La Ley de Ciudadanía Digital es la propuesta del Gobierno de la Ciudad de México para adecuar el marco normativo de la ciudad en materia de gobierno electrónico. Esta ley basa su aplicación en la Llave CDMX, el mecanismo de reconocimiento que permitirá que las personas interactúan con las distintas entidades de la administración pública local y para que éstas compartan información de los ciudadanos entre ellas.
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, que se publicó en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la CDMX el pasado 3 de diciembre, los objetivos de la ley de ciudadanía digital son garantizar el acceso de los ciudadanos al derecho a una buena administración pública, darle la relevancia que corresponde a la información digital e impulsar la transición del Gobierno de la CDMX a un gobierno digital.
La Llave CDMX es el autenticador digital único que está compuesto por un conjunto de herramientas tecnológicas que permiten la interacción entre los ciudadanos, la administración pública de la ciudad y las alcaldías, “a fin de realizar trámites, servicios y demás actos jurídicos y administrativos. La Llave CDMX está compuesta por las siguientes herramientas:
La ficha ciudadana: listado de los documentos que constan en el expediente electrónico del ciudadano.
Expediente electrónico: conjunto de documentos asociados a una persona que pueden ser consultados por la administración pública y las alcaldías para gestionar trámites y servicios.
Inicio de sesión único: mecanismo de autenticación que vincula al ciudadano con su ficha ciudadana y expediente electrónico.
Firma electrónica: firma digital que será reconocida por la administración pública y las alcaldías como una firma autógrafa y servirá para identificar al ciudadano.
El riel de interoperabilidad: el estándar para el intercambio de información dentro de la administración pública y las alcaldías. El estándar elegido por la ADIP fue la plataforma X-Road, desarrollada por el gobierno de Estonia.
El protagonista de esta iniciativa de ley es la Agencia Digital de Innovación Pública, la entidad creada por la administración de Sheinbaum Pardo para fomentar la innovación digital del gobierno estatal y de las alcaldías.
Además de ser la entidad del gobierno con la obligación de establecer los procedimientos y emitir los lineamientos para implementar el autenticador, la ADIP también será la encargada de presidir el Consejo de Gobernanza Tecnológica. Este consejo, que estará integrado por los titulares de la mayoría de las secretarías de gobierno y que será presidido por la ADIP, será el responsable de generar el reglamento de la Ley de Ciudadanía Digital en caso de que sea aprobada.
Además de la iniciativa para que el Congreso de la CDMX apruebe la Ley de Ciudadanía Digital, la propuesta del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum incluye la abrogación de las leyes de Gobierno Electrónico y Firma Electrónica del Distrito Federal, pues considera que estas están desactualizadas.
“Mantener las leyes antes mencionadas atentaría directamente contra uno de los problemas que la implementación de la Ley de Ciudadanía Digital busca solucionar: eliminar las cargas burocráticas innecesarias”, refiere la iniciativa.
fuente.-rodrigo.riquelme@eleconomista.mx/
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