Hace seis años se separó de su esposa, a quien le dejó su casa a cambio de que ella continuara pagándola al Infonavit. Unos meses después, la mujer cedió la vivienda a un familiar, quien fue moroso.
Sin tener conocimiento de juicio alguno, este familiar fue obligado a desalojar la vivienda hace tres años.
"Lo obligaron a salirse, lo amenazaron que iba a ir la fuerza pública, entonces él no quiso tener problemas, se salió", relató Filiberto.
"Cuando yo llegué él ya no vivía ahí, había una empresa reconstruyendo, pintando porque ya se la habían vendido a otra familia".
La víctima acudió a las oficinas del Infonavit para ponerse al corriente con los pagos, pero le informaron que la casa ya no era suya.
"Me dijeron que no podía hacer yo nada porque la casa ya la tenía un despacho jurídico, que no sabían ni de dónde era el despacho, no sabían cuál era el domicilio", contó.
Rodrigo González Barrios, vocero de la asociación civil Comisión de la Verdad de Nayarit, explicó que el caso de Filiberto es uno de los al menos 25 mil que el entonces juez del Municipio de Compostela, Mario Alberto Cervera López, resolvió en favor del Infonavit.
"El juez de Compostela envía al secretario de acuerdos a un mismo domicilio en Compostela a buscar a 25 mil, encuentran a una persona, se llama Giovanni y esta persona dice 'yo soy trabajador de la demanda', o sea él dice que es trabajador de las casi 25 mil personas", explicó.
"Y a él le entregan el requerimiento para que se presenten esos 25 mil en cinco días ante el juez a reclamar lo que a su derecho convenga, obviamente como no son notificados, entonces, a los cinco días el juez los declara en rebeldía y se acabó la bronca".
Las víctimas no son sólo derechohabientes de Nayarit sino también de Chihuahua y Sinaloa, lugares en los que el juez nayarita no tiene competencia, señaló González.
Esta forma de operar fue repetida por tres jueces más, por lo que el vocero calculó que la cifra de víctimas podría superar las 60 mil que detectó inicialmente la Fiscalía General de Nayarit.
El expediente de este caso está integrado por 221 tomos de 500 fojas de cada uno, por lo que solicitar las copias al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para demandar la nulidad del juicio tendría un costo de alrededor de 80 mil pesos.
La semana pasada, el Fiscal Petronilo Díaz Ponce Medrano solicitó al Congreso nayarita el desafuero de dos magistrados y cuatro jueces por su presunta participación en un fraude contra cerca de 60 mil derechohabientes del Infonavit.
El funcionario detalló que, tras un año de investigación, se obtuvieron indicios de esta operación que se registró en dos etapas entre 2013 y 2018.
Explicó que en un despacho particular se tramitaron juicios contra miles de demandados con constancias falsas y sin notificaciones ni emplazamientos que concluyeron en sentencias para que el Infonavit recuperara miles de casas en Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.
La asociación civil Comisión de la Verdad de Nayarit identificó como responsables de la defraudación a:
Magistrados
Pedro Antonio Enríquez Soto
Jorge Ramón Marmolejo Coronado
Jueces mixtos
Braulio Meza Ahumada
Mario Alberto Cervera López
Justino Rodríguez Barajas
Baldomero Zamora Rodríguez
Otros implicados
Antonio Humberto Herrera López (notario público)
Karina España García (ex delegada del Infonavit)
Roberto Aranda Varela (visitador del TSJ)
Malrén Gómez López (visitadora del TSJ)
Fuente.-
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