Las cosas por su nombre. Se puede usar el eufemismo “Seguridad Interior” para disfrazar labores de seguridad pública cuando las realiza el ejército, intentando hacer un fraude a la Constitución. Se le puede llamar “Plan de Paz y Seguridad” a un documento que propone llevar la militarización de la seguridad pública a la constitución y en verdad se trataría de un Plan de Guerra.
Si el pasado martes parecía que era parte de un sueño el hecho de escuchar a cinco Ministros y una Ministra pronunciarse a favor de declarar inconstitucional toda la Ley de Seguridad Interior (LSI), lo que ayer escuchamos en voz de Alfonso Durazo y Andrés Manuel López Obrador, es una pesadilla. El preámbulo de un nuevo infierno de seis años.
Es difícil saber desde hace cuánto tiempo tenían López Obrador y sus asesores en seguridad la misión de perpetuar el paradigma de militarización que lleva 12 años de rotundo fracaso, pero la sucesión de varios hechos, desde hace un año a la fecha, dibujan una historia de mentiras y contradicciones que ayer se concretaron en una traición a la promesa de pacificación del país, con la presentación de su Plan de Guerra y la promesa de crear una Guardia Nacional.
“Si el Ejército mexicano continuará en las calles, sería necesaria una Ley de Seguridad Interior, ya que no es factible que el Ejército continúe haciendo labores de seguridad pública que no le corresponden sin un ordenamiento legal apropiado”, se leía en la página 63 del Proyecto de Nación 2018-2024 que MORENA presentó el 20 de noviembre del año pasado, misma fecha en la que el General Salvador Cienfuegos exigió la LSI a Enrique Peña Nieto y al Congreso, detonando un proceso legislativo opaco en el que se hizo caso omiso a las voces nacionales e internacionales que contundentemente advirtieron las amenazas de una ley de esa naturaleza.
Diez días después, el 30 de noviembre, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó por la mañana el dictamen de la LSI. A gritos, integrantes de #SeguridadSinGuerra sacamos a los legisladores de un pequeño salón de San Lázaro donde pretendían llevar la votación en minutos y sin presencia de periodistas ni del propio Canal del Congreso. En el salón donde se volvió a instalar la Comisión, la entonces diputada Rocío Nahle dijo que ese día era el día para discutir la Ley y firmó la modificación del orden del día del Pleno de la Cámara para que se votara la Ley “porque ya llevamos tiempo con este tema, más de un año”. Y así fue. Lo que aprobó la Comisión, en la mañana, fue votado por el pleno en la tarde, obviando trámites en violación al reglamento de la Cámara, tal y como lo expuso el martes pasado la Ministra Norma Piña cuando anunció su voto sobre la inconstitucionalidad de toda la LSI.
Cuando la LSI llegó al Senado, el hoy coordinador de la fracción parlamentaria de MORENA en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, colocó una televisión en la tribuna en su turno para posicionarse. Proyectó un video con testimonios de víctimas de la violencia para sostener sus argumentos en contra de la Ley. Ayer, Delgado, respaldó plenamente la Guardia Nacional de López Obrador.
La LSI cumpliría un año de promulgada, el próximo 21 de diciembre, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría declararla inconstitucional en su totalidad el día de hoy. El primer día de discusión sobre el fondo de la ley, el pasado martes, la SCJN nos regaló la primera esperanza real de fulminarla, cuando 6 de 6 Ministros que se posicionaron ese día, desarrollaron buena parte de los argumentos que por un año #SeguridadSinGuerra, la ONU y la CIDH acercaron a legisladores, jueces, Ministros y a la opinión pública: La LSI representa un fraude a la constitución, disfrazando las acciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública bajo la etiqueta de “seguridad interior”, que pretende hacerse pasar como una vertiente de la seguridad nacional, y sobre la cual el Congreso no tiene facultades para legislar.
Asimismo, que son las autoridades civiles las únicas que deben realizar tareas de seguridad pública en tiempos de paz.
Todo iba de maravilla. Al debate en la SCJN le faltaban al menos un par votos (que podrían lograrse el día de hoy) para invalidar la ley, pero la mal llamada “cuarta transformación” ha planteado un problema más grave que hace ver a la LSI como un juego de niños.
Alfonso Durazo no esperó a la presentación del Plan de Guerra de López Obrador, para hacer el anuncio. El viernes pasado –a tres días de que la SCJN comenzara la discusión de la LSI– declaró que propondrían Guardia Nacional con todo y reforma constitucional para acompañarla. El mensaje enviado a la SCJN insinuaba lo que ayer nos confirmaron: Si a la militarización le estorba la Constitución, ellos tienen el poder para reformarla.
Todo cobró sentido y todo se empató perversamente en tiempo y forma. Desde la campaña presidencial, Durazo fue el encargado de reiterar en múltiples ocasiones que MORENA no tomaría postura sobre la LSI hasta que la SCJN resolviera sobre su constitucionalidad; y lo decía al tiempo que esgrimía ambiguamente la promesa de crear la Guardia Nacional. “Se trata de optimizar todos los recursos con los que cuenta el estado”, dijo en el COLMEX el 24 de abril para justificarla.
El 6 de julio, le afirmó a Carlos Loret de Mola, en entrevista, que el nuevo gobierno disminuiría sustantivamente la presencia de las Fuerzas Armadas de las calles durante los primeros tres años y paralelamente construirían un plan de fortalecimiento policial.
Todo resultó una mentira. Un engaño con el que quizás pretendía medir el ánimo social y evitar una confrontación pública con víctimas y sociedad civil durante los primeros meses de transición. Aplausos y no balazos. Tal vez por eso, en agosto, se atrevió a decirles a periodistas y activistas (entre quienes me incluyo) que habrían reculado en la propuesta de crear la Guardia Nacional porque, para la idea que tenían sobre la misma, se requeriría de reformas constitucionales que no impulsarían en los primeros años del gobierno de López Obrador. Las declaraciones de Durazo lograron que en los apresuradamente mal organizados Foros de Escucha, no saliera el tema de la Guardia Nacional como sí salió reiteradamente el de la LSI. ¿Qué habría pasado si esos foros hubieran sido organizados después de la promesa de Guardia Nacional? El fraude a las víctimas de la violencia sería más evidente de lo que ya es.
Ni en sus sueños más salvajes, Calderón y Peña Nieto habrían podido contar con el respaldo político para reformar la Constitución y permitir desde ahí el involucramiento expreso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Pero Durazo y López Obrador, creen que pueden y que cuentan con las dos terceras partes del Congreso para lograrlo. La prueba de fuego para MORENA llegará de la mano de la intentona, en un Congreso al que se le tomará el pulso de su autonomía.
La cantidad de legisladores y legisladoras con trayectoria en luchas sociales contra la militarización, hacen difícil pensar que decidiendo libremente, en las cámaras avanzaría el disparate planteado en el Plan de Guerra. Veremos si desde este momento salen a contrariar al nuevo Comandante Supremo –como lo hicieron en el Senado en el “diferendo” sobre las comisiones bancarias–. Veremos quiénes son legisladores por la paz y quiénes serán los golpistas de la nueva legislatura.
Fuera máscaras.
fuente.-Alfredo Lecona/
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