La policía en México ha tenido problemas para contener el fortalecimiento del crimen organizado en ausencia de urgentes reformas, debido a graves obstáculos políticos e institucionales, que hacen muy difícil que la administración entrante logre refinar el cuerpo de policía del país.
Durante años, la reforma a la policía en México ha sido un tema de debate polémico. Sin embargo, poco se ha hecho para enfrentar la falta de entrenamiento y apoyo adecuados para los agentes o los salarios de hambre, la carencia de personal y las largas jornadas que en ocasiones los vuelven no aptos para el servicio y muy susceptibles a la corrupción y a la infiltración por parte de grupos del crimen organizado.
El público ha tomado nota. De todos los organismos de seguridad de México, el que menos confianza inspira en la ciudadanía es la policía. Solo el 6,1 por ciento de las personas confían en la policía federal, mientras que solo el 4,6 por ciento confían en la policía municipal, según entrevistas hechas a 1.200 ciudadanos para una encuesta en agosto de 2018, realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados de México.
Cerca de la mitad de los encuestados opinaba que las autoridades participaban en actividades criminales, y más de 27 sentía que en general las autoridades no están cumpliendo su labor a cabalidad.
Las consecuencias de la inoperancia de la institución policial en México son complejas. En parte, el país registró más homicidios en 2017 que en cualquier otro año registrado, y 2018 va directo a alcanzar nuevos picos de violencia. Además, el panorama criminal nacional también se ha vuelto progresivamente más fragmentado —y más violento— en parte por la controvertida “estrategia contra capos” adoptada por el gobierno para capturar o asesinar o las cabezas de las organizaciones criminales.
La policía también quedó atrapada en el fuego cruzado. En 2018, un agente de policía ha caído muerto diariamente, casi la mitad de quienes conformaban la policía municipal, según un estudio de la organización no gubernamental Causa en Común.
Análisis de InSight Crime
En toda Latinoamérica la reforma policial es una tarea monumental que requiere un considerable respaldo político e institucional para ser efectiva. La falta de voluntad necesaria para implementar reformas ha dejado a la policía en México en un punto peligroso.
“La policía ha sido muchas veces, y sigue siéndolo en algunos casos, un instrumento de la élite dominante”, anotó Eric L. Olson, asociado global en el Instituto de México del Centro Woodrow Wilson, en intercambio con InSight Crime. “Esto es especialmente cierto en los ámbitos estatal y municipal, donde la policía muchas veces está básicamente bajo la dirección de políticos y gobernadores”.
En México, los políticos y, en particular, los gobernadores de estados, tienen una larga tradición de corrupción y de mantener nexos con grupos del crimen organizado en algunos de los estados más atribulados del país, como el de Veracruz, a lo largo de la costa Pacífica, y el de Tamaulipas, bordeando la frontera México-Estados Unidos, donde más se necesita la reforma policial.
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“En ciertos modos la reforma policial hace que algunos políticos pierdan la capacidad de dirigir la policía y los recursos policiales de manera que atiendan sus intereses personales”, señaló González. “No es probable que los políticos desestabilicen esta relación con la implementación de reformas que alienen la policía”.
Olson es de la misma opinión, y añade que implementar las reformas necesarias para profesionalizar la policía implicaría acabar con esa relación política.
“Muchas veces los políticos y legisladores no quieren reformar o profesionalizar el cuerpo de policía, y por consiguiente lo debilitan y mantienen bajo su control”, agregó Olson.
Como resultado de eso, los agentes de policía en México han perdido mucho de su legitimidad, especialmente en los municipios más golpeados por la presencia y las actividades de los grupos del crimen organizado. Los miembros de la comunidad muchas veces sienten que su seguridad y su destino está en manos de grupos criminales o grupos de autodefensas bien armados, que se han formado para defender a sus comunidades, como los del estado de Michoacán.
“Cuando el estado está ausente o no ejerce su legítima autoridad, hay impactos secundarios, como que las organizaciones criminales reemplacen o sustituyan al estado”, puntualizó Olson. “En esos casos, es extraordinariamente difícil devolver el genio a la botella”.
Por lo que he visto hasta ahora de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la política de seguridad de su administración, la reforma a la policía tendrá que esperar.
López Obrador se ha comprometido, entre otros, a crear una “nueva” guardia nacional bajo el control del ejército y a destinar mayores recursos a la armada y menos a los servicios de investigación y acopio de inteligencia. Es probable que esto posponga las reformas que la policía de México necesita con tanta desesperación, a la par que puede exacerbar aún más los índices de criminalidad y violencia que las autoridades han sido incapaces de contener.
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