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miércoles, 8 de julio de 2026

ASI de GACHA la PELICULA: TRAFICO de HUACHICOL CRECIO con MILITARES en ADUANAS y AMERICO en el GOBIERNO… politica, militar y criminalmente organizados.


En México, la lealtad y el sacrificio terminaron cotizando como coartada.

El contrabando de combustible —ese negocio millonario que floreció con disciplina casi castrense durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador— ya no solo exhibe la porosidad del Estado: ahora salpica directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. La Fiscalía General de la República acusa a tres mandos militares de haber operado no como guardianes de la frontera, sino como facilitadores en la aduana de Matamoros, Tamaulipas. No custodiaban la puerta: la administraban.

El mecanismo es tan rudimentario como eficaz: gasolina que cruza la frontera disfrazada de aditivos, lubricantes o cualquier brebaje químico que permita evadir impuestos. Entre junio de 2024 y julio de 2025, según las investigaciones, el esquema funcionó con la precisión de un reloj… y la complacencia de quienes debían detenerlo.

La militarización de las aduanas, vendida en 2020 como un acto de fe en la incorruptibilidad de las Fuerzas Armadas, hoy luce más como un experimento fallido con costos fiscales y políticos. Mientras la Marina convertía los puertos en laberintos de complicidades —desmanteladas apenas en 2025—, el Ejército heredaba las fronteras terrestres con la promesa de orden. Lo que siguió fue otra cosa: una sofisticación del delito bajo supervisión uniformada.

Los datos son menos opinables que los discursos. De importar cantidades marginales —menos de 2 millones de litros en 2019 y 2020—, las empresas señaladas dispararon sus volúmenes a partir de 2021, justo cuando la Defensa asumió el control de la garita. Ese año, Nafta Aditivos Orgánicos introdujo 80 millones de litros de supuestos aditivos. Detrás, como proveedor estrella, aparecía Hevi Logistics, la misma compañía vinculada al intento de contrabando del buque Challenge Procyon en Tampico. Casualidad es una palabra que aquí ya no alcanza.

Para 2023, el salto es obsceno: casi 700 millones de litros cruzaron por Matamoros bajo etiquetas químicas que apenas disimulaban su verdadera naturaleza. Hevi Logistics e Ikon Midstream encabezaban los envíos; del lado mexicano, empresas recicladas en el ecosistema del huachicol fiscal —Sensive Solutions, JSC Servicios Aduanales— repetían patrones: domicilios compartidos, flujos financieros sospechosos, vínculos con redes previamente señaladas, incluso por autoridades estadounidenses.

Cuando parecía que las cifras caían en 2024 y 2025, no era que el delito retrocediera: simplemente cambiaba de máscara. La FGR destapó un nuevo disfraz —solución de cloruro de calcio— con el que Servicios Aduanales JR habría introducido 144 millones de litros adicionales. La estadística bajaba; la operación mutaba. El truco no era dejar de robar, sino aprender a hacerlo mejor.

La respuesta institucional roza lo burocráticamente impecable: la Sedena asegura que las aduanas no son su competencia operativa, aunque reitera su compromiso con la legalidad. Una forma elegante de decir “no era nuestra responsabilidad”… en un esquema que creció bajo su sombra.

Pero los documentos filtrados cuentan otra historia. Desde 2020, el propio aparato gubernamental detectó incrementos injustificados en la importación de lubricantes, sin correlación con la demanda real. Sabían que algo no cuadraba. Sabían por dónde cruzaba. Sabían quiénes participaban. Y, aun así, el flujo no se detuvo.

Mientras tanto, el discurso oficial insiste en que el huachicol va a la baja. Del otro lado de la frontera, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dibuja un panorama distinto: 160 reportes de operaciones sospechosas por 7 mil millones de dólares, con origen en Texas y Florida, conectadas a redes que incluyen al Cártel Jalisco Nueva Generación. La advertencia es clara: el crimen no desaparece, se adapta.

En México, en cambio, la narrativa parece más interesada en adaptarse a los hechos que en enfrentarlos. Porque cuando el uniforme deja de ser garantía y se convierte en cobertura, el problema ya no es solo el contrabando. Es la ficción de control.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ ELPAIS/ CARLOS CARABAÑA/

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