Uno de los peores atentados del crimen organizado en lo que va del actual sexenio tuvo lugar en Michoacán. El 14 de octubre de este año, las autoridades locales confirmaron la muerte de 13 policías en el municipio de Aguililla, después de que fueran emboscados por supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La violencia en el estado –y en general en el Bajío mexicano– va en aumento.
Guanajuato, Jalisco y Michoacán están en la ruta de tráfico de armas y drogas entre México y Estados Unidos.
Allí, la violencia repuntó en el último año; sólo en 2018 estuvieron entre los seis estados con mayor número de enfrentamientos entre integrantes del crimen organizado y elementos de seguridad pública federal; y este año, uno de cada 10 municipios en estos tres estados, tuvo altos índices de robo de combustible (huachicol), según datos oficiales.
El 1 de septiembre pasado, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se dirigía a la nación con motivo de su Primer Informe de Gobierno, Michoacán también fue el escenario de una carnicería. Para muchos medios de comunicación se trató de un “domingo sangriento” en que 12 personas –entre ellos un policía estatal– fueron asesinadas en cinco municipios michoacanos; una ola de violencia causada, en gran medida, por la lucha territorial entre el CJNG y la banda de “Los Viagras”, de acuerdo con las autoridades locales.
Jalisco y Guanajuato asimismo fueron escenarios de matanzas que conmocionaron al país. En estas dos entidades federativas ocurrieron tres masacres en los primeros cuatro meses de gobierno de AMLO, que dejaron un saldo de 27 asesinados en los municipios de Guadalajara, Salamanca y Valle de Santiago, por presuntos ajustes de cuentas, uno de ellos relacionados con el Cártel Santa Rosa de Lima.
Los altos índices de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en Guanajuato (29.3), Michoacán (19.2) y Jalisco (17.2) colocaron a la región del Bajío entre las prioridades del Gobierno federal en materia de seguridad pública y combate a la violencia.
El 5 de diciembre del año pasado, AMLO urgió la necesidad de un despliegue de fuerzas policiales en los estados colindantes con Guanajuato, sobre todo en Michoacán y Jalisco, además de Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.
Casi siete meses más tarde, el 3 de julio de 2019, el General de Brigada Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez –integrante de la Coordinación Operativa Interinstitucional que asesora al comandante de la Guardia Nacional– anunció que durante la etapa de arranque de la Guardia Nacional habrían “despliegues prioritarios” en Guanajuato, Jalisco y Michoacán, debido a los “altos índices” delictivos en sus municipios.
Tierra de narcos
El CJNG (Guanajuato, Michoacán y Jalisco), La Familia (Guanajuato, Michoacán y Jalisco), Los Zetas (Guanajuato y Michoacán) y los cárteles de Sinaloa (Michoacán), de los Beltrán Leyva (Michoacán), de Los Caballeros Templarios (Michoacán) y Santa Rosa de Lima (Guanajuato) han operado en la zona del Bajío, en donde muchos de sus brazos armados o bandas delictivas relacionadas aún se disputan los territorios, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés)
Tan sólo en 2018 hubo cuando menos 46 enfrentamientos entre presuntos integrantes del crimen organizado y elementos de seguridad pública federal en Guanajuato, Jalisco y Michoacán, según datos de la Policía Federal (PF) y de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).
Las tres entidades federativas son territorios de disputa entre grupos delictivos y son, asimismo, parajes de la ruta de tráfico y abastecimiento de armas y de drogas entre Estados Unidos y México, de acuerdo con datos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, así como de la consultora estadounidense Stratfort, especializada en temas de inteligencia y seguridad nacional.
La crisis del huachicol
El estancamiento económico y la incidencia delictiva en estas tres entidades federativas están relacionados –según el Gobierno federal– ya que la falta de oportunidades y la necesidad implican la ocasión de negocios y reclutamiento por parte de las organizaciones del crimen organizado.
Inclusive, AMLO anunció el 22 de enero que estas tres entidades federativas están incluidas en su plan de rescate para evitar actividades ilícitas como el huachicoleo. Al respecto, urgió la necesidad de acciones “con el propósito de que la gente no se vea obligada por la pobreza, por la necesidad a llevar a cabo prácticas de recolección de gasolina y de otros combustibles”.
Ejército mexicano en la lucha contra el huachicoleo. Agencia Reforma
Ejército mexicano en la lucha contra el huachicoleo. Agencia Reforma
La información de Petróleos Mexicanos (Pemex) refiere que Guanajuato fue la quinta entidad federativa con más tomas clandestinas (649) de hidrocarburos a nivel nacional durante los primeros seis meses de 2019, mientras que Michoacán (131) y Jalisco (127) ocuparon la novena y décima posiciones de 16 estados con registros, respectivamente.
El combate al huachicoleo ha llevado al crimen organizado a levantar amenazas en contra del presidente López Obrador –como en el caso de la narcomanta encontrada en el municipio de Salamanca, Guanajuato, en enero de 2019– y generó al menos seis enfrentamientos (2018-2019) entre delincuentes y militares, en los estados de Guanajuato, Hidalgo y Tamaulipas, de acuerdo con datos de la Sedena.
Fuente.- Efrén Flores/
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