Enterrada bajo nuevas urgencias, la investigación del caso Ayotzinapa continúa en México, ajena ya a las tiranteces políticas de años pasados. Las acusaciones cruzadas y la frialdad general entre las partes, engendrada en los choques con el Ejército, a quien las familias de los 43 estudiantes desaparecidos le siguen exigiendo documentos de inteligencia sobre su destino, parecen quedar en pausa.
En los poco más de seis meses de la nueva administración, el peso de los equipos de investigación ha variado. Si con López Obrador, la unidad especial de la Fiscalía para el caso, la UEILCA, el grupo de expertos que envió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el GIEI, y la comisión presidencial que empoderó el mandatario, la COVAJ, asumieron el protagonismo de las pesquisas.
Pero ahora toma el relevo la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, que maneja Héctor Elizalde, bajo el ala del zar de seguridad de Sheinbaum, Omar García Harfuch. Una idea antaño difícil de aceptar para las familias, por los tachones en el expediente del jefe policial
Que dice el Diario Español,EL PAIS
“En otro asunto, el testigo protegido Juan, parte de Guerreros Unidos, ha declarado a la Fiscalía que García Harfuch estaba en la nómina del grupo criminal. “Recibía 200.000 dólares por mes, ya que era el encargado de la Policía Federal en el Estado de Guerrero. Brindaba información sobre posibles operativos y facilitaba el trasiego de heroína, dinero y armas”, dijo. García Harfuch, que hace apenas dos años sobrevivió a un ataque de otro grupo criminal en la capital, siempre ha negado cualquier vínculo con Guerreros Unidos.”…
En esta lógica, la última reunión con la presidenta, a finales de febrero, trajo una novedad al colectivo. La mandataria dijo que se han dado cuenta de que algunos teléfonos de los 43 habían tenido actividad después del ataque en su contra, la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada siguiente.
Aunque no parecía nada nuevo, porque esa situación ya la documentó el GIEI y después la COVAJ, de la mano del CentroGeo, de la Secretaría de Ciencia, integrantes del equipo de Elizalde explicaron que había tres números y 10 aparatos ignorados hasta ahora, que habrían tenido actividad tras el ataque. Las familias pidieron una explicación pormenorizada de este asunto, todavía por darse.
Esa es la novedad principal de estos meses, además de las detenciones realizadas, algunas importantes como la del Cholo Palacios, o la extradición desde Estados Unidos de Ariel Núñez, ambos presuntos integrantes de la red criminal de la región en la época. El primero era el jefe de Guerreros Unidos, grupo que desapareció a lo estudiantes, en Huitzuco. El segundo, el hijo del jefe de policía de ese municipio. Destaca también la captura de Rey Flores, un policía de Iguala, lugar del ataque, a quien el gabinete de seguridad apoda El Negro. Capturado en marzo, Flores habría custodiado “una camioneta de redilas de tres toneladas blanca, vinculada con los hechos”, según informó el equipo de Harfuch.
Fuentes conocedoras de las pesquisas consultadas por EL PAÍS señalan que el testigo protegido Carla, viejo conocido de los investigadores, dijo en una nueva declaración, en mayo de 2024, que Flores habría custodiado este vehículo, que cargaba a siete u ocho de los 43 estudiantes, al “rancho de Chucho Brito”. Es un escenario tan misterioso como novedoso en las pesquisas, el rancho de Brito se suma a los 13 posibles destinos de los muchachos tras el ataque, de acuerdo a la cuenta de las autoridades, con corte a finales de febrero.
Los problemas aquí son varios. Primero, que el rancho de Brito nunca había aparecido en el ramillete de destinos posibles de los estudiantes. Segundo, que Brito, líder de lo que quedó del grupo que atacó a los estudiantes, supuestamente murió asesinado en diciembre del año pasado. Y tercero, que en sus múltiples declaraciones, Carla ha referido cantidad de situaciones controvertidas o falsas, como la forma en que presuntamente murió asesinado uno de los normalistas la noche del ataque, más allá de los 43, Julio César Mondragón, o lo que hicieron o dejaron de hacer una serie de militares vinculados al caso, que, sin su declaración de emergencia, habrían salido de prisión.
¿Verdad histórica?
La COVAJ, en manos del subsecretario de Derechos Humanos, Félix Medina, y la UEILCA, dirigida por Rosendo Gómez Piedra, siguen sus caminos, mientras tanto, sin demasiadas novedades. La primera se centra en las búsquedas en campo, que han crecido en volumen este último año y medio, como suele recordar el propio Medina en cada reunión. En febrero, la comisión señaló que, desde 2019, se han realizado 973 búsquedas en parajes de nueve municipios del Estado, 70 desde octubre, cuando inició el Gobierno de Sheinbaum. Del total de búsquedas, apenas tres resultaron útiles y ya han pasado cinco años. Se trata de las realizadas en la barranca de la Carnicería, en los primeros años de López Obrador, que resultaron en el hallazgo de huesos de dos de los 43, Christian Rodríguez y Jhosivanni Guerrero.
La UEILCA, antaño punta de lanza de las pesquisas, se ha centrado en los últimos tiempos en hacer recuento de las detenciones realizadas y los procesos judiciales activos. La reestructuración de la investigación da por sí misma para una tesis doctoral. Hay decenas de expedientes abiertos con más de 150 acusados. Solo el año pasado, la unidad abrió más de 20. En algunos casos, las explicaciones en este campo han resultado bien confusas. En julio del año pasado, en una de las últimas reuniones con López Obrador, la UEILCA informó, por ejemplo, de la apertura de una investigación contra Juan Miguel Pantoja Miranda, alias Pajarraco. En la diapositiva mostrada, la unidad señalaba que “la conducta imputada” al Pajarraco es que había participado “en el traslado de 25 estudiantes al basurero” de Cocula, donde él y sus compinches los habían acostado boca abajo y les habían disparado.
Esto, desde luego, levantó más de una ceja en el colectivo de familiares y sus abogados. ¿Quería decir la UEILCA que estaba resucitando la tesis del basurero, la famosa verdad histórica, descartada por los equipos de investigación estos años? Según la unidad, no. La COVAJ ha dicho lo mismo. Argumentan que se trató de un equívoco: esa era la conducta imputada antaño al Pajarraco –no ahora– de acuerdo a declaraciones de detenidos, luego descartadas por la presunta tortura que estos sufrieron… El asunto del basurero es delicado. Distintos peritajes realizados en los primeros años de la investigaciones señalaron que no había forma de que el basurero de aquel municipio, vecino de Iguala, lugar del ataque, hubiera albergado una hoguera capaz de reducir a pequeños fragmentos los cuerpos de los 43. Se negaba así la versión oficial del Gobierno entonces, dirigido por Enrique Peña Nieto, que trató de cerrar el caso pronto, para evitar desgaste político.
El problema de la teoría del basurero es que, una década más tarde, carece de heredera. No hay duda de que policías de Iguala, Cocula y otros municipios atacaron a los muchachos aquel día, aunque no acaba de quedar claro el motivo. No hay duda de que los policías entregaron a los muchachos al grupo criminal Guerreros Unidos en distintos puntos de Iguala y alrededores. No hay duda de que la red criminal desapareció a los muchachos y de que, en todos estos años, solo han aparecido restos de tres, los dos arriba mencionados y un tercero, Alexander Mora, cuyos huesos emergieron de un río en circunstancias un tanto extrañas, símbolo del montaje que urdió supuestamente el equipo de Peña Nieto.
La historia del río y el basurero cayó en desgracia en años todavía del presidente priista, pero no hay hipótesis nuevas pese a los esfuerzos posteriores, no hay teorías que trasciendan al papel, a pesar de tanta búsqueda y tanto dinero gastado: solo en testigos colaboradores, el Gobierno de López Obrador empleó casi 40 millones de pesos.
Es cierto, como dijo el mandatario en su carta de despedida a las familias, en septiembre, que fue gracias a uno de ellos, Gildardo López Astudillo, alias El Gil, que aparecieron los restos de la barranca de la Carnicería. Pero ha sido una excepción. El resto son conjeturas. Como el hecho, por ejemplo, de que el mandatario crea que parte de los muchachos fueron cremados en dos funerarias de Iguala, extremo nunca comprobado, basado en los dichos de otro testigo protegido, alias Neto. A día de hoy, la COVAJ ha inspeccionado 39 funerarias y crematorios en la región, sin resultados.
Con informacion: PABLO FERRI/ DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/
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