Bolivia es uno de los tres países del mundo que producen la mayor cantidad de coca del mundo, la planta de hoja verde que es el ingrediente base de la cocaína. Y es el único país donde la producción a gran escala es totalmente legal, un sistema que algunos consideran un modelo futuro para la producción legal de cocaína.
Ahora, en medio del caos político, la industria legal de la coca en Bolivia podría cerrarse.
Algunos temen que este cambio provoque volver al derramamiento de sangre de la guerra contra las drogas en este país relativamente pacífico. Mientras tanto, los que están actualmente en el poder dicen que el sistema legal no es como parece, y que está alimentando el comercio ilegal internacional de cocaína.
A medida que Bolivia se acerca a una encrucijada durante sus próximas elecciones nacionales en mayo, la cuestión de la cocaína se ha convertido en un tema clave para el futuro de la nación.
Las plantaciones legales de coca han existido en Bolivia desde la aprobación de una ley en 1988, cuando se permitieron 12.000 hectáreas de tierra para el cultivo de la planta. Pero esa ley coexistió con violentas operaciones de erradicación forzada financiadas por Estados Unidos en otras partes del país donde los cultivos de coca legales fueron destruidos por la fuerza. Esto sucedió, entre otros lugares, en Chapare, el hogar y ahora bastión político del expresidente Evo Morales.
Morales quería probar algo nuevo. Después de que su gobierno fuera elegido en 2006, procedió a expulsar a la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), acusándola de estar detrás de violentas operaciones antinarcóticos. Morales fue el primer presidente indígena de Bolivia, y su ascenso al poder desde los campos de Chapare determinó la postura pro coca de su administración y puso el cultivo de coca en el centro de la política nacional.
Ahora, a las familias campesinas se les permite cultivar una cantidad limitada de la planta para masticar y para la creación de productos en los mercados nacionales, como té, pasta de dientes y champú. La planta está entrelazada con la historia de Bolivia y las culturas indígenas, y el esquema ha creado un sustento legal para las familias rurales empobrecidas que sienten que no tienen más remedio que plantar coca ilegalmente. "En lugar de cargar a las granjas y sacar la coca de raíz", dice un informe sobre el control de la coca en Bolivia, "el papel del gobierno ha sido trabajar con los líderes de la comunidad para mantener la cuota en lugar de erradicar imprudentemente la planta".
De manera crucial, el sistema ha reducido drásticamente la violencia en torno al tráfico ilegal de drogas. Bolivia, a diferencia de otros países importantes de cultivo de drogas como México y Colombia, ha tenido en los últimos años una de las tasas de homicidios más bajas de América Latina.
Pero como la mayoría de las políticas, el sistema tiene defectos. No hay consenso sobre la cantidad de planta que el país necesita para abastecer a su industria nacional de productos legítimos de coca. Bolivia permite 22.000 hectáreas legales de coca (Morales aumentó la asignación de 12.000 en 2017), pero tanto Estados Unidos como la ONUDD piensan que la producción legal del país supera esto. De todos modos, parece haber consenso entre los críticos y los fanáticos de que al menos algo de coca producida en plantaciones legales está alimentando el comercio internacional de cocaína.
Después de más de 14 años en el poder, el tiempo de Morales en la presidencia ha terminado. En noviembre huyó de Bolivia después de las elecciones que llevaron al país al caos. Morales afirmó haber ganado un cuarto mandato, pero los resultados fueron disputados, luego de lo cual estallaron disturbios civiles por parte de partidarios y opositores en todo el país. Si bien inicialmente se resistió a los llamados a renunciar, Morales finalmente perdió el apoyo de la policía y el ejército y se vio obligado a huir, primero se fue a México y ahora vive en el exilio en Argentina.
Los disturbios de los cocaleros en las zonas clave de cultivo empeoraron y se erigieron bloqueos alrededor de ciudades clave como Cochabamba, Santa Cruz y la capital de facto de Bolivia, La Paz. La represión gubernamental de su oposición empeoró, y algunos incidentes fueron condenados por observadores internacionales como masacres.
El gobierno interino de la conservadora Jeanine Áñez ha dejado en claro que a la comunidad cocalera, o "narcoterroristas", como Áñez y otros miembros de su gobierno se refieren a ellos, no les iría bien bajo un gobierno permanente controlado por ella. Ella planea postularse para presidente en las elecciones del 3 de mayo.El actual ministro del Interior de Áñez, Arturo Murillo, acusó a Morales de sublevación y tráfico de drogas. “Morales tiene muchos seguidores porque ha mejorado la calidad de vida de millones de bolivianos. Pero a un alto precio: Bolivia se está convirtiendo en un narcoestado, como Venezuela", le dijo Murillo a una agencia de noticias francesa.
Otros críticos también han acusado al gobierno de Morales de complacer a los narcotraficantes, pero la base de algunas de esas acusaciones es cuestionable. Aunque Estados Unidos reconoce que la corrupción en el gobierno de Morales fue un problema –como lo es en casi todos los países de esta región– el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dichoque "como una cuestión de política oficial, el gobierno de Bolivia no alienta ni facilita actividad ilegal asociada con el narcotráfico".
Los cocaleros representan una parte importante del apoyo político del partido que lideró Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS). Morales está fuera, pero el partido todavía cuenta con el apoyo popular y su candidato para el Senado, Andrónico Rodríguez, también es un excocalero.
La salida de Morales y la retórica en torno al período previo a las elecciones en mayo ya está afectando negativamente a los cocaleros, dijo Kathryn Ledebur, directora de la Red de Información Andina e investigadora de la Universidad de Reading en el Reino Unido. Han recibido amenazas por ministros del gobierno, y también ha sido atacados y asesinados por la policía durante la represión de las protestas.
"Ahora lo importante es observar cómo, luego del golpe, el gobierno de derecha está promoviendo una sociedad libre de drogas y estigmatizando la región de cultivo de coca del Chapare como una región 'narcoterrorista'. Está limitando las licencias para los productores que se oponen al golpe, el precio de la coca ha caído y eso amenaza seriamente las necesidades de subsistencia de estas familias", dijo Ledebur.
Hasta ahora, a pesar de que se habla de eliminar el sistema legal de coca de Bolivia, no hay nuevas ideas que puedan proporcionar alternativas a la erradicación o legalización, dicen los observadores.
“¿Cuáles serían las razones para cambiar el sistema existente? ¿Y qué lo reemplazaría? preguntó John Walsh, director de política de drogas en los Andes para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), un grupo de expertos progresista. ¿Valían la pena las recriminaciones políticas y la conmoción? ¿Un nuevo gobierno precario va a administrar heridas autoinfligidas al elegir peleas que no necesitan y que no pueden ganar?
Si el próximo gobierno opta por poner fin al esquema legal, no solo reducirá los medios de vida de tales familias por completo y hará que los cocaleros políticamente poderosos se levanten en la oposición, sino que es probable que regrese al derramamiento de sangre de los años 80 y 90 que ocurrió en torno a la erradicación.
Y esta vez es posible que no cuente con el apoyo de EE. UU., aunque se cree que la mayor parte de la cocaína producida por Bolivia está destinada a otros países de América Latina, como Brasil y Argentina, así como a África occidental y Europa. El Departamento de Estado declinó hacer comentarios sobre sus planes para operaciones antinarcóticos en Bolivia. Pero William Brownfield, quien hasta 2017 era el jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de EE. UU., O INL (por sus siglas en inglés), dijo recientemente: “Honestamente, si tuviera que poner dinero en antinarcóticos, Bolivia estaría al final de la lista".
El sistema legal de coca puede tener fallas, pero los moderados argumentan que es preferible a volver a la violencia del pasado o el presente en países como México o Colombia. En Colombia, el cultivo de coca está en máximos históricos a pesar de décadas de erradicación e interdicción financiadas por Estados Unidos, y las tasas de homicidios aumentaron recientemente por primera vez en una década. México también está viendo niveles históricos de violencia en torno al narcotráfico.
Militarizar la lucha contra las organizaciones del narcotráfico y destruir a la fuerza los cultivos de drogas no ha derrotado a las fuerzas de la oferta y la demanda en el comercio internacional de drogas. Legal o ilegal, la coca alimenta al negocio de la cocaína, y seguramente los líderes prefieren bajas tasas de violencia a las altas, dijo Eduardo Gamarra, profesor de política y asuntos internacionales en la Universidad Internacional de Florida. "La estabilidad de Bolivia estará determinada por la forma en que traten a los cocaleros en el futuro".
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