Autoridades capitalinas ,atendiendo diligentemente la denuncia del robo de un par de tenis valuados en 1 millón 200 mil pesos, registrado el pasado 4 de abril en Polanco, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX,detuvieron una involucrada y recuperaron el botin.
La mujer fue indetificada como Sandra Bonilla, una joven de 18 años, quien participo en el robo junto con otro sujeto, pero su caso ilustra con claridad la rapidez y contundencia con la que puede operar la justicia mexicana cuando los intereses de los sectores más pudientes están en juego.
El caso contrasta de manera evidente con la lentitud, indiferencia y obstáculos que enfrentan los ciudadanos de a pie cuando son víctimas de delitos, especialmente en contextos de marginación o pobreza.
¿Qué ocurrió en Polanco?
El 4 de abril, durante el Festival de las Flores en la exclusiva avenida Masaryk, una pareja ingresó a la tienda Gallery, especializada en calzado de diseñador. Mientras un hombre distraía al personal, Sandra Bonilla sustrajo discretamente una pieza única: unos tenis Nike Air Force 1, tallados en madera y creados en colaboración con Louis Vuitton, con un valor simbólico y comercial de 1.2 millones de pesos. El robo fue captado por cámaras de seguridad y rápidamente viralizado en redes sociales.
La tienda ofreció una recompensa de 100 mil pesos por información que ayudara a localizar a los responsables. Equipos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) analizaron videos, rutas de escape y ubicaron a la sospechosa en la colonia Morelos, donde fue detenida en posesión del objeto robado. La joven, con seis detenciones previas por robo a negocio entre 2023 y 2024, fue puesta a disposición del Ministerio Público.
Justicia exprés para los poderosos
El despliegue de recursos, la coordinación de equipos de inteligencia, el monitoreo de cámaras y la oferta de recompensa muestran una respuesta institucional inmediata y eficaz, reservada casi exclusivamente para delitos que afectan a personas o empresas con alto poder adquisitivo.
En contraste, la experiencia cotidiana de millones de mexicanos es radicalmente distinta:
- Las víctimas de delitos patrimoniales en zonas populares suelen enfrentar indiferencia, burocracia y falta de seguimiento por parte de las autoridades.
- La mayoría de los casos de robo común quedan impunes o ni siquiera se investigan a fondo, debido a la falta de recursos, personal y voluntad política.
- El acceso a la justicia está marcado por la desigualdad: quienes pueden pagar abogados, ejercer presión mediática o movilizar influencias obtienen respuestas rápidas; el resto enfrenta un sistema lento, costoso y muchas veces hostil.
“Tal parece que hay dos leyes, una para los pudientes y otra para la gente en general”, resumió Jesús Méndez, padre de un repartidor atropellado en Santa Fe, cuyo caso avanzó con lentitud y sin las garantías procesales que sí se observaron en el robo de Polanco.
El contraste: la justicia para el ciudadano común
Diversos estudios y testimonios documentan que la justicia en México es profundamente desigual. El sistema está estructuralmente diseñado para favorecer a quienes tienen más poder económico, mientras que los sectores populares enfrentan exclusión, revictimización y falta de acceso a mecanismos efectivos de defensa.
La discriminación por nivel socioeconómico, la falta de asesoría legal y la marginación geográfica son barreras cotidianas para millones de personas.
En casos similares de robo en zonas populares, las víctimas suelen recibir respuestas como “no podemos hacer nada” o “las cámaras no funcionan”, y los expedientes terminan archivados sin investigación real. La diferencia en la velocidad y eficacia de la respuesta institucional es abismal.
Conclusión
El caso de los tenis de lujo robados en Polanco es un ejemplo paradigmático de cómo la justicia mexicana puede ser rápida, eficiente y contundente… pero sólo cuando los intereses de los sectores privilegiados están en juego. Para el ciudadano común, la justicia sigue siendo lenta, inaccesible y, en muchos casos, inexistente. La desigualdad en el acceso a la justicia no es una percepción: es una realidad documentada y estructural que perpetúa la impunidad y la exclusión social en México.
Con informacion: ELNORTE/
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