Luego de que CRAIG LOPEZ OLGUIN fuera incriminado en el estado de Guerrero por el trafico de influencias cuando se desempeñaba como Director de Asuntos Judiciales de la Procuraduría Estatal ,acusado de malversar recursos del erario público tras otorgar contratos de prestación de servicios a su propio hermano Cristopher López Olguín,que derivo en sendos expedientes judiciales y daños patrimoniales de varios millones de pesos dentro de los expedientes PGJ/IFP/04/2013 y PGJE/IFP/07/2013 que tambien involucraban al entonces Procurador Iñaki Blanco Cabrera, que obligo que Craig Olguin huyera a Tamauliaps donde fue contratado por recomendación del fiscal Iñaki Blanco a su amigo el Fiscal de Tamaulipas Irving Barrios Mojica y donde ahora se desempeña como titular de la "Vicefiscalia de Delitos de alto impacto",pese a su currícula criminal de "gran impacto".
El antecedente cobra relevancia luego de conocerse ayer que ex-funcionario de Guerrero amigo del Fiscal Barrios Mojica, Iñaki Blanco Cabrera fue declarado fugitivo federal luego de que Juez Federal librara una orden de captura por el delito de delincuencia organizada relacionado con el caso Ayotzinapa y donde de acuerdo con fuentes judiciales, fue quien realizó las primeras diligencias de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 y según las investigaciones de la fiscalía, Gilberto López Astudillo, El Gil, declaró que el grupo criminal Guerreros Unidos le entregaba mensualmente 50 mil dólares.
DIOS LOS HACE Y ELLOS SE JUNTAN ?:
Las órden de aprehensión forma parte de las 83 que se giraron contra exfuncionarios que presuntamente cometieron irregularidades en las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas, en agosto pasado a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y contra la administración de justicia.
El juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, con residencia en el Estado de México, Enrique Beltrán Santes, giró los mandamientos judiciales también contra Lambertina Galeana Marín por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada.
La expresidenta del Tribunal Superior de Justicia es señalada de haber perdido u ocultado los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia, de los hechos registrados el 26 de septiembre de 2014.
Por los mismos ilícitos se libraron órdenes de aprehensión contra Luis Europa Solis Jiménez y Javier Uribe Iturbe, ingeniero en sistemas de cómputo y programador analista del TSJG, respectivamente, de acuerdo con las fuentes judiciales consultadas.
Asimismo, el juez mencionado ordenó la detención de César Nava González y Francisco Salgado Valladares, exjefe de la policía de Cocula y exsubdirector de la policía de Iguala, por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
Principio de máxima publicidad
Por la mañana eyer en Palacio Nacional, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, anunció que defenderá el principio de máxima publicidad para que el Poder Judicial permita dar a conocer los nombres de los 46 servidores públicos, militares y civiles a los que se les giró orden de aprehensión por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Señaló que esto fue una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Vamos a hacer en la defensa del principio de máxima publicidad, porque en materia de derechos humanos es un principio que debe de regir. Y a nosotros lo que prevalece en nuestro trabajo es lo que no entienden algunos de nuestros críticos, es que esta es una Comisión de la Verdad, no es un Ministerio Público. Y nosotros el esfuerzo fundamental es garantizar el derecho de las víctimas y en este sentido sí dar toda la información que sea necesaria en favor de su causa, aunque yo sé que en algunos casos no pueda judicializarse, por las propias limitaciones y este principio del debido proceso”, expuso.
Antes, al manifestar que es “un asunto político y un asunto de Estado”, el presidente López Obrador mencionó que revelar estos nombres ayudará a no dar motivo a crear incertidumbre, especulaciones y conjeturas por parte de sus adversarios, además de que abonará para que no haya impunidad.
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