En el surrealista manual de seguridad pública mexicana, cuando un comando armado levanta a un presidente municipal en tus carreteras, la prioridad número uno jamás es montar un cerco implacable para rescatarlo con vida; la verdadera urgencia de Estado es sacar la cinta métrica, el GPS y al perito agrario para jurar que a ti no te toca el muerto (ni el secuestrado).
El caso del alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, el panista Miguel Ángel Almaraz Maldonado, es una cátedra magistral del deporte nacional favorito de los gobiernos estatales: «la papa caliente jurisdiccional».
Apenas trascendió que el edil había sido interceptado junto a su comitiva rumbo a tierras potosinas (cuando iban hacia Real de Catorce), a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí no le entró prisa por blindar la región ni por dar con los captores; le entró una taquicardia burocrática por redactar un boletín de madrugada para deslindarse del paquete.
La reacción del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona en San Luis Potosí merece un premio a la acrobacia cartográfica:
Primero el deslinde, luego la búsqueda: Mientras los acompañantes del alcalde apenas procesaban el susto tras ser liberados en plena carretera San Tiburcio–Vanegas, la maquinaria de comunicación potosina ya tenía listo el peritaje milimétrico. Con una velocidad que ya quisiera cualquier ciudadano cuando llama al 911, la policía de San Luis salió a gritar a los cuatro vientos: «¡Sí lo secuestraron, pero fue del lado de Zacatecas!». Faltó que mandaran a un topógrafo en helicóptero a pintar la raya con cal sobre el asfalto antes que enviar patrullas de rescate.
Zona limítrofe: Tramo San Tiburcio (Zac.) – Vanegas (S.L.P.)Endosar la bronca al vecino en llamas: Si vas a aventar la basura por encima de la barda, qué mejor que tirársela al vecino que ya tiene el patio incendiado. Endosarle el secuestro a Zacatecas —un estado donde las estadísticas de violencia e impunidad ya parecen directorio telefónico— es la jugada perfecta de relaciones públicas: cuelgas el «levantón» en la cuenta de un gobierno que de por sí está en estado crítico, mantienes maquilladas tus propias cifras de «paz y gobernabilidad» y te ahorras el costo político del escándalo nacional.
La ironía de las fronteras imaginarias: Para los grupos criminales que operan a sus anchas en el corredor que une a Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí, las líneas divisorias en el mapa son un chiste que se cuenta solo.
Ellos cruzan de San Tiburcio (Zacatecas) a Vanegas (San Luis Potosí) sin pedir permiso ni sellar pasaporte. Pero para las autoridades potosinas, un letrero oxidado en la carretera es un muro infranqueable de impunidad administrativa que les permite lavarse las manos como Poncio Pilatos y ofrecer una «coordinación en la zona limítrofe» que suena más a cortesía vecinal que a operativo de Estado.
Lo verdaderamente grotesco del asunto es la escala de prioridades. Tenemos al alcalde de un municipio fronterizo clave de Tamaulipas —quien además trae sus propios pleitos abiertos con la cúpula morenista de su estado— desaparecido en una de las zonas más calientes del país, y el gran logro operativo de las primeras horas fue determinar en qué código postal exacto le cerraron el paso las camionetas.
Al gobierno de San Luis Potosí no le urgía encontrar a Miguel Ángel Almaraz; le urgía encontrar el límite territorial para que el expediente no le manchara la alfombra. Porque en la política de seguridad de hoy, importa mucho menos dónde está la víctima que a qué fiscalía le vas a echar la culpa en el titular de la mañana.
Con informacion: ELUNIVERSAL/
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