expresidente Carlos Salinas era objeto de una extorsión (Proceso 1467), pues el gobierno francés había pedido a la PGR su colaboración para detener al menor de los Salinas a fin de procesarlo por lavado de dinero y otros cargos.
Había otras hipótesis que el propio Navarrete dejó entrever en una entrevista con el reportero de Proceso, Alejandro Gutiérrez, entre las que destacaban las declaraciones contradictorias de los familiares llamados por el Ministerio Público, entre otros Adriana Salinas de Gortari, madre de la canciller Claudia Ruiz Massieu.
Por una serie de registros telefónicos Alfonso Humberto Castillejos tuvo que declarar en el caso de Enrique Salinas, pues presuntamente llamó a éste desde un teléfono registrado a nombre de su padre.
También comparecieron José de Jesús Medellín Simental y Eduardo Paredes Monroy, de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes estuvieron presos durante un año, así como los comandantes Édgar Eusebio Millán Gómez e Igor Alfredo Labastida Calderón, de la misma agencia, quienes estaban bajo el mando de Luis Cárdenas Palomino, uno de los mandos policiacos más prominentes del panismo. Por entonces, él era yerno del abogado Marcos Castillejos y, por tanto, cuñado de Alfonso Humberto.
Los llamamientos ministeriales para esclarecer el asesinato ocurrieron a mediados de 2006. Castillejos Cervantes no fue imputado. Navarrete terminó por enviar el caso a la PGR, donde jamás avanzó.
Para diciembre del mismo año, a los 30 años, Castillejos Cervantes fue nombrado coordinador de asesores del entonces procurador general, Eduardo Medina Mora. Dejó el cargo el 30 abril de 2008 y, según su declaración patrimonial, volvió al litigio.
Días después se inició una ola de homicidios: el 8 de mayo, Millán Gómez, jefe de la Policía Federal, fue asesinado en su domicilio; el 26 de junio siguiente murió Labastida Calderón, y el 8 de julio siguiente cayó el propio Marcos Castillejos afuera de su despacho en la colonia Condesa.
Sobre esos crímenes, la PGR aventuró la hipótesis de que se trataba de venganzas por la guerra contra el narco que encausaban todos ellos (en el caso del litigante, por su yerno Cárdenas Palomino) bajo el mando de Genaro García Luna. Como en el caso de Enrique Salinas.
Los crímenes quedaron impunes. Según el reportero de Proceso Jorge Carrasco, después de esos hechos Cárdenas Palomino se divorció.
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Alfonso Humberto Castillejos Cervantes dejó la PGR en 2008 para vincularse al proyecto presidencial de Enrique Peña Nieto como en el gobierno del Estado de México. Socio en su despacho, Alberto Bazbaz era procurador de justicia en esa entidad y su caída ocurrió tras el desaseo en el manejo del caso de la niña Paulette Gebara Farah.
Bazbaz, quien hoy es director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, fue sustituido en la procuraduría mexiquense por Alfredo Castillo, el primo de Castillejos Cervantes a quien se le atribuye ser clave en la ley electoral local que prohibió las alianzas en el Estado de México (un acuerdo oscuro de Peña Nieto con Felipe Calderón que motivó la salida del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont) y otras reformas.
En 2011, Castillejos Cervantes encabezó la defensa jurídica del voto en la campaña de Eruviel Ávila y se convirtió en diputado local. Apenas llevaba unos meses como legislador mexiquense cuando fue llamado al equipo de Peña Nieto para encabezar la Consejería Jurídica.
Sin embargo, la cercanía del diputado local Castillejos con el candidato presidencial Peña Nieto terminaría documentándose durante el escándalo de las casas construidas y financiadas por Juan Armando Hinojosa Cantú.
Y es que, tras la revelación periodística del equipo de Aristegui Noticias sobre la Casa Blanca de las Lomas –cuya propiedad reivindicó Angélica Rivera– y la del hasta hace poco hombre importante del peñanietismo, Luis Videgaray, en Malinalco, Estado de México, resultó que otra casa, empleada durante la campaña por el hoy presidente sin aviso a la autoridad electoral y localizada también en las Lomas, era propiedad de Hinojosa Cantú.
Si en el caso de la Casa Blanca la responsabilidad se derivó a la primera dama, en la segunda casa de las Lomas reapareció el nombre de Castillejos Cervantes, cuando el vocero presidencial Eduardo Sánchez Hernández expuso en una carta:
“El señor presidente de la República en la época de transición, es decir, durante el periodo en que fue declarado presidente electo y la fecha de su toma de posesión, utilizó una casa que le facilitaba el licenciado Humberto Castillejos Cervantes, con el propósito de sostener reuniones privadas.
“Cabe señalar que este inmueble fue rentado por el licenciado Castillejos desde el año 2011 y hasta esta fecha, en la que su contrato sigue vigente con una empresa del señor Hinojosa. Por otro lado, es importante precisar que durante la época que fue precandidato y candidato, también acudió ocasionalmente a realizar actividades privadas y algunas entrevistas en ese lugar”.
Operador de la transexenalidad
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, un área opaca y de escasa exposición pública, superó su naturaleza institucionalmente técnica para convertirse en estancia de operación política, cuyo titular lo mismo aparece en los grandes escándalos de corrupción del sexenio que en las reformas estructurales y el combate legal a quienes se les oponen.
La Consejería no tiene actualizado en sus páginas de transparencia el reglamento interior en relación con los cambios constitucionales que desde la Presidencia de Peña Nieto se han concretado. Sin embargo, entre sus funciones destaca la supervisión de las iniciativas de reforma que envíe el presidente, así como opinar sobre todo tipo de acto e instrumento jurídicos.
Con rango y salario de secretario de Estado (205 mil pesos mensuales), el desempeño de Castillejos deja entrever, más allá de la descolocación de su reglamento interno, que sus intereses están en la línea del interés presidencial.
El consejero jurídico ha salido en diferentes ocasiones a pronunciarse sobre temas relevantes para Peña Nieto. En noviembre de 2015, por ejemplo, al difundirse un amparo de la SCJN sobre el uso de la mariguana, fue enviado a aclarar que la producción, comercialización y suministro de la hierba era delito.
En abril de 2014, fue el encargado de interponer controversias constitucionales contra las legislaciones educativas de Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Sonora por considerar que no armonizaban con la reforma educativa. Pero en otros temas la omisión fue patente. Un ejemplo:
La única iniciativa preferente enviada por Peña Nieto, en septiembre de 2014, fue la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Durante el proceso legislativo, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, cardenal Francisco Robles Ortega, presionó a los legisladores, aunque ellos la aprobaron, con aval de sociedad civil y organismos internacionales. A la hora de la armonización, como ocurrió con la reforma educativa meses antes, las legislaturas locales y varios gobernadores no se apegaron a la ley. Vencidos los plazos constitucionales, se envió una solicitud a la Consejería (folio 0220000022515), de la cual ni siquiera le hizo seguimiento.
Si bien se le ha mencionado poco respecto a su participación en las reformas, Castillejos Cervantes puede reclamar como suya la operación para la llamada reforma por la justicia cotidiana, coordinada con instituciones académicas.
Pero más allá de lo jurídico, bajo la titularidad de Castillejos la Consejería se ha encargado de la transexenalidad del peñanietismo, pues por su escritorio han pasado las propuestas del presidente Peña Nieto para integrar los nuevos organismos con autonomía constitucional, elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la propuesta del nuevo titular de la PGR.
Por él pasó la integración del nuevo Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y la de organismos como la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, surgidos de la reforma financiera y de la reforma de telecomunicaciones, respectivamente, entre otras.
La aspiración de influencia transexenal del consejero jurídico y su grupo fue notable como nunca cuando la Presidencia debió proponer en febrero de 2015 al relevo del fallecido ministro Sergio Valls Hernández.
La propuesta fue el antiguo jefe de Castillejos en la PGR, Eduardo Medina Mora Icaza, el hombre que en tres lustros pasó por las instancias más escabrosas del Estado mexicano: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional; la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la PGR, para convertirse después en embajador de México en Reino Unido y luego asumir la embajada en Estados Unidos.
Meses después, en septiembre de 2015, cuando se preparaba el relevo de dos ministros, se intentó posicionar como togado al senador Raúl Cervantes Andrade –primo de Castillejos–, quien ahora ocupa la PGR con miras a guiar la transición de la dependencia a Fiscalía General, donde podría permanecer hasta 2025, garantizando así para el actual consejero influencia en los aparatos de procuración e impartición de justicia, hasta con dos presidentes más.
fuente.-Reportaje contenido en la edición 2087.
