Ignorando que un estado de derecho es un principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ordenó ayer a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP) desobedecer los mandatos de los jueces, cuando legalmente se pretenda liberar a delincuentes en un "sabadazo".
La medida, que sin duda podria generar "simpatías",no se corrige por el camino de "desobedecer las leyes, corrigiendo un fallo con otro fallo",como se advierte si atendemos la mas reciente "ocurrencia mañanera" donde AMLO instruyó a los funcionarios para que se nieguen a acatar las resoluciones de los juzgadores, una condición que deriva en desacato y conlleva penas privativas de prision a los funcionarios.
El Presidente popular, pero un "pésimo gobernante",haciendo eco de su ignorancia,pidió a los funcionarios que respondan por escrito a las órdenes de liberación, argumentando que tienen "otros datos" sobre los cargos o procesos contra los acusados y así evitar que salgan de prisión,ignorando que mas de las veces, las autoridades "federales,estatales y militares" son corresponsables de estas resoluciones, cuando en muchos de los casos remiten a detenidos en pliegos de consignación a ministerios públicos y jueces, con informes "elaborados con las patas,pletoricos de graves violaciones al debido proceso",que no cumplen con lo maniatado en la constitución o lo dispuesto por el nuevo Sistema Penal Acusatorio,en donde las partes se enfrentan en igualdad de circunstancias ante el juez, que no puede desoír evidencias.
"Ya les tengo dicho en la Secretaría de Seguridad Pública que, si se trata a todas luces de un hecho de corrupción, que aguanten, que envíen un escrito al juez, diciéndole: 'no puedo, porque yo tengo otros datos' y ¡que se aguanten!", soltó.
Especialistas en materia legal consideraron que elllamado de AMLO es en sí mismo una conducta delictiva que atenta contra la autonomía del Poder Judicial.
"Lo expresado por el Presidente", dijo Jorge Lara, ex Subprocurador Jurídico de la extinta PGR, "lo ubica en la posible comisión de diversas modalidades de delitos contra la administración de justicia, contempladas en el Artículo 225 del Código Penal Federal".
Los funcionarios que atiendan el llamado presidencial, explicó, se exponen a ser procesados y destituidos del cargo.
Estefanía Medina, que fue directora para la implementación del Sistema Penal Acusatorio en la Visitaduría General de la PGR, señaló que la apología del delito es una figura aplicable para el llamado del Presidente.
La instrucción presidencial fue anunciada luego de que la Suprema Corte anuló la reforma del 2019 que impuso prisión preventiva forzosa para personas acusadas de ciertos delitos fiscales.
Otras embestidas
22 DE NOVIEMBRE
"Ahora estamos presentando denuncias a todos los jueces que se considera actúan en complicidad con la delincuencia y los denunciamos ante la Judicatura".
22 DE JUNIO
"Hay gente ahí (Consejo de la Judicatura) que estimo mucho, no han estado a la altura de las circunstancias, les ha faltado, es para que hubiesen, con procedimientos legales, destituido a varios".
6 DE ABRIL
"Que no vengan con ese cuento de que la ley es la ley. No, lo que se va a demostrar es si (los Ministros) son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales".
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