La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez de control órdenes de aprehensión en contra de la esposa y los hermanos de Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública en la gestión de Felipe Calderón, a quienes acusa de haber participado en una trama de corrupción y desvío de recursos públicos.
Los mandamientos judiciales contra Linda Cristina Pereyra Gálvez, cónyuge del ex mando policiaco, así como contra Esperanza, Luz María, Gloria y Humberto, todos de apellidos García Luna, forman parte de las 61 órdenes de aprehensión que la FGR anunció el lunes sin revelar los nombres de los implicados.
Los sospechosos son acusados de haber cometido los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
La FGR aseguró que presuntamente participaron en el desvío de cinco mil 112 millones de pesos que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) pagó a diversas empresas a través de 10 contratos ilícitos.
Además de los familiares de García Luna, entre los acusados están varios ex funcionarios, como es el caso de Eduardo Guerrero Durán, quien se desempeñó como oficial mayor del OADPRS, así como Oswaldo Luna Valderrábano, quien fue coordinador general de planeación y programas policiales.
También está María Vanesa Pedraza Madrid, quien de 2008 a 2012 se desempeñó como directora general adjunta en la Coordinación de Asesores de García Luna y en octubre de 2019 fue nombrada apoderada legal de Nunvav, una empresa constituida en Panamá en 2005 y que participó en los contratos ilícitos.
Además, figuran los accionistas de las empresas que obtuvieron los contratos, como son Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Mauricio Samuel Weinberg López, Francisco Carreira Pitti, Gabriel Carreira Pitti y Natan Wancier Taub.
La FGR también solicito una orden de aprensión contra García Luna, quien con el nuevo mandamiento judicial ya suma cuatro.
Las tres órdenes anteriores son por enriquecimiento ilícito, por tráfico de armas, ya que presuntamente permitió la implementación del operativo "Rápido y Furioso", y por haber otorgado concesiones de penales federales en condiciones de desventaja para el Estado.
En febrero pasado, un jurado en Estados Unidos lo declaró culpable por haberle dado protección al Cártel de Sinaloa durante 12 años.
El ex mando policiaco, quien está preso desde diciembre de 2019, espera que el juez Brian Cogan le dicte sentencia, la cual, por la gravedad de los delitos imputados, podría ser de cadena perpetua.
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