Un juzgado de control libró una nueva orden de aprehensión en contra del ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien desde 2019 se encuentra preso en Estado Unidos.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que también fueron girados mandamientos judiciales en contra de 60 personas, entre servidores públicos y particulares, quienes presuntamente actuaron en complicidad con el ex funcionario, entre ellos los empresarios Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto.
#cdmx,#reynosafollow,#mtyfollow,#slp,#guadalajara,#culiacan,#verfollow "NO lo VAN a CREER": GARCIA LUNA AYUDABA al CARTEL de SINALOA a COMPRAR EQUIPO de ESPIONAJE con AYUDA de ISRAELITA MALANDRO"...salian de shopping juntos https://t.co/vihML8RYNd pic.twitter.com/BFSLayIsvn
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) January 25, 2023
Los sospechosos son acusados de haber cometido los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
De acuerdo con la FGR, durante el paso de García Luna por la SSP (2006-2012), los involucrados sustrajeron de manera indebida recursos públicos de los penales federales.
"Lo anterior, a fin de canalizar esos recursos ilícitos a empresas controladas por Genaro 'G', sus socios y cómplices, tanto del sector público como del privado, a través de diez contratos ilícitos, por la suma de cinco mil 112 millones de pesos, que fueron sustraídos a través de diversas triangulaciones criminales a nivel internacional", señaló.
García Luna enfrenta otras tres órdenes de aprehensión, una por enriquecimiento ilícito por un monto de 27 millones de pesos; una más por tráfico de armas, ya que presuntamente permitió la implementación del operativo "Rápido y Furioso" y, la tercera, por haber otorgado concesiones de penales federales en condiciones de desventaja para el Estado.
El pasado 22 de febrero, un jurado en Estados Unidos declaró a García Luna culpable de los cinco delitos por los que fue acusado en la corte federal de Brooklyn, cuatro de ellos relacionados con haberle dado protección al Cártel de Sinaloa durante 12 años.
El ex mando policiaco, quien está preso desde diciembre de 2019, espera que se le dicte sentencia, la cual, por la gravedad de los delitos imputados, podría incluso alcanzar la cadena perpetua, por lo que difícilmente volverá a México.
La FGR indicó que para los demás implicados ya solicitó a Interpol una ficha roja para que puedan ser ubicados y, eventualmente, detenidos con fines de extradición.
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