Se han analizado miles de llamadas realizadas en la noche guerrerense del 2014. Los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala fue uno de los casos más controversiales de la era Peña Nieto. Cuando se salió a las calles a exigir resultados sobre el paradero de los jóvenes mexicanos, el gobierno rápidamente escribió una verdad cómoda para salir bien librados.
Detrás de este secuestro masivo está una red de tráfico de drogas, policías ligados al crimen organizado y un gobierno local y estatal cargado de corrupción. Los estudiantes, revelan nuevos datos, no fueron quemados en un basurero de Cocula (como afirma la verdad histórica escrita por Osorio Chong y la PGR). Vidulfo Rosales, el abogado del caso, asegura que no hay ningún dato que coloque a los jóvenes en ese sitio.
Con esto se quiebra aún más la versión del gobierno para minimizar el escándalo. En un momento de crisis, el expresidente Enrique Peña llegó a darlos por muertos durante una entrevista. Todo apunta a que los normalistas fueron separados en pequeños grupos y llevados a diversos sitios en Iguala, Guerrero. Estos territorios están controlados por al menos dos cárteles locales.
Este último aporte mantiene con optimismo a los padres de los estudiantes, ya que aún no hay datos que confirmen que fueron ejecutados. El gobierno peñista rápidamente señaló que fueron incinerados por sicarios, después de haber sido confundidos con elementos de una banda rival. La idea del carpetazo quedó debilitada después de que un grupo argentino de expertos forenses no encontrara indicios de fuego en el basurero.
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