La desaparición de Juan Jesús Padrón Gómez, presuntamente detenido por policías de Linares el pasado 3 de abril y cuyo paradero sigue siendo desconocido, refleja un patrón recurrente en México: la práctica sistemática de desapariciones forzadas.
Los familiares de Padrón Gómez mencionaron que al regresar de nuevo a la Policía, les afirmaron que sería hasta el día sábado 5 de abril que lo dejarían libre.
Sin embargo, cuando llegaron por la mañana de ese sábado, ahora les aseguraron que lo habían dejado libre a las 23:50 horas del día anterior.
El hombre nunca llegó a su casa, no supieron más de él. La familia indicó que ya acudió ante Derechos Humanos y pidió el apoyo del Alcalde morenista de Linares, Gerardo Guzmán, para que les mostraran las imágenes de las cámaras de seguridad de la comandancia y así demostraran que Padrón Gómez salió por su propio pie, pero no les atendió la petición.
Este caso se suma a la crisis nacional que ha sido señalada por organismos internacionales como la ONU y organizaciones de derechos humanos, quienes acusan al Estado mexicano de complicidad directa o indirecta en estas violaciones graves de derechos humanos.
Contexto nacional e internacional
México enfrenta una crisis de desapariciones forzadas que ha alcanzado cifras alarmantes, con más de 125,000 personas oficialmente reportadas como desaparecidas hasta marzo de 2025. La ONU ha calificado esta situación como una práctica “generalizada y sistemática”, destacando que muchas desapariciones involucran agentes del Estado o suceden con su aquiescencia.
Casos emblemáticos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 han expuesto la participación directa de policías locales, estatales,federales y militares en estos crímenes.
Impunidad y falta de respuesta estatal
La impunidad es casi absoluta en los casos de desaparición en México. Familias y colectivos han denunciado que las autoridades frecuentemente fallan en investigar o buscar a los desaparecidos, lo que perpetúa la crisis.
En el caso de Padrón Gómez, la negativa del alcalde morenista Gerardo Guzmán a mostrar las imágenes de las cámaras de seguridad agrava la percepción de opacidad institucional y desinterés por esclarecer los hechos.
Presión internacional
La presión internacional sobre México ha aumentado significativamente. La ONU, a través del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), ha solicitado información sobre estas prácticas y emitido recomendaciones para garantizar la protección de víctimas y familiares.
Además, organizaciones como Amnistía Internacional han instado al gobierno mexicano a fortalecer mecanismos como el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, actualmente inoperante desde mayo de 2024.
Impacto social
Las desapariciones forzadas no solo violan los derechos fundamentales de las víctimas, sino que generan un trauma profundo en sus familias y comunidades. Colectivos ciudadanos han tomado un rol activo en la búsqueda y denuncia, enfrentándose frecuentemente a amenazas e incluso ataques directos. En estados como Jalisco, epicentro del problema, se han descubierto fosas clandestinas y crematorios operados por grupos criminales con presunta complicidad estatal.
Conclusión
El caso de Juan Jesús Padrón Gómez pone en evidencia cómo las desapariciones forzadas son parte de una crisis más amplia que afecta a México.
La combinación de impunidad, complicidad estatal y falta de voluntad política para atender esta problemática ha generado indignación nacional e internacional. Mientras tanto, las familias continúan exigiendo justicia y verdad frente a un sistema que parece incapaz o poco dispuesto a responder.
Con informacion: ELNORTE/
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