La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha cuestionado repetidamente el uso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como constructora de obras no militares, práctica que el Presidente Andrés Manuel López Obrador planea revivir para el aeropuerto en Santa Lucía y un desarrollo inmobiliario en Santa Fe.
"De las facultades conferidas en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no se desprende que (la Sedena) cuente con atribuciones para celebrar convenios para ejecutar obra pública distinta de la construcción, mantenimiento y demolición de fortificaciones, fortalezas e instalaciones de la propia Sedena", sostuvo la ASF desde 2016.
Así lo estableció el órgano fiscalizador al revisar las obras adjudicadas entre 2013 y 2015 por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en las que la Sedena tuvo múltiples irregularidades y omisiones en la comprobación de gastos por más de 67 millones de pesos.
"De las facultades conferidas en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no se desprende que (la Sedena) cuente con atribuciones para celebrar convenios para ejecutar obra pública distinta de la construcción, mantenimiento y demolición de fortificaciones, fortalezas e instalaciones de la propia Sedena", sostuvo la ASF desde 2016.
Así lo estableció el órgano fiscalizador al revisar las obras adjudicadas entre 2013 y 2015 por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en las que la Sedena tuvo múltiples irregularidades y omisiones en la comprobación de gastos por más de 67 millones de pesos.
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La ASF agregó en sus informes que adjudicar directamente a la Sedena, sin competencia abierta en licitación pública, no garantiza al Estado ni los mejores precios ni la mejor calidad.
El entonces presidente del CJF, Juan Silva Meza, firmó el convenio para obras con la Sedena siguiendo el ejemplo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para el cual los militares también desarrollaron varios proyectos, argumentando cuestiones de seguridad nacional.
Después de las observaciones de la ASF, el CJF abandonó la contratación de obras con la Sedena.
Actualmente, el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sólo le da a la Defensa Nacional estas facultades en temas de construcción.
"Construir y preparar las fortificaciones, fortalezas y toda clase de recintos militares para uso del Ejército y de la Fuerza Aérea, así como la administración y conservación de cuarteles y hospitales y demás establecimientos militares, así como asesorar militarmente la construcción de toda clase de vías de comunicación terrestres y aéreas", indica.
Debido a la magnitud del aeropuerto en Santa Lucía, es probable que la Sedena tendría que subcontratar con empresas privadas algunas de las obras, sobre todo las más especializadas.
De hecho, cuando emprendió la modernización de las bases aéreas militares de Santa Lucía y Zapopan en 2011, la Sedena contrató por mil 900 millones de pesos a la empresa Grupo Tradeco, aunque después le rescindió el proyecto de Santa Lucía por retrasos en las obras.
Encargarían al Ejército proyecto en Santa Fe
El plan del Gobierno federal de construir un desarrollo residencial en el campo militar de Santa Fe prevé que el Ejército sea el encargado de realizar la obra.
Fuentes de la Presidencia indicaron que se busca que el contrato sea adjudicado a la Sedena.
Señalaron que la propuesta inicial consistía en desincorporar una porción del terreno del campo militar y venderla a privados para que ellos se encargaran del desarrollo.
Sin embargo, en una reunión del 20 de diciembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la opción de la venta del predio a particulares.
De acuerdo con las fuentes, en la actualidad se evalúan otras dos alternativas: que el Gobierno conserve la propiedad de la tierra y venda a particulares solamente las residencias, o que aplique el modelo de comodato.
En ese mismo encuentro, en el que participaron titulares de dependencias federales y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, López Obrador decidió que el Ejército asuma el proyecto residencial.
También determinó reducir de 30 a 15 hectáreas el área donde quedaría el desarrollo inmobiliario, con la intención de disminuir el impacto ambiental.
Con información de Zedryk Raziel
El entonces presidente del CJF, Juan Silva Meza, firmó el convenio para obras con la Sedena siguiendo el ejemplo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para el cual los militares también desarrollaron varios proyectos, argumentando cuestiones de seguridad nacional.
Después de las observaciones de la ASF, el CJF abandonó la contratación de obras con la Sedena.
Actualmente, el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sólo le da a la Defensa Nacional estas facultades en temas de construcción.
"Construir y preparar las fortificaciones, fortalezas y toda clase de recintos militares para uso del Ejército y de la Fuerza Aérea, así como la administración y conservación de cuarteles y hospitales y demás establecimientos militares, así como asesorar militarmente la construcción de toda clase de vías de comunicación terrestres y aéreas", indica.
Debido a la magnitud del aeropuerto en Santa Lucía, es probable que la Sedena tendría que subcontratar con empresas privadas algunas de las obras, sobre todo las más especializadas.
De hecho, cuando emprendió la modernización de las bases aéreas militares de Santa Lucía y Zapopan en 2011, la Sedena contrató por mil 900 millones de pesos a la empresa Grupo Tradeco, aunque después le rescindió el proyecto de Santa Lucía por retrasos en las obras.
Encargarían al Ejército proyecto en Santa Fe
El plan del Gobierno federal de construir un desarrollo residencial en el campo militar de Santa Fe prevé que el Ejército sea el encargado de realizar la obra.
Fuentes de la Presidencia indicaron que se busca que el contrato sea adjudicado a la Sedena.
Señalaron que la propuesta inicial consistía en desincorporar una porción del terreno del campo militar y venderla a privados para que ellos se encargaran del desarrollo.
Sin embargo, en una reunión del 20 de diciembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la opción de la venta del predio a particulares.
De acuerdo con las fuentes, en la actualidad se evalúan otras dos alternativas: que el Gobierno conserve la propiedad de la tierra y venda a particulares solamente las residencias, o que aplique el modelo de comodato.
En ese mismo encuentro, en el que participaron titulares de dependencias federales y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, López Obrador decidió que el Ejército asuma el proyecto residencial.
También determinó reducir de 30 a 15 hectáreas el área donde quedaría el desarrollo inmobiliario, con la intención de disminuir el impacto ambiental.
Con información de Zedryk Raziel
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