La diputada morenista Anaís Burgos Hernández armó una vendimia en el Pleno de San Lázaro, en donde este miércoles se discutió la lista de candidatos al Poder Judicial del Legislativo.
A un precio de mil 200 pesos, la morenista ofertaba las prendas sobre las curules a los legisladores que se acercaban a preguntar precios, asistida por la también morenista Diana Isela López Orozco.
“Llévele, llévele. A ver, pásenme lo que no se van a llevar, porque si no, pierdo”, lanzaba Burgos en el Pleno, previo al inicio de la sesión.
Uno de los compradores más entusiastas fue el ex Director del ISSSTE Pedro Zenteno Santaella, quien compró primero un rebozo naranja.
La venta de artesanías en el pleno legislativo descrita en el caso de la diputada Anaís Burgos Hernández no es un hecho aislado, sino un síntoma de una dinámica estructural que convierte los espacios de representación política en mercados de influencias mientras el resto de los ambulantes del pais son sometidos sl cobro de cuotas por parte del crimen organizado, como ocurre en Reynosa.
Bajo esta analogía, el recinto opera como un ecosistema de transacciones donde no solo se intercambian bienes materiales, sino también voluntades políticas, votos y lealtades, tal como lo evidencian casos históricos y mecanismos documentados en sistemas legislativos.
1. El mercado de voluntades: De lo simbólico a lo material
La venta de huipiles en el pleno refleja una normalización de prácticas comerciales en espacios destinados a la deliberación pública. Este acto, aunque aparentemente inocuo, simbólicamente equipara el valor de las decisiones políticas con el de mercancías, reduciendo la labor legislativa a una transacción.
2. Negociación de votos: Mecanismos formales e informales
La compraventa de votos no siempre es explícita, pero existen estructuras que la facilitan:
- Acuerdos entre legisladores para apoyarse mutuamente en iniciativas, incluso contrarias al interés público. Estudios experimentales demuestran que esta práctica es común cuando los beneficios personales superan los costos éticos.
En México, la Ley General de Responsabilidades Administrativas reconoce estos riesgos al tipificar como delito el uso de cargos públicos para beneficio privado, aunque su aplicación es limitada.
3. El precio de la lealtad: De favores a ascensos
La aspiración de la diputada Burgos a una secretaría estatal revela otro nivel de transacción: la negociación de posiciones políticas a cambio de apoyo partidista. Este fenómeno, documentado en sistemas como el mexicano, donde la lealtad al partido suele premiarse con cargos, convierte las trayectorias políticas en una escalera de intercambios, no de méritos.
4. Instituciones capturadas: Cuando las reglas son cómplices
La permisividad ante estas prácticas se sustenta en marcos normativos ambiguos y en la falta de supervisión efectiva. Por ejemplo:
- En México, el Sistema Nacional Anticorrupción, creado en 2016, nunca opero plenamente por la ausencia de fiscales especializados y la resistencia política que institucionalizo la impunidad ,un mercado negro de influencias, donde las normas existen formalmente pero se eluden en la práctica.
5. Consecuencias: De la desconfianza a la crisis representativa
La mercantilización de la política genera:
- Erosión de la legitimidad: Solo el 31% de los mexicanos confía en su Congreso, según Transparency International (2022).
- Ciclos de corrupción: Sistemas clientelares, como los descritos en el México posrevolucionario, perpetúan redes de intercambio que bloquean reformas estructurales.
En síntesis, el recinto legislativo efectivamente es un mercado mas que una metáfora: es una descripción funcional de cómo operan mecanismos de intercambio material y político en entornos donde la ética pública se subordina al beneficio privado.
Una conducta poco legislativa que violenta las leyes
Aunque la venta de artesanías es tan digna como cualquier otro oficio,a la diputada Anaís Burgos le gusto el Pleno de San Lázaro para armar su vendimiasen el mas mínimo res[peto o decoro del recinto legislativo, lo que presenta posibles conflictos con diversas normativas. A continuación, se analizan los aspectos clave:
1. Regulaciones sobre comercio en espacios públicos y legislativos
- Los Reglamentos de Plazas y Mercados en la CDMX establecen que toda actividad comercial en la vía pública requiere un permiso municipal. Aunque el Pleno de San Lázaro,matriz del arguende nacional, no es técnicamente “vía pública”, sí es un espacio institucional sujeto a reglamentos internos que prohíben actividades ajenas a las funciones legislativas.
2. Código de Comercio y ejercicio de actos mercantiles
- El artículo 13 del Código de Comercio señala que los actos de comercio deben ejercerse en espacios autorizados y conforme a las normas aplicables. Realizar transacciones comerciales dentro del recinto legislativo, sin permiso y con fines de lucro, podría contravenir este marco.
3. Reglamentos internos del Congreso
- Aunque el Reglamento Interior de la Cámara de Diputados no prohíbe explícitamente las actividades no relacionadas con las funciones legislativas durante las sesiones. El uso del Pleno para fines comerciales viola protocolos de decoro y uso adecuado del espacio.
4. Posibles implicaciones éticas y de conflicto de interés
- Si bien no se trata de una normativa penal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas podría considerar que el uso de un cargo público para promover ventas privadas configura un conflicto de interés, aunque esto dependería de la interpretación jurídica.
5. Sanciones aplicables
- En caso de confirmarse la infracción, las sanciones podrían incluir amonestaciones, multas o incluso la cancelación de permisossi se hubieran otorgado. En el ámbito legislativo, podría derivar en medidas disciplinarias internas, como llamados de atención o suspensiones.
En síntesis, la conducta de la diputada Burgos Hernández podría contravenir normas locales de comercio, principios del Código de Comercio y reglamentos internos del Congreso, al utilizar un espacio legislativo para fines comerciales no autorizados.
Con informacion: REFORMA/ MEDIOS/ REDES
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