Pese a la amistosa despedida que le brindó el presidente, la renuncia de Alfonso Romo a su cargo en el gobierno federal deja trunco el principal objetivo de su nombramiento: crear confianza en la iniciativa privada ante el proyecto de López Obrador. Por una parte, su cercanía con el mandatario no alcanzó para suavizar sus decisiones económicas y de infraestructura más radicales, y por la otra se confrontó con otros funcionarios en busca de una mayor influencia en las políticas públicas.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Confrontado con varios secretarios de Estado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Romo Garza no logró cumplir su promesa de “crear un mar de confianza” en torno de la Cuarta Transformación; deja su cargo en la Oficina de la Presidencia de la República tras 24 meses de conflictos e influencia en la política económica.
“No podemos manejar un país que está decreciendo a 9% como si estuviéramos creciendo a 9%”, declaró Romo el pasado 19 de noviembre, en un foro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.
Anteriormente, la principal causa de sus conflictos con otros funcionarios del gabinete fue la ejecución en las políticas públicas que impactan a sectores relacionados con los negocios agroindustriales en los que Romo ha participado durante las últimas tres décadas.
Al renunciar, en julio de 2019, a la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa aseguró que en el gobierno de López Obrador “el conflicto de interés” se llamaba Alfonso Romo. La confrontación entre ambos estuvo marcada por los nombramientos en la banca de desarrollo. Romo es fundador de la casa de bolsa Vector y durante los gobiernos panistas buscó, sin éxito, obtener la licencia para operar un banco.
Romo asumió la Jefatura de la Oficina de la Presidencia con la encomienda de impulsar el Plan de Nación de 2018-2024, con énfasis en la banca de desarrollo y el fortalecimiento de intermediarios no bancarios para incrementar la penetración del crédito bancario. Sin embargo, esta área forma parte de las atribuciones de la Secretaría de Hacienda.
Urzúa renunció en medio de una franca confrontación con Romo por la toma de decisiones en la banca de desarrollo, pues el primero consideraba que los nombramientos le correspondían a Hacienda, pero, particularmente, por la fugaz gestión en Nafin de Eugenio Nájera, originario de Monterrey y exsocio de Romo en Seminis.
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