El 2022 cerró con 483 ataques a políticos o funcionarios en el País, principalmente en Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Zacatecas, Baja California y Morelos, alertó la organización Data Cívica.
La cifra de agresiones significa un aumento del 174 por ciento con respecto a 2021, que reportó 176 eventos de violencia "criminal-electoral", refiere el documento.
En diciembre pasado hubo 45 ataques, un incremento del 18.42 por ciento con el mes anterior.
En el informe mensual "Votar Entre Balas: Entendiendo la violencia criminalelectoral en México", se estableció que por esas agresiones murieron 29 personas.
En diciembre de 2022, Zacatecas fue la entidad federativa que sufrió más eventos de violencia contra políticos, con siete eventos, después se encuentran Guanajuato, Guerrero y Morelos con 6 eventos cada uno, indicó el diagnóstico.
"Los ataques del crimen organizado a autoridades locales en Zacatecas aumentaron sustantivamente en el año 2022. En 2019, la entidad registró sólo dos de estos eventos; no se reportaron ataques en 2020; en 2021, el número ascendió a seis; y finalmente, en 2022 se acumularon 34 ataques, 25 de ellos dirigidos contra funcionarios en el área de seguridad, policías y fuerzas del orden", detalla el reporte.
"Como algunos estudios han referido, tales aumentos de violencia entre 2021 y 2022 están en parte asociados a la alternancia partidista en la Gubernatura y los cambios que ello implica para las estructuras de seguridad y justicia tras la llegada de nuevos equipos y el desarrollo de nuevas estrategias de seguridad que, a su vez, afectan las redes de protección existentes", indica.
Recordó que a principios de 2022, una camioneta con 10 cuerpos fue abandonada frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas, como una forma de amenaza o aviso al entonces recién electo Gobernador David Monreal.
El Poder Judicial ha estado también en el blanco de los grupos criminales que operan en Zacatecas.
A finales del año pasado, el juez penal, Roberto Elías Martínez, fue agredido por una organización delictiva que operó el ataque desde el sistema carcelario.
"Este caso ilustra que, más allá de los cuerpos de seguridad, la justicia misma está igualmente vulnerable.
Es urgente estudiar con mayor cuidado los efectos de la violencia criminal en el Poder Judicial y dimensionar mejor su impacto, particularmente porque la capacidad del crimen organizado para debilitar tanto a la seguridad como a la justicia mediante este tipo de ataques inevitablemente complican aún más las soluciones y políticas públicas para la prevención y atención de la violencia en el país", añadió.
En los ataques reportados en diciembre figuran funcionarios de Morena, el PRI, PT y el PRD, y lo mismo han sido Alcaldes, ex Ediles, policías, síndicos, militantes partidistas o trabajadores administrativos.
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