En la guerra entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se trata de quién tiene la razón, sino quién la ganará. La lucha es por los salarios de altos funcionarios que el Presidente ordenó que nadie ganara más que él.
AMLO tiene una justificación política. Es una de sus arengas de campaña que encontró simpatías ya que funcionarios de alto nivel del Ejecutivo y Legislativo Federal obtienen salarios y prestaciones que son insultantes a la inteligencia de los mexicanos.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia tiene un razonamiento técnico jurídico, basado en las garantías constitucionales que establece que ninguna ley tendrá efectos retroactivos en perjuicio de cualquier persona.
Esto daría como resultado que la aplicación del nuevo tabulador sería para las nuevas contrataciones, que van de secretarios, subsecretarios, directores, diputados, senadores y hasta gobernadores que asuman sus responsabilidades a partir de noviembre, mes en que Enrique Peña Nieto promulgó dicha ley a petición de López Obrador.
En ese supuesto no se encuentran ningún funcionario del Poder Judicial, excepto los de nuevo ingreso. Tampoco, quienes tienen responsabilidades de investigación y alta especialización en el Banco de México y otros organismos autónomos, incluido el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Federal de Competencia Económica entre otros muchos más.
Esos trabajadores tienen derecho a ampararse y a lograr que se les mantenga el salario que devengan hasta en estos momentos.
Sin embargo, la guerra Corte-AMLO tiene mayores implicaciones que únicamente mantener los salarios a miembros del sistema judicial del país. Se trata de la lucha de un Poder de la República, contra otro. No es un asunto menor.
La SCJN no puede someterse al Ejecutivo en sus decisiones. Su soberanía debe ser ¡total! Nunca un Presidente, líder del Poder Ejecutivo, aunque tenga el apoyo del Legislativo, podrán someter a su capricho al Judicial. Eso lo marca la Constitución. Tampoco, ningún burócrata, incluido el Presidente de la República (con mayúsculas como marcan los cánones periodísticos) podrá violar las garantías constitucionales de nadie.
La misma Constitución no puede vulnerar los derechos elementales de los mexicanos; por el contrario, los debe proteger, incluso, contra la decisión de una mayoría electoral. Los derechos humanos no están sujetos a negociación política, ni mucho menos al capricho de un político.
El artículo 14 constitucional, dentro del ramo de garantías individuales reza: “A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.
AMLO podrá imponerles un tabulador menor a sus empleados nuevos; nunca a los que fueron contratados con otros salarios. Esta es la ley. Pero tampoco, podrá someter otro poder como el judicial, que es el que puede hacer contrapeso con razonamiento legal, ante los otros dos que están inmersos en política.
fuente.-Victor Sanchez/
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