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martes, 17 de noviembre de 2026

«REPUNTA el SECUESTRO: le CRECEN las CIFRAS a HARFUCH y CRIMINALES YA lo USAN de ARMA de GUERRA»…ahora tambien es ajuste de cuentas.


El secuestro no necesita anunciar su regreso: nunca se fue. Lo que cambió fue el uso que le da el crimen organizado. Además de cobrar rescates, ahora sirve para disputar carreteras, controlar rutas fronterizas, presionar autoridades y ajustar cuentas. En ese escenario, las víctimas de secuestro del fuero federal aumentaron 31 por ciento entre enero y septiembre de 2026: pasaron de 70 a 92 personas, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la República (FGR).

El repunte ocurre mientras las organizaciones criminales se disputan territorios y actividades económicas, y extienden las privaciones de la libertad a migrantes, trabajadores, familias y hasta presidentes municipales. Para los grupos delictivos, las personas también pueden convertirse en instrumento de presión.

Los casos investigados por la Federación son aquellos que, por sus características, quedaron bajo competencia de la FGR, entre ellos los vinculados con la delincuencia organizada. No representan todo el universo del secuestro: otros plagios fueron investigados por las fiscalías estatales. Son registros distintos, no piezas que puedan amontonarse sin revisar qué cuenta cada una.

Entre las víctimas figuran grupos de migrantes interceptados durante su tránsito hacia Estados Unidos, trabajadores sacados de sus instalaciones y autoridades municipales o civiles que viajaban por carretera. En distintos casos, los responsables fueron hombres armados con equipo de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Sinaloa y Puebla encabezaron los focos rojos del secuestro federal: acumularon 15 y 14 víctimas, respectivamente, entre enero y septiembre de 2026. Juntas concentraron 29 de las 92 personas registradas por la FGR, equivalentes al 31.5 por ciento del total nacional de ese registro.

En Sinaloa, la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, facciones del Cártel de Sinaloa, coincidió con una ola de personas levantadas o plagiadas con violencia. En Puebla, las autoridades investigaron redes criminales relacionadas con secuestros y otras actividades ilícitas en corredores carreteros.

En Chihuahua, los secuestros de migrantes exhibieron el control que las redes criminales buscaron ejercer sobre las rutas fronterizas. En Guerrero, las investigaciones por plagios alcanzaron a estructuras de La Familia Michoacana.

El delito tuvo distintas caras, pero una utilidad persistente para sus perpetradores: obtener dinero, presionar a las víctimas o imponer condiciones en territorios donde se disputan actividades ilícitas, de acuerdo con fuentes federales.

Alcaldes: el cargo tampoco sirve de blindaje

La violencia alcanzó incluso a los presidentes municipales. Ni el cargo público los dejó fuera de la lista.

El pasado 7 de noviembre, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, fue privado de la libertad cuando viajaba por una carretera de Zacatecas, cerca de los límites con San Luis Potosí.

Hombres armados interceptaron su vehículo y se llevaron al funcionario. Sus acompañantes quedaron abandonados.

La desaparición movilizó a corporaciones de seguridad de distintas entidades y a fuerzas federales, que desplegaron labores de búsqueda en la región. El presidente municipal fue localizado con vida al día siguiente. Las autoridades iniciaron investigaciones para identificar a sus captores y establecer el motivo de la privación de la libertad.

Meses antes, en abril, el alcalde de Taxco, Guerrero, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, Juan Vega Arredondo, también fueron privados de la libertad.

Ambos fueron localizados con vida después de una operación de búsqueda en la que participaron autoridades federales y estatales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló entonces a La Familia Michoacana como una de las principales líneas de investigación sobre los responsables.

El caso adquirió otra dimensión cuando las pesquisas alcanzaron a funcionarios del propio Ayuntamiento de Taxco, señalados por su presunta participación en actividades delictivas. La investigación ya no miraba únicamente hacia los captores: también alcanzaba al gobierno municipal.

Trabajadores: salir a ganarse la vida y no volver

El secuestro también golpeó a quienes estaban trabajando.

En enero de 2026, hombres armados privaron de la libertad a 10 empleados de la minera canadiense Vizsla Silver en Concordia, Sinaloa, una región disputada por Los Chapitos y La Mayiza.

Para marzo, las autoridades habían identificado los cuerpos de siete de las víctimas, mientras continuaba la búsqueda de las restantes.

La empresa suspendió temporalmente sus operaciones en Concordia. Las familias, mientras tanto, exigieron resultados de las investigaciones y la localización de sus seres queridos.

Culiacán: la concentración del horror

Alto al Secuestro colocó a Sinaloa como el principal foco rojo del país, particularmente a su capital.

Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, la organización documentó 893 eventos en Culiacán. La concentración superó ampliamente la de cualquier otro municipio y representó más de una cuarta parte de todos los secuestros identificados por el organismo durante esos dos años.

Mazatlán apareció con 69 eventos y Navolato con 25. Los tres municipios reunieron 987 de los mil 39 secuestros documentados en Sinaloa.

La concentración coincidió con la disputa interna del Cártel de Sinaloa, que se extendió desde Culiacán hacia otras regiones del estado, particularmente los corredores carreteros y las zonas de influencia de las facciones enfrentadas.

En esa confrontación, el control territorial, las rutas de traslado y las redes de apoyo de cada organización adquirieron importancia. No sólo se peleaba el terreno: también quién podía moverse, por dónde y con ayuda de quién.

En ese contexto, la privación de la libertad pudo utilizarse para obtener información, intimidar adversarios o presionar a personas relacionadas, real o supuestamente, con grupos rivales, consideran las fuentes. La sospecha de un vínculo también podía colocar a una persona en riesgo.

Chihuahua: migrantes atrapados en la disputa fronteriza

Después de Sinaloa, Chihuahua se convirtió en otro de los principales focos rojos.

Alto al Secuestro documentó 266 plagios en la entidad entre octubre de 2024 y septiembre de 2026. De ellos, 203 se concentraron en Ciudad Juárez, donde las redes criminales también aprovecharon las rutas migratorias hacia Estados Unidos.

Tan sólo en septiembre, la organización identificó a 27 migrantes secuestrados en tres episodios ocurridos en Chihuahua.

El tránsito hacia la frontera quedó atravesado por otro peligro: las organizaciones que buscaron controlar las rutas también encontraron en quienes las recorrían personas a las que podían retener.

Veracruz: carreteras, actividad económica y grupos en disputa

Fuera de Sinaloa y Chihuahua, las privaciones de la libertad se distribuyeron entre ciudades industriales, regiones petroleras, zonas metropolitanas y corredores utilizados por organizaciones criminales.

Veracruz acumuló 238 eventos de secuestro entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, de acuerdo con Alto al Secuestro.

Poza Rica encabezó la concentración municipal con 47 casos. El puerto de Veracruz registró 15; Minatitlán y Tuxpan contabilizaron ocho cada uno.

Estos municipios se ubicaron en regiones con actividades económicas y rutas carreteras relevantes para el movimiento de mercancías y personas.

En distintas zonas de la entidad, las autoridades identificaron estructuras vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y células delictivas locales, involucradas en disputas por actividades ilícitas y espacios de control territorial.

La extorsión, las amenazas y las privaciones de la libertad formaron parte de los delitos investigados en esas regiones.

Pero el mapa criminal no sustituye una investigación: la presencia de esas organizaciones no permitió establecer automáticamente quién cometió cada secuestro documentado.

Estado de México, Guanajuato y Sonora: distintos mapas, el mismo delito

En el Estado de México, Alto al Secuestro registró 155 eventos durante el mismo periodo. Cuautitlán Izcalli acumuló 14; Ecatepec y Toluca, 11 cada uno, y Tecámac, ocho.

A diferencia de Sinaloa, donde destacó la concentración en Culiacán, los casos mexiquenses aparecieron repartidos entre municipios metropolitanos y zonas conectadas con corredores carreteros.

En distintas regiones del estado, las investigaciones identificaron células vinculadas con La Familia Michoacana y otras organizaciones dedicadas a la extorsión, el secuestro y diversos delitos.

En Guanajuato, Salamanca destacó con 48 secuestros documentados durante los primeros dos años de la administración federal.

El municipio, sede de infraestructura petrolera e industrial, formó parte de una región marcada por la confrontación entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el CJNG. La disputa por actividades criminales se extendió durante años a municipios del corredor industrial.

Sonora también figuró entre las entidades con una presencia relevante del delito. Alto al Secuestro documentó 141 eventos: 42 correspondieron a Cajeme, 37 a Hermosillo y 27 a Nogales.

El rescate ya no explica todo

El secuestro extorsivo, asociado tradicionalmente con exigir dinero a cambio de liberar a una persona, permaneció como una de las modalidades más frecuentes.

Pero los registros de 2026 también mostraron secuestros exprés, retenciones de rehenes y privaciones de la libertad con la finalidad de causar daño. La exigencia de un rescate no agotó las motivaciones del delito.

En septiembre, las fiscalías estatales contabilizaron 56 víctimas:

  • 36 fueron clasificadas como víctimas de secuestro extorsivo.
  • 15 correspondieron a secuestro exprés.
  • Cuatro fueron registradas como víctimas de secuestro para causar daño.
  • Una correspondió a secuestro con calidad de rehén.

Septiembre: el mes que torció la tendencia

Los registros de las fiscalías estatales también encendieron alertas durante 2026, aunque su comportamiento no fue idéntico al de las cifras federales.

Entre enero y septiembre se contabilizaron 427 víctimas del fuero común, frente a 555 del mismo periodo de 2025: una reducción de 23 por ciento.

Septiembre, sin embargo, rompió la dirección del acumulado. Las víctimas pasaron de 44 en agosto a 56 en septiembre, un incremento de 27 por ciento.

Una baja en nueve meses y un repunte mensual pueden coexistir. Lo que no corresponde es convertirlos en la misma historia, ni asumir que el aumento federal se reprodujo de manera idéntica en los registros estatales.

El monitoreo de Alto al Secuestro también detectó un incremento durante septiembre. La organización identificó 180 víctimas, frente a 120 en agosto: un crecimiento de 50 por ciento.

De esas 180 personas, 34 fueron migrantes y 28 estuvieron involucradas en secuestros colectivos. Ambas categorías podían coincidir: una persona migrante también podía haber sido secuestrada junto con otras.

El organismo señaló, además, que 109 víctimas fueron identificadas mediante reportes periodísticos y no aparecieron en el subconjunto de registros oficiales utilizado para su comparación mensual.

La diferencia refleja las dificultades para medir un delito atravesado por denuncias tardías, investigaciones con distintas clasificaciones y hechos conocidos inicialmente por familiares o medios de comunicación.

En términos generales, el secuestro había mantenido una trayectoria descendente respecto de los niveles registrados años atrás. En 2019, las fiscalías estatales contabilizaron mil 629 víctimas; durante todo 2025 registraron 725.

La reducción histórica mostró una pérdida de peso del delito en las estadísticas oficiales. Pero esa trayectoria no impidió que, entre enero y septiembre de 2026, las víctimas de los casos investigados por la Federación aumentaran 31 por ciento.

Del laboratorio al secuestro: células que cambian de negocio

Para Eduardo Vázquez Rossainz, especialista en inteligencia y seguridad nacional, la fragmentación de organizaciones criminales por operativos federales y las disputas entre cárteles provocaron que células antes dedicadas al narcotráfico y al sicariato diversificaran sus actividades hacia el secuestro y la desaparición de personas.

La destrucción de laboratorios de drogas, la captura de dirigentes y la desarticulación de estructuras delictivas dejaron grupos dispersos que encontraron en el secuestro una nueva fuente de ingresos y un instrumento para enfrentar a organizaciones rivales, explica.

Golpear una estructura, bajo ese diagnóstico, no necesariamente termina con las actividades de quienes la integraban: algunos cambian de delito.

Esta transformación representa, sostiene, uno de los principales riesgos para la seguridad nacional durante 2027, particularmente en regiones donde la confrontación criminal debilitó la presencia de las autoridades.

“Cuando opera el Gobierno federal y neutraliza organizaciones, se atomizan, pero diversifican su actividad delictiva”, señala.

Vázquez Rossainz explica que el fenómeno ocurrió con células que anteriormente participaron en la producción de metanfetaminas y que, tras la intervención de las fuerzas federales, buscaron otras actividades criminales.

“Aquellos que estaban involucrados en la producción de metanfetaminas en los laboratorios, cuando se desarticulan los laboratorios y se desarticula la banda, hay casos donde las células que quedan dispersas (…) se diversifican”, expone.

Una situación semejante ocurrió, añade, con grupos de sicarios que perdieron a sus dirigentes o fueron desarticulados parcialmente y encontraron nuevas oportunidades en delitos como el secuestro.

El especialista vincula también el fenómeno con la confrontación entre organizaciones de alto impacto, que utilizan la privación de la libertad como mecanismo de presión contra adversarios y autoridades.

“El País vive desde hace al menos tres años en una situación crítica de confrontación de grupos delictivos de alto impacto que están utilizando el secuestro, la desaparición o la privación ilegal de la libertad como un método delictivo bastante socorrido por estas organizaciones”, afirma.

De acuerdo con su diagnóstico, parte de las víctimas fueron policías municipales, estatales y ministeriales privados de la libertad en medio de las disputas criminales.

La diversificación delictiva también se manifestó, aclara, en la reactivación de pequeñas células locales que retomaron el secuestro después de años de reducción de esta actividad.

Unidades debilitadas y policías del otro lado

Vázquez Rossainz identifica otro factor en el resurgimiento del delito: el debilitamiento de las unidades antisecuestro de los gobiernos estatales y la pérdida de capacidades federales especializadas.

A ello añade la participación de policías y expolicías en organizaciones dedicadas a la privación ilegal de la libertad. El problema, según su diagnóstico, no sólo estuvo en las capacidades que se perdieron, sino en los agentes que terminaron involucrados.

El especialista menciona casos de debilidad institucional en Puebla y señala que la participación de antiguos integrantes de corporaciones de seguridad también apareció en las dinámicas criminales de Sinaloa, Michoacán y Guerrero.

“El común denominador son expolicías involucrados o policías en activo involucrados con esto”, afirma.

Incluso advierte que algunos participantes fueron agentes ministeriales o de investigación que anteriormente habían formado parte de unidades especializadas en combatir el secuestro.

El secuestro como arma de guerra

David Ordaz, experto en prevención del delito, advierte que el secuestro en México cambió de modalidad y se convirtió en una herramienta de las organizaciones criminales para disputar territorios, someter comunidades, castigar adversarios y obtener recursos.

Desde su perspectiva, el incremento de víctimas en determinadas regiones responde principalmente a las confrontaciones entre grupos delictivos, más que al resurgimiento de las bandas tradicionales que exigían rescates millonarios.

El fenómeno adquirió características distintas a las observadas en los años noventa y a principios de los dos mil, cuando las organizaciones de secuestradores buscaban principalmente beneficios económicos mediante el cautiverio de empresarios y ciudadanos.

“Hablar de que el secuestro regresó, desde mi punto de vista, es una premisa inexacta. El fenómeno nunca desapareció, sino que de alguna manera mutó en su dinámica y se concentró en focos muy específicos”, señala.

Ordaz considera que la concentración de casos en Sinaloa, Chihuahua y Baja California refleja el uso de la privación de la libertad como mecanismo de presión en las disputas por corredores estratégicos del narcotráfico.

Menciona, en particular, la confrontación entre facciones criminales en Sinaloa y las disputas en ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez, donde las organizaciones recurrieron a esta práctica para imponer condiciones a sus adversarios.

“Cuando estalla una confrontación entre facciones criminales, como en el caso de Sinaloa, o de Ciudad Juárez o Tijuana, donde podemos ver que se han intensificado disputas en corredores fronterizos, el secuestro se dispara más como un arma de guerra, como terror y control territorial”, explica.

La transformación permitió utilizar el secuestro para levantar a integrantes de organizaciones rivales, reclutar personas por la fuerza y castigar a comunidades consideradas contrarias a los intereses de los grupos criminales, señala.

Bajo esa lógica, el cautiverio no sólo busca dinero: también busca obediencia.

Ordaz considera que esta dinámica podría contribuir a explicar el incremento de víctimas de secuestro en el ámbito federal durante los primeros nueve meses de 2026, por la participación de estructuras criminales de mayor complejidad.

La explicación, sin embargo, no dispensa de revisar los registros. El especialista aclara que las variaciones estadísticas deben examinarse a partir de las diferencias entre las cifras federales y estatales, así como de las metodologías utilizadas para contabilizar los delitos.

Extorsión para el ingreso constante; secuestro para la urgencia

Otro factor, señala Ordaz, fue la transformación de las economías criminales.

Diversas organizaciones ampliaron sus actividades hacia la extorsión y el cobro de piso, delitos que les permitieron obtener ingresos constantes con menores riesgos operativos que mantener personas cautivas.

Eso no eliminó el secuestro de su repertorio. El especialista reconoce que las detenciones de integrantes relevantes de organizaciones delictivas realizadas por el Gobierno federal afectaron su funcionamiento y provocaron desajustes en sus estructuras de mando.

“Cuando los operativos de seguridad que lleva a cabo el Gobierno federal golpean las finanzas o se desatan o provocan pugnas internas, es posible que se recurra nuevamente a la privación ilegal de la libertad para obtener liquidez inmediata o someter territorios”, expone.

En ese diagnóstico, el secuestro no es únicamente un negocio que cobra por liberar: también es una herramienta para financiarse con urgencia, imponer condiciones y disputar el control. El dinero sigue en la ecuación, pero ya no la explica completa.

Con informacion: REFORMA/

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