El tráfico de armas por la porosa frontera entre Estados Unidos y México es un problema de antaño, que se mantiene presente en la relación bilateral México-Estados Unidos.
El tráfico de armas ha sido y es un tema delicado en que Estados Unidos ha mantenido la voz decisiva en función de sus intereses. Al interior, libre adquisición y portación de armas; hacia el exterior, cero controles. En México, aunque hay fuertes restricciones legales para la adquisición y portación legal, tiene una nula capacidad para evitar el trasiego, venga del norte o del sur.
Así, el contrabando de armas se fomenta en ambos países, bajo la lógica implacable del mercado. En México, el tema se discute desde el incierto terreno de la contención, que se traduce en pura simulación, y en Estados Unidos, el tema se dirime entre negocios e hipocresía política. La historia de los acuerdos bilaterales data de, por lo menos, dos décadas de diálogo, en los que ha habido “grandes” acuerdos y operativos binacionales, pero sin resultados dignos de comentar.
En México estamos a ciegas. No hay datos sistematizados sobre la compra, venta, pérdida o robo de armas; en Estados Unidos continúan con una legislación laxa, a pesar de que, en los últimos cinco años, de acuerdo con la organización “Archivo de la Violencia Armada”, se han registrado 1,432 masacres con armas de asalto. Las armas son adquiridas en línea o en armerías, sin ninguna regulación o control previo. Obviamente, no ha habido interés para frenar la salida ilegal de esas armas hacia México y a los países de América del Sur.
Todo esto se sabe, ya que se ha estudiado y se ha documentado por múltiples especialistas en el tema. Ha quedado, además, una lamentable evidencia con los ríos de sangre que corren a lo largo de todo México. Sin embargo, increíblemente, no ha habido las condiciones políticas, ni la imaginación, ni la firmeza, para concretar acuerdos realmente sustantivos que aterricen en responsabilidades específicas y verificables a uno y otro lado de la frontera.
Ciertamente, debe hablarse de controles fronterizos, pero las armas no se aparecen súbitamente en la frontera o en la escena de un crimen. Como en todos estos temas, hay procesos de manufactura, legales, administrativos, comerciales y, desde luego, criminales. Entre otras acciones, Estados Unidos debe reforzar la revisión en los puntos de venta de armas y mantener el control de inventarios en las armerías federales, para evitar que se pierdan y acaben en territorio mexicano. A México, le toca confiscar, y le toca hacerlo con mejores controles, no sólo en las aduanas, sino, en coordinación con nuestros vecinos, a lo largo de toda la frontera.
Además, deberían retomarse las campañas para la despistolización y el adecuado control y resguardo del armamento que utilizan policías y militares. Desde luego, y como parte de la reconstrucción de las fiscalías, es indispensable construir capacidades periciales que, en este caso, son indispensables para determinar las características y orígenes de las armas que se utilizan para cometer crímenes.
La proliferación del uso de armas de fuego es una problemática en crecimiento que, sumada a otras como las fallidas estrategias de combate a la delincuencia organizada, la debilidad de las instituciones de seguridad y la ausencia de resultados de los operativos binacionales, agrava la situación de inseguridad y violencia que vive México. Nadie debe entrometerse en la legislación del vecino, pero mal hace el actual gobierno en no alzar la voz y proponer medidas para disminuir este comercio criminal. Debería aprovechar la llegada de Biden, no para pelearse con evidentes intenciones electoreras, sino para avanzar hacia una agenda realista alejada de la demagogia. ¿O cuántos muertos harán falta para que cumplan con su responsabilidad?
(Colaboró Pilar Déziga)
Fuente.-Maria Elena Morera/Presidenta de Causa en Común/
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