El CODIS ha recabado desde 2012 a la fecha 8 mil 553 perfiles genéticos de cuerpos sin identificar y 13 mil de familiares de desaparecidos, registro ínfimo en contraste con el número oficial de 30 mil desaparecidos.
El 20 por ciento de estados carece de laboratorios de genética.
Su cabello castaño de casi dos metros muy pocos se enterarán más allá de la puerta del Semefo-Estado de México. Tendrá acaso 30 años. Su cuerpo, con cicatrices de violencia física y sexual, llegó hace un par de días. Aunque su melena, todavía arenosa y ensangrentada, es peculiar y podría ser crucial para su identificación, la disparidad de criterios, la falta de una base de datos nacional sobre cadáveres desconocidos y la reducida colaboración entre procuradurías y forenses del país la tienen más cerca de la fosa común.
Hoy cualquier familia con la urgencia de buscar a nivel nacional un ser querido desaparecido está obligada a deambular por la PGR y las 32 fiscalías estatales. No hay intercambio de información…
El Sistema de Índice Combinado de ADN (CODIS), único banco de datos genéticos en México y el cual es manejado por la PGR ha recabado de 2012 a la fecha 8 mil 553 perfiles genéticos de cuerpos no identificados y 13 mil de familiares con alguna ausencia, registro ínfimo a la luz de los 30 mil desaparecidos oficiales. Según Acela Valdez, directora del laboratorio de genética de la institución, menos del 8 por ciento de los datos ha sido aportado por las entidades federativas: carecen de un software común, de terminales para cargar información y hasta de computadoras.
Peor aún: en el mismo lapso de cuatro años, sólo 430 cadáveres han sido identificados, menos del 2 por ciento.
—¿Por qué no se identifica? -se le pregunta.
—No hay perfiles genéticos para confrontarlos… Muchas personas me han dicho: tengo a un familiar desaparecido y quiero que me tome ADN, ya fui a 10, 15 estados y me la tomaron, el problema es que no lo comparten.
—¿Lo guardan?
—Se los pedimos y no quieren darlos, estamos en un mundo donde lo mío es mío y no se lo doy a nadie. O tal vez ni lo toman. Guerrero tiene miles sin identificar, ¿por qué no coopera? En la Conferencia de Procuradores se acordó compartirlos, pero no se respeta.
SIMULACIóN. Don Raymundo Hernández tenía 62 años cuando desapareció, el 14 de octubre de 2012 en Monterrey. Korina, su hija, presentó un día después la denuncia ante la Procuraduría del estado: llevó fotografías, credencial de elector, descripción detallada de la ropa y direcciones. Vino el silencio, el desdén… Mes y medio después la policía le informó: “no hay indicios del paradero de su padre, ni en el Semefo”. Fueron más de dos años de calamidad, hasta noviembre de 2014 cuando en su dolor llegó a la asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León.
—¿Te sacaron prueba de ADN en la Procuraduría? -le preguntaron ahí.
—Jamás me hablaron de eso -respondió.
Con el respaldo de Fundenl se logró la toma de muestra y el cotejo con los insumos genéticos disponibles… Y quedó al descubierto la farsa: don Raymundo había sido encontrado sin vida el 30 de octubre de 2012, dos semanas después de su desaparición, en la carretera Monterrey-Saltillo; en los días posteriores fue enterrado junto con otros 30 cuerpos en una fosa común de Cerralvo, a más de dos horas de la capital. La autopsia indicaba infarto al miocardio, aunque carecía de la firma médica. Los restos fueron devueltos a su familia en una bolsa con la leyenda: prohibido abrir, el 1 de abril de 2015.
“El delegado del MP Carlos Garza de Luna me pedía 40 mil pesos para la exhumación, más un moche para agilizar el trámite. Era la angustia de 2 años y el estrés de conseguir dinero. Lo denuncié por extorsión, pero sigue en su puesto”, narra Korina.
A diferencia de la CNDH, indiferente a casos similares, la Comisión de Derechos Humanos de la entidad emitió una recomendación. “Como esta historia hay miles en el país y evidencian la nula investigación en los MP´s, pura simulación”, dice Sylvia Puente, Tercera Visitadora.
SIN GUANTES. A la descoordinación se suma una alerta de fondo: las deplorables condiciones en las cuales se encuentran los servicios forenses del país, a excepción del Incifo en el DF. Operan entre tinieblas, sin infraestructura, material ni personal capacitado.
En 2014 y 2015, la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR realizó un diagnóstico sobre el estado general de los Semefo’s en México. Se develó hasta la falta del instrumental básico para realizar necropsias: bisturí, cuchillas y trajes de seguridad… Y en algunos casos la necesidad de montar instalaciones completas.
“La conclusión es que todos los servicios forenses requieren inversión, no podemos decir cuál está peor”, dice la Coordinadora Sara Mónica Medina.
Frente a la ruina generalizada, a finales del año pasado el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública abrió su fondo de aportaciones para comenzar a cubrir los rezagos forenses. Hasta ahora, pocos estados han culminado los trámites y solicitado desde 10 hasta 30 millones de pesos.
“Hay veces que no tenemos ni guantes ni batas para intervenir a los muertos -cuenta el médico forense César Madrigal, adscrito a la vicefiscalía regional de la mixteca oaxaqueña-. El anfiteatro es un cuarto maltrecho con una plancha en medio, que incumple los requisitos”.
—¿Cuáles?
—La sala no es de acero inoxidable, lo que evitaría la proliferación de bacterias; el sistema de saneamiento carece de entrada y salida de aire, los líquidos para el lavado de cadáver, instrumental y residuos biológicos no van a una fosa regulada por la Secretaría de Salud. Sangre, orina y restos de tejidos llegan al basurero común. No hay separación, todo queda amontonado.
—¿Y los recursos?
—Dicen que mandan, pero no los vemos: los salarios son paupérrimos y la capacitación debes pagarla por tu cuenta. Los abogados nos ganan casos porque comprueban nuestra imposibilidad de hacer buenos peritajes. En un juicio te echan en cara hasta la mala iluminación con la que hacemos una necropsia, con velas porque no hay luz, o las pruebas caducas que usamos para determinar abuso de drogas.
Aunque la instalación de laboratorios de genética comenzó desde el sexenio anterior, el 20 por ciento de los estados aún no lo tiene, como Sinaloa e Hidalgo. “Prefieren desviar el presupuesto para otra cosa”, acusa Acela Valdez.
Otros, como Oaxaca, recién lo inauguraron, pero permanecen paralizados porque carecen de personal capacitado. Las familias deben esperar de seis meses a dos años para recibir un estudio genético enviado a otra entidad con equipo. Además el costo de los reactivos —fluctúa cada uno entre 6 y 15 mil pesos— nunca es considerado en el presupuesto de las Procuradurías.
¿Qué inversión se requeriría para montar un servicio forense confiable?
“El edificio del Incifo se programó para 118 millones de pesos y acabó costando 190 millones más equipo y mobiliario, le podemos agregar otros 70 millones de pesos. Y no sólo es tenerlo, sino darle mantenimiento, operarlo y contratar buenos peritos”, describe el director del Instituto Felipe Takajashi.
Es competencia directa, dice, del Congreso de la Unión, Secretaría de Gobernación y Conferencia Nacional de Procuradores, aún adormiladas en torno al tema: “Falta voluntad de las instituciones federales para convocar y unificar”.
GRITOS. Desde 2014 el Comité de la Cruz Roja donó un software denominado AM-PM para diseñar una base de datos nacional sobre cadáveres ingresados a los servicios forenses como desconocidos y contribuir a su identificación, pero impericia, menosprecio y falta de recursos han impedido su implementación en toda la República. El formato Ante Mortem incluye datos puntuales del desaparecido, lugares, fechas, vestimenta, huellas dactilares, tatuajes, lunares, cicatrices y otras características específicas; y el Post Mortem toda la información recabada por peritos especializados. Ambos pueden cruzarse y arrojar algún positivo.
A dos años, el esquema aún no ha sido formalizado en la Conferencia Nacional de Procuradores y menos publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Doña Lourdes Huerta busca a su hijo Kristian, entonces de 24 años, desde el 12 de agosto de 2010. Desapareció en Villa Juárez, Nuevo León, entidad donde se han enviado más de 2 mil cuerpos a la fosa común de 2012 a la fecha. En unos días sería papá… El bebé, a quien llamaron igual, nació 12 días después de la desaparición. Cumplirá seis años y no ha podido registrarse porque la pareja vivía en unión libre y en el estado es obligatorio presentar el acta matrimonial en caso de la ausencia de alguno de los progenitores.
“A mí nadie me quita la idea de que mi hijo está en una fosa común —dice Lourdes—, con el desbarajuste que traen ¿quién me garantiza que no es alguno de los borrados por las autoridad? Es una corazonada que no me deja descansar”…
Cifras
* El sistema CODIS tiene en la actualidad 29 mil 989 perfiles genéticos: 8 mil 553 de cadáveres no identificados, 13 mil de familiares de desaparecidos, y 8 mil 436 de indicios recolectados en escenas del crimen y detenidos.
Datos
De que institución dependen los servicios forenses
*Tres de Tribunales Superiores de Justicia (Ciudad de México, Puebla y Baja California).
*Uno de la Secretaría de Salud local (Guerrero).
*Dos del Ejecutivo local (Oaxaca y Jalisco).
*Veintiséis de Procuradurías o Fiscalías locales (el resto).
Herramientas útiles para indentificar
Además de ADN: dactiloscopia (huellas); tatuaje característico: familiar querido, imagen sacra, de animal; fotografías de las señas particulares; radiografías de fracturas.
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