Si la tragedia acecha Hidalgo, el estado más ordeñado del país, su municipio Tlahuelilpan y zonas vecinas son una bomba que amenaza con explotar en cualquier momento, como ocurrió el 18 de enero de 2019, cuando murieron calcinadas 137 personas. De acuerdo con información oficial, en esta zona –lejos de combatirse el robo de combustible– el huachicoleo aumentó 350% entre 2018 y 2022; pero eso no es todo, la región es azotada por al menos siete organizaciones que pelean a muerte el control de las válvulas de Pemex, incluyendo en esta guerra a niños y mujeres…
TLAHUELILPAN, Hgo. (Proceso).- Jesús Yair tiene la imagen viva de los cuerpos cuando se calcinaban… “Yo vi todo. Alcancé a ver que unas personas incendiadas corrían y se tiraban allá, como en un río para apagarse. Se tiraban también al pasto. Las que ya no pudieron más se quedaron aquí, a la mitad de la parcela y se quemaron hasta desaparecer”.
Jesús perdió a su papá, Rubén Enrique (de 42 años), cuando la toma clandestina estalló. “Ya ocurrió una vez y nadie puede decir que no volverá a pasar”, añade el joven que a los 16 años intentó meterse en la columna de lumbre para buscar a su padre, pero los militares lo detuvieron entonces. “Yo diría que hay más riesgo ahora porque la extracción de crudo y el crimen crecieron”, añade.
En 2018, un año antes del estallido de la toma clandestina en la localidad de San Primitivo, en los límites entre los municipios hidalguenses de Tlaxcoapan y Tlahuelilpan se detectaron 60 perforaciones a ductos de Pemex para hurtar hidrocarburo. En 2022 llegaron a sumar 274 boquetes, mediante los cuales los huachicoleros robaron gasolina, gas y petroquímicos. La cifra representa un aumento de 350% de los casos.
El Ejército advierte que ambos municipios son parte de un polígono de alto riesgo por la violencia que genera la disputa entre cárteles y células de la delincuencia organizada por el control de las válvulas de Pemex.
La explosión del 18 de enero de 2019 en Tlahuelilpan, con saldo de 137 muertos, no frenó el saqueo de combustible en la región. Reorganizados los grupos criminales, tras los posteriores asesinatos de sus jefes (El Parka, El Talachas y El Tito), esta actividad ilícita se incrementó entre el duelo de los deudos –que aún persiste– y la crisis económica y social ocasionada por la tragedia, que se agravó con la pandemia.
Además del aumento del delito, a cuatro años de la explosión, informes de seguridad y autoridades consultadas por Proceso alertan también sobre el reinvolucramiento de menores de edad, jóvenes y personas en situación vulnerable en el robo de combustibles en esta zona, empleados como halcones, encargados de almacenes clandestinos y de los piqueteros, que son quienes perforan directamente el ducto para hurtar el combustóleo; estas últimas son personas sumergidas en zanjas, donde con mangueras extraen la gasolina. Es el sitio más peligroso ante un estallido.
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