¿Qué hacer cuando la víctima es la propia Comisión de Atención a Víctimas? Su extitular en Guerrero, Enrique Hinterholzer, fue asesinado en un bar de Chilpancingo, muy cerca del Palacio Municipal. En el mismo ataque también murió el funcionario estatal Hugo Barreto.
Apenas el 12 de septiembre mataron también en Chilpancingo a Fernando García Fernández, delegado de la Fiscalía General de la República en Guerrero. Le dispararon muy cerca de las oficinas del Poder Judicial. Antes, habían atacado al mayor Víctor Manuel Salas Cuadras, fiscal regional de Tierra Caliente.
Las primeras planas parecen obituario. Mueren personas y mueren negocios. Las extorsiones han llevado a cada vez más empresarios a cerrar sus puertas. En agosto pasado las víctimas de este delito alcanzaron el nivel más alto del año. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fueron en promedio 35 diarias. A esta cifra hay que sumar los muchísimos casos que no se denuncian, porque lo que sustenta a este delito es el miedo. Reportarlo a las autoridades es peligroso y las más de las veces es totalmente inútil.
Los criminales se han adentrado en cada vez más entidades. El caso de Chiapas es hoy particularmente complejo. Dos cárteles pelean las rutas del tráfico en la frontera sur y tienen a la población sumida en el terror. Primero fueron enfrentamientos, luego retenes y bloqueos carreteros, ahora desabasto de alimentos y hasta suspensión del servicio de energía eléctrica.
En este contexto nadie se salva. El propio gobierno es víctima de la delincuencia. Un buen ejemplo es lo que este diario publicó ayer en sus ocho columnas sobre el Banco del Bienestar. Resulta que esta institución tuvo que pagar 1,300 millones de pesos a cambio de un servicio de seguridad armada para proteger sus sucursales y el traslado de valores. Los asaltaron casi 200 veces y les robaron más de 136 millones de pesos. Llama la atención que estén dispuestos a pagar diez veces lo que les robaron en tres años a cambio de protección, y escandaliza que el gobierno tenga que pagar por seguridad cuando es el encargado de proveerla.
Por cierto, no podremos saber qué tan efectivo será el servicio contratado, porque el Banco del Bienestar reservó desde abril la información sobre los montos de lo robado. Así que estamos empantanados entre opacidad y delincuencia. Sálvese quien pueda.
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