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domingo, 30 de noviembre de 2025

«PIZZA o SOMBRERO ?»: «RECLUTAMIENTO NARCO CONFORMA EJERCITO de CARNE de CAÑON DESECHABLE con ADOLESCENTES y JOVENES CONVERTIDOS en HALCONES o SICARIOS a la BUENA o la MALA»…»no los abraza la tribu y estan incendiando aldeas».


Con engañosas ofertas de trabajo a través de plataformas como Facebook, X y TikTok, los grupos del crimen organizado que operan en el País se aprovechan de la desprotección social y el abandono familiar para reclutar a adolescentes y jóvenes en actividades delincuenciales.

Más allá de las supuestas «ofertas de trabajo» de grupos criminales en redes sociales, la realidad es que un 70 por ciento de los jóvenes en Michoacán que se acercaron a actividades delictivas lo hicieron de la mano de un conocido, afirmó Juan Carlos Quirarte, responsable del análisis de contexto de trata y reclutamiento en esa entidad.

En el caso de las mujeres menores de edad, se convertirían en víctimas de trata y de explotación sexual a través de una pareja sentimental; los varones, serían reclutados para actividades criminales a través de familiares y empleadores.

Quienes reclutarían a los menores serían personas admiradas en sus círculos debido a que los delincuentes manipulan sus imágenes con los niños y adolescentes con acciones como entregar juguetes y regalos en fechas como el Día de Reyes o el Día del Niño, como se ha documentado frecuentemente.

Una de esas ocasiones fue el 30 de diciembre de 2024, cuando el Ayuntamiento de Coalcomán, en Michoacán, celebró una fiesta en la que se colgaron mantas con un agradecimiento para Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la supuesta entrega de juguetes a niños en ese poblado.

Pese a que la primera respuesta de los adolescentes para participar es una aspiración económica, estos continuarían con actividades criminales para consolidarse en sus comunidades donde la violencia tiene un rol significativo.

El respeto a estas figuras también es reforzado por varias muestras de la narcocultura como los corridos y otros contenidos multimedia que se encuentran en redes sociales como podcasts y videos creados por influencers que utilizan códigos con los que los cárteles se identifican.

Grupo REFORMA documentó el uso de estas señas y códigos que los cárteles usan en las redes sociales para introducirse de manera discreta entre los jóvenes.

Los emojis se utilizarían para diferenciar a los grupos criminales como es el caso de «Los Chapitos», facción del Cártel de Sinaloa de los hijos de Joaquín, «El Chapo», Guzmán, que serían representados con una pizza; o el CJNG, representado con un gallo, en referencia al líder del grupo, Nemesio Oseguera, también conocido como «El Señor de los Gallos».

Basta con buscar los hashtags #maña y #trabajoparalamaña en redes como TikTok para encontrar supuestas ofertas de trabajo, muchas veces comentadas por usuarios que piden información.

Desde ese frente, el Gobierno federal ha tomado acciones: el pasado 23 de abril informó de la eliminación de al menos 200 cuentas de redes sociales que presuntamente reclutaban a niños y adolescentes para el crimen organizado.

También se han impuesto sanciones contra grupos musicales que cantan narcocorridos en sus presentaciones como sucedió con el conjunto Los Alegres del Barranco, quienes en mayo pasado fueron vinculados a proceso por presunta apología del delito tras proyectar imágenes de líderes del narcotráfico en conciertos en Jalisco.

Sin embargo, precisaron los expertos, los puntos fértiles para el narcorreclutamiento es una mezcla de presencia criminal, falta de ingresos, bajo nivel educativo y poco acceso a servicios de salud sumado a un abandono de los jóvenes en sus familias, mas no el uso de las redes sociales.

El documento Infancia Cuenta en Veracruz de REDIM, que indaga los métodos del crimen organizado para engrosar sus filas en esa entidad, precisa que el fenómeno tiene su principal origen en la desprotección de los jóvenes, quienes recurren al crimen organizado también para huir de un ambiente familiar marcado por negligenciasabusos e incluso agresiones sexuales.

«Estas experiencias (los abusos) tienen un impacto significativo en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, creando un ambiente de indefensión que puede ser aprovechado por la delincuencia organizada», precisa el documento.

Además de la negligencia de los hogares, el informe añade que muchas veces los jóvenes están en indefensión debido a que sus padres o tutores tuvieron que dejar sus hogares para ir a Estados Unidos en busca de una fuente de ingresos más estable.

La deserción escolar también es un factor clave, ya que además de que los jóvenes abandonaban sus estudios tras cometer un delito o haber sido detenidos en un centro reformatorio, un importante porcentaje había descartado desde un principio la escuela como un camino de movilidad social.

El 27.5 por ciento de los encuestados señaló falta de interés o gusto por los estudios; el 27.3 por ciento decidió abandonar la escuela para ingresar al mercado laboral.

Otros factores mencionados incluyeron problemas familiares (17.1 por ciento), consumo de drogas (15.1) y algunos descartaron completamente la educación como algo «útil» para su futuro (15.1 por ciento).

Advierten de ‘crisis civilizatoria’ 

La manera en la que los medios de comunicación y algunas estrategias del Gobierno federal abordan el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado dejan ver una «crisis civilizatoria», señala Daniel Hernández Rossete, investigador del Cinvestav.

«Estoy hablando de una crisis civilizatoria muy cabrona, no es un tema moral, sino ético. La relación entre ética, poder político, y el poder periodístico se está adelgazando de manera alarmante», alertó en entrevista.

Aspectos como la exposición de datos, imágenes e información sensible por parte de la prensa son prácticas que tanto el investigador como distintos colectivos han criticado respecto a este tema.

Casos como el mismo asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en el que el rostro del joven circuló tanto en medios tradicionales como en redes sociales, son ejemplos de un tipo de «comercialización del morbo» ante esta problemática.

«Estoy hablando de un morbo por la muerte violenta. Estamos frente a un espectáculo anónimo sobre la muerte violenta y se está convirtiendo en una mercancía. Es un producto que se vende y se compra», crítica.

«Creo que requerimos de mucha reflexión sobre el fenómeno del narcotráfico y la violencia, pero no solamente desde el dato morboso, casi pornográfico. Sino desde la forma en cómo estamos planteando la relación con este fenómeno como objeto de estudio».

Por otra parte, el doctor especializado en sociología urbana lamentó que información más técnica y especializada sobre los contextos de los jóvenes muchas veces está sesgada por la misma naturaleza del crimen organizado.

«Tenemos más de 15 años sin poder entrar ya a comunidades de una forma más abierta. No solamente los antropólogos, sino los sociólogos, e incluso el Inegi tiene antecedentes de encuestadores que entran y que los desaparecen», sostuvo.

Incluso este tipo de trabajos, señaló, se realizan con otro marco de respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como el mismo resguardo de sus identidades.

«Las entrevistas (en investigaciones) tienen que ser anónimas y confidenciales. Y no solamente como un tema de derecho de las personas, o sea, las personas tienen derecho a la confidencialidad y al anonimato», sostuvo.

Demandan castigo
y ‘abrazo social’

La falta de un marco legal que castigue el reclutamiento infantil para actividades criminales es otro de los motivos por lo que los cárteles mexicanos buscan a jóvenes para el sicariato, el halconeo, las extorsiones y otras actividades delictivas, afirma Jaime Laines Potisek, director del Centro Juan Antonio Montesinos.

En entrevista, destaca que organizaciones civiles han llamado a la creación de un marco judicial que proteja a las niñas, niños y adolescentes que se ven involucrados en las redes de la delincuencia.

«El delito no es el que ejecuta el menor estando en situación de reclutamiento. Es decir, un menor que va y delinque, roba, maltrata o incluso mata a otra persona habiendo sido capturado por el crimen, en realidad está en situación de víctima. Como no hay delito de ‘reclutamiento’, no se le puede clasificar en ese sentido.

«Una forma de protegerlo sería decir: ‘todos los delitos que se cometan por esa persona están realizados en calidad de víctima’», indica.

Además de la falta de un marco jurídico con esta perspectiva, el investigador advierte que la responsabilidad no sólo recae en las garantías que debe proporcionar el Estado a este sector, como seguridad y acceso a servicios educativos y médicos, sino también a la creación de tejido social que involucre a la población.

«No es que no sean mis hijos o hijas. Son nuestros hijos o hijas porque son socialmente generados, creados y cuidados o descuidados. Como sociedad civil es importante promover una ética del cuidado, de la atención y de la hospitalidad».

El tener una perspectiva crítica ante la promoción de productos culturales aspiracionales de la delincuencia, como los narcocorridos y la admiración a personajes que impulsan estas expresiones, afirma, son un tema que corresponde como sociedad.

«Es responsabilidad de la sociedad no hacerle juego a este tipo de invitaciones de qué es lo bueno, qué es deseable, qué es aspirable. Etcétera. Es increíble si uno se pone a oír cierta música, cierta cultura, en lugares de muy alta incidencia de delictividad», refiere.

Laines Potisek destaca la creación de programas sociales dirigidos a esta población; sin embargo, apercibe que el coincidir de la violencia y la pobreza orilla a las niñas, niños y adolescentes cada vez más a buscar «trabajos» en actividades criminales, pese a que sí existen casos en los que la escuela sí representa un camino de movilidad social para los jóvenes.

«El ofrecimiento que la delincuencia organizada puede dar a un joven, un salario mucho más alto por una actividad mucho más -voy a poner entre comillas- sencillas, menos complejas. Los programas son apoyos, pero no son la solución de fondo al problema», comenta el investigador. 

Aunque el tema es complejo, afirma, un plan para abordar el reclutamiento infantil incluiría programas de capacitación laboral, la creación de alternativas reales de trabajo, un fortalecimiento a la educación y un combate efectivo a la impunidad.

El abrazo social 

El experto cita un proverbio africano: «El niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, incendiará la aldea para sentir su calor», y advierte que el crimen organizado tiende a tomar un rol paternalista en las comunidades con alta criminalidad.

«El crimen organizado muy hábilmente se ha visto y especializado en presentarse como un benefactor, un sustituto de padre, madre, de persona cuidadora, de persona que atiende.

«Se convierten en una persona de confianza, que da atención, que se preocupa por el otro. Es terrible, porque efectivamente es una de las razones por la que muchas personas menores de edad van a caer en esas redes», alerta.

Con información: ELNORTE/

«ESTALLIDOS de DRONES con EXPLOSIVOS,GRANADAS,MINAS y METRALLA NARCA HAN INCENDIADO YA 281 MIL HECTAREAS de BOSQUE en ZONA de TOPONES de CHAPITOS y la MAYIZA»… cuando la guerra estalló, el bosque estaba seco y listo para arder, pero «vamos ganando» dice Harfuch.


Los bosques que unen los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua se transformaron en una zona de guerra invadida por minas terrestres ocultas en las montañas y explosivos artesanales lanzados desde drones y avionetas. La disputa interna del Cártel de Sinaloa no solo alteró la vida de las comunidades y desplazó a miles de familias, también provocó la peor temporada de incendios en los últimos 10 años.

En el primer semestre de 2025, más de 281 mil hectáreas de bosque ardieron en esta región de la Sierra Madre Occidental,una cifra superior a las 124 mil hectáreas registradas en el mismo periodo de 2024, y más de lo que se perdió durante todo ese año, cuando se incendiaron 130 mil hectáreas. 

El daño también rebasa las 170 mil hectáreas afectadas en todo 2023, un año considerado crítico por la sequía histórica que azotó a México. La magnitud del desastre de esta región contrasta con el resto del país, donde los números de dos años atrás aún no han sido superados.

La pelea entre grupos del Cártel de Sinaloa estalló en septiembre de 2024, con la ruptura de las facciones ligadas a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, e Ismael Zambada García, alias El Mayo. La confrontación inició después de una supuesta traición que habría facilitado la entrega de El Mayo a Estados Unidos. Desde entonces, la violencia ha dejado más de dos mil asesinatos, casi tres mil personas desaparecidas, desplazamientos forzados, pérdidas económicas por el cierre de negocios y caída de empleo en varias regiones del estado.

Habitantes de Sinaloa, Durango y Chihuahua entrevistados aseguran que varios de los incendios del último año comenzaron después de enfrentamientos armados y ataques con drones en lo profundo de los bosques. “Veíamos pasar el dron, luego se escuchaba la bomba, una explosión, y al ratito levantaba el humito y se prendía el bosque”, relata un poblador entrevistado en la zona serrana del sur de Sinaloa, en los límites con Durango.

Sandra Guido, directora de Conselva, Costas y Comunidades, una organización ambiental que trabaja en temas de conservación y desarrollo sustentable que tiene su base en Mazatlán, Sinaloa, explica que el tamaño de la devastación actual es resultado de varias circunstancias que se conjugaron con el contexto de violencia, como sequías prolongadas que dejaron el bosque seco y vulnerable, recortes presupuestales a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y a gobiernos locales, además de la reducción de programas de prevención y reforestación.

“La vegetación es más susceptible que cualquier asunto, llámese un vidrio o cualquier otro tema, te genere incendios con un alcance mucho mayor porque toda la vegetación está degradada”, explica la ambientalista.

Cuando la guerra estalló, el bosque estaba seco y listo para arder.

Sinaloa, pueblos en el abandono

Lupita espera en la cancha de futbol de la primaria de Chirimoyos mientras su esposo recibe atención médica por una úlcera estomacal que le ha provocado vómitos con sangre. Habla en voz baja y recuerda lo ocurrido dos meses atrás, cuando hombres armados retuvieron a su hijo de 15 años durante horas, le revisaron el celular y lo presionaron por información sobre la ubicación de campamentos rivales.

“No le hicieron nada pero se llevó un buen susto. Ahora casi no sale; me ayuda en la milpa. Vamos a sembrar y de regreso”, recuerda.

Es la mañana del sábado 30 de agosto y la escuela primaria de la comunidad funciona como clínica temporal. Las aulas cerraron hace casi un año por la violencia y hoy son consultorios. En la cancha donde antes jugaban los niños ahora hay sillas de plástico para recibir a los habitantes de Chirimoyos, La Petaca y El Cuatantal, tres poblados ubicados en la sierra del sur de Sinaloa, casi en los límites con Durango. Es la primera brigada médica organizada por Periferia Subversiva, un colectivo de Mazatlán que intenta cubrir el vacío dejado por las autoridades.

Los jóvenes se movilizaron a través de redes sociales, reunieron donativos y convocaron a médicos. Durante la jornada atendieron casos de diabetes e hipertensión; encontraron niños sin vacunas actualizadas y un agotamiento emocional marcado por depresión, ansiedad y enfermedades relacionadas con el estrés.

“La gente no se reconoce como víctima, pero todos refieren que están estresados por lo que está sucediendo. Su salud mental está muy afectada”, explica Mariela Reyes, médica rural que forma parte de las organizadoras.

Durante meses, drones sobrevolaron los bosques y lanzaron explosivos que encendieron las montañas. Los enfrentamientos intentaban frenar el avance de grupos enemigos. Los pobladores vieron el fuego avanzar entre los pinos sin que nadie pudiera detenerlo.

“Era bastante lumbre por todos lados y al mismo tiempo. Para donde volteara había incendios”, recuerda María Claudia, una habitante de Chirimoyos que acudió a la brigada por medicamentos para la hipertensión.

Ella misma participó de “lumbrera”, como llaman en el pueblo a quienes combaten los incendios. Uno de esos días de mayo, las llamas estaban por alcanzar las primeras casas de madera en la entrada del poblado. La comunidad entera se movilizó. Mujeres, hombres, jóvenes y niños salieron con picos, palas y rastrillos improvisados para abrir una brecha que frenara el fuego. Trabajaron dos días enteros pero las llamas no cedieron. La lumbre rodeó los cerros que resguardan los tres poblados. Durante semanas, las montañas ardieron sin que los pobladores pudieran hacer más que resistir y esperar.

Chihuahua, el despojo en la Sierra Tarahumara

En los municipios del sur de Chihuahua que colindan con el norte de Sinaloa y Durango, el acoso criminal contra la población indígena de la Sierra Tarahumara se ha recrudecido en el último año por la disputa interna entre tres grupos criminales del Cártel de Sinaloa.

Pobladores y activistas, que pidieron reservar su identidad por seguridad, cuentan que los armados incendiaron bosques como una estrategia para desplazar comunidades y apropiarse de los recursos forestales, especialmente de la madera.

En esta región destacan los incendios forestales ocurridos fuera de temporada. Entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, en los municipios serranos de Batopilas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Morelos y Urique se registraron 13 incendios atemporales que arrasaron con unas 600 hectáreas de bosque, una situación que no había ocurrido al menos en la última década.

Uno de estos incendios llegó desde Bacayopa, municipio de Choix, Sinaloa. Durante dos días grupos armados se enfrentaron. Algunos habitantes aseguran que uno de los bandos prendió fuego al bosque para expulsar a los rivales ocultos en la montaña; otros sostienen que el incendio inició tras la quema de vehículos en la carretera. Las versiones coinciden en que el fuego avanzó y cruzó fronteras estatales sin que nadie pudiera controlarlo.

“Los incendios de este año fueron por el crimen. En toda la Sierra Tarahumara se ha metido el crimen para apoderarse del bosque. Utilizaron drones para asustar a la gente que no hiciera ninguna denuncia contra ellos”, relata un poblador de Guachochi.

Los grupos armados han endurecido el control sobre estas comunidades: corrompen a las autoridades ejidales, se apoderan de la industria maderera y despojan a las familias de animales domésticos y alimentos.

Según el líder de una organización indígena de la sierra Tarahumara, la violencia se ha vuelto parte de la vida cotidiana.

“Si encuentran comida que están preparando, hasta eso se llevan; ahora para alimentarse andan pidiendo tortillas, y si no, mandan hacer tortillas a la fuerza. Quien se ponga rebelde es amenazado. Hace unos meses mataron a un indígena porque trató de defenderse del abuso que están cometiendo”, cuenta.

El miedo ha obligado a familias enteras a dormir en el monte para proteger a mujeres y jóvenes ante el riesgo de incursiones nocturnas y reclutamientos forzados, y otras familias han decidido huir a ciudades como Delicias, Chihuahua capital y Cuauhtémoc, que están a más de 400 kilómetros de sus viviendas.

La organización Consultoría Técnica Comunitaria A.C., que acompaña jurídicamente a comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, contabiliza tres desplazamientos masivos en el último año que coinciden con las zonas donde se registró el mayor número de incendios.

Entre septiembre y diciembre de 2024 más de 700 personas abandonaron poblados del municipio de Guadalupe y Calvo, y en junio de 2025 se reportó el éxodo de hasta tres mil habitantes del municipio de Moris.

“Las comunidades quedan en medio de esta violencia, no solo del fuego cruzado, también del acoso para que abandonen el territorio o para que jóvenes y hombres sean reclutados. Muchos huyen para protegerlos”, explica una representante de la organización.

Durango, la guerra desde el aire

A principios de noviembre de 2024, cuando iniciaba la batalla intestina del Cártel de Sinaloa, la sierra de Durango fue uno de los primeros territorios en sentir la crudeza de la violencia. Durante una semana, dos avionetas sobrevolaron los municipios de Tamazula y Santiago Papasquiaro, conocidos por ser refugio de la familia de El Mayo Zambada. Las aeronaves lanzaron bombas que estallaron en las montañas.

“Fue un temor muy feo, vino una avioneta a aventar cuatro bombas. Se estremecieron hasta las casas”, recuerda una vecina de Vascogil, un poblado de Santiago Papasquiaro.

La escalada de violencia se reflejó también en la cantidad de incendios que arrasaron esta zona de Durango. Más del 40% del fuego forestal de 2025 se concentró en los bosques de Tamazula, un extenso municipio que limita con Badiraguato, Culiacán y Cosalá, territorios de Sinaloa.

Pobladores de Santiago Papasquiaro, Durango, captaron el momento en el que una avioneta lanzó varios artefactos explosivos. Uno de ellos dice: «parece que soltó otra».

En mayo de 2025, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, reconoció que la cifra histórica de incendios estaba vinculada con la violencia que golpeaba la sierra.

“Lo voy a decir tal cual es: hemos tenido más incendios históricos en la zona de Tamazula, pegada a Sinaloa. Nosotros creemos que son incendios provocados por las estrategias de los mismos grupos. Por eso se nos han disparado este año los incendios forestales y las hectáreas dañadas”, declaró.

El consultor en seguridad, Alexei Chévez Silveti, explica que el empleo de drones, minas terrestres y explosivos artesanales revela la evolución de los grupos criminales y la adopción de tácticas y herramientas de corte militar.

“Lo que estamos viendo hoy en día es el uso de artefactos explosivos que tienen mucho más poder letal y de destrucción que una granada o una bomba artesanal, y esto es una carrera donde el estado mexicano va rezagado”, advierte.

El crimen organizado utiliza drones comerciales y agrícolas, cuyo costo oscila entre los 800 y 30 mil dólares, que en moneda mexicana va de los 15 mil a los 500 mil pesos. Originalmente, los drones le servían al crimen para acciones de vigilancia, pero hoy son adaptados para lanzar explosivos como C4 o Semtex, utilizados en la industria minera.

Mientras los grupos criminales perfeccionan sus herramientas de guerra, la sierra intenta recuperarse. Con la temporada de lluvias el bosque reverdece, pero las marcas de los incendios persisten en los troncos carbonizados y en el ánimo de las comunidades. El conflicto aún no ha terminado.

Con informacion: EL UNIVERSAL+/Investigación: Miriam Ramírez/Fotografía: Valente Rosas/Editor: Silber Meza/Editora de datos: Daniela Guazo/Análisis de datos y visualización: Gilberto Leon/Diseño web: Miguel Ángel Garnica/MONGABAY/Editora: Alexa Vélez/Análisis de datos: Vanessa Romo, Alexa Vélez y James MacCarthy, investigador asociado con Global Forest Watch.

«CASI 3 MILLONES de PESOS»: «CRIMINALES EJECUTAN COREOGRAFIA con PRECISION BOVINA para LEVANTAR 65 TOROS de 45 MIL PESOS en RANCHO de AGUASCALIENTES»…lo mismo levantan cuerpos que reses y silencian voces que mugidos.


En México esta por demas claro que no solo desaparece la gente; también los toros. Sí, esos mismos animales que pesan media tonelada y mugen fuerte, se desvanecieron con la misma discreción que un expediente incómodo

El robo de 65 toros de engorda en un rancho de Tepezalá demostró que la seguridad en Aguascalientes es tan sólida como una reja de papel aluminio. Cuatro hombres armados, un tráiler sin placas y cero revisiones: una coreografía del crimen ejecutada con precisión bovina. Los toros, valuados en 45 mil pesos cada uno, cruzaron todo el estado sin que nadie –ni una patrulla, ni una cámara, ni el sentido común– los notara.

El secretario de Seguridad Pública, Antonio Martínez Romo, explicó con serenidad pastoral que no se pudo detectar “oportunamente” el robo porque, bueno, no sabían que se los habían robado. El aviso llegó seis horas después. Seis. Como si el tiempo en la Secretaría transcurriera al ritmo de una vaca rumiando.

Y claro, los protocolos se van a revisar, las guías de traslado se van a exigir, y las cámaras –esas mismas que no vieron pasar un tráiler entero– seguirán parpadeando ante la nada. No hay marcas en los toros, así que rastrearlos será complicado. Tampoco hay marcas en la vergüenza institucional, así que rastrearla es imposible.

En un país donde desaparece todo, desde humanos hasta ganado, se diría que el crimen ya no distingue especie. Lo mismo levanta cuerpos que reses, lo mismo silencia voces que mugidos. La diferencia es que los toros, al menos, no votan ni protestan contra MORENA que encabeza un gobierno V.SEGUNDO PISO,donde siempre se puede estar peor.

Con informacion: ELNORTE/

«VAMOS AVANZANDO KEMOSABI ?»: «ATAQUE TERRORISTA en BAR de TULA deja 7 MUERTOS y CRIMINALES ESCAPAN SIN RESISTENCIA»…si atacan indiscriminadamente y no encaja en definición de terrorismo,habra que reescribir los diccionarios.


Un ataque armado registrado la madrugada de ayer sábado 29 de noviembre en el bar La Resaka, ubicado sobre la carretera Tula–Refinería, en la comunidad Llano Primera Sección, dejó como saldo preliminar siete personas sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados irrumpieron en el establecimiento y dispararon indiscriminadamente contra los asistentes, generando pánico entre quienes se encontraban en el lugar.

Todo esto ocurre, mientras Sinaloa sigue incendiado, Michoacan sitiadores «cuentachiles cuentamuertos» Omar García Harfuch,responsable de la estrategia y con dos agentes de inteligencia desaparecidos en Jalisco a los que no les ha dedicado una letra en algun «tuit», presume AVANCES desde sus redes,que no dibujan la realidad del pais,como grita informe ciudadano en Sinaloa.

«En estos 13 meses de la administración de la Presidenta @Claudiashein ha habido avances significativos en materia de seguridad, las detenciones, los aseguramientos, el incremento de las operaciones en coordinación con las entidades federativas para detener a generadores de violencia, sumado a los otros ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, se ven reflejados en la reducción del 37% de los homicidios dolosos, falta mucho por hacer, pero es importante que la ciudadanía sepa que vamos avanzando.»…OGH/

Pero esto de TULA no fue un simple ataque: fue una masacre sin disfraz, un acto de terror con todas sus letras. Una noche cualquiera, un bar convertido en trinchera improvisada, y de pronto la metralla decide quién vive y quién no. Los disparos llovieron sin aviso, la gente cayó sin entender de dónde venía el infierno, y los responsables se largaron como si estuvieran rodando su propio videoclip del narco, sin un solo obstáculo en el camino.

Muertos y heridos quedaron regados en el suelo, víctimas de una violencia que México ya parece digerir con el café de la mañana. Pero, ¿hasta cuándo seguimos llamando “ataques armados” a lo que claramente son actos terroristas? Porque si un grupo con poder de fuego, organización y dominio del miedo no encaja en la definición de terrorismo, entonces habría que reescribir los diccionarios.

Estados Unidos ya catalogó a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. No lo hizo por gusto, sino porque operan con la lógica del terror: sembrar pánico, humillar al Estado y mostrar que en ciertas zonas la autoridad real tiene otro nombre. Lo de Tula es sólo una escena más de esa película sangrienta sin director, en la que la impunidad sigue firmando los créditos finales.

Con informacion: LA SILLA ROTA/

UN «PERRO en la CARPETA»: «FISCALIA de SINALOA INCORPORA NECROPSIA de LOMITO EJECUTADO con su AMO en MEDIO de MULTITUD de SOLDADOS que PATRULLAN pero NO ESTORBAN»…mas de 2,400 muertos y rumbo a los 3,000 levantados.


La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ,convertida en una vulgar «cuentamuertos» bajo el gobierno MORENO-NARCO-SOLAPADO de Ruben Rocha Moya, realizó eyer viernes el primer levantamiento y la primera necropsia oficial del cuerpo de un perro en un hecho vinculado a una ejecución en la sindicatura de Aguaruto,en Culiacán y de un total de mas de 2,400 perpetradas, de acuerdo con NOROESTE.

Este, sería el primer caso tras más 14 meses de guerra interna del Cártel de Sinaloa en que se integra a un animal a la carpeta de investigación por homicidio doloso, debido a que fue víctima directa del hecho.

La necropsia oficial al perro ejecutado junto a su dueño en Aguaruto es el dato más obsceno y revelador de esta nueva masacre en la capital nacional de los homicidios impunes: por primera vez el expediente reconoce al animal como víctima directa del mismo ataque en que un jornalero fue acribillado a plena luz del día.

Lo atípico: un perro en la carpeta

La Fiscalía de Sinaloa levantó el cuerpo del perro y le practicó necropsia como parte de una investigación por homicidio doloso, algo inédito tras más de 14 meses de guerra interna del Cártel de Sinaloa. El animal murió en la misma escena que su dueño, en calles de Aguaruto, presuntamente al intentar defenderlo cuando los sicarios abrieron fuego.

En la escena quedaron el jornalero y su mascota tirados en el pavimento, mientras el procedimiento se realizaba rodeado de militares y corporaciones que ya son parte del paisaje, pero no del freno a los asesinatos. La presencia de colectivos animalistas y rescatistas, invitados a supervisar el manejo del cuerpo, subraya lo excepcional del caso en un sistema acostumbrado a archivar personas, no perros.

Sadismo y mensaje del cártel

El hecho de que los disparos alcancen y ejecuten también al perro encaja con el patrón de sadismo y dominio territorial del cártel que sigue matando sin disimulo, incluso frente a la multitud de soldados que patrullan pero no estorban. No se trata solo de “daño colateral”: la inclusión del animal como víctima revela una escena donde la violencia se ensaña con todo lo vivo que rodea al objetivo.

En otras balaceras recientes en Sinaloa se han documentado perros baleados, mutilados o heridos por explosivos en Mazatlán, Villa Juárez y colonias de Culiacán, como Máster, un mestizo lesionado por un artefacto improvisado, y Esperanza, una perra que terminó paralizada y murió semanas después. Ese rastro de cuerpos animales en las escenas de crimen funciona como firma macabra de una guerra que no reconoce límites ni siquiera en la frontera simbólica que antes dejaba fuera a las mascotas.

Culiacán, matadero con soldados

Mientras la autoridad celebra la “primera necropsia oficial a un perro”, la ciudad sigue acumulando muertos humanos sin verdad ni justicia, consolidando su reputación de laboratorio nacional de la impunidad. El contraste es brutal: se protocoliza por primera vez el cuerpo de un animal, pero el mensaje de fondo es que los grupos armados se sienten tan intocables que pueden seguir ejecutando civiles y hasta sus perros entre convoyes militares.

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Las organizaciones Balto y Togo y otras rescatistas hablan ya de los perros como “las otras víctimas” de la crisis de violencia, una categoría que desnuda al Estado que ni siquiera logra proteger a las primeras. En esa Culiacán sitiada, la necropsia del perro no humaniza al sistema, más bien exhibe al cártel como lo que es: un poder que mata en serie, ante todos, y ahora deja hasta huellas periciales sobre el sadismo con que aprieta el gatillo.

Con informacion: NOROESTE/