El cártel de la Familia Michoacana ha buscado enriquecerse a través del cobro de “derecho de piso” y ahora lo hace a través de la canasta básica.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reveló que, a través de diversos actores, habrían obligado a tortilleros a comprar su producto a cambio de dejarlos trabajar y no hacerles daño, una modalidad similar a la que emplearon con los comerciantes de pollo y huevo en meses anteriores.
La reciente revelación de esta realidad que tambien lastima a Tamaulipas bajo el gobierno de Americo Villarreal, es parte de una estrategia más amplia y sistemática que los cárteles han empleado durante años en diversas regiones de México.
Este fenómeno no es exclusivo del Estado de México, sino que refleja una realidad cotidiana en estados como Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y otros, donde el crimen organizado ha diversificado sus fuentes de ingresos más allá del narcotráfico.
Control de la canasta básica: una nueva forma de expolio
La Familia Michoacana ha extendido su control a productos esenciales de la canasta básica, como el maíz, pollo y huevo. En el caso reciente, obligaron a los tortilleros a comprar maíz exclusivamente a ellos y pagar cuotas bajo amenaza de violencia. Esto se suma a prácticas previas en las que acapararon productos como pollo y huevo, incrementando artificialmente los precios y afectando tanto a comerciantes como a consumidores.
En Toluca, por ejemplo, se descubrió que el cartel no solo inflaba los precios del pollo, sino que vendía productos adulterados con sustancias potencialmente dañinas para la salud. Esto demuestra cómo el crimen organizado no solo afecta económicamente a la población, sino también su bienestar físico.
Extorsión generalizada en México
La extorsión en sectores clave como la agricultura, ganadería y comercio minorista es un problema nacional. Organizaciones criminales imponen cuotas a productores y distribuidores, controlando precios y mercados.
En Tamaulipas y otras regiones del norte del país, cárteles como el Cártel del Golfo han replicado estas tácticas mediante el cobro de “derecho de piso” a negocios locales. Esto incluye desde pequeños comercios hasta grandes empresas transportistas, no hay nada que escape al acecho narco bajo la complicidad del gobierno,como ocurre en Tamaulipas con Américo Villarreal Anaya.
En estados como Sinaloa,Michoacán o Guerrero, los agricultores deben vender sus cosechas a intermediarios ligados al crimen organizado por precios ínfimos o pagar cuotas por cada metro cuadrado cultivado. Estas prácticas han provocado aumentos significativos en los precios al consumidor y han llevado al abandono de tierras agrícolas.
Impacto social y económico
Estas dinámicas no solo afectan la economía local con aumentos en los precios de productos básicos (hasta un 25% en algunos casos), sino que también generan desplazamientos forzados. Miles de agricultores y comerciantes han abandonado sus tierras o negocios debido a la violencia y las amenazas constantes. Además, la falta de acción efectiva e incluso amasiato por parte de las autoridades ha llevado a comunidades enteras a buscar alternativas desesperadas, como contratar seguridad privada o incluso enfrentarse directamente a los criminales como ocurre en huertas de limón y aguacate en Michoacan.
Contexto nacional: una estrategia recurrente
El caso del Estado de México es un ejemplo más dentro del patrón nacional donde los cárteles buscan consolidar su control territorial no solo mediante el tráfico de drogas, sino también mediante actividades económicas legales e ilegales. La Familia Michoacana no es la única organización que opera bajo este esquema; cárteles como Jalisco Nueva Generación (CJNG) también han diversificado sus actividades hacia sectores económicos estratégicos.
En resumen, lo ocurrido con los tortilleros en Edomex evidencia una problemática estructural: la capacidad del crimen organizado para infiltrarse en sectores esenciales para la vida diaria de los mexicanos. Este fenómeno requiere una respuesta integral que aborde tanto las causas sociales como las fallas institucionales que permiten su expansión.
Con informacion: MILENIO/
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