La Secretaría de Marina (Semar) niega que la noche del pasado 8 de octubre sus efectivos dispararan a sangre fría contra un hombre que se acercó al retén que instalaron en La Boquilla, municipio de Tamazula, Durango.
La víctima fue Roberto López Trujillo; iba con algunos acompañantes que lograron huir. Desde entonces está desaparecido.
López Trujillo era uno de los 650 habitantes de las 13 rancherías de la sierra que dos días antes habían sido desplazados por el avance de los marinos en busca del Chapo Guzmán.
“El Estado mexicano ha sido indolente, no reconoce la dimensión del problema y genera una crisis humanitaria”, afirma Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS). Con él coincide Óscar Loza Ochoa, encargado de enlace del organismo no gubernamental.
El pasado 22 de octubre la CDDHS emitió la recomendación 03/2015, sobre el mencionado operativo de la Semar; la dirigió a los dos estados, sus congresos locales y a las presidencias municipales de Tamazula, Durango, y Cosalá, Sinaloa.
“Cuando menos lo esperábamos, el desplazamiento de personas volvió a presentarse, y de mano de la acción de una autoridad. El martes 6 de octubre varios elementos de la Armada de México (Semar) sobrevolaron en helicópteros y avionetas los poblados de El Verano, Río de los Barraganes, La Iguana, La Pedregosa, El Limón y El Águila, entre otras comunidades”, se establece en el documento.
Vecinos de dichas localidades relataron que los marinos dispararon ráfagas sobre viviendas y calles, y que después llegaron por tierra más tropas para revisar las casas y le exigieron a la gente que no saliera de ellas.
Habitantes de El Verano, Tamazula, pidieron a la CDDHS que les gestionara permisos para irse de ahí. El día 11 los activistas organizaron una caravana en la que 32 personas salieron de ese punto (Proceso 2035). Luego, todas las poblaciones atacadas en esa porción duranguense del Triángulo Dorado quedaron desiertas.
Hasta el 12 se calculaba que los desplazados eran 200. Para el 16 la cifra subió a 300 y para el siguiente día, cuando se publicaron las declaraciones del alcalde de Cosalá, Samuel Lizárraga Valverde, los desplazados ya eran 600.
El 23 de octubre los activistas Aguirre y Loza, acompañados de medios de comunicación, trataron de ingresar a las comunidades sitiadas por la Marina.
A El Limón sólo les permitieron el acceso a los dos activistas. Los oficiales indicaron que el poblado está bajo resguardo del gobierno federal hasta que un juez determine qué hacer con los inmuebles.
La legislatura de Sinaloa turnó la recomendación a comisiones.
En busca de Roberto
Pedro, hermano de Roberto López Trujillo, relata:
“Roberto vivía en La Estancia, municipio de Cosalá, Sinaloa. Tenía dos años que subía a trabajar a la sierra, a un sitio conocido como La Piedroza, y a El Limón, los dos del municipio de Tamazula. Allí trabajaba lo mismo en la ordeña de vacas o poniendo cercas, que picando mota y rallando goma, hasta que los habitantes se fueron por la incursión de la Marina”.
A las 11 de la noche del 8 de octubre, los pobladores de El Limón salieron hacia Cosalá, asustados por una incursión de los marinos. Bajaron por el lado de La Boquilla y tenían que pasar por San Xavier, La Borrega y Santa Ana para llegar al poblado sinaloense.
“Mi hermano venía en un grupo de ocho personas, entre ellas una señora con un niño. Ya tenían como cuatro o cinco días caminando por el monte. De día se escondían y de noche trataban de avanzar. En eso escucharon que montaron tiro, trataron de asomarse. Se trataba de un retén de marinos y en automático el grupo retrocedió, sólo Roberto y Carlos trataron de acercarse a los marinos.
“Roberto llegó como a ocho o 10 metros de ellos. Él y Carlos saludaron: ‘Buenas noches, buenas noches’. En respuesta, los marinos les dispararon. Carlos logró escapar hacia el río. La señora que llevaba al menor dice que miró cuando los soldados le dispararon a mi hermano, que vio como brincaba y brincaba por las detonaciones”.
Para ir en busca del cuerpo de su hermano, Pedro López Trujillo tuvo que conseguir un oficio del ayuntamiento de Cosalá: “De lo contrario podían habernos matado. Cuando subimos había como 12 o 14 marinos en cada retén que nos topábamos. Sacábamos el papel del ayuntamiento que nos entregó el presidente, donde decía que íbamos en busca de personas desaparecidas”.
Cuando llegaron al retén de La Boquilla, se acercaron a 15 metros y los oficiales les gritaron que no pasaran de ahí. “Empezaron a ponernos las armas de frente y a montar tiro. Si nos hubiéramos arrimado de noche, como lo hizo mi hermano, también nos habrían matado”, comenta Pedro.
“Hasta que revisaron mi credencial y el papel del ayuntamiento, les dije: ‘Si fuera malandrín, ¿a poco venía a ponerme de pecho aquí?’ Nos levantamos la camisa para que vieran que no traíamos armas.
“Arriba, en el monte, como a 100 metros del retén, estaba tirada la mochila de mi hermano. Traía un cambio de ropa dentro”. También estaba la lámpara con la que ocasionalmente se alumbraba de noche, durante la huida a Cosalá. Sin embargo, “los marinos recogieron todos los casquillos que dispararon; no encontramos ninguno, tampoco la ropa que él llevaba puesta”.
En La Boquilla vieron una sola casa en la que supuestamente los marinos encontraron mariguana encostalada. Llevan semanas acuartelados ahí.
Señala: “No he puesto ninguna denuncia porque los testigos ya no quisieron declarar, tienen miedo de que después los persigan. Qué vamos a ganar con una queja, porque no le vamos a ganar a la Marina. Si los testigos se me bornean con qué lo compruebo… es frustrante.
“Una cosa sí le digo: la Marina fue. La Marina lo mató.”
Sin casa ni albergue
El albergue del DIF municipal de Cosalá y el del Partido Sinaloense, que en octubre acogieron a más de 600 desplazados, se vaciaron. Algunos pobladores de El Verano regresaron a sus rancherías sin garantías de que no sufrirán un nuevo ataque, dice Aguirre.
“Quieren regresar porqué allá están su casa, su tierra, sus animales –explica–. Yo no sé cuál es la justificación válida para quitarle su modo de vida a la gente que quiere regresar a su pueblo. No ha habido nadie de nivel de la Marina que justifique… y realmente dé condiciones para que regresen a sus hogares. Se aprovechan de que es un municipio alejado del interés social, político, público y están desamparados.”
Explica que se habló de 250 familias desplazadas y que unas 20 de El Verano regresaron bajo su propio riesgo. A fin de garantizar que todos puedan hacerlo, la CDDHS emitió una recomendación para que los gobernadores de Durango y de Sinaloa otorguen las condiciones necesarias, pero señala que temen invadir ámbitos de competencia federal.
Loza afirma que los estados dejaron de apoyar a la familias desplazadas: “Se retiraron de los albergues y la autoridad sabe que viven en cuartitos que les han prestado familiares y amigos, pero que en realidad no tienen con qué subsistir. En Sinaloa es la temporada fuerte de la cosecha del tomate y hortalizas; los hombres se fueron al Valle de la Cruz, del municipio de Elota, para contratarse como jornaleros agrícolas, pero sus mujeres e hijos siguen abandonados.
“La gente nos habla preguntando si pueden regresar y les decimos que no, mientras no haya la voluntad del gobierno federal, de la autoridad que está allá, para asegurar que no se volverá a repetir un ataque violento. Además, la información que tenemos es que hace dos semanas los marinos entraron nuevamente a la casa que se encuentra en El Águila y se llevaron lo poco que quedaba.”
Allí vivía un matrimonio joven con una niña de dos meses. La mujer no había cumplido ni la dieta de 45 días después del parto cuando tuvo que caminar cuatro días con sus noches para llegar a Cosalá.
En entrevista, Juan Angulo, director del DIF de Tamazula, confirma que ya no hay apoyo para los desplazados: “Tenemos información de que (los marinos) se encuentran sólo en la comunidad de El Limón y que desplazados como tal ya no hay porque regresaron a sus comunidades y la gente de El Limón se quedó a vivir en Cosalá, por lo tanto, ya no está con el estereotipo de desplazados.
–En la comisión dicen que la mayoría no ha regresado por falta de seguridad –se le comenta.
–Temor hay en todo el país, en donde hay este tipo de problemas. La gente regresa a sus comunidades y quiere que como gobierno nosotros les garanticemos seguridad. La verdad no podemos hacer eso porque la Marina trae sus instrucciones y nosotros somos respetuosos. El Estado mexicano es el que debe garantizarles la seguridad en cualquier parte del país.
–¿Lo solicitaron a ustedes como municipio?
–Estas situaciones a nosotros como municipio no nos informan. Qué hacen allí, qué instrucciones traen, no sabemos nada oficialmente. Cuando empezó el problema de los desplazados intentamos un acercamiento con los de la Marina, pero no lo permitieron; entonces así dejamos las cosas, no nos vamos a exponer a que nos pase algo o simplemente a molestarlos y que después la agarren contra uno.
De Roberto López Trujillo, el hombre desaparecido después de ser baleado por marinos en La Boquilla, Tamazula, el funcionario no sabe nada.
Fuente.-
