El 19 de junio fue un día como suelen ser los días en Reynosa: lleno de violencia, miedo e impunidad. Ocho días después del acto terrorista, las balaceras no han parado, el toque de queda de facto se mantiene, los ciudadanos se organizan vía redes sociales para protegerse y proteger a sus familias; para proteger un poco de lo que les han robado. Reynosa es una tierra sin ley, o más bien, está sujeta a la ley del crimen.
Reynosa no era muy diferente antes del 19 de junio. Solo cabe recordar las masacres contra migrantes, la violencia armada y feminicida que azota al municipio, las luchas por el control del territorio. Todo ello, ante la indolencia de las autoridades y el oportunismo político de quienes siempre escalan por las ramas de la tragedia para obtener un beneficio partidario o personal. Desde el gobierno y desde Morena, nos dicen que no pasa nada, o llegan a ridículos como culpar a la Suprema Corte “por no quitarle el fuero” al gobernador. Le echan la culpa al pasado o al de al lado, pero nunca asumen su responsabilidad. Siguen abusando del discurso del encono y la división, pero sin idea de cómo gobernar.
En estos días conocimos también de otras atrocidades en San Luis Potosí y en Salvatierra, Guanajuato, evidenciando, una vez más, la falsedad del discurso presidencial de que “en México ya no hay masacres”. En el recuento de atrocidades que realiza Causa en Común, se acumulan 8,092 eventos de violencia extrema a lo largo de todo el país, y en cifras oficiales, llevamos 87 mil asesinatos en el sexenio.
Y ante tanta barbarie, el verdadero drama lo viven los familiares de las víctimas a las que el presidente ignora, a diferencia del presidente Calderón que, en 2010, en una tragedia similar donde los criminales asesinaron a quince jóvenes, acudió a Ciudad Juárez e instaló una estrategia que, sin duda, logró resultados positivos muy claros. Por cierto, fue de donde Alfonso Durazo tomó el nombre de “Mesas de Seguridad (para la construcción de paz)”.
Después de dos años, hay evidencia suficiente para afirmar que destruir a la Policía Federal para hacer la Guardia Nacional militar (contrario a lo que dice la Constitución) fue una respuesta incorrecta. Esta institución ha demostrado su ineficacia, a lo que se suma que pareciera tienen la orden de llegar cuando la masacre ya haya terminado.
Hoy, cuando todos los indicadores de seguridad demuestran que la violencia está descontrolada, tenemos la certeza que los programas de desarrollo social no son programas de prevención; tenemos la certeza que la Fiscalia General no es ni autónoma ni tiene capacidades; y sabemos que todo el poder del Estado no está combatiendo a la delincuencia, sino que está utilizando las capacidades institucionales para espiar e investigar a los enemigos del momento: periodistas y columnistas.
El primer paso para resolver la violencia sería reconocer la crisis de inseguridad en la que estamos. El siguiente paso sería aceptar el desastre que ha sido la Guardia Nacional. Después, tendríamos que hablar del fortalecimiento de las policías civiles, municipales y estatales, un mandato de ley incumplido. También tendríamos que fortalecer a las fiscalías, así como diseñar y aplicar acciones de prevención. Por supuesto, deberíamos establecer el control sobre las cárceles, tema que el gobierno busca eliminar de la agenda, en el cual se han cometido graves errores, como la clausura del penal en Islas Marías, el mejor evaluado por la CNDH.
La política de “abrazos, no balazos” no es política ni es estrategia, es una frase que sintetiza la irresponsabilidad sobre la cual se van acumulando decenas de miles de cadáveres cada año. No se requiere ningún análisis y ninguna mala fe para saber que la inseguridad y la impunidad continuarán lacerando la vida de los mexicanos. Y no habrá rollo ni demagogia que pueda tapar esta triste realidad.
Fuente.-MA.Elena Morera
Colaboró Genaro Ahumada/
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