La Guardia Nacional inició formalmente sus actividades el pasado 30 de junio, aunque 1,059 elementos ya operaban desde el 26 de abril en Minatitlán y Cosoleacaque, Veracruz, en respuesta a otra masacre ocurrida en un restaurante minatitleco y que había dejado 13 personas fallecidas. Durante la ceremonia oficial de inauguración, el comandante de la corporación, Luis Rodríguez Bucio, recalcó que se trataba de “un paso esencial para recuperar la tranquilidad y el ambiente productivo que, sin lugar a dudas, se han visto afectados en los últimos años”.
A dos meses de que se completó el despliegue de 58,602 elementos en 150 de las 266 coordinaciones regionales definidas en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, los datos reportados por las Fiscalías Generales o Procuradurías Generales de Justicia estatales, publicados la semana pasada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican evoluciones contrastadas según el tipo de delito.
En julio de 2019, a nivel nacional se registraron 2,632 carpetas de investigación (CI) iniciadas por homicidio doloso y feminicidio,frente a 2,637 durante el mes anterior, lo que equivale a una contracción de 0.19 por ciento. En materia de violación, las cifras tuvieron una reducción de 4.77 por ciento (de 1,531 CI iniciadas en junio a 1,458 en julio), aumentaron 12.37 en extorsión (de 687 a 772 CI iniciadas) y registraron un crecimiento de 28.57 por ciento para secuestro (de 91 a 117 CI iniciadas).
Estas dinámicas, sin embargo, tienen que observarse en el contexto más amplio de la evolución del número de CI iniciadas que fueron reportadas por el SESNSP durante los últimos años y en particular, del aumento sostenido a partir de enero de 2015 de presuntos delitos de homicidio doloso y feminicidio, violación y extorsión registrados por el sistema.
Además, en casos de violación, secuestro o extorsión, se estima que la cifra negra (proporción de delitos ocurridos no denunciados y/o por los que no se inició una carpeta de investigación) es superior a 90 por ciento,1por lo que reiteramos la importancia de no interpretar los datos del SESNSP como un reflejo exacto de la incidencia delictiva.
Según declaraciones del comandante de la Guardia Nacional, el despliegue se realizó de forma parcial por falta de elementos capacitados al día de la inauguración y, entre las 266 coordinaciones regionales, las 150 seleccionadas para el arranque no necesariamente fueron las que presentan los mayores índices delictivos. Asimismo, en un municipio como Cozumel, que cuenta con poco más de 100,000 habitantes y tan solo sufrió un homicidio doloso en lo que va del año, ya operan 80 elementos de la Guardia Nacional y se espera que sean 250 en los próximos meses.
No obstante, a la fecha no hemos tenido acceso a ningún documento oficial que contenga la lista exhaustiva de las 150 coordinaciones regionales en donde se inició el despliegue, ni al número preciso de elementos que operanen cada una de éstas (entre 400 y 450 por coordinación regional según el comandante de la Guardia Nacional, lo que supondría un total superior a los 58,602 anunciados en la ceremonia de inauguración).
Los siguientes mapas muestran la concentración de presuntos delitos de alto impacto reportados por el SESNSP a nivel municipal entre enero y julio de 2019, junto con la ubicación de los 150 municipios en los que se habría desplegado la Guardia Nacional según información divulgada por El Universal.
Los diferentes niveles de gobierno todavía tienen mucho por hacer para restaurar un clima de paz y tranquilidad en el país. El comandante Bucio declaró el pasado 30 de junio que sería “conveniente que haya una prudente administración de las expectativas a corto plazo; sin embargo, en el mediano y largo plazos las expectativas respecto a la Guardia Nacional son del más alto nivel”.
La estrategia de seguridad pública del poder federal ciertamente será evaluada a la luz de sus resultados y todavía es temprano para identificar impactos (positivos o negativos) de la Guardia Nacional o la ausencia de estos. Sin embargo, desde la ciudadanía nos comprometemos a monitorear con particular atención el desempeño de este nuevo órgano de seguridad y exigimos que el gobierno federal actúe con transparencia y honestidad divulgando información sobre el número de elementos desplegados en cada coordinación regional y las acciones que se lleven a cabo en el marco de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y de la Ley Nacional de Registro de Detenciones. Esto, con el propósito de ejercer plenamente nuestro derecho a exigir estrategias de seguridad pública eficaces y respetuosas de los derechos humanos.
Paul Frissard
Coordinador de investigación y políticas públicas en México Unido contra la Delincuencia A.C. Licenciado en Ciencias Políticas y Maestro en Economía y Políticas Públicas por el Instituto de Estudios Políticos de París, con especialidad en métodos de evaluación de políticas públicas.
Daniela Osorio
Asistente de investigación en México Unido Contra la Delincuencia.
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