El camino que ha seguido la investigación por el crimen del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa, Verónica Barajas Guerra, lleva tres años, 10 detenidos y ningún sentenciado.
La mañana del 16 de junio de 2020, Villegas y su esposa fueron ejecutados frente a sus hijas de 3 y 7 años de edad y una empleada doméstica, en la casa que recién habían arrendado, en el Fraccionamiento Real Vista Hermosa de Colima.
Los sicarios simularon que estaban interesados en comprarle una camioneta que tenía a la venta. Se acercaron y le dispararon a quemarropa.
Villegas llevaba apenas cuatro meses y medio de haber llegado a Colima como impartidor de justicia.
Para los perpetradores, sin embargo, el doble crimen fue una tarea fácil.
En febrero de 2019, un año antes de su muerte, Villegas renunció a la escolta y al vehículo blindado que le había asignado el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Andaba sin protección, pese a que en los tres años anteriores presidió juzgados en Jalisco donde tramitó expedientes de personajes como Ismael Zambada Imperial, "El Mayito Gordo", hijo del capo Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa; y Rubén Oseguera González "El Menchito", vástago de Rubén o Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del CJNG.
Un informe de labores del CJF refiere que en 2019 el Poder Judicial de la Federación analizó 303 peticiones de seguridad personal presentadas por jueces, pero sólo se hicieron 42 asignaciones de escoltas, vehículos blindados, prendas de protección o medidas de seguridad provisionales.
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Los asesinos del juez, según la investigación federal, eran los mismos responsables del crimen de la diputada local morenista Francis Anel Bueno Sánchez.
Dos días antes de su muerte, en una de sus últimas audiencias, Villegas dictó prisión preventiva de oficio a Heliodoro Tafoya Chávez, Eustolia Ortega Gómez, Heriberto Tafoya Ortega y Danna Fernanda Chávez Cisneros.
Todos ellos habían sido detenidos con drogas y armas en un cateo llevado a cabo por la investigación del crimen de la diputada Bueno Sánchez, desaparecida el 29 de abril de 2020 y cuyo cadáver fue hallado cinco días más tarde en una fosa clandestina en Colima.
La indagatoria estableció que los cuatro narcomenudistas eran el padre, madre, hermano y cuñada de Jaime Tafoya Ortega "El Alacrán", un cabecilla local del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La versión de las autoridades es que "El Alacrán" y José Alonso Ayard Buenrostro, "El Canelo" -supuesto integrante del CJNG que ya estaba preso por la desaparición de la legisladora-, planearon el asesinato del juez en represalia por dictar fallos que los dejaron en la cárcel.
El 25 de junio siguiente, la FGR detuvo en la capital colimense a Tafoya Ortega y su presunto cómplice David Ulises Lara Ramírez, "El Nene", como autores materiales del doble asesinato.
Aunque en el anuncio de su captura se les señaló como relacionados con el crimen del juez, lo cierto es que "El Alacrán" fue detenido con una orden de aprehensión del fuero común, por los delitos de desaparición cometida por particulares, feminicidio y delitos vinculados a la desaparición de personas, por el caso de la diputada de Morena.
A "El Canelo" también le imputaron los mismos ilícitos.
Si bien la FGR y la Fiscalía de Colima han detenido a una decena de supuestos integrantes de esta célula delictiva del CJNG, hasta hoy la autoridad federal sólo ha ejercido la acción penal por el delito de homicidio contra tres de los sospechosos.
Dos de ellos, Marcial Ovidio Zelaya Hernández y David Ulises Lara Ramírez "El Nene", ya están presos; un tercero, Adrián Alfredo de la O. "El Cibernético", continúa fugitivo. El resto siguen presos, pero sin estar sujetos a proceso por el asesinato ocurrido hace 3 años.
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